La mano invisible frente al puño del Estado

El intervencionismo descansa en el miedo o la desconfianza hacia la capacidad de las personas para coordinarse sin tutela política

El economista y filósofo Adam Smith acuñó la expresión “la mano invisible” en su obra La riqueza de las naciones (1776) para describir un fenómeno central del funcionamiento de los mercados: cómo la búsqueda del interés propio puede, sin intención deliberada, generar beneficios para el conjunto de la sociedad. Smith sostenía que cuando individuos y empresas persiguen su propio beneficio, “como guiados por una mano invisible”, se produce la asignación eficiente de recursos, el aumento de la producción y la reducción de precios. En un marco de competencia, normas y justicia, el mercado coordina decisiones dispersas sin necesidad de una dirección centralizada, produciendo orden a partir de acciones individuales.

Esa teoría fue desarrollada con mayor profundidad por el también economista Friedrich Hayek quien defendió la cooperación voluntaria como el fundamento de una sociedad libre, al sostener que el orden social no surge de la imposición centralizada, sino de la interacción espontánea entre individuos que acuerdan intercambiar, asociarse y colaborar para beneficio mutuo. En obras como Camino de servidumbre, Hayek explicó que cuando las personas actúan libremente dentro de un marco de normas generales se genera un “orden espontáneo” más eficiente y respetuoso de la libertad que cualquier diseño planificado desde el poder.

Lejos de ser meras construcciones académicas, ambas ideas se verifican diariamente. La mayoría de las personas prefiere utilizar Airbnb antes que un hotel tradicional o solicitar un viaje en Uber en lugar de un taxi regulado. La razón es simple: funcionan mejor, ofrecen más opciones y cuestan menos. No es que hoteleros o taxistas desconozcan cómo ser competitivos, es que el Estado les impone licencias, requisitos y cargas fiscales que encarecen artificialmente el servicio. Lo mismo ocurre con Waze, donde miles de conductores comparten información en tiempo real y el sistema optimiza rutas sin necesidad de un burócrata gestor.

Y es precisamente aquí que emerge la contradicción profunda del estatista contemporáneo. Muchos de quienes defienden que el Estado controle precios, autorice actividades y regule cada intercambio prefieren utilizar, sin reparo, estos servicios nacidos de la cooperación voluntaria y la innovación privada. Predican planificación central; reclaman regulación estricta, pero prefieren espontaneidad el dinero está en juego. Exigen controles estatales, salvo cuando descubren que el mejor precio, la mayor disponibilidad y la mejor calidad surgen precisamente de acuerdos libres entre oferentes y demandantes.

El intervencionismo descansa en el miedo o la desconfianza hacia la capacidad de las personas para coordinarse sin tutela política; sin embargo, cada vez que alguien reserva una habitación en línea, solicita un viaje desde una aplicación o sigue la ruta optimizada por miles de usuarios voluntarios y anónimos, está confirmando lo contrario. Está validando que el conocimiento está disperso, que la información se transmite mejor horizontalmente y que el orden puede surgir sin imposición.

El estatista promedio disfruta de los frutos del mercado mientras cuestiona el árbol que los produce. Y cuando el Estado intenta someter estas plataformas a las mismas cargas que asfixiaron a los modelos tradicionales, los precios suben, la oferta disminuye y la innovación se frena. Entonces reaparece la queja contra “las empresas”, nunca contra la regulación que distorsiona.

Se condena en teoría lo que se abraza en la práctica, y esa es la prueba más contundente de que la mano invisible y el orden espontáneo no son consignas ideológicas, sino descripciones precisas de cómo realmente cooperan las personas cuando se les permite hacerlo.

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El péndulo judicial y la guerra interminable

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario

Nos quieren vender una “dignificación de la justicia”, pero lo que presenciamos es, en realidad, una disputa descarnada por el control del poder. Desde 2016, cuando se modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y se imposibilitó la remoción de la fiscal general —una reforma diseñada para proteger a quien ocupaba entonces el cargo— se introdujo también la exigencia del finiquito como requisito normativo. Aquellas decisiones respondieron a una lógica de blindaje coyuntural para personas, no a una filosofía racional que persistiera. Hoy, cuando esas mismas disposiciones han generado crisis de gobernabilidad, sus impulsores y adeptos parecen haber olvidado su autoría y las consecuencias previsibles de tales cambios.

El resultado es un entramado jurídico que, lejos de consolidar la institucionalidad, ha contribuido a la creación de callejones sin salida. Normas pensadas para proteger intereses particulares terminaron por obstaculizar procesos y profundizar la polarización. Sin embargo, quienes las promovieron ahora hablan, con un cinismo difícil de disimular, de la necesidad de “dignificar la justicia”, como si el problema fuera personal y no sistémico. El discurso insiste en nombres propios, nunca en principios; en sustituir actores, no en transformar reglas.

