¡Dame pan, y dime tonto!

Si la clase política determina el famoso salario mínimo, parece oportuno que cada puesto público este pagado en función de una cantidad de esos salarios

Tenemos a los funcionarios mejor pagados de parte del mundo. Algunos, como el binomio presidencial, están situados el top de los que más cobran, igual que los magistrados de las altas cortes. Esto no sería una queja -y vergüenza- de no ser porque en el país hay personas que se mueren de hambre, un altísimo porcentaje de desnutrición crónica y pobreza, además de no haber proporción entre lo que el político considera que debe de percibir un trabajador como salario mínimo y lo que él se receta.

Alcaldes, jueces, registrador de la propiedad, mesa directiva del Congreso, y otros personajes, devengan excesivo dinero público y no siempre con el salario nominal que declaran, también con diferentes prebendas: gastos de representación, vehículos oficiales, escoltas, servicio doméstico, seguros médicos, teléfonos, aparatos electrónicos, antejuicios, fondos privativos, bonos y un etcétera inimaginable. La mayoría declara impuestos por el salario que suele ser pequeño, el resto son beneficios extraordinarios disfrazados de distintas formas. Al pelo aquella frase de El Padrino: “Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa esto”.

Esta moral pública podrida, promueve una cultura que llega a los más recóndito de la organización ¿Por qué no robar una medicina del hospital, o pelear por un bono extraordinario, utilizar el vehículo oficial para llevar a los hijos al colegio, si todos los hacen? O genera un cierto conformismo: “no fui yo quien diseñó así las cosas”, y olvida que las puede corregir y nada hace por cambiarlo.

Si la clase política determina el famoso salario mínimo, parece oportuno que cada puesto público este pagado en función de una cantidad de esos salarios, y no de otra forma. Se puede entender que haya pluses por responsabilidad o riesgo (policía, ejercito o instituciones penitenciarias), por especial responsabilidad (ministros o cargos similares), pero han hecho de la excepción la regla en la fijación de los emolumentos. Basta con analizar pactos sindicales y ver la cantidad de extras y bonos gremiales, amén de otras prebendas.

Los cambios importantes se hacen al llegar, y ahora que inicia una nueva administración es un buen momento para poner sobre la mesa el debate nacional del salario del funcionario, y del resto de privilegios asociados. No podemos quedarnos en lo “anecdótico” del almuerzo en el Congreso -que se arregla parando una hora para almorzar, como el resto de los trabajadores, o poniendo una cafetería- sino que se debe de profundizar en esas prácticas mañosas de dietas, viáticos,  gastos varios y privilegios.

En lo que respecta el seguro médico, también es muy simple: el que lo desee -como hacemos quienes les pagamos su salario- lo cubre con sus ingresos, o ahí está el IGSS, ese que ofrecen al resto de trabajadores privados y públicos, aunque tampoco paguen la cuota correspondiente.

En relación con los vehículos oficiales, no hay pierde: cuando se vean transportando güiros al colegio, en supermercados, con luces detrás del funcionario va en bicicleta pedaleando o en lugares que no son de trabajo, se les quita y sanciona, porque gastan recursos públicos que deberían utilizarse en otras cosas. Es más, hay que suprimir el famoso vehículo oficial a la mayoría y que vayan en carro particular -como el resto- y verán como eso es un incentivo para promover el transporte colectivo. De la protección que reciben por parte de policía, mejor dedicarle otro capítulo.

La ética -Savater- inicia por uno mismo y no hay que esperar a que otros lo sean que uno comience. Y es muy sencillo: solo hay que dar ejemplo, y exigirlo.

Bandidos, pero con principios

La mitad de la actual junta directiva nunca hubiese sido considerada hace días, pero cuando el poder toca la puerta los principios éticos se esconden en el closet

“La vida es demasiado corta para jugar limpio”, parece ser el lema del “honorable” Congreso y de sus ocupantes. Elegida una nueva junta directica -algo previsible porque se saltaron las trancas legales que los salientes impusieron y el ardor de los entrantes impidió desactivar- el análisis de sus integrantes no genera la esperanza prometida, sino la desconfianza habitual.

Por arte de birlibirloque, muchos malvados pasaron a ser buenos. Quienes hace unas semanas los rechazaban y nunca hubieran apostado un len por ellos, son ahora sus admiradores y fanáticos seguidores. Pregonan que el problema de la corruptela y la inmoralidad en este país es culpa de los políticos, pero muchos ciudadanos utilizan ese rasero de doble moral con el que separan a “sus amigos y consentidos”, en el cajón de los buenos, y los “enemigos” sufren la condena más vil. Parecidos a quienes creaban sospechas sobre el ejército y la policía en la transición de mando y son incapaces de reconocer lo modélico de ambas instituciones.

