Aliados, pero vigilados

Washington coopera, pero también investiga; equipa, pero vigila; considera a Guatemala un socio, pero aparentemente un socio al que conviene observar de cerca.

Ciertas noticias parecen independientes hasta que se colocan juntas, y la fotografía cambia. En pocos días, Guatemala recibió armamento adquirido a EE. UU. después de décadas de restricciones; fiscales y responsables de investigaciones de nueve distritos estadounidenses llegaron al país acompañados por funcionarios del Departamento de Justicia, DEA, FBI y HSI; el país apareció nuevamente en el informe estadounidense sobre principales países de tránsito o producción ilícita de drogas; el presidente Bernardo Arévalo no asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas; y  no fuimos invitados a la reunión del Escudo de las Américas, la iniciativa regional impulsada por Washington contra los carteles y el crimen transnacional. 

A ello se agrega un importante elemento interno: Arévalo llega a este momento políticamente debilitado. La medición de septiembre de CB Global Data lo situó en el último lugar entre 18 mandatarios latinoamericanos evaluados, con 28.2 % de imagen positiva y 67.3 % negativa. Puede ser una coincidencia temporal, pero son demasiadas piezas interesantes como para no intentar armar el rompecabezas.

La adquisición de armamento estadounidense ha sido presentada por el gobierno como una señal de confianza y como parte del fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar narcotráfico y crimen organizado. Simultáneamente, el presidente recibió a una delegación estadounidense cuya composición resulta mucho más interesante que cualquier declaración diplomática. No llegaron a tomarse fotografías, sino a fortalecer investigaciones y procesos contra carteles, narcotráfico, lavado de dinero, trata y otras organizaciones criminales transnacionales. Hasta aquí, la relación con Washington atraviesa un momento particularmente estrecho.

Pero la fotografía tiene otra mitad. Guatemala continúa incluida por EE. UU. entre los países considerados relevantes para el tránsito o producción ilícita de drogas, lavado de dinero, conformar estructuras financieras y conexiones del crimen organizado con la política, lo que no puede considerarse una buena noticia.

Estados Unidos observa, y lo hace cuando entramos en período electoral con un presidente políticamente debilitado. Washington coopera, pero también investiga; equipa, pero vigila; considera a Guatemala un socio, pero aparentemente un socio al que conviene observar de cerca.

Y hay otra pieza. El Escudo de las Américas ha sido presentado por la Administración Trump como mecanismo de coordinación regional contra carteles, narcotráfico y organizaciones criminales. Guatemala no estuvo entre los países invitados inicialmente y tampoco aparece integrada posteriormente en el núcleo político de esa iniciativa. Si Guatemala es un socio tan importante en la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué está fuera del Escudo? A la fotografía se suma que Arévalo no estuvo en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras Estados Unidos reunía a socios regionales para profundizar su estrategia hemisférica contra los carteles. 

Unos estaban en la reunión contra organizaciones criminales, mientras aquí se recibía a quienes investigan aquello contra lo que pretende proteger el Escudo. Washington podría estar distinguiendo entre aliados políticos regionales (partner) y socios operativos necesarios (amigos), algo ya visto en su National Security Strategy en tiempos pasados.

De cara a 2027 habrá que observar los hechos más que los discursos: extradiciones, acusaciones, sanciones, investigaciones financieras y eventuales nombres de políticos relacionados con estructuras criminales. Habrá que ver cómo evoluciona una relación con Washington que parece fortalecerse operativamente mientras mantiene distancias políticas y de inclusión en instituciones. Una especie de “si”, pero “no”.

El último de la clase

Tres años después, el daño político no es la mala posición en una encuesta, sino haber destruido la esperanza de quienes creyeron en aquella promesa

Bernardo Arévalo ocupa el último puesto entre los 18 mandatarios latinoamericanos evaluados por CB Global Data. Tiene un 28,2 % de aprobación y un 67,3 % de desaprobación. El dato admite discusiones metodológicas, pero refleja algo incómodo: es difícil convertir el último lugar en una historia de éxito.

Lo preocupante, sin embargo, es preguntarse qué piensa hoy aquel guatemalteco que en 2023 votó convencido de que había encontrado «al bueno», porque esa fue parte de la promesa. No llegaba otro gobierno, sino los distintos, los decentes, quienes iban a recuperar las instituciones, combatir las viejas prácticas, demostrar que era posible gobernar de otra manera, y no malgastar el presupuesto. Tres años después, el daño político no es la mala posición en una encuesta, sino haber destruido la esperanza de quienes creyeron en aquella promesa,  tal y como siente una mayoría de la ciudadanía. 

Un Estado con “buena gente” y suficientes recursos presupuestarios no necesariamente se traduce en un Estado más eficaz. Más que discursos se requiere la acción, certeza, ejecución, credibilidad y confianza. La promesa ética con la que llegó el gobierno elevó tanto las expectativas que cada contradicción posterior ha resultado doblemente costosa.