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario. La justicia ha sido reducida a instrumento estratégico dentro de una confrontación ideológico-política que jamás se abandonó. La narrativa que acompaña el proceso no surge en el vacío. Se articula en una red de opinadores y actores nacionales e internacionales que, desde distintos espacios —y con epicentros fácilmente identificables— amplifican mensajes de manera coordinada y oportuna. Esa narrativa tiene elementos de verdad: existen déficits institucionales, prácticas discrecionales y deterioro en la confianza pública. Lo que carece de sustento es la premisa de que el simple reemplazo de personas, sin alterar los mecanismos de selección y control, producirá el cambio deseado. En el mejor de los casos, el “péndulo judicial” oscilará hacia el extremo opuesto; en el peor, consolidará una nueva hegemonía desde instancias clave como la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral.

Los procedimientos se repiten permanentemente: convocatoria formal, tabla de gradación diseñada ad hoc, pactos previos entre operadores políticos, tachas basadas en recortes de prensa o acusaciones estratégicas, y finalmente una elección a dedo que responde a acuerdos preestablecidos. El formalismo sirve únicamente de coartada para decisiones ya tomadas, y la coherencia normativa cede ante la conveniencia política.

Guatemala permanece atrapada entre dos bloques que desprecian las reglas cuando estas obstaculizan sus objetivos, aunque lo hagan con discursos antagónicos. Uno se reviste de superioridad moral para legitimar su narrativa; el otro instrumentaliza la persecución y la intimidación como mecanismos de control. Ambos cambian sus roles por momentos y se retroalimentan en una dinámica de denuncia que erosiona cualquier espacio de deliberación racional. El radicalismo se convierte en justificación permanente y la confrontación en método. 

Lo que enfrentamos no es una pugna entre justicia e impunidad, sino una competencia por la captura institucional en un sistema aún marcado por un conflicto ideológico no resuelto. Dos expresiones de una misma patología estructural que desde posiciones opuestas asfixian la posibilidad de una reforma basada en principios. Sin reglas estables, sin procedimientos coherentes y sin límites claros al poder, la “dignificación” de la justicia no pasa de ser un eslogan útil en la lucha por dominar el tablero.

Y mientras el péndulo oscila de un lado a otro, el país permanece en el mismo lugar.

Sexo y poder: de París a Manhattan

El caso Epstein apunta a algo más ambicioso y perturbador: un montaje cuidadosamente diseñado para tejer una red de poder global, servil a intereses concretos.

Mucho antes de Jeffrey Epstein, Europa ya conoció un modelo donde sexo, poder y protección estatal se entrelazaban. En la Francia de los años sesenta y setenta, Madame Claude dirigió una red de prostitución de lujo al servicio de políticos, empresarios y celebridades, basada en la discreción, el acceso a élites y la complicidad de las autoridades. Su impunidad —sostenida por información entregada a la policía— terminó cuando el sistema decidió prescindir de ella. El caso reveló que la prostitución de alto nivel no era solo un negocio, sino una herramienta de influencia y control, una lógica que décadas después reaparecería, con otras formas y otros silencios, en el caso Epstein. Cuando ella cayó, no terminó el modelo: solo cambió de nombre, de escenario y de época.

La historia está llena de personajes utilizados por el poder hasta que dejan de ser útiles. Conocemos bien a los dictadores impuestos por ciertas potencias para controlar países estratégicos, pero mucho menos a esos otros operadores que actúan en la penumbra: gestores de redes ocultas donde confluyen dinero, favores, información sensible, negocios públicos y decisiones estratégicas. No aparecen en manuales ni en discursos oficiales, pero su función es tan real como eficaz.

Creer que el caso Epstein se reduce a un proxeneta de lujo con gustos extravagantes es tan ingenuo como aceptar que el asesinato de John F. Kennedy fue obra exclusiva de un perturbado solitario. Detrás del operador siempre hay un cerebro; detrás del ejecutor, una lógica; detrás del escándalo, una estructura. Epstein no era el fin, sino el medio. Pensar lo contrario exige aceptar que personas con fortunas multimillonarias, conexiones globales y acceso a los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo actuaron durante años sin que nadie supiera nada, sin que nadie advirtiera riesgos, sin que nadie los protegiera.

¿Es razonable suponer que figuras de la realeza británica no estuvieron bajo el radar del MI5? ¿Qué empresarios, políticos y académicos de primer nivel no sabían a dónde iban ni con quién se relacionaban? ¿Que miles de millones de dólares, redes privadas de transporte y propiedades estratégicamente ubicadas funcionaban al margen de cualquier interés institucional? A estas alturas, la versión de la ignorancia colectiva resulta más inverosímil que cualquier hipótesis alternativa.