De los nueve integrantes de la junta “del cambio”, ovacionados por la “floreciente primavera”, tres -Lucas Paz, Solorzano Quevedo y Paz Rosales- hacen que la “esperanza” siga siendo verde, porque han sido diputados electos -o reelectos- por la UNE. Si, la de Sandra Torres, a quien defendían, aplaudían y financiaban hasta hace unas semanas. Los que salieron de la anterior junta, también reunían tan exquisito currículo. Ahora que han sido expulsados de aquel partido -aunque quienes los vitorean aseguran que la señora no puede expulsarlos- resulta que han renacido y purificado en las aguas del Jordán, para grandeza patria. Un cuarto -Dávila Córdova, de BIEN- es expuesto por las hemerotecas de dos medios nacionales. En uno se le describe como “Cesar Roberto Dávila Córdoba, retrato de un corrupto”. En el otro se alude al insigne diputado en los siguiente términos “…, el señor Ministro a través de su asesor, César Roberto Dávila Córdova, amenazó con destituirme si me negaba a firmar las facturas para autorizar pagos a favor de …”, palabras de la exviceministra Rosa María Pacheco. Un quinto, pertenece al cuate-familiar partido VICTORIA ¿Será este el famoso pacto de corruptos?

La mitad de la actual junta directiva nunca hubiese sido considerada hace apenas días, pero cuando el poder toca la puerta los principios éticos se esconden en el closet. Muchos de los que antes peleaban, insultaban, descalificaban y criticaban a esos personajes, se han tornado payasos de circo de esos que aplauden cualquier babosada sin sentido para que los espectadores sigan una ovación que nunca se hubiera generado por sí sola.

Tres grupos han quedado en el Congreso: pocos buenos -que los hay-, los malvados -que no faltan- y un montón de indecisos que buscan como rentabilizar esta legislatura que parece que no ofrecerá dinero, plazas fantasmas, obras ni parcelas de poder público, y se acoplan. Los viejos de la UNE -y sus mejores alumnos- saben cómo lidiar con esas tempestades -lo llevan haciendo por años- y serán quienes en nombre de la patria, la salvación o cualquier otro mensaje que la masa compre, reactiven la casta a la que siempre han pertenecido: la de la corruptela. La doble moral vuelve a triunfar, la ética tiene que volver a exiliarse, y los resultados se verán en el medio plazo, cuando se estabilice esta convulsa situación nacional, y la tormenta permita ver el destrozo. Será entonces cuando se vuelvan a discutir los intereses.

Mientras, los ciudadanos se distraen imitando a las focas del parque acuático, y aplauden cegados por la estupidez, el realismo mágico y lo que mejor nos caracteriza: el efecto Lampedusa

Un marco de gobernanza deseable

En el gabinete anunciado hay técnicos de demostrada capacidad, y especialmente ninguno de reprochable actitud, lo que es un mérito en este país

La presentación del actual gobierno generó comentarios diversos. Somos una sociedad muy crítica, pero poco autocrítica; vemos la paja en el ojo ajeno y obviamos la viga en el propio. Si el designado estuvo en tal o cual organización u ocupó un cargo en lugar que no gusta, sencillamente se le censura o cancela, en lugar de ver si la persona da los resultados esperados. Falta inteligencia emocional, empatía, comprensión, algo de piedad y mucho de razón, y olvidamos que lo bueno es enemigo de lo perfecto. 

En el gabinete anunciado hay técnicos de demostrada capacidad, y especialmente ninguno de reprochable actitud, lo que es un mérito en este país. Habría que ver la lista de quienes no han aceptado cargos para entender la dificultad de formar gobierno en un partido sin cuadros y que llega al poder con altísimas dosis de casualidad. 