A ello se agrega una sensación cada vez más difícil de ignorar: la de un presidente que parece tener la mirada puesta más en 2028 que en el tiempo que todavía le queda. Arévalo transmite la impresión de que aquello que verdaderamente pretende —y quizá siempre pretendió— es convertirse en expresidente. Terminar el mandato, retirarse y contemplar desde la distancia lo ocurrido, e impartir insustanciales conferencias en foros y organismos internacionales que otros creerán, como ahora. Se encerró en su círculo de protección, y gobernar se ha traducido en administrar el tiempo que falta para entregar la banda presidencial. 

Sería injusto, en todo caso, atribuirle todos los problemas acumulados, aunque también resulta absurdo y censurable utilizar la historia como excusa permanente. Los gobiernos heredan problemas precisamente porque gobernar consiste en afrontar problemas que uno no escogió. Arévalo se ofreció, aunque con pocas esperanzas de ser elegido, pero lo fue para cambiar algo, no para explicar constantemente por qué hacerlo es tan difícil, mucho menos para remontarse hasta la Conquista en busca del origen remoto de los males.

Llegaremos a las próximas elecciones con una treintena de opciones, pero con una ciudadanía cansada, desconfiada y desilusionada. El sistema político nacional ha conseguido una hazaña: multiplicar los partidos mientras disminuye la confianza en ellos ¿Qué puede hacer el ciudadano cuando ha dejado de confiar en los de siempre y termina decepcionado también con quienes se presentaron como diferentes? Y ante ese panorama aparece la tentación comprensible del voto blanco, nulo o quedarse en casa que es una forma silenciosa de decir: «ninguno me representa». El sistema permite expresar el rechazo, pero difícilmente tiene consecuencias políticas, y se pueden rechazar todas las opciones y, aun así, alguna terminará gobernando.

El desencanto tiene consecuencias, y cuando el elector deja de creer en los partidos, comienza a buscar personas, luego se vuelve más receptivo a soluciones aparentemente sencillas, y cuando concluye que fracasaron quienes prometieron regenerar la política, se abre el espacio para los populistas.

Una democracia empieza a deteriorarse cuando demasiados ciudadanos llegan al centro de votación preguntándose no quién merece gobernar, sino a quién le toca ahora decepcionarlos.

Arévalo puede salir en último lugar en la próxima encuesta o terminar peor su mandato; para Guatemala será mucho más difícil superar este estado de ánimo.

Mal estamos, peor estuvimos y el horizonte tampoco invita al entusiasmo, y lo inquietante no es haber llegado hasta aquí, sino descubrir que todavía podemos hacerlo peor.

Invita el gobierno, usted paga

El gobernante aparece como benefactor y el contribuyente rara vez hace la cuenta completa

Imagínese que paga Q100 en impuestos. Una gran parte de ese dinero se utiliza para mantener la administración pública y financiar sus elevadísimos salarios, privilegios y ocurrencias. Otra muy pequeña regresa a los ciudadanos mediante servicios, transferencias, y ayudas, pero no a todos ni en igual proporción. Supongamos que de esos Q100 veinte terminan destinados a subvenciones. Evidentemente, no pueden regresar todo a cada uno de quienes aportaron cien, así que para que algunos reciban proporcionalmente más, otros necesariamente recibirán menos. El objetivo consiste entonces en conseguir que mi grupo sea el más favorecido. ¿Entendió al mismo tiempo para qué sirven los grupos de presión?

Subvención suena a ayuda, regalo, generosidad. El gobierno anuncia que subvencionará los combustibles y el ciudadano entiende que alguien acaba de poner dinero de su bolsillo. Falta una pregunta elemental: ¿de dónde salió?, porque el Estado no produce los recursos que reparte, sino que los obtiene principalmente de impuestos o deuda que usted, sus hijos y nietos deberán pagar.  Cuando se subvenciona algo, por tanto, no aparece un benefactor externo que paga la cuenta, más bien unos ciudadanos están financiando, directa o indirectamente, el beneficio que reciben otros.

Frédéric Bastiat lo expresó provocadoramente en el siglo XIX: «El Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás». Su conocida reflexión sobre lo que se ve y lo que no se ve sirve también para entender el mecanismo. Vemos el beneficio inmediato, pero resulta más difícil identificar su costo y quién lo soporta.

La subvención de los combustibles -antes y ahora- permite entenderlo. El gobierno reduce temporalmente el precio que pagan los consumidores mediante recursos públicos. El conductor ve inmediatamente el resultado: paga menos por cada galón. Lo que resultaba menos visible es que la diferencia no se ha evaporado, porque alguien la está pagando, sino que es cubierta por el conjunto de quienes financian al Estado: usted y el resto de quienes pagamos impuestos que, por cierto, no somos todos.

