Los intocables de la palabra

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso

La semana pasada pudimos observar ese espectáculo tan nacional en el que quienes viven de exigir cuentas a los demás olvidan rendir cuentas sobre sí mismos. Insultos, descalificaciones y señalamientos cruzados entre medios de comunicación, periodistas y acusaciones entre diputados; como telón de fondo, la trágica melodía de la superioridad moral. Todos ejerciendo “la libertad de expresión”, aunque la defienden igual que los privilegios: con entusiasmo cuando protege lo propio y con silencio cuando exige responsabilidad.

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso. Señalan, insinúan, difaman, calumnian y destruyen reputaciones, pero cuando alguien les recuerda que todo derecho tiene límites, entonces se activa el drama: “ataque a la prensa”, “censura”, “autoritarismo”. La fórmula es fatal, aunque bastante cómoda: libertad para mí, responsabilidad para los demás.

La Constitución protege la libre emisión del pensamiento, sin censura ni licencia previa, pero eso no elimina la responsabilidad posterior cuando se afecta la vida privada, la moral o los derechos de terceros. También reconoce el derecho de defensa, aclaración y rectificación de quienes se consideren ofendidos. La crítica pública está protegida; el linchamiento irresponsable, no. Algunos parecen haber asimilado solo la parte que les conviene.

Y ahí empieza la hipocresía. El gremio periodístico y el político suelen ser implacables al denunciar privilegios ajenos. Señalan a cualquier grupo que resulte útil para la indignación del día. Sin embargo, cuando se trata de revisar sus propios fueros, protecciones, espacios de impunidad práctica y esa peculiar costumbre de exigir derechos sin aceptar deberes, entonces la conversación se les vuelve muy incómoda. 

La Ley de Emisión del Pensamiento, de 1966, parte de esa misma lógica: nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero existen responsabilidades cuando se incurre en calumnia, injuria o ataques a la honra y reputación. Además, establece que expresiones como “se dice”, “se asegura” o “se sabe” equivalen a afirmación de los hechos a los que se refieren. Ese detalle debería estar grabado en la pared de más de una redacción, de más de una curul, de muchas cuentas en redes sociales y de pasquines dominicales, entre otros.

El problema adicional es que esa ley es preconstitucional, nació en otro país histórico y tecnológico, y no fue pensada para redes sociales, cuentas anónimas, campañas digitales, difamación viral ni linchamientos coordinados. Una mentira hoy puede viajar más rápido que cualquier rectificación. Y, sin embargo, seguimos con una normativa cuya capacidad sancionadora resulta casi simbólica: apenas veinticinco quetzales en ciertos supuestos. Casi una propina legal para el daño reputacional.

Eso, al igual que tribunal de imprenta, no puede presentarse como defensa moderna de la libertad de expresión, sino como arqueología normativa. Un fósil jurídico que algunos veneran porque les resulta extraordinariamente cómodo. Un bálsamo perfecto para quienes exigen transparencia, ética y rendición de cuentas, siempre que la factura moral la pague otro. La prensa libre es indispensable para la democracia, pero una que se siente inimputable deja de ser contrapeso y empieza a comportarse como poder sin control. 

La libertad de expresión merece defensa firme. Precisamente por eso no puede ser secuestrada por quienes la usan como privilegio corporativo o licencia para destruir. Guatemala necesita menos victimismo gremial y más responsabilidad pública; menos sermones sobre abusos ajenos y más honestidad sobre los propios.  Resulta demasiado fácil señalar la paja en el ojo de todos los demás mientras se protege la viga enorme del privilegio propio, la publicación de chismes o de libelos anónimos -o firmados- donde todo vale.

Presidentes de paso, políticos eternos

Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal.

Sin querer queriendo, hemos logrado una hazaña intelectual extraordinaria: convertir la reelección presidencial en una especie de apocalipsis democrático, mientras reelegimos absolutamente todo lo demás. Diputados eternos, alcaldes vitalicios o dirigentes sindicales que parecen patrimonio histórico y que deberían declararse monumentos nacionales. Pero el verdadero peligro para la República —dicen con dramatismo casi litúrgico— sería permitir que un presidente pueda optar a un período más.

La lógica nacional es fascinante. Si la reelección fuera intrínsecamente mala, entonces habría que prohibirla para todos, sin excepción. Porque cuesta entender que un alcalde pueda gobernar veinte años el mismo municipio sin que nadie hable de “dictadura municipal”, mientras un presidente cuando apenas empieza a entender dónde están las llaves del despacho ya debe ir empacando sus cosas. Un diputado puede pasar décadas sobreviviendo varias legislaturas sin producir una ley memorable, pero el Ejecutivo tiene prohibido siquiera imaginar continuidad administrativa ¿Y nos preguntamos por qué el Estado vive atrapado?