El verdadero problema es que hay demasiados implicados y de formas muy diversas. Eso hace prácticamente imposible, por ahora, conocer una versión completa y honesta de los hechos. Como ocurrió con el caso de Madame Claude, la verdad suele emerger años después, cuando los protagonistas han muerto, los archivos se enfrían y la responsabilidad política se diluye. El tiempo, más que la justicia, termina siendo el gran aliado del silencio.

El caso Epstein apunta a algo más ambicioso y perturbador: un montaje cuidadosamente diseñado para tejer una red de poder global, servil a intereses concretos. No hace falta mirar demasiado lejos para intuir de dónde podrían provenir esos intereses: el abanico se reduce, inevitablemente, a un par de agencias de inteligencia occidentales. Como en los delitos financieros, la consigna es clara: follow the money. Pero aquí el rastro no es únicamente económico. La pregunta clave no es cuánto dinero se movió, sino a quién le convenía construir una red política internacional basada en la vulnerabilidad, el chantaje y la dependencia.

Epstein cayó. Pero, como con Madame Claude, su caída no implica que el sistema haya desaparecido. Solo confirma que, cuando el operador deja de ser útil o se vuelve un problema, el poder encuentra la forma de cerrar el capítulo sin reescribir la historia, incluso con un suicidio en prisión.

Más allá de las formas de Trump

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla.

Muchos siguen sin entender a Trump, y probablemente no lo harán mientras continúen analizando su política desde la forma y no desde el fondo. Su porte, su manera de hablar, su estilo confrontativo y su desprecio por los códigos tradicionales generan un rechazo inmediato; sin embargo, ese rechazo suele nublar el análisis. Trump no es un político clásico: es un jugador, y uno bastante eficaz.

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla. Su discurso está plagado de advertencias, exageraciones y amenazas calculadas, aunque no siempre. Como en el póker: farolea, mide reacciones y sube la apuesta cuando el adversario duda. Interpretarlo exige un esfuerzo adicional: entender el tablero completo y no quedarse únicamente en el gesto.

Ese tablero se manifiesta con claridad en la National Security Strategy publicada a finales del año pasado. El documento no es un capricho personal, sino la expresión de una visión estratégica del pais norteamericano que trasciende al propio presidente. Las prioridades están claramente jerarquizadas: Asia ocupa el centro, con China como desafío principal; el hemisferio occidental recibe un tratamiento destacado; Europa aparece como socio acomodado, aunque necesario; Oriente Medio como zona de contención de Irán; y África apenas como apunte marginal. Es una jerarquización de intereses, realismo geopolítico, realpolitik.

En lo que respecta a América, Trump rescata sin complejos la Doctrina Monroe, rebautizada informalmente como “DonRoe”. El mensaje es inequívoco: ni Rusia ni China tienen espacio estratégico en el hemisferio occidental. No se trata de ideología, sino de control. Las inversiones chinas en infraestructura crítica, telecomunicaciones y minerales estratégicos son vistas como una amenaza directa, y hasta aquí llegaron.

Tampoco se tolerará que actores extrahemisféricos consoliden ventajas energéticas, como ocurrió en Venezuela. China y Rusia podrán importar petróleo caribeño, pero bajo las reglas impuestas desde Washington: cuánto, cuándo, cómo y, si es necesario, a qué precio. El mensaje es claro y demoledor: el desorden latinoamericano ha terminado.

Europa, por su parte, comienza a aprender la lección a marchas forzadas. El modelo de bienestar sostenido indirectamente por la seguridad estadounidense ha llegado a su límite. Incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB no es un capricho, sino la factura acumulada de décadas de comodidad estratégica. No es sostenible una vida plácida financiada por terceros a miles de kilómetros de distancia; y lleva razón.

Asimismo, Trump ha hecho lo que muchos gobiernos occidentales no se atrevieron a hacer en setenta años: llevar al régimen cubano al borde del colapso. Aun así, persisten defensores de dictaduras —disfrazados de demócratas— que justifican abusos o difunden supuestas virtudes del régimen bajo el paraguas de un derecho internacional estatocéntrico, diseñado para proteger Estados y no ciudadanos.

Conviene recordar aquí a la Escuela de Salamanca, que entendió tempranamente que el Derecho de Gentes debía situar al ser humano por encima de las estructuras de poder. Desde ese prisma, la intervención de Estados Unidos no es una herejía, sino una consecuencia lógica de priorizar a las personas sobre los regímenes que las oprimen.

El debate real, entonces, no es Trump. Es una cuestión mucho más incómoda: ¿qué debe prevalecer en las relaciones internacionales: los Estados o los individuos? Trump, con sus formas discutibles, ha obligado al mundo a enfrentar esa pregunta sin eufemismos. Quien siga tomando a Trump al pie de la letra seguirá perdiendo la partida. Porque a Trump no se le escucha: se le interpreta.