Todos los días se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada.
En Guatemala los buses extraurbanos no transportan pasajeros, sino altas probabilidades de muerte. Cada viaje es una ruleta rusa con música ranchera o reguetón, pero siempre con llantas lisas, pilotos agotados, bebidos o sin carné, y empresas que consideran las leyes una simpática sugerencia opcional.
Pero no seamos injustos, las autoridades actúan. Siempre actúan, aunque tarde, cuando hay cadáveres o la presión mediática acosa. Cuando los familiares lloran frente a un ataúd y algún funcionario comparece solemnemente para anunciar investigaciones, condolencias, indemnizaciones con dinero público y, por supuesto, indignación y una multa de Q5 mil. Porque la vida humana parece cotizarse a precio de electrodoméstico usado: “La vida vale lo que vale la muerte”, sentencio aquel premio Nobel de literatura.
El último accidente, el pasdo fin de semana, vuelve a desnudar la obscena normalidad del sistema. Según se supo, el bus no contaba con limitador de velocidad registrado ante Provial, incumpliendo el Acuerdo Gubernativo 38-2024, y tampoco tenía piloto autorizado ante la DGT. Es decir: el vehículo circulaba fuera de norma, sin controles y sin supervisión efectiva. Y aun así operaba tranquilamente como lo hacen cientos todos los días ante la mirada indiferente de municipalidades, ministerios, inspectores y policías que parecen no advertir lo que el resto de ciudadanos ven desde el miedo.
Lo verdaderamente insultante vino después. La DGT y Provial emitieron su acostumbrado comunicado pedagógico: “conducir con responsabilidad salva vidas”. Gracias por la revelación. El país entero creía que los buses extraurbanos debían conducirse a alta velocidad, sin frenos, sin registros y con pilotos improvisados. La frase parece redactada por alguien que jamás ha viajado en esos ataúdes sobre ruedas donde adelantar en curva es deporte nacional y el pasajero aprende a rezar antes que a reclamar.
Aquí nadie controla nada porque supervisar implica trabajo, confrontar mafias del transporte y asumir costos políticos. Mucho más cómodo es administrar tragedias, publicar condolencias, esperar el siguiente accidente o excusarse con una interpretación extensiva de la ley que siempre encuentra responsable a otro.
La irresponsabilidad empresarial es evidente, y disputa el primer lugar con la irresponsabilidad pública. Porque el funcionario está para evitar accidentes no para lamentarse de ellos accidentes; para impedir que unidades ilegales circulen antes de que maten y no para aparecer en conferencias después de la tragedia. Su deber no es repartir frases de autoayuda vial, sino hacer cumplir la ley, sancionar, retirar permisos, inmovilizar buses y cerrar el paso a quienes han convertido el transporte público en negocio de riesgo mortal.
Todos saben, aunque nadie firma, nadie ve, nadie detiene. La municipalidad culpa al ministerio; el ministerio al reglamento; el reglamento espera presupuesto; el presupuesto espera voluntad; y la voluntad, como siempre, no llegó al lugar del accidente. Esa es la desidia que mata, la del abandono sistemático no la del olvido inocente. Todos los dias se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada.
El drama no es solamente la irresponsabilidad, sino la normalización colectiva del desastre. El conformismo resignado de un país que ya asume como inevitable que subir a un bus extraurbano pueda equivaler a firmar un testamento.
Y así seguimos: empresarios jugando a la impunidad, autoridades jugando a la supervisión y ciudadanos jugando a sobrevivir. Porque aquí el problema no es que las leyes no existan, sino que nadie piensa cumplirlas… hasta que hay muertos. Y aun con muertos, tristemente, tampoco se cumplen.
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