El nuevo gobierno no podrá, evidentemente, arreglarlo todo. Así que debe definir sus prioridades en objetivos medibles al final de su gestión, y tener como lema ese de: “quien mucho abarca, poco aprieta”. Hay espacios para comenzar a trabajar, y otros que es mejor que sigan la dinámica que llevan. Es preciso enfocarse en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, fundamental para atraer inversiones, promover desarrollo y contentar a la población que padece las consecuencias de los desfalcos históricos de esa cartera. Dignificar los centros educativos públicos y dotarlos de presupuesto para mantenimiento, además de delegar en las asociaciones de padres el control de asuntos como la alimentación, la limpieza, el adecentamiento e incluso el visto bueno de los maestros que en cada uno impartan sus clases. Es momento de quitarle el poder al depredador y mafioso sindicato mayoritario magisterial. En salud hay que hacer cuatro cosas, y no da tiempo a mucho más: eliminar la desnutrición; cambiar radicalmente la forma y las personas del registro y autorización de medicamentos, para evitar las mafias existente; abrir el mercado de proveeduría, y liberalizarlo; consolidar el sistema hospitalario existente y crear centros de atención primaria. El servicio civil debe contemplar un nivel directivo, otro ejecutivo y un tercero operativo, e incluir en ellos a todos los funcionarios de gobierno, de forma que tengo un salario según el que ocupen y las correspondientes gratificaciones en función de responsabilidad, especialización, dedicación y otros aspectos. Esos niveles deben sujetarse a una oposición de todos -incluidos lo ya nombrados- que deben de superar para permanecer, y siempre a los de nuevo ingreso. El total del salario de cada uno contribuirá al IGSS, único seguro que deben de tener los funcionarios -ninguno privado contratado con fondos públicos- y el Estado cotizar por ello como empleador ¡Se acabaron las plazas y los bonos fantasma y los chantajes sindicales!

Hay que entrarle con determinación, al reglamento del Convenio 169, a la ley electoral y de partidos políticos, a la de compras y contrataciones, a la reforma judicial, y ampliar la base tributaria. Toda ayuda del Estado: beca, subvención, préstamo, etc., debe de solicitarse con el número del NIT y quien no lo tenga, que lo saque. Además, hay que promulgar una ley de administración pública donde el silencio administrativo sea positivo -no negativo- y el funcionario responsable de sus decisiones, con sanciones frente a la omisión, la lentitud o la arbitrariedad. 

Lo demás, puede esperar, aunque se puede pensar cómo abordarlo en la medida que se soluciona lo urgente. Dignificar mínimamente el país es lo más importante, especialmente después de ver el nivel de tropicalismo barroco protagonizado el domingo por el “Honorable Congreso”. Vivimos en un circo y no vemos la carpa, los payasos ni muchos leones.

Rescoldos de un incendio

En unos meses conoceremos lo que este gobierno basura que termina ha dejado en pie, si todavía hay algo erguido, o escarbaremos en las ruinas

No termina el drama, sino que comienza a percibirse el impacto real de lo que han hecho -y dejado de hacer- esta caterva de sinvergüenzas. La cartera de Educación se entrega en las peores condiciones que la memoria histórica recuerda. Una ministra anodina y absolutamente inútil ha sentenciado el futuro de centenares de miles de alumnos que se han quedado atorados en 2020, y en unos años padecerán -padeceremos- su falta de competencias, producto de su corrompida gestión. La salud sigue como inició: sin avances perceptibles y con estancamientos organizativos. Miles de millones gastados en medicamentos, inútiles muchos de ellos, pero con protección judicial o favores del registro sanitario. La infraestructura del país está hecha un desastre, y únicamente es aplaudida por los dueños de talleres mecánicos porque el vehículo se va quedando -cuando no el físico- en agujeros, rajaduras, baches o deslaves. La estatización de la autopista al puerto, solo hay que verla para sacar conclusiones de lo que significa la depredación pública y -tragándose la ideologización- la ventaja que representa la acción privada. De la justicia se ha dicho casi todo, y es difícil escribir una frase original. El sistema se ha venido manoseando -desde hace años aunque a algunos les duela reconocerlo- y con este gobierno se ha perfeccionado el pillaje, la venganza y continuado la aplicación interesada y vengativa.

Con todo, el ciudadano -libre y democráticamente- ha elegido un Congreso muy parecido al actual que consolidará un poder judicial muy similar al existente, con lo que parece no querer muchos cambios o desearlos sin tomar las acciones pertinentes. El Ejecutivo será muy diferente y es de esperar que trace un rumbo de cambio o por lo menos de contraste con esa otra realidad que ofrecerán diputados y alcaldes.

En unos meses conoceremos lo que este gobierno basura que termina ha dejado en pie, si todavía hay algo erguido, o escarbaremos en las ruinas que ya se miran por doquier. Giammattei ha resultado ser “un hijo de fruta más”, o quizá el mayor de todos los que han pasado por casa presidencial -que no han sido pocos- y dejado que su pareja -como hizo Colom o Pérez Molina con las suyas- sea quien mangonee y manosee el Estado. Con lo que no contaban todos esos delincuentes -y políticos narcos- es con el cambio de tiempos, en el que todo es más visible ni tampoco que el hartazgo ciudadano y la perdida parcial del miedo los confrontara. Por ello, decretaron una impresentable e inadmisible protección a sus ministros con policías y vehículos, algo que también hizo Thelma Aldana con su persona, y que seguramente sus adoradores verán “como algo diferente”. El miedo a ser abucheados, apedreados, señalados, zarandeados, insultados y vilipendiados, lo tiene acojonados, y requieren de dispositivos que los protejan. Creo que hay que ser más fino, planificar venganza silenciosa, y sencillamente despreciarlos. Si los ve en un restaurante señálelos y dígale el dueño que lo saque a salgan de allí; si coincide con ellos en cualquier lugar, haga lo mismo; si se los cruza por la calle cámbiese de acera o mejor ocúpela toda para que salgan ellos. 

