Lecciones económicas del Mundial 2026

El verdadero legado económico del Mundial no estuvo en los estadios, sino en la capacidad de millones de consumidores y miles de empresas para transformar una oportunidad en riqueza.

Un reciente estudio de Deloitte sobre el impacto económico del Mundial de Fútbol 2026 en México deja enseñanzas que trascienden con mucho al deporte. Más allá de cuantificar la derrama económica del torneo, explica cómo se generan hoy los resultados económicos en los grandes eventos.

Durante años se asumió que el éxito económico de un Mundial dependía casi automáticamente del número de partidos disputados, de la llegada masiva de turistas y de las grandes inversiones en infraestructura. Sin embargo, el estudio muestra que esa relación ya no es tan directa. Ser sede de un megaevento no garantiza por sí mismo las ganancias. Lo determinante no es únicamente atraer visitantes, sino la capacidad para convertir esa oportunidad en actividad económica y responder con rapidez a las decisiones del mercado.

Los datos son reveladores. El impacto económico estimado para 2026 ascendió a 2.543 millones de dólares, una cifra inferior a la prevista inicialmente debido, entre otros factores, a que el volumen de personas fue menor del esperado. Lejos de confirmar que el éxito dependía exclusivamente del número de visitantes, el informe determina que la riqueza se generó allí donde fue posible activar el consumo y adaptarse con rapidez a una demanda cambiante.

La actividad económica tampoco se concentró únicamente en los estadios. Se extendió a hoteles, restaurantes, comercios, transporte, plataformas digitales y servicios vinculados a la experiencia del aficionado. Las estancias fueron más breves de lo previsto, pero los ingresos crecieron gracias a estrategias de precios dinámicos que elevaron las tarifas hoteleras entre un 47 % y un 100 % -según las ciudadades- en los momentos de mayor demanda. El valor surgió porque sectores como la restauración, el alojamiento, el comercio o el transporte supieron aprovechar mejor las oportunidades creadas por el torneo.

Quizá el hallazgo más interesante del estudio sea que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del capital invertido, sino de la capacidad para interpretar información y convertirla en decisiones empresariales. Las oportunidades comerciales no se distribuyeron de forma uniforme durante todo el Mundial; aparecieron en ventanas muy concretas, especialmente alrededor de los partidos de la selección mexicana. Las empresas que utilizaron herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para ajustar inventarios, promociones, precios y canales de venta en tiempo real fueron las que lograron captar una mayor parte del consumo. 

En otras palabras, la riqueza no surgió del evento en sí, sino de la rapidez con la que los agentes económicos fueron capaces de adaptarse a las decisiones de millones de consumidores. El aficionado del siglo XXI ya no vive el Mundial únicamente desde el estadio, lo hace también desde restaurantes, comercios, plataformas digitales, servicios de entrega a domicilio y redes sociales. Quienes comprendieron esa nueva realidad obtuvieron mejores resultados.

El estudio evidencia una característica esencial de la economía: el éxito económico exige flexibilidad. La planificación es necesaria, pero resulta insuficiente sin capacidad de adaptación. Comprender el comportamiento del consumidor y responder con rapidez a sus preferencias constituye una ventaja competitiva decisiva. La prosperidad no nace del acontecimiento en sí, sino de la capacidad de millones de personas para transformar libremente las oportunidades en valor.

La riqueza ya no se genera automáticamente por la mera existencia de una oportunidad, ni por la simple acumulación de infraestructuras o recursos. Se crea cuando empresas y consumidores, oferta y demanda, convergen eficazmente gracias a que la información circula con rapidez y existe libertad para decidir, producir, competir y elegir. Como siempre, pero ahora con tecnología que puede reducir el tiempo.

El perdón de España

Nunca he considerado que España debe disculparse por la conquista de América. Hoy creo que sí debe pedir perdón, pero no por su pasado, sino por su presente.

En modo alguno apoyo que España pida perdón por la conquista de América. Quizá aquella empresa no fue un modelo de virtud, pero ninguna conquista lo ha sido. Hubo guerras, sometimiento y sufrimiento, como en todos los procesos de expansión de las grandes potencias. Pretender juzgar épocas pasadas con parámetros éticos del siglo XXI es una tentación frecuente, pero intelectualmente nada rigurosa.

España no solo ocupó América, también construyó instituciones. Reconoció personalidad jurídica a los pueblos indígenas cuando otras potencias ni siquiera se plantearon semejante cuestión hasta siglos mas tarde. Promovió universidades, ciudades, cabildos y un entramado legal extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las Leyes de Indias fueron una innovación que ningún otro imperio desarrolló con la misma amplitud. Además, favoreció un amplio proceso de mestizaje entre españoles e indígenas, del que surgió buena parte de la identidad hispanoamericana, a diferencia de otros modelos coloniales.