Aquí aparece una manifiesta injusticia: una persona que no posee automóvil también paga impuestos, y parte de esos recursos son destinados para abaratar el combustible de quien sí tiene vehículo. Ocurre, por consiguiente, que alguien con menores ingresos –“los más pobres que dicen los políticos” contribuye a financiar el combustible de alguien con mayor capacidad económica. Igual para con la electricidad.

Y de nuevo regresamos a los Q100 iniciales. Si todos contribuimos a una bolsa común y después diferentes sectores compiten para recuperar de ella la mayor cantidad posible, aparece un incentivo evidente: organizarse para conseguir un trato favorable. Transportistas, agricultores, industriales, consumidores, sindicatos, cámaras o cualquier otro sector tienen razones suficientes para intentar que el beneficio que reciben sea superior al costo que soportan.

El problema es que aquello resulta perfectamente racional para cada grupo y ruinoso para el conjunto. Todos quieren recuperar cien de las bolsa a la que, después de atender otras obligaciones públicas de gestión, dietas, sueldos, carros oficiales y celulares, solo le queda una parte pequeña de dinero para devolver a cada uno. En el proyecto de presupuesto 2027 se contempla, 70.2% para funcionamiento y 12.8% de pago de deuda. Es decir: 83% evaporado.

Por eso, cuando el gobierno anuncie que pagará una parte de nuestra gasolina, electricidad o transporte, antes de celebrar cuánto nos dará convendría hacer una pregunta simple, sencilla: ¿Cuánto puse yo, cuánto me están devolviendo y quién se quedó con la diferencia? Verá como no lo ve tan alegremente.

La autoridad desarmada

Una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión

La pregunta parece elemental: ¿para qué sirve una fuerza de seguridad?, ¿cuándo debe intervenir?, ¿hasta dónde puede llegar? La respuesta tampoco debería ser complicada. El Estado otorga facultades excepcionales a policías y fuerzas armadas porque existen situaciones en las que una recomendación, una conversación amable o una invitación a comportarse correctamente dejan de ser suficientes.

Max Weber definió al Estado moderno por su pretensión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. En una democracia, ese monopolio no significa una licencia para golpear, detener o disparar a voluntad. Naciones Unidas establece que los agentes deben recurrir primero, siempre que sea posible, a medios no violentos y que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Pero de ahí no se desprende que la fuerza nunca deba utilizarse, sino que existen circunstancias en las que puede y debe emplearse, pero dentro de límites jurídicos precisos.

Lo vemos estos días en Ceuta, España. Una patrulla militar fue emboscada y cuatro soldados resultaron heridos; once de los detenidos reconocieron su participación y fueron condenados por atentado contra agentes de la autoridad. También se han producido agresiones contra guardias civiles y otros incidentes violentos. La discusión razonable consiste en determinar qué respuesta corresponde, con qué intensidad y dentro de qué límites. Lo absurdo sería desplegar policías y soldados y exigirles que soporten indefinidamente las agresiones para evitar que alguien los acuse precisamente de aquello para lo que, en determinadas circunstancias, están facultados: utilizar legítimamente la fuerza.

En Guatemala conocemos demasiado bien esa paradoja. Agentes de la PMT son insultados, golpeados y amenazados por intentar imponer una norma de tránsito. En mayo, la PNC detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte y golpear con una pistola a un agente de la PMT capitalina. Una agente de tránsito de Salamá fue atacada a tiros. Poco después, la PNC alertó a las policías municipales del departamento de Guatemala sobre posibles ataques armados. Algo hemos entendido mal cuando agredir a un representante de la autoridad comienza a considerarse una forma tolerable de expresar inconformidad.

Una democracia debe desconfiar del abuso policial y militar, y para eso existen la Constitución, los tribunales, los protocolos, los controles institucionales y la responsabilidad penal. Quien utiliza ilegítimamente la fuerza debe responder por ello. Pero una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla psicológica, política o jurídicamente hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión. Esa parálisis también puede ser consecuencia de la falta de decisión del gobernante y, especialmente, de su inhibición en el ejercicio de las responsabilidades que le corresponden.

Existe, además, una tentación política todavía más peligrosa: querer fuerzas de seguridad obedientes al gobernante en lugar de subordinadas a la ley. Cuba y Nicaragua ofrecen razones suficientes para comprender la diferencia. Una policía democrática no pertenece al presidente, al partido, a la derecha ni a la izquierda, y porque posee facultades para restringir derechos, su obediencia debe dirigirse a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no a quien ocupa temporalmente el poder.

Si golpear a un policía, desarmarlo, amenazarlo o atacar a un soldado termina sin consecuencias, el uniforme deja de representar al Estado y comienza a representar la debilidad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo respetar.

Policías y soldados integran instituciones creadas para algo muy serio: proteger a la población y hacer cumplir la ley. Cuando para conseguirlo resulte inevitable utilizar legítimamente la fuerza, deben hacerlo, porque titubear ante la violencia o amparar la inacción es renunciar a la autoridad y a la legalidad.