La primera permite gobernar; la segunda exige conservar la confianza de los ciudadanos mediante resultados, transparencia y ejercicio de la responsabilidad política.
Arévalo ganó legalmente las elecciones de 2023. Su victoria fue reconocida y los intentos de impedir su toma de posesión reforzaron la legitimidad democrática de su llegada al poder. Pero la legalidad de origen no garantiza indefinidamente la legitimidad del ejercicio. La primera permite gobernar; la segunda exige conservar la confianza de los ciudadanos mediante resultados, transparencia y ejercicio de la responsabilidad política. Y esa diferencia se ha convertido en uno de los principales problemas del actual gobierno.
El Ejecutivo encontró inicialmente explicaciones razonables para muchas de sus dificultades: resistencias institucionales, maniobras contra el proceso electoral y oposición de sectores que nunca aceptaron su victoria. Sin embargo, esas explicaciones no pueden ser -como lo son- justificaciones permanentes.
Las contrataciones cuestionadas de familiares, amigos y personas cercanas al círculo gubernamental, determinados gastos que no han recibido explicaciones suficientemente convincentes, pero sobre todo la distancia entre las promesas de renovación ética y algunas prácticas administrativas y la absoluta ineficiencia en todas las áreas de gobierno, han erosionado la credibilidad del discurso.
Los presupuestos agregan otra controversia, y siete centros de pensamiento, con enfoques ideológicos y económicos diferentes, cuestionaron conjuntamente el crecimiento del gasto y el endeudamiento, entre otras cuestiones. No es una crítica procedente exclusivamente de adversarios políticos.
El deterioro de la seguridad también forma parte de esta discusión. Desde el mes de abril hay más homicidios con armas de fuego que en el mismo período de 2025, y determinados episodios muy mediáticos de violencia plantean interrogantes sobre el control territorial y la respuesta de las instituciones. Los sucesos de Nahualá y Huité han agravado esa preocupación. Muertes, versiones oficiales contradictorias, sospechas de ocultamiento deliberado, vacíos informativos y preguntas que siguen sin claras respuestas públicas, han dejado una impresión inquietante. Y reaparece una de las mayores debilidades del Ejecutivo: su comunicación, porque han confundido informar con divulgar diariamente su propia versión de los acontecimientos. Y la opinión pública refleja ese desgaste, de ahí que el presidente aparezca en la última posición entre los 18 presidentes latinoamericanos evaluados en una encuesta reciente.
El Ejecutivo parece seguir interpretando buena parte de las críticas desde la confrontación que acompañó su llegada al poder. Como si cuestionar sus actuaciones equivaliera necesariamente a defender a quienes intentaron desconocer las elecciones de 2023. Es perfectamente posible haber defendido la legalidad de aquella victoria y considerar, al mismo tiempo, que su administración ha defraudado a la mayoría de los ciudadanos por incumplimiento de las expectativas que despertó.
Y en lo referente al respaldo internacional que acompañó la defensa del proceso electoral guatemalteco, respondió a la necesidad de respetar las urnas y garantizar la sucesión constitucional. No constituía un certificado anticipado de buena gestión ni un compromiso de aprobación indefinida, por lo que confundir el reconocimiento internacional de una elección con la aprobación permanente de un gobierno es equivocado.
Buena parte de la defensa pública que todavía conserva el Ejecutivo parece descansar en la identificación ideológica, el rechazo a sus adversarios más directo de 2023 y la resistencia a asumir evidentes equivocaciones. Hay quienes siguen defendiéndolo por lo que representa frente a sus opositores, aunque encuentren cada vez más dificultades para justificar sus decisiones. La lealtad política es legítima, pero no puede sustituir indefinidamente el examen de los hechos, las cifras y la falta de resultados.
Arévalo conserva la legalidad, pero lo que está sometido a poca discusión es la falta de legitimidad política con la que cuenta.
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