La realidad es que cuatro años —o menos, si descontamos aprendizaje y bloqueo político— apenas alcanzan para entender cómo funciona la administración pública. Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal. El incentivo natural que produce la no reelección es pensar en el corto plazo, administrar encuestas y sobrevivir políticamente. La planificación de mediano plazo se vuelve casi un lujo. Francis Fukuyama ha insistido en que la fortaleza institucional depende, entre otras cosas, de capacidad estatal, continuidad administrativa y gobernanza eficaz. Pero aquí seguimos creyendo que cambiar constantemente de conductor fortalece el vehículo, aunque el carro lleve décadas sin alineación, sin frenos y con tres llantas pinchadas.

En el sector privado, curiosamente, ocurre todo lo contrario. Ninguna empresa sería cambia de CEO cada cuatro años “por salud democrática”. Más bien sucede lo inverso: cuando una organización encuentra liderazgo efectivo, capacidad de ejecución y resultados, busca continuidad. Los mercados valoran estabilidad estratégica. Las corporaciones entienden que los proyectos complejos requieren tiempo, consolidación y seguimiento. Por algo los grandes grupos empresariales mantienen liderazgos largos cuando funcionan. Nadie en una junta directiva dice: “Este gerente duplicó utilidades, expandió operaciones y estabilizó la empresa. Hay que sacarlo urgentemente antes de que se vuelva peligroso”. Pero en la política latinoamericana se ha romantizado la rotación constante, aunque produzca improvisación permanente.

El argumento histórico contra la reelección presidencial tiene fundamento: evitar caudillismos, concentración de poder y tentaciones autoritarias. El problema es que convertimos una medida preventiva en dogma religioso. No discutimos mecanismos, límites o modelos comparados; simplemente repetimos consignas. La sola palabra “reelección” provoca en algunos sectores una reacción casi exorcista, como si estuviéramos invocando simultáneamente a Ubico, Estrada Cabrera y otros males de la historia nacional.

Sin embargo, las democracias modernas más sólidas no necesariamente prohíben la reelección. Estados Unidos permite dos períodos presidenciales, y países europeos han tenido cancilleres durante más de una década o reyes al frente de las jefaturas del Estado. En muchos sistemas parlamentarios, la continuidad depende del desempeño y de los contrapesos institucionales, no del terror automático a la permanencia.

Quizá el verdadero problema no sea la reelección, sino la debilidad institucional. Porque una democracia fuerte controla al gobernante, aunque permanezca más tiempo, mientras una democracia débil, como la nuestra, fracasa incluso cambiándolo cada cuatro años. ¡Para meditar, aunque sea mucho pedir!

Algoritmos reemplazan ciudadanos

Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir.

La tentación de delegar en máquinas lo que antes exigía coraje humano crece al ritmo que mejora la tecnología. En un debate con alumnos del curso “Seguridad internacional” apareció, inevitablemente, la inteligencia artificial. No como una curiosidad, sino como un actor que empieza a ocupar espacios en la toma de decisiones en seguridad, defensa y el ámbito jurídico.

La IA analiza grandes volúmenes de datos, detecta patrones invisibles para el ojo humano, anticipa riesgos y propone cursos de acción con una rapidez imposible para una persona, y sin que afecten los sentimientos. En entornos operativos —desde el control fronterizo hasta la ciberdefensa— puede identificar amenazas, discriminar objetivos y optimizar respuestas en segundos. En el ámbito jurídico, su capacidad para ordenar precedentes, evaluar consistencia y reducir sesgos abre la puerta a decisiones más previsibles y, en ciertos casos, más justas. Sería conveniente que se empiecen a integrar modelos híbridos: juicios humanos contrastados con algoritmos.

Pero hay una paradoja incómoda: cuanto más eficaz es la herramienta, mayor es la tentación de abdicar responsabilidad. La cultura de defensa —que hace a los ciudadanos conscientes de que la libertad no es un estado natural sino una conquista frágil— se debilita cuando se asume que “otros” resolverán las amenazas. La globalización ha diluido fronteras físicas, pero no ha eliminado riesgos. Sin embargo, la disposición a asumir costes —especialmente el de la propia vida— es cada vez menor. 

La historia reciente de las democracias muestra una brecha creciente entre quienes deciden y quienes combaten. Esa distancia —que algunos autores describieron como un “gran divorcio”— erosiona la comprensión social de la seguridad. Si la política y la academia se alejan de la realidad operativa, y la ciudadanía se desentiende, la delegación tecnológica se vuelve casi automática. La máquina no duda, no teme, no se fatiga. Decide según parámetros. Y, precisamente por eso, resulta tan atractiva.

Pensemos en un policía o un militar ante una decisión inminente, en un entorno caótico. Debe ponderar múltiples variables bajo presión extrema, pero hoy puede apoyarse en sistemas que integran información en tiempo real y sugieren la respuesta óptima. Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir. La IA elimina emociones, pero también puede desactivar la deliberación que nos obliga a justificar por qué actuamos como actuamos.

Algo similar ocurre en el terreno jurídico. La idea de contrastar decisiones —un dictamen asistido por IA frente a un jurado— no es ciencia ficción. Bien usada, la tecnología puede mejorar coherencia y transparencia; mal usada, puede desplazar la carga de la decisión hacia una “caja negra” cómoda para el humano: “lo dijo el sistema”. Y con ello, diluir la rendición de cuentas.