No tengo muy claro que vayamos a cambiar sustancialmente, para eso está el gatopardismo, pero sí que se ha tomado una cierta conciencia de que no podemos seguir manteniendo vagos, concubinos o dejando el país en manos de criminales organizados disfrazados de políticos.

Se termina un periodo, no una era -para eso falta-, y hay que alegrarse de que ciertos malditos dejen el poder, aunque no hay que ponerle fácil su pinche existencia postgubernamental.

2024: ¿año de inflexión?

Las pasadas elecciones han sido una protesta -aunque sólo parcialmente- contra la corrupción política que azota el país de forma grave y costosa

La mayoría de los países pasan por un periodo de inflexión -y reflexión- en sus cambios políticos. La dictadura española tomó su tiempo con la UCD, antes de entrar al periodo bipartidista dominante PSOE-PP; el uribismo tornó al petrismo mediante la amortiguación de las administraciones de Santos y Duque; los periodos de gobierno del FMLN sirvieron de cochón entre ARENA y el autoritario Bukele; y el kirchnerismo-peronista no cedió su espacio a Milei sin antes pasar por Macri y Fernández. Dicho de otra forma: las transiciones -excepción de las dictaduras- no suelen ser bruscas, sino que tienen su corto, pero necesario, periodo de adaptación a los cambios.

Desde el inicio de la era democracia, Guatemala ha padecido gobiernos -y gobernantes- cada vez más delincuentes. El debate no ha sido ideológico, aunque algunos lo hayan pretendido, más bien sobre la depredación de recursos del Estado, la gestión ineficiente y el dominio de la delincuencia organizada. En cada nueva administración, el desfalco económico, las malas prácticas, las decisiones interesadas y las mafias depredadoras de recursos se fueron perfeccionando.

Las pasadas elecciones han sido una protesta -aunque sólo parcialmente- contra la corrupción política que azota el país de forma grave y costosa. Un Congreso similar, los alcaldes habituales, pero una presidencia diferente, responden al sentir popular que rechaza la corrupción y apuesta por un cambio. Desconozco si el ciudadano ha entendido -y la comunidad internacional aceptado- que las cosas se modificarán a la velocidad posible que sea capaz de soportar la sociedad “sin marearse”. De esa cuenta, es posible que este no sea el periodo del cambio, sino de inicio de una transformación más profunda y de fondo que se vendrá, no ahora, sino posiblemente en 2027, cuando vuelvan a convocarse elecciones.

Lo que debería de quedar claro, en este escenario de medio plazo, es que las mutaciones en los procesos políticos suelen ser irreversibles, y las modificaciones que se produzcan darán lugar a otra forma de hacer las cosas. Aquellos que insisten firmemente -y pasó en los casos antes indicados- en retornar la situación actual a la pasada -por añoranza ideológica o interés económico- terminan por salir de la ecuación del poder.

Por lo tanto, el nuevo gobierno no es “un problema”, será el panorama nacional que se presente en el 2027, año electoral. No son las figuras Arévalo-Herrera las que deberían preocupar a quienes siguen rechazando los resultados electorales, es el ambiente político-social venidero -sin esos personajes- el que tendría que estar presente en la mente de aquellos que se distraen con la coyuntura mientras olvidan el medio y el largo plazo.

Todavía hay muchos comodines en la baraja que no se ha mezclado con las cartas principales: el papel del MP y el organismo judicial en los años venideros, las candidaturas posibles -y factibles- para las próximas elecciones, la reacción del crimen organizado al cambio, el impacto social de la nueva administración, el rol de los USA según lo que ocurra en noviembre, las pugnas internas en el partido Semilla -y en otros, como la UNE-, la capacidad de negociación de las fuerzas vivas del país, la fuerza real de la comunidad indígena o la resistencia político-social a cambios inevitables que se irán produciendo con -y sin- apoyo extranjero, son algunos de los aspectos a considerar.