Hoy, sin embargo, España debe pedir perdón. No por Hernán Cortés, sino por Pedro Sánchez, y también por Rodríguez Zapatero. Y no se trata de una cuestión partidista, sino del descrédito de las instituciones de un país. Durante décadas, España fue referente por protagonizar una de las transiciones democráticas más brillantes del siglo XX. Un ejemplo de cómo una sociedad podía dejar atrás una dictadura, reconciliarse consigo misma y construir un Estado democrático moderno. Muchos países de Hispanoamérica estudiaron aquel proceso como un ejemplo a seguir. Aquella España inspiraba; la de hoy preocupa. 

Me sonroja que la conversación internacional sobre España gire en torno al incesante desfile de investigaciones, escándalos y sospechas que rodean al actual poder político. Me avergüenza que la esposa del presidente del Gobierno haya sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Me ruboriza que el hermano del presidente haya sido condenado por prevaricación. Me insulta que el caso Koldo, que alcanzó al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sea uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. Me apena que antiguos colaboradores y altos cargos aparezcan una y otra vez vinculados a investigaciones judiciales. Me humilla la creciente controversia que rodea la actuación internacional del expresidente Zapatero y sus relaciones con regímenes autoritarios, particularmente el venezolano. Todo eso me preocupa y también otra deriva mucho más peligrosa. Cuando la corrupción ocupa los titulares, una democracia sana deja trabajar a los jueces y a las fuerzas encargadas de investigar. Un gobierno enfermo y corrompido intenta desacreditar a quienes investigan. Y ahí reside otro problema.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no está para proteger gobiernos, sino para investigar delitos. Su lealtad no pertenece al partido que gobierna, sino al Estado de Derecho. Por eso resulta profundamente inquietante cualquier intento de sembrar sospechas sobre la Guardia Civil, de desacreditar sus investigaciones o de pretender utilizar a sus integrantes cuando las pesquisas alcanzan al entorno del poder. Ese camino se conoce demasiado bien en América Latina.

Mi decepción no tiene nada que ver con los soldados del siglo XVI, sino con los gobernantes del siglo XXI. España no necesita pedir perdón por su historia, porque la historia debe estudiarse, comprenderse y contextualizarse, no utilizarse como arma política siglos después.

España, o mejor dicho sus gobernantes, deberían pedir perdón por algo mucho más cercano: permitir que el prestigio institucional construido durante casi medio siglo de democracia y el referente nacional se vean empañados por el deterioro de la ejemplaridad pública y por la tentación de convertir a las instituciones de control en enemigos. Y ese sí es un pecado que la historia difícilmente perdonará.

El lento asesinato de la democracia

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; normalmente se erosionan lentamente, hasta que un día descubrimos que conservan las urnas, pero han perdido su esencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX, millones de personas lucharon para sustituir dictaduras por democracias. Aquellas generaciones no pelearon únicamente por el derecho a depositar una papeleta en una urna, sino por vivir bajo un sistema donde el poder estuviera limitado, existieran contrapesos institucionales y las libertades individuales quedaran protegidas frente a los gobernantes. La democracia liberal era mucho más que elecciones: era un modelo concebido para impedir el abuso del poder.

Paradójicamente, algunos de los mayores críticos de la democracia fueron los fundadores del pensamiento político occidental. Platón la consideraba el gobierno de la ignorancia y advertía que las masas podían ser seducidas por demagogos hasta desembocar en la tiranía. Sócrates desconfiaba de una ciudadanía fácilmente manipulable y Aristóteles sostenía que la democracia se corrompía cuando dejaba de perseguir el bien común para convertirse en el dominio de intereses particulares. Siglos después, Ortega y Gasset recuperó esa preocupación en La rebelión de las masas. El verdadero riesgo no era la existencia de mayorías, sino la aparición del "hombre-masa": un ciudadano que renuncia al esfuerzo intelectual, rechaza la excelencia y pretende imponer sus preferencias simplemente porque son compartidas por muchos.

Más tarde se universalizó el principio de igualdad política bajo la idea de "un ciudadano, un voto", un avance histórico que nunca pretendió agotar el significado de la democracia. Robert Dahl recordó que una democracia exige pluralismo, libertades públicas, competencia política, información libre e instituciones independientes. Giovanni Sartori fue aún más claro: reducir la democracia al simple acto de votar equivale a vaciarla de contenido.

Y esa parece ser precisamente la deriva actual. Cada vez más frecuentemente se identifica democracia con mayoría parlamentaria, como si una victoria electoral legitimara el control de las instituciones llamadas precisamente a limitar al poder. Los procesos de designación de jueces, magistrados, fiscales, autoridades electorales, contralores u organismos reguladores responden, con demasiada frecuencia a afinidades políticas más que a criterios de independencia. Es, metafóricamente, matar a Montesquieu. La separación de poderes permanece sobre el papel, pero pierde eficacia cuando quienes deben controlar al poder terminan dependiendo de él.

