Q19 mil millones más… ¿para qué?

La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.

Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.

Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.

Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.

Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.

Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…

Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.

Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.

La democracia de las esquinas

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos

América Latina parece haber entrado en una etapa donde la política dejó de ser un espacio para construir acuerdos y cada vez más funciona como un mecanismo permanente de confrontación. Las elecciones ya no terminan cuando se cuentan los votos, continúan después en redes sociales, en los medios y en las calles, alimentando una sensación constante de división nacional.

El problema no es que existan diferencias ideológicas porque las democracias viven precisamente de la pluralidad, del debate y de la confrontación de ideas. El verdadero problema aparece cuando la lucha política desplaza a sociedades enteras a dos bloques irreconciliables, emocionalmente enfrentados y convencidos de que el otro representa no una opinión distinta, sino un enemigo al que debe derrotarse o excluirse.

En muchos países de la región, las últimas elecciones presidenciales muestran exactamente esa realidad. Perú está partido entre Castillo y Fujimori. Colombia acaba de padecer algo similar con Cepeda y de la Espriella, y lo mismo, en una u otra vuelta, se pudo ver en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina o en procesos políticos recientes en Centroamérica.

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos, y ahí aparece uno de los grandes riesgos contemporáneos. Cuando un candidato gana, aunque sea con mínima mayoría, el resultado se suele interpretar como un mandato absoluto para imponer un proyecto político completo, mientras la oposición actúa como si tuviera la obligación moral de impedir cualquier iniciativa del gobierno. El resultado es una dinámica destructiva donde nadie cede, nadie dialoga ni construye consensos mínimos.

La polarización produce además una distorsión peligrosa: transforma cualquier debate público en un conflicto moral. No se discuten políticas públicas, eficiencia estatal o soluciones técnicas, sino quién es “el bueno” y quién “el malo”. Los adversarios dejan de ser ciudadanos con diferencias legítimas y pasan a convertirse en amenazas existenciales para el país, y las redes sociales han acelerado todavía más esa lógica, porque los algoritmos premian el conflicto, la indignación y el ataque permanente. La moderación no genera clics, y el insulto, la descalificación y el escándalo terminan teniendo más alcance que cualquier discusión seria sobre educación, salud o desarrollo económico.

Y mientras se permanece atrapado en esa dinámica emocional, los grandes problemas continúan intactos. La pobreza sigue creciendo en amplios sectores de la región, la desnutrición infantil sentencia el futuro de millones de niños, el crimen destruye comunidades enteras, los sistemas de salud pública siguen siendo ineficientes, la educación carece de calidad y cobertura, y el empleo informal la única salida para buena parte de la población.

La polarización tiene otro efecto silencioso: agota emocionalmente a las sociedades. Las personas viven en estado permanente de tensión: familias divididas, amistades rotas, espacios laborales contaminados y ciudadanos incapaces de escuchar argumentos distintos sin reaccionar desde el resentimiento o la desconfianza. Lo más preocupante es que esa dinámica se normaliza, y las nuevas generaciones crecen viendo la política como un espacio donde odiar al adversario es más importante que resolver problemas. Y sin consensos mínimos, ninguna democracia puede sostenerse de manera saludable.

En democracia no se trata de empujar a unos ciudadanos hacia una esquina mientras los otros celebran desde la opuesta, sino de encontrar espacios donde quienes piensa diferente puedan convivir, negociar y construir objetivos comunes. 

Trasladar el fracaso

Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan

La inauguración de la autopista privada Xochi volvió a dejar una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: el Estado parece haber renunciado no solo a hacer bien las cosas, sino incluso a intentarlo. Y lo más preocupante no es únicamente su incapacidad para construir infraestructura, gestionar salud pública o resolver problemas básicos, sino la normalización de una peligrosa dejadez institucional: un gobierno que cada vez delega más funciones esenciales mientras mantiene intacta una enorme estructura burocrática, costosa y políticamente protegida.

El caso de Xochi es revelador. La iniciativa privada logró construir una obra que el Estado fue incapaz de sacar adelante durante años, y no es la única. Pero ni siquiera eso ocurrió fácilmente. Hubo retrasos, obstáculos administrativos, presiones y todo tipo de trabas para un proyecto que vino, precisamente, a resolver una carencia histórica del propio gobierno. Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.

La misma lógica se repite en casi todos los ámbitos. El Ministerio de Comunicaciones ha terminado dependiendo de ingenieros militares para ejecutar proyectos que debería administrar la institucionalidad civil. El Ministerio de Salud compra medicamentos a través de organismos internacionales como UNOPS porque tampoco logra garantizar procesos eficientes por sí mismo. Y hasta la construcción del hospital contra el cáncer descansa en la cooperación taiwanesa. El mensaje que transmite el propio Estado es devastador: el gobierno acepta abiertamente que no puede cumplir adecuadamente las funciones para las cuales existe.

