La moral de quita y pon

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada

Vivimos otra euforia nacional. Esta vez por el cambio de fiscal general. Un Red Bull espiritual muy parecido al que experimentamos en enero de 2024, cuando buena parte del país decidió que bastaba con cambiar rostros para transformar instituciones. Esperemos que el desinfle sea menor, porque de aquella primera emoción apenas queda la resaca.

Seguimos sin superar el personalismo. No apostamos por reglas, instituciones ni principios generales, sino por personas. Y ni siquiera por quienes conocemos, sino por aquellas que, al menos de entrada, “no caen tan mal”. Tan jodidamente mal estamos que un nombre que no genere rechazo inmediato parece suficiente. Luego llega la decepción, se instala cómodamente en el sofá de la frustración y reiniciamos de nuevo el lamento. El problema es cultural. Nos emociona el nombramiento, no el diseño institucional. 

Celebramos el rostro, no la norma. Nos centramos en las personas como sujetos concretos, con emoción y subjetivismo, e ignoramos las leyes como hechos abstractos y generales. Aplaudimos al funcionario que nos gusta y lo señalamos cuando cae mal. Así seguimos construyendo un Estado a la medida del humor del día.

El caso del Ministerio Público es un buen ejemplo. En su momento, para proteger a Thelma Aldana, se modificó la ley del MP. La intención era impedir que el presidente de turno pudiera removerla. Muchos lo celebraron porque el objetivo político les parecía correcto. Después cambió la fiscal, el presidente y el ambiente, pero no cambió la norma. Y entonces aquella ley diseñada para proteger a una fiscal sirvió para impedir el cese de otra. Lo que antes fue garantía se convirtió en obstáculo.

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada. Ahora se nombra a un nuevo fiscal, se recupera la ilusión y, nuevamente, nadie parece demasiado interesado en revisar el problema de fondo. Como el nuevo “no cae mal”, el diseño institucional puede esperar. Hasta que deje de caer bien. Entonces volveremos a descubrir, con fingida sorpresa, que las reglas importan.

Algo parecido ocurre con la modificación que en su momento permitió cesar fiscales al considerarlos personal de confianza y no miembros de carrera protegidos. Aquello fue duramente criticado por los círculos afectados. Se habló de arbitrariedad, depuración interesada y destrucción institucional. Pero ahora, que esa misma herramienta la utiliza un fiscal que goza de simpatía, el juicio cambia. La norma que parecía escandalosa se presenta como útil. La diferencia no está en el principio, sino en quién sostiene el lapicero.

Ese es nuestro drama: no nos movemos por principios generales, sino por preferencias. No defendemos normas abstractas e impersonales, sino instrumentos convenientes para el momento. Queremos leyes flexibles, moldeables, serviciales, listas para ser usadas contra los otros y desactivadas cuando nos alcanzan. Lo público queda reducido a una mesa de autoservicio moral: tomo lo que me conviene, dejo lo que me incomoda, y llamo “Estado de derecho” al resultado, e inventamos bolsas mentales amplias donde meter a quienes hacen exactamente lo mismo que nosotros cuando les toca. 

La generalización conveniente es la manera favorita de quienes no quieren enfrentar hechos concretos. La etiqueta depende menos del acto que del bando; y así vamos, repartiendo absoluciones y condenas según simpatías. 

Una sociedad que funciona de ese modo tiene poco futuro. El Estado de derecho consiste en aceptar principios generales, derechos individuales, límites al poder y normas abstractas aunque momentáneamente nos perjudiquen. Hace tiempo enterramos sin avisar a John Rawls, porque preferimos el espacio pequeño, cómodo y miserable del interés inmediato.