También Rousseau parece quedar relegado. Su propuesta de contrato social descansaba sobre un poder orientado al interés general y sometido a reglas compartidas y aceptadas. Cuando las instituciones se utilizan para conservar el poder, repartir favores o proteger a quienes gobiernan, ese pacto deja de ser el fundamento de la convivencia. Y mientras Montesquieu desaparece y Rousseau se desvanece, reaparece Hobbes. No el pensador preocupado por evitar la guerra civil, sino el del Leviatán: un Estado que concentra cada vez más recursos, competencias y capacidad para decidir sobre la vida de los ciudadanos.

Y aparecen distintos colectivos que compiten por obtener subsidios, transferencias, exenciones o beneficios financiados con un gasto público creciente y una presión fiscal cada vez mayor; la política se centrar en cómo repartir lo que es de uno. Incluso decisiones sobre políticas migratorias son percibidas como instrumentos con posibles efectos electorales, alimentando la desconfianza y la polarización.

La gran paradoja es que, después de siglos intentando limitar el poder del Estado, muchas democracias avanzan hacia un modelo donde ese mismo Estado concentra más recursos, más competencias y mayor capacidad de condicionar la vida de las personas. Porque la democracia no muere cuando desaparecen las elecciones sino cuando los límites al poder dejan de existir. Platón temía a los demagogos, Montesquieu al poder sin límites y Hobbes al caos. El gran reto de nuestro tiempo es no olvidar a ninguno de los tres.

La eterna batalla por capturar el poder

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas

Como sociedad, dejamos pasar el tiempo sin demasiados logros, y eso que siempre aparecen algunos optimistas —un tanto enfermizos, todo hay que decirlo— dispuestos a celebrar como avances históricos cosas que en países medianamente funcionales debieron resolverse en semanas y no en décadas.

Cada cuatro o cinco años redescubrimos, como si fuera novedad, el debate sobre las comisiones de postulación. Tras una euforia suficientemente conocida, y con alto ruido mediático, se reparten cuotas, se negocian votos, se acomodan intereses y todo vuelve exactamente al mismo lugar. El problema nunca ha sido fundamentalmente jurídico, sino político. Quien controla las postuladoras, controla listados, condiciona elecciones, y termina influyendo en magistrados, jueces, fiscal general, contralor, cortes y buena parte de la estructura institucional del país. Y el pleito nunca termina porque todos aspiran a lo mismo.

Se trata de tomar el control, jamás de mejorar la institucionalidad. La discusión rara vez gira alrededor del derecho individual, la independencia judicial o el interés general. Lo que predomina es el triunfo del interés de personajes, grupos, facciones o redes que buscan ampliar su cuota de influencia. Y lo verdaderamente revelador es que no se discuten perfiles técnicos, capacidades profesionales o trayectorias académicas. La discusión nacional se reduce a determinar si alguien pertenece al “pacto de corruptos” o si es un “chairo” perdido en el bosque ideológico, lo demás resulta superfluo, poco interesante y mediáticamente irrelevante.

El caso de la USAC es quizá el ejemplo más descarnado. La elección del rector debería girar alrededor de liderazgo académico, calidad educativa, investigación, modernización universitaria o excelencia intelectual. Pero no. El debate termina reducido a si el candidato es funcional para unos u otros grupos, si responde a determinadas estructuras políticas y si sirve como pieza útil dentro del ajedrez institucional.

Y la razón es simple: el rector de la USAC no solo administra una universidad, maneja enormes cuotas de poder, influencia en postuladoras, tiene gran incidencia política y dispone de espacios de negociación nacional. Por eso la pelea nunca es académica, sino de interés sectario. Es poder puro y duro.

El ambiente deja incluso un cierto olor fétido de quienes se descomponen políticamente por no lograr resultados. Muchos de los actores que hoy hablan de rescatar instituciones están más preocupados por quedarse fuera del reparto que por construir reglas verdaderamente imparciales.

Mientras tanto, el país observa escenas absurdas convertidas en normalidad. Estudiantes eternos que llevan lustros en la universidad estatal perdiendo el tiempo, pero maniobrando al frente de asociaciones estudiantiles y “movimientos juveniles” que obedecen disciplinadamente directrices de operadores políticos, abogados o personajes con birrete que jamás publicaron un artículo académico en su vida. Jóvenes de cuarenta o cincuenta años hablando en nombre de una renovación que nunca llega, y les superó. Además, sancarlistas convertidos en guardianes del inmovilismo y diputados perfectamente acomodados en el sistema, guardan silencio convenientemente. Muchos de los que hoy denuncian captura institucional participaron ayer en las mismas dinámicas que ahora condenan. Y muchos de los que hoy prometen “rescatar las instituciones” parecen en realidad interesados únicamente en sustituir a quienes actualmente las controlan. Esa es la tragedia de fondo.

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas. La lucha no es contra la cooptación; la lucha es por decidir quién controla. Y así seguimos: atrapados en un eterno relevo de élites, facciones, redes e intereses que presentan sus ambiciones particulares como si fueran grandes cruzadas morales por la democracia.

Lord Acton no se sorprendería demasiado. Aquí llevamos décadas confirmándole que tenía razón.