Y aun así, los ministerios continúan operando con presupuestos millonarios, estructuras sobredimensionadas y funcionarios con salarios elevados. Se terceriza la ejecución, pero no desaparece el aparato político. El Estado mantiene el gasto, conserva el poder y delega la responsabilidad.

Pero hay funciones que difícilmente pueden subcontratarse. La seguridad es una de ellas. Y justamente ahí comienzan a aparecer nuevamente señales preocupantes. Durante abril y mayo los homicidios con arma de fuego volvieron a superar los registros del año pasado, rompiendo la tendencia relativamente positiva del primer trimestre. Los enfrentamientos con narcotraficantes, grupos armados y estructuras criminales urbanas son cada vez más visibles, más violentos e impactantes para la percepción ciudadana.

El problema ya no es únicamente criminal, es institucional. Cuando un Estado transmite incapacidad permanente para construir infraestructura, gestionar hospitales, controlar el territorio o garantizar seguridad, también comienza a perder algo mucho más importante: la confianza de la población. Y sin confianza, ningún gobierno mantiene legitimidad durante demasiado tiempo.

Eso ayuda a explicar por qué las últimas encuestas reflejan niveles de aprobación presidencial cada vez más bajos y una creciente sensación de frustración nacional. El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa. Lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono; la sensación de que el gobierno simplemente dejó de gobernar.

Porque al final, un Estado que renuncia progresivamente a cumplir sus funciones esenciales corre el riesgo de convertirse en algo mucho más peligroso que un gobierno ineficiente: una estructura que consume recursos concentra poder político y exige obediencia, pero que deja de servir realmente a la sociedad a la que pertenece, de la que depende y cobra.

Ataúdes sobre ruedas

Todos los días se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

En Guatemala los buses extraurbanos no transportan pasajeros, sino altas probabilidades de muerte. Cada viaje es una ruleta rusa con música ranchera o reguetón, pero siempre con llantas lisas, pilotos agotados, bebidos o sin carné, y empresas que consideran las leyes una simpática sugerencia opcional.

Pero no seamos injustos, las autoridades actúan. Siempre actúan, aunque tarde, cuando hay cadáveres o la presión mediática acosa. Cuando los familiares lloran frente a un ataúd y algún funcionario comparece solemnemente para anunciar investigaciones, condolencias, indemnizaciones con dinero público y, por supuesto, indignación y una multa de Q5 mil. Porque la vida humana parece cotizarse a precio de electrodoméstico usado: “La vida vale lo que vale la muerte”, sentencio aquel premio Nobel de literatura.

El último accidente, el pasdo fin de semana, vuelve a desnudar la obscena normalidad del sistema. Según se supo, el bus no contaba con limitador de velocidad registrado ante Provial, incumpliendo el Acuerdo Gubernativo 38-2024, y tampoco tenía piloto autorizado ante la DGT. Es decir: el vehículo circulaba fuera de norma, sin controles y sin supervisión efectiva. Y aun así operaba tranquilamente como lo hacen cientos todos los días ante la mirada indiferente de municipalidades, ministerios, inspectores y policías que parecen no advertir lo que el resto de ciudadanos ven desde el miedo.

Lo verdaderamente insultante vino después. La DGT y Provial emitieron su acostumbrado comunicado pedagógico: “conducir con responsabilidad salva vidas”. Gracias por la revelación. El país entero creía que los buses extraurbanos debían conducirse a alta velocidad, sin frenos, sin registros y con pilotos improvisados. La frase parece redactada por alguien que jamás ha viajado en esos ataúdes sobre ruedas donde adelantar en curva es deporte nacional y el pasajero aprende a rezar antes que a reclamar.

Aquí nadie controla nada porque supervisar implica trabajo, confrontar mafias del transporte y asumir costos políticos. Mucho más cómodo es administrar tragedias, publicar condolencias, esperar el siguiente accidente o excusarse con una interpretación extensiva de la ley que siempre encuentra responsable a otro.

La irresponsabilidad empresarial es evidente, y disputa el primer lugar con la irresponsabilidad pública. Porque el funcionario está para evitar accidentes no para lamentarse de ellos accidentes; para impedir que unidades ilegales circulen antes de que maten y no para aparecer en conferencias después de la tragedia. Su deber no es repartir frases de autoayuda vial, sino hacer cumplir la ley, sancionar, retirar permisos, inmovilizar buses y cerrar el paso a quienes han convertido el transporte público en negocio de riesgo mortal.

