Cuando pensar resta aura

El problema no es “farmear aura”, sino que comienza cuando necesitamos la aprobación del grupo para sentir que valemos.

“Farmear aura” es una expresión que significa básicamente acumular puntos imaginarios de carisma, prestigio o popularidad mediante gestos, poses y comportamientos que reclaman la aprobación de un público que actúa como juez. Jóvenes haciendo gestos extraños, reproduciendo memes y sometiéndose voluntariamente al veredicto de otros jóvenes mientras decenas de teléfonos graban la escena para subirla a redes sociales. Visto desde fuera, puede parecer una suerte de legalización del ridículo.

Todas las generaciones hemos hecho cosas que nuestros padres consideraban absurdas, así que no conviene dramatizar demasiado esta moda. Siempre hemos querido diferenciarnos, provocar, desafiar y construir códigos que los adultos no comprendieran. Ahora no es diferente; “farmear aura” no es el problema. Podría argumentarse incluso que esas reuniones consiguen sacar físicamente de las redes a muchachos que pasan demasiadas horas detrás de una pantalla y ponerlos frente a la criticidad de otros seres humanos. Hasta ahí, poco que objetar. Lo inquietante aparece cuando dejamos de observar las extrañas contorsiones y prestamos atención al mecanismo psicológico que hay detrás: se necesita la aprobación del grupo para sentir que vales.

Hace más de setenta años, el psicólogo social Solomon Asch realizó sus famosos experimentos sobre conformidad. Había que comparar la longitud de unas líneas, y la respuesta resultaba evidente porque eran iguales. Sin embargo, cuando varios integrantes del grupo —cómplices del investigador— elegían deliberadamente la respuesta equivocada, aproximadamente tres cuartas partes de los participantes terminaron plegándose, al menos una vez, al criterio incorrecto de la mayoría. Y ese es el verdadero asunto: sintieron la necesidad de contar con la aprobación colectiva como medida de su propia identidad.

A esa presión por acomodarse a la mayoría, Elisabeth Noelle-Neumann añadió otro mecanismo igualmente inquietante: la espiral del silencio. Cuando las personas perciben que su posición es minoritaria, tienden a callarla por miedo al aislamiento social. No hace falta que la multitud nos convenza, basta con que nos haga sentir solos. El problema no es únicamente terminar pensando como los demás, sino más grave: dejar de decir lo que pensamos para no quedar aislados.

Las redes sociales han perfeccionado ambos mecanismos. Asch necesitaba colocar físicamente a varias personas alrededor de un individuo; Noelle-Neumann, que el individuo percibiera cuál era la opinión dominante. Hoy llevamos ambas cosas en el bolsillo: likes, seguidores, comentarios y tendencias nos indican que recibe aprobación o rechazo y, finalmente, qué debemos decir, hacer o pensar para ser aceptados.

La necesidad de pertenencia puede alcanzar extremos inquietantes. En 1997, 39 miembros de Heaven’s Gate se suicidaron colectivamente en California siguiendo las creencias del grupo y de su líder, Marshall Applewhite. Entre 1994 y 1997, la Orden del Templo Solar dejó alrededor de 74 muertos en Suiza, Francia y Canadá entre suicidios y asesinatos. Comparar a quienes “farmean aura” con una secta sería exagerado, pero existe un hilo psicológico que merece atención: renunciar progresivamente al criterio propio cuando pertenecer resulta más importante que discrepar. Y el algoritmo añade un incentivo que Asch y Noelle-Neumann nunca pudieron imaginar: recompensa inmediatamente nuestra adaptación a la multitud.

Imaginemos uno de esos ejercicios de reforzamiento del aura, en el que se propone apoyar a un histriónico o delincuente candidato. Miles podrían repetir el gesto, el meme o la consigna, sin analizar nada, sino porque hacerlo concede “aura”, genera pertenencia y recibe aprobación. Ahí dejaría de hacerme gracia.

La buena noticia es que parte de quienes participan en estas modas todavía son menores de edad y otros ni siquiera están empadronados. Crecerán, y quizá para entonces hayan aprendido que tener criterio propio “farmea” bastante más aura que plegarse sumisamente a la aprobación de la multitud.

El dictador bueno

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual: cambian los nombres, los partidos y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo gobierno será mejor

Cualquiera que sea su edad, haga memoria e intente identificar un buen gobierno en Guatemala. No uno menos malo ni del que conserve algún recuerdo favorable, sino uno verdaderamente bueno. No lo encontrará, y ese vacío debería servirnos para abandonar de una vez el romanticismo y, sobre todo, ese optimismo enfermizo que periódicamente nos convence de que aparecerá el candidato adecuado.