Construir el país pasa por aceptar los tiempos y ser capaces de tomar el mejor rumbo posible. Resistirse a cambios ya iniciados genera frustración y conduce a escenarios más drásticos. Elegir la coyuntura desgastante y distractora o apostar por una estrategia planificada y consensuada son las vías alternativas posibles.

Cuando el norte se parece al sur

A la vez que se sancionaba a más de un centenar de diputados retirándoles la visa, los congresistas norteamericanos hacían lo propio en la Cámara Baja 

Las últimas actuaciones del gobierno de los USA ha aparcado la crisis que veníamos padeciendo desde que concluyó el reciente proceso electoral nacional. Unas fiestas navideñas en paz es el resultado de aquellas actuaciones, mayoritariamente vitoreadas por la ciudadanía.

Pero, a la vez que se sancionaba a más de un centenar de diputados -y sus familias- retirándoles la visa por haber votado a favor de levantar la inmunidad y permitir la investigación judicial a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los congresistas norteamericanos hacían lo propio en la Cámara Baja y aprobaban lo mismo para investigar al Presidente Biden, aunque sin consecuencias. También, las quejas, señalamientos y denuncias por no haber dejado participar a ciertos candidatos en el proceso electoral guatemalteco, endosadas a los magistrados del TSE, en connivencia con el gobierno y el oficialismo, parecía equilibrarse con la resolución de la Corte Suprema de Colorado -mayoría de jueces nombrados por demócratas- de prohibir a Trump presentarse en las próximas elecciones por considerarlo “insurrecto”, aunque no haya sido condenando por ello. Finalmente, la forma arbitraria de proceder, señalada a la justicia guatemalteca -con toda propiedad-, parecía tener su reflejo en la liberación de Alex Saab, el operador político-económico de Maduro, acusado de graves delitos en USA, a cambio de otros detenidos en Venezuela, aceptando el chantaje del dictador, al igual que ocurriera, en su momento, con el general mexicano Cienfuegos. Dos historias paralelas de las que nos hemos quedado con la que mejor, y más ruidosamente, han promovido, además de aceptar que la ley no tiene que ser igual para todos, sino que puede adaptarse a la voluntad de cada uno. Seguramente la grandilocuencia del “Estado de Derecho” estará presente en cualquier análisis que se haga.

John Adams anda desaparecido de los referentes norteamericanos hace mucho tiempo, y los principios que promulgaba se han sustituido por la politiquería más miserable y la ética más manoseada de la historia. Se actúa -Maquiavelo lo predijo antes que los Simpson- por el interés partidario -ni siquiera por el nacional- y las decisiones se adoptan para conservar el poder, que no siempre está alineado con el bien común sobre el que se justifica. Patean miserablemente a la ética en beneficio del oportunismo, y son capaces de ver la paja en el ojo ajeno a pesar de tener la viga en el propio.

El mundo del relativismo nos ha pasado por encima sin que percibamos el daño que hace. Ya no se juzga sobre principios generales, universales y aplicables a todos por igual, sino por el interés de cada grupo en un determinado instante que, además, suele ser diferente del momento siguiente. Somos incapaces de advertir que con la aplicación caprichosa de normas -aunque afecte positivamente en una situación puntual- se corre el riesgo de que tiempo después generen el efecto contrario, además de destruir la previsibilidad que supone la aplicación correcta de la ley. Se fabrica la causa y se genera el castigo, aunque a la vez, como se ilustra arriba, quienes lo aplican hagan exactamente lo mismo y busquen su propia justificación. 

Cuando el norte se parece al sur, dejamos de tener la referencia de antaño que aspiraba a ciertos principios, a una forma de hacer las cosas distintas y a consolidar un determinado modelo de vida. Parece que todo ha cambiado. Se liberan criminales en función del momento político, no de lo que manda la ley; se actúa sobre principios ideológicos, obviando los principios éticos; y se vulnera el Derecho en nombre de la justicia. 

El norte como el sur parecen tener los días contados.

La pieza faltante del puzzle

El argumento del “respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos y al resultado del proceso electoral”, es buena razón, pero no el objetivo

El embate norteamericano/internacional contra Guatemala, después del proceso electoral, no tiene parangón en las últimas décadas. No recuerdo la firma de una declaración de más de una docena de exdiplomáticos norteamericanos ni que en pocos días varios altos cargos visitaran el país con una única y definida finalidad: presionar. Tampoco que colectivos de abogados y oenegés hicieran declaraciones intimidatorias concurrentes, alentando sanciones de la UE, especialmente cuando Nicaragua se convirtió antes sus ojos en una dictadura, Honduras va por un camino tenebroso, y el autoritarismo en El Salvador avanza hacia un régimen autocrático; ambos con fiscales generales que no gustan a los USA, pero que silenciosamente aceptan. Mucho menos que se haya azuzado a la OEA hacia esos lugares, centrando toda la atención y la presión sobre Guatemala. Como me dijera un amigo: “Falta una pieza del puzzle para entender todo esto”.

