No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC
El reciente embate del MP contra estudiantes y profesores de la USAC ha generado innumerables críticas y condenas a lo que se considera -con toda razón- un abuso y una fabricada persecución penal. Pero también ha colocado en el debate nacional -porque es el fondo del asunto- el botín político que representa la monopólica universidad estatal.
Hay temas que se consideran políticamente incorrectas de tratar, y este es uno de ellos. Quienes, activa o pasivamente, participan en la discusión terminan protegiéndose -no siempre de forma acertada- con el escudo tradicionalmente utilizado para contener cualquier crítica o propuesta de reforma: la autonomía universitaria, muchísimas veces mal entendida, y otras peor interpretada. La verdad -aunque golpee, lastime y duela- es que la USAC es un centro de poder del que muchos viven y otros más rentabilizan y aprovechan. La participación política que tiene en comisiones, decisiones, consejos, etc., es enorme, además de contar con iniciativa de ley, inaudito en el mundo académico, pero sobre todo en un marco de principios democráticos, en el que no se sustenta de ninguna manera, como tampoco el poder del Colegio de Abogados.
El rectorado, la directiva y las decanaturas -además de otras entidades no menores como la asociación de estudiantes y foros similares- son tribunas poderosas desde las que se ejerce poder e influencia, y está repartido entre autoridades que tradicionalmente lo han aprovechado, generando un cierto equilibrio inestable. No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC, la calidad educativa o la certeza de la titulación expedida, particularmente en estudios de postgrado, justamente por la influencia sobre políticos y magistrados allí graduados. La famosa “tesis doctoral” de Baldizón y la de un rector del momento, no ofendieron ni tambalearon la arbitraria e ilegal decisión de autorizarlas.
Quienes eluden debatir sobre el fondo, se van por las ramas del proyecto social que representa o cómo ayuda a los más necesitados, lo que tampoco es cierto. Si el Estado quisiera, verdaderamente, echar una mano a quienes no cuentan con recursos para pagar una universidad privada, debería subvencionar a la demanda. Esto es, becar a la persona para que pudiera elegir en qué universidad del sistema nacional desea estudiar, y no obligarlo a asistir a la monopólica universidad estatal, financiando la única oferta existente. El Estado sostiene a la universidad sin promover competencia alguna, lo que no representa una buena gestión pública ni la mejor ayuda a los ciudadanos. La USAC es un monopolio, y como todo monopolio abusa, encarece el producto y reduce la calidad; recordemos que los monopolios únicamente existen porque los gobiernos los permiten y certifican.
Otro tema que no se debate -en la elección del rector- es la calidad académica que posee. Observe las últimas contiendas y comprobará que la discusión fue sobre la persona, su influencia, papel social, popularidad, etc., pero en modo alguno sobre un currículo profesional destacado. Si de una universidad se trata es evidente que la calidad académica superior debería de ser el principal referente, pero el tema no se aborda porque las características exigibles son más políticas que académicas. Tampoco, desafortunadamente, se terminan con los abusos a los alumnos de nuevo ingreso -bromas, bautizos y otras formas de denominarlos- o con las agresiones sexuales de estudiantes y profesores.
¡No se enojen sancarlistas!, más bien reflexionen para que su hijos tengan una verdadera universidad competitiva y de calidad, y no un club político que se escuda en malas tesis, historia nacional ya superada, bochinches y poder, mucho poder.
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