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual. Cambian los nombres, los partidos, los colores y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo presidente gobernará mejor, el Congreso legislará pensando en el país, los funcionarios serán competentes y las instituciones comenzarán, casi milagrosamente, a funcionar ¡Contumacia se llama!

Mire los nombres que circulan para 2027 y haga un ejercicio sencillo: ¿con cuál se queda? No piense sólo en quién podría ganar, sino en a quién confiaría durante cuatro años la seguridad, las carreteras, los hospitales, la educación y una parte considerable del futuro de sus hijos. La oferta incluye aventureros, populistas, embusteros, inútiles, personajes cuestionados, sospechosos de vínculos con el narcotráfico, egos desproporcionados, payasos psicópatas y otros que llevan tantos años prometiendo salvarnos que resulta legítimo preguntarse quién nos salvará de ellos. Escoja uno -o una- y después intente dormir tranquilo.

En sociedades cansadas de la incompetencia es precisamente donde comienza a resultar atractiva una vieja tentación: el dictador bueno. La idea ha reaparecido en Centroamérica, y se ha exportado, al calor de la popularidad de Nayib Bukele y de una pregunta tan incómoda como seductora: ¿no sería preferible un gobernante autoritario que, al menos, consiga resultados? Hay que reconocer que la oferta resulta tentadora. 

Imagínese a alguien que llegue, ponga orden, encarcele delincuentes, obligue a cumplir las normas, termine carreteras, elimine trámites absurdos, despida funcionarios inútiles —que son muchos— y consiga que el Estado funcione. El problema no está en desear esos resultados, sino en la fórmula elegida para conseguirlos. Todos quieren al dictador bueno, lo que nadie explica es cómo garantizar que siga siendo «bueno» cuando disponga de suficiente poder y pretenda perpetuarse.

Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los gobernantes, porque tenemos también un serio problema social. Queremos orden, pero nos incomodan las normas; exigimos buenos servicios públicos, pero rechazamos las obligaciones que los acompañan; reclamamos justicia, siempre que no nos afecte, y pedimos que los demás respeten la ley mientras buscamos al conocido, al amigo o al abogado que encuentre la manera de que a nosotros no se nos aplique.

La contradicción resulta evidente. Nos estacionamos donde queremos, construimos donde podemos, bloqueamos cuando nos conviene, recurrimos a influencias cuando las necesitamos y consideramos perfectamente justificable nuestra propia excepción. Después nos indignamos porque el país no funciona. Hemos convertido demasiadas veces el cumplimiento de las reglas en algo negociable y, al hacerlo, contribuimos a construir precisamente ese Estado débil del que luego nos quejamos.

Quizá la afirmación más incómoda sea también la más necesaria: Guatemala no necesita solamente mejores gobernantes, sino, muy especialmente, mejores ciudadanos. Una sociedad indisciplinada, acomodada a la excepción y convencida de que las reglas son para los demás, produce políticos parecidos a ella. Nuestros gobernantes salen de esta misma sociedad, reproducen sus comportamientos y explotan sus debilidades.

El problema no consiste en encontrar al ser providencial que venga a poner orden, sino en construir una sociedad capaz de respetar las reglas, exigir instituciones que funcionen y comprender que no existe libertad sin responsabilidad. Mientras no aceptemos nuestra parte, seguiremos atrapados en el mismo círculo. 

Y es que cuando la ética se pierde el piso desaparece.

Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar.

No, caquistocracia no significa el gobierno de los “caqueros”, aunque la semejanza fonética pueda provocar alguna sonrisa y prestarse a confusión. El término es bastante más serio y preocupante: significa el gobierno de los peores, es decir, aquel en el que el poder termina en manos de los menos capaces, los menos preparados o de quienes demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que asumieron. 

Algunos datos obligan a pensar en ello. El reciente ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data coloca a Bernardo Arévalo en el puesto 17 de 18 mandatarios evaluados, con 66.4% de desaprobación; la última es la presidenta de Venezuela. Y aunque una encuesta no constituye una sentencia, conviene prestarle atención cuando la percepción coincide con problemas visibles de gestión. 

El Gobierno llegó en 2024 acompañado de una enorme expectativa. Prometió rescatar las instituciones, combatir la corrupción, recuperar la administración pública y demostrar que era posible gobernar de otra manera. Más de dos años después, el problema ya no consiste en comparar esas promesas con los gobiernos anteriores, sino en comparar lo prometido con lo ejecutado.