El argumento del “respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos y al resultado del proceso electoral”, es buena razón, pero no el objetivo, especialmente después del trato preferencial otorgado a dictaduras como Cuba o Venezuela, por parte de la administración Biden, por no insistir en lo que ocurre en El Salvador; por ahí no van los tiros, hay que buscar en otra parte. Por tanto, es necesario pensar fuera de la lógica del discurso que muchos repiten -engañados, convencidos o contratados- sobre las intenciones del momento, y recordar que tanto en Irak -se actuó tras la acusación de que poseían armas químicas-, como en Cuba -hundimiento del USS Maine durante la guerra hispano-norteamericana de 1899- se fabricaron excusas para el fin último, e incluso se utilizaron medios escritos de prestigio para difundir información manipulada y agencias de inteligencia para construir falsos escenarios, por si desea considerarlo en este análisis.

Excluido como hipótesis el discurso dominante, y agregado que la política exterior norteamericana responde a los objetivos de su política interna -como debe de ser-, se pueden elaborar diferentes líneas de acción, tomando como desafíos reales los publicados en el Annual threat assessment of the U.S. intelligence community, en febrero 2023. En dicho documento, se contemplan amenazas como Rusia, China, Irán, el terrorismo global, el crimen transnacional organizado y la migración, casi todas ellas presentes en la región. A lo anterior hay que agregarle que Guatemala es la última trinchera frente al embate chino -seguimos fíeles a Taiwán-, y también el último estado tapón que le queda a la geopolítica USA frente al avance imparable de la geoeconomía China, que ha superado la distracción norteamericana de los últimos años.

¿Puede ser el riesgo de envío masivo de fentanilo a territorito nacional lo que preocupa a los USA? ¿O el cuello de botella que representamos para la migración ilegal? ¿Somos la preocupante retaguardia del narcotráfico y del crimen organizado mexicano? ¿Es la tecnología y la 5G -negociada silenciosamente con Bukele- un objetivo clave? ¿Cómo explicar que mientras USA demanda la dimisión de la Fiscal General, el MP y la PNC arrestan complacientemente a dos narcotraficantes extraditables? ¿Es casualidad/causalidad que USA no haya enviado a su nuevo embajador en Guatemala? ¿Hay discrepancias -político-ideologías- entre el Departamento de Estado y las agencias antidroga, nada nuevo por otra parte? 

Me parece que la democracia es solamente la excusa, porque no están muy preocupados por lo que pasa en la región, salvo en territorito nacional. El fin es -siempre ha sido- el poder y el control, aunque esa hipótesis se verificará décadas después de vivir la tensión, la manipulación y los efectos, si es que llega a conocerse con certeza.

Poderoso caballero es don dinero

Vengo sosteniendo la tesis de que en el Congreso hay un grupo de mafiosos que opera políticamente desde la época del PP

La conferencia de prensa del MP, el pasado viernes, no hay por donde abordarla. No se puede negar una serie de firmas falsificadas, irregulares o de difuntos que seguramente ameritan una investigación más detallada, pero poco más. Sin embargo, el señalamiento de lavado de dinero cuando está determinado quien lo prestó, y el contrato visible, o la negación de la coincidencia de las actas electorales con lo publicado, cuando las aquellas se verificaron por fiscales de partidos y otros ciudadanos, no es de recibo.

Vengo sosteniendo la tesis de que en el Congreso hay un grupo de mafiosos que opera políticamente desde la época del PP, el mismo que sostuvo al gobierno de Jimmy Morales y ahora al de Giammattei, con el objetivo de rentabilizar su posición política. La llegada en 2024 de un Ejecutivo diferente pone en peligro la monetización de la curul, porque las coimas, las plazas fantasma, las patentes y compras de medicamentos, el chantaje sindical, la construcción viciada de carreteras, y las rutas del narcotráfico protegidas por el gobierno -entre otras muchas- ya no serían fuentes de ingresos. Esa y no otra es la razón de toda esta crisis electoral, porque si suma la cantidad de dinero proveniente de esos sectores, además de otros como puertos, aeropuertos, ONGS, licencias de construcción,  COCODES, etc., son miles de millones, gestionados por ciertos diputados y alcaldes. El presupuesto 2024 es un ejemplo de cómo se despachan esos bandidos.