Todos saben, aunque nadie firma, nadie ve, nadie detiene. La municipalidad culpa al ministerio; el ministerio al reglamento; el reglamento espera presupuesto; el presupuesto espera voluntad; y la voluntad, como siempre, no llegó al lugar del accidente. Esa es la desidia que mata, la del abandono sistemático no la del olvido inocente. Todos los dias se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

El drama no es solamente la irresponsabilidad, sino la normalización colectiva del desastre. El conformismo resignado de un país que ya asume como inevitable que subir a un bus extraurbano pueda equivaler a firmar un testamento.

Y así seguimos: empresarios jugando a la impunidad, autoridades jugando a la supervisión y ciudadanos jugando a sobrevivir. Porque aquí el problema no es que las leyes no existan, sino que nadie piensa cumplirlas… hasta que hay muertos. Y aun con muertos, tristemente, tampoco se cumplen.

La velocidad posible de cambio

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer.

La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo situaba al presidente Arévalo con una de las peores valoraciones de la historia democrática reciente, apenas superado, en el mismo período de tiempo, por Giammattei. La comparación no deja de ser preocupante, sobre todo porque llegó envuelto en promesas de renovación moral cuando el otro terminó convertido en símbolo de hartazgo e inmoralidad.

Me he preguntado varias veces por qué un presidente cuya gestión no está marcada por la corruptela clásica puede ser percibido de manera tan desfavorable, y encuentro, al menos, dos razones. La primera: que no ha hecho casi nada. La segunda: que generó una frustración enorme en quienes imaginaron que el país cambiaría en días. Esta última hipótesis dice mucho del presidente, pero bastante más de sus votantes.

Una sociedad cambia a la velocidad que los ciudadanos permiten y soportan. Lo demás son aspiraciones de optimistas enfermizos, discursos de campaña o literatura de autoayuda. Arévalo tendrá defectos evidentes: falta de carácter, prudencia excesiva, lentitud, cálculo o miedo. Pero también parece entender muy bien que hay decisiones que una sociedad como la guatemalteca no está dispuesta a aceptar, aunque las reclame todos los días en redes sociales.

El ejemplo más cercano lo tuvo con su vicepresidenta, a quien le costó más de un año rebajarse el sueldo, y no precisamente entre aplausos espontáneos de austeridad. Si algo tan elemental genera resistencia, conviene imaginar lo que ocurriría con reformas más profundas, como aquellas que tocan privilegios, contratos, plazas, sindicatos, negocios protegidos, aduanas, cortes, USAC, municipalidades y otras prebendas habituales. Ahí el entusiasmo reformista suele perder velocidad, tono y convicción.

No se puede pedir peras al olmo, aunque quizá el problema no sea solo del olmo, sino de una sociedad que se queja de casi todo, pero no quiere cambiar casi nada. Queremos un Estado honrado, pero nos saltamos el semáforo. Pedimos transparencia, pero buscamos facturas ajenas para declarar menos impuestos. Exigimos méritos, pero llamamos al amigo para colocar al sobrino. Reclamamos justicia, pero elegimos libremente a diputados, alcaldes y autoridades de reconocida indecencia pública y privada. Luego fingimos sorpresa cuando gobiernan como lo que son.

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer. Lo probable, si algo ocurre, serán modificaciones progresivas, lentas, parciales y políticamente costosas. Y solo funcionarán si son socialmente asimiladas, punto importante que casi nunca se discute. Preferimos creer que el cambio depende de un nombre, de una persona o de una épica momentánea, y nos cuesta aceptar que las instituciones no se modifican por inspiración, sino por acumulación de decisiones sostenidas.

Convivimos, además, generaciones que vivieron activamente el conflicto armado y enterraron sus esperanzas juveniles con la caída del comunismo soviético, y otras nacidas en plena era tecnológica, sin memoria ni interés por lo anterior. A esa mezcla añadimos corrupción, desconfianza, informalidad, resentimiento, miedo y una ética pública bastante flexible. El resultado no es precisamente una sociedad preparada para cambios veloces, sino una comunidad que exige reformas siempre que no empiecen por su casa, oficina, gremio, municipalidad o factura.

El problema quizá no sea tener un presidente lento, indeciso o falto de carácter. La mala noticia es peor: somos nosotros, cada uno desde su pequeño reino de conveniencia, quienes no aceptamos la velocidad real de cambio que nos imponemos. Aunque, como deporte nacional, siempre resulte más cómodo encontrar al culpable en el otro.