El Ministerio de Comunicaciones es el ejemplo más evidente. En 2025 terminó ejecutando apenas el 68.2% de su presupuesto. El presidente reconoció que había existido un “problema de implementación”. En mayo de este año, representantes de la Dirección General de Caminos informaron al Congreso que había 28 proyectos en ejecución, pero solo uno correspondía a la actual administración: la rehabilitación del puente de Río Dulce. A inicios de julio pasado, el CIV apenas había ejecutado el 26.2% de su presupuesto vigente. En infraestructura el Gobierno puede enumerar proyectos, licitaciones, planes y futuras inversiones, pero las carreteras constituyen una realidad demasiado tangible como para resolverla mediante discursos. 

En seguridad el Gobierno ha presentado cifras favorables en determinados indicadores, entre ellos las denuncias por extorsión, pero tampoco puede olvidarse de que en enero el país vivió motines simultáneos en tres cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que llevaron a declarar por meses el estado de prevención, y que los homicidios con armas de fuego vienen creciendo desde abril. 

Lo mismo podría decirse de otras áreas, y aquí aparece la caquistocracia. No entendida exclusivamente como el gobierno de personas malas o corruptas, porque existe una modalidad menos escandalosa pero igualmente perjudicial: se refiere al gobierno de quienes no saben hacer funcionar el Estado. La incompetencia también tiene consecuencias.

Todos los gobiernos reciben problemas del anterior y encuentran burocracias deficientes, intereses enquistados, legislación complicada y funcionarios resistentes al cambio. Precisamente por eso se elige un gobierno: para resolver los problemas, no para describirlos. La administración de Arévalo ha construido buena parte de su narrativa alrededor de adversarios perfectamente identificables: estructuras corruptas, mafias político-criminales, instituciones capturadas y actores que obstaculizan el cambio. Parte de esa denuncia es cierta, pero después de más de la mitad del mandato aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno explicar su falta de resultados justificándose en que no lo dejan gobernar?

La responsabilidad política no consiste en tener buenas intenciones. Tampoco en proclamar superioridad moral sobre quienes gobernaron anteriormente, porque visión sin ejecución es alucinación. Quizá ahí radique uno de los errores fundamentales de esta administración: confundir honestidad con capacidad. Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar?

El gobierno de las excusas

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas.

Hay gobiernos que transforman la realidad y otros que dedican la mayor parte de su tiempo a explicar por qué no pueden hacerlo. Aquí hemos caído en la segunda categoría. Cada semana aparece una nueva justificación para explicar por qué las promesas no se cumplen, los problemas no se resuelven y el país sigue atrapado en la misma inercia de siempre. Cuando la explicación termina sustituyendo a la acción, las excusas dejan de ser circunstanciales y se convierten en una forma de gobernar.

El Estado muestra claros signos de agotamiento porque no se hizo lo suficiente durante muchos años, pero tampoco se está haciendo nada ahora. Lo único que parece haberse incrementado es la capacidad para encontrar responsables. Sobran excusas y da la impresión de que es en lo que más se invierte.

Y no se trata de un problema de recursos. El presupuesto público ha alcanzado niveles históricos y no falta dinero -otra perorata habitual-, sino capacidad de ejecución. Los proyectos “avanzan” lentamente, las obras se retrasan y las prioridades se pierden entre procedimientos, disputas políticas y cambios constantes de funcionarios. No faltan medios, pero hay una manifiesta incapacidad para conseguir resultados.

Durante los primeros meses de este gobierno se señaló al Ministerio Público como el principal obstáculo. Después apareció la Corte de Constitucionalidad, y mañana será cualquier otra institución, actor o circunstancia. Siempre hay una explicación para posponer la rendición de cuentas sobre la falta de gestión.

Esa debilidad también se refleja dentro del propio oficialismo con una crisis interna que lo ha hecho implosionar. Las divisiones, renuncias y enfrentamientos han reducido su capacidad para impulsar una agenda, y cada nueva fractura condiciona o retrasa las pocas iniciativas que intentan avanzar. La aprobación de la Ley de Puertos terminó evidenciando nuevamente las tensiones internas.

La segunda manifestación de esa incapacidad es administrativa. Ministros y viceministros entran y salen sin explicaciones sobre las razones de tantos cambios. Resulta difícil construir políticas públicas consistentes cuando quienes deben diseñarlas y ejecutarlas cambian continuamente. La inestabilidad institucional termina convirtiéndose en otra forma de inmovilismo.

Mientras tanto, los homicidios cometidos con arma de fuego muestran una tendencia creciente desde el segundo trimestre del año. La disputa entre organizaciones del narcotráfico y pandillas por el control territorial vuelve a reflejarse en atentados, extorsiones y hechos de violencia que alimentan una creciente sensación de inseguridad. La realidad avanza con más rapidez que la capacidad del Estado para responder.