La lucha no es banal, y no se pierde solamente el poder, sino la posibilidad de generar dinero fácil desde el cargo, lo que algunos han venido haciendo por años, y particularmente de forma exponencial desde que la UNE llegará en 2008, cómplices -cuando no autores- de todo este escenario. La Fiscalía General, el Ejecutivo y la anterior Corte Suprema de Justicia -esperemos de esta otra actuación- simplemente coadyuvaron al esfuerzo, teniendo en cuenta que ninguna de esas instituciones es permanente, como sí lo son, por ahora, los diputados del grupo Ali Babá.

El Ejecutivo si quería hacer algo -con minoría parlamentaria- debía plegarse, y así lo hicieron. La Fiscalía General, tres cuartos de lo mismo, y a la CSJ no le quedaba de otra que cantar en el mismo coro, porque de lo contrario eran sustituidos en un día de votación. La Corte de Constitucionalidad, a diferencia de los anteriores -si desea con reservas parciales- ha actuado en varias ocasiones y garantizado el proceso electoral, además de obligar a cambiar una CSJ apestada pero sostenida por el Congreso. Perdida esa palanca judicial, y en vista del poco tiempo que queda hasta enero próximo, esos operadores y sus secuaces, lanzan un órdago con para evitar lo inevitable, ya que todos los sectores han declarado que el proceso electoral está confirmado, las autoridades electas y el tiempo de caducidad de estos impresentables definido.

Las condenas internas e internacionales colocan el país al borde del precipicio. La aplicación de la carta democrática, u otro tipo de sanciones, afectarían muy seriamente el comercio, la industria y las finanzas y generarían efectos negativos en la certeza jurídica, la atracción de inversiones y la calificación riesgo-país, entre muchas cosas. El silencio de la mayoría de partidos políticos y liderazgos -excepción de Mulet- confirma la implicación nacional de muchos de ellos porque las mafias permean el poder local, donde alcaldes y consistorios hacen también su agosto.

Estamos como estamos, por somos como somos, y se volvió a votar una mayoría de mafiosos y narcotraficantes en el Congreso y en las alcaldías. Y ¿sabe los eligió? Si, usted que reclama decencia.

El lenguaje “exclusivo”

La derecha es algo muy serio como para ser confundido con radicalismos descalificadores utilizados convenientemente

En medios y redes, es relativamente común referirse a Miley -el presidente argentino recién electo- como alguien de “ultraderecha”, calificativo que también atribuyen, entre otros, a Donald Trump, Bolsonaro o al partido político español VOX. En una búsqueda rápida en Google, el término ultraderecha aparece unos 8 millones de veces, en contraste con el de ultraizquierda que apenas lo hace trescientos mil. Y es que el uso de este último vocablo es muchísimo menos profuso, y por supuesto no lo aplican a Lula, López Obrador o al partido PODEMOS -España-, lo alimenta esa diferencia de cifras antes indicadas. Un interesante contraste mediático teniendo en cuenta que la mayoría de los regímenes en América Latina son de “izquierdas” y no de “derechas”, algo que tambien ocurre en el resto del mundo, y seguramente en igual proporción con comunicadores y medios.

¿Qué entenderán algunos por ultraderecha? Algo difícil de averiguar, pero clara la intencionalidad descalificadora del término y, en contraste, la ausencia del uso de su antónimo. De hecho, ciertos medios de comunicación eluden calificar a personajes como Ortega o Maduro, destacados autoritarios que se han declarado de izquierda y se fueron al extremo dictatorial. En contraste, atrevidos opinadores endilgan el término de ultraderechista a Bukele, alguien que se forjó y salió electo, en sus dos primeros cargos, por un partido marcadamente de izquierda -ultra-, como es el FMLN, aunque ahora responda a otro grupo político marcadamente populista y tragalotodo.

Puede ser torpeza de quienes escriben -aunque no les concedo tal excusa-, pero sobre todo falta de seriedad de sus editores y, especialmente, mucha mala leche en el uso de la terminología de la neolengua orwelliana. Utilizan conservadurismo como sinónimo derecha -olvidando que conservadores son Cuba o Corea del Norte- o confunden las dictaduras con la derecha, ejemplificándolas con Hitler -nacionalsocialista- o Franco, quienes pudieron ser nacionalistas, tradicionalistas, fascistas o incluso anticomunistas, Además, lideraron movimientos de corte social-popular, y legislaron como hoy lo haría un partido socialdemócrata. Únicamente hay que leer un poco de Historia desapasionada; ¡si se busca se encuentra!