Frente a este escenario, la respuesta oficial suele repetirse: mirar hacia atrás y justificarse. Señalar las deficiencias heredadas puede ser válido para explicar el punto de partida, pero deja de ser suficiente cuando se convierte en la explicación permanente de la inacción. Gobernar implica administrar el presente y construir el futuro, no vivir instalado permanentemente en el pasado.

Quizá esa narrativa también cumpla otra función: ofrecer una explicación tranquilizadora a quienes depositaron grandes expectativas en el cambio político de 2024, y hoy enfrentan una realidad mucho menos prometedora. Hay que reconocer que el actual proyecto político no ha respondido a las expectativas, y siempre es más cómodo pensar que otros impiden gobernar antes que aceptar que el problema puede residir en la falta de capacidad para hacerlo de quienes ostentan el poder.

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas. Las democracias no se debilitan únicamente por la corrupción o la ineficiencia, también se erosionan cuando las explicaciones sustituyen de forma permanente a los resultados.

No es cuánto pagamos, sino por qué

El verdadero problema de los impuestos no es cuánto pagamos, sino bajo qué principios morales y jurídicos puede el Estado exigirnos que paguemos.

Los impuestos mal diseñados tienen consecuencias sobre el comportamiento de las personas y sobre el funcionamiento de la economía. Cuando el Estado grava de manera arbitraria la riqueza, el patrimonio o el éxito económico, envía un mensaje perverso: progresar tiene un costo, y el resultado es predecible. Se retrasan inversiones, se fragmentan patrimonios, muchos operan parcialmente en la economía informal y no pocos recurren a mecanismos de evasión. Y no porque sea moralmente defendible, sino porque el propio sistema genera más incentivos para ocultar que para producir.

Thomas Sowell ha insistido en que la economía consiste, ante todo, en el estudio de los incentivos y de las consecuencias no deseadas de las políticas públicas. Las decisiones deben juzgarse por sus resultados y no por sus intenciones. Si un sistema tributario penaliza la acumulación de patrimonio, la adquisición de bienes o la inversión, el efecto será precisamente el contrario del que dice perseguir: menor transparencia, formalización, inversión y una economía más pequeña y menos productiva. Como advirtió John Locke, la propiedad no nace del Estado, sino del trabajo, por eso corresponde al poder público justificar cualquier limitación sobre ella y no al ciudadano justificar por qué desea conservarla.

Esta idea coincide con principios formulados por otros autores. Adam Smith sostenía que un buen sistema tributario debía respetar cuatro reglas básicas: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. El contribuyente debía saber qué pagaba, por qué lo hacía y bajo qué criterios. Friedrich Hayek advirtió que la igualdad ante la ley desaparece cuando el Estado utiliza la tributación para discriminar entre ciudadanos según su patrimonio o capacidad económica. Robert Nozick sostuvo que gravar reiteradamente el fruto del trabajo de una persona equivale, en parte, a apropiarse del tiempo y del esfuerzo con los que produjo esa riqueza. Y Frédéric Bastiat recordó que la ley pierde su legitimidad cuando deja de proteger la propiedad para convertirse en un instrumento de expoliación legal. Todos ellos coinciden, desde perspectivas distintas, en una misma exigencia: el poder tributario necesita algo más que una mayoría política, requiere de una justificación moral compatible con la libertad y la igualdad ante la ley.

La pregunta de fondo es simple: ¿por qué dos ciudadanos que reciben exactamente el mismo servicio público deben pagar cantidades distintas? No se trata de decidir quién paga más, sino en preguntarnos cuál es la justificación objetiva y ética para que dos personas que reciben lo mismo, una deba pagar varias veces más únicamente porque posee un patrimonio mayor. La justicia tributaria no puede descansar exclusivamente en la voluntad de una mayoría política, sino en principios de racionalidad, igualdad y proporcionalidad.

Un sistema tributario irracional no solo resulta injusto, también deteriora la confianza en las instituciones, incentiva la evasión fiscal, amplía la economía informal, desalienta la inversión y termina castigando a quienes generan empleo, riqueza y crecimiento. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no cobra por los servicios que presta, sino porque puede hacerlo o porque alguien ha prosperado más que otro, deja de considerar el impuesto como una contribución y comienza a verlo como una penalización al éxito.

Necesitamos un Estado capaz de justificar racionalmente cada impuesto que exige. La legitimidad de un sistema tributario no depende únicamente de cuánto recauda, sino de si cada impuesto puede explicarse desde la lógica, la justicia y el respeto a la igualdad. 

Mientras esa conversación siga sustituyéndose por consignas simplistas como "que paguen más los que más tienen", seguiremos confundiendo la justicia con la envidia (Robert Nozick), la igualdad ante la ley con el privilegio de las mayorías y la política fiscal con el derecho del Estado a castigar el éxito económico.