Los dictadores son dictadores, igual que los populistas, populistas, y cuentan con identidad propia. Ni los unos ni los otros son de izquierda o de derecha, porque los primeros atienden a su propia voluntad -errática la mayoría de las veces y siempre impositiva- y los otros complacen las demandas ciudadanas con el fin de obtener votos y lealtad. Sin embargo, hay toda una campaña mediática de torpes, aprovechados o ideologizados escribidores que militan a la vez que redactan, y pretenden confundir a ciudadanos más necios que ellos, quienes dan crédito a términos mal empleados e interesadamente utilizados.

La derecha es algo muy serio como para ser confundido con radicalismos descalificadores utilizados convenientemente, por unos, y asumidos torpemente por otros, en su ignorancia supina. Aboga por principios claros en materia económica y política, en libre mercado y democracia, da prioridad al ser humano, defiende la libertad, la convivencia en paz, y respeta los derechos individuales.

Orwell lo predijo -incluso antes que los Simpsons- y lo que se lee en determinados medios -algunos muy prestigiosos- es producto de una opinión publicada con fines perfectamente claros que responden a la dirección y clientela del medio y a la voz dominante de quienes más gritan, aunque no sean los que más razón tienen. El problema, nuevamente, no es el periodista -que, como otras personas, milita aunque sin decidirlo-, sino del ciudadano que termina por creerse todo lo que lee sin establecer el más elemental filtro de la razón, del estudio y del análisis.

De monopolios y frustraciones

No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC

El reciente embate del MP contra estudiantes y profesores de la USAC ha generado innumerables críticas y condenas a lo que se considera -con toda razón- un abuso y una fabricada persecución penal. Pero también ha colocado en el debate nacional -porque es el fondo del asunto- el botín político que representa la monopólica universidad estatal.

Hay temas que se consideran políticamente incorrectas de tratar, y este es uno de ellos. Quienes, activa o pasivamente, participan en la discusión terminan protegiéndose -no siempre de forma acertada- con el escudo tradicionalmente utilizado para contener cualquier crítica o propuesta de reforma: la autonomía universitaria, muchísimas veces mal entendida, y otras peor interpretada. La verdad -aunque golpee, lastime y duela- es que la USAC es un centro de poder del que muchos viven y otros más rentabilizan y aprovechan. La participación política que tiene en comisiones, decisiones, consejos, etc., es enorme, además de contar con iniciativa de ley, inaudito en el mundo académico, pero sobre todo en un marco de principios democráticos, en el que no se sustenta de ninguna manera, como tampoco el poder del Colegio de Abogados.

El rectorado, la directiva y las decanaturas -además de otras entidades no menores como la asociación de estudiantes y foros similares- son tribunas poderosas desde las que se ejerce poder e influencia, y está repartido entre autoridades que tradicionalmente lo han aprovechado, generando un cierto equilibrio inestable. No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC, la calidad educativa o la certeza de la titulación expedida, particularmente en estudios de postgrado, justamente por la influencia sobre políticos y magistrados allí graduados. La famosa “tesis doctoral” de Baldizón y la de un rector del momento, no ofendieron ni tambalearon la arbitraria e ilegal decisión de autorizarlas.

Quienes eluden debatir sobre el fondo, se van por las ramas del proyecto social que representa o cómo ayuda a los más necesitados, lo que tampoco es cierto. Si el Estado quisiera, verdaderamente, echar una mano a quienes no cuentan con recursos para pagar una universidad privada, debería subvencionar a la demanda. Esto es, becar a la persona para que pudiera elegir en qué universidad del sistema nacional desea estudiar, y no obligarlo a asistir a la monopólica universidad estatal, financiando la única oferta existente. El Estado sostiene a la universidad sin promover competencia alguna, lo que no representa una buena gestión pública ni la mejor ayuda a los ciudadanos. La USAC es un monopolio, y como todo monopolio abusa, encarece el producto y reduce la calidad; recordemos que los monopolios únicamente existen porque los gobiernos los permiten y certifican. 

Otro tema que no se debate -en la elección del rector- es la calidad académica que posee. Observe las últimas contiendas y comprobará que la discusión fue sobre la persona, su influencia, papel social, popularidad, etc., pero en modo alguno sobre un currículo profesional destacado. Si de una universidad se trata es evidente que la calidad académica superior debería de ser el principal referente, pero el tema no se aborda porque las características exigibles son más políticas que académicas. Tampoco, desafortunadamente, se terminan con los abusos a los alumnos de nuevo ingreso -bromas, bautizos y otras formas de denominarlos- o con las agresiones sexuales de estudiantes y profesores. 

¡No se enojen sancarlistas!, más bien reflexionen para que su hijos tengan una verdadera universidad competitiva y de calidad, y no un club político que se escuda en malas tesis, historia nacional ya superada, bochinches y poder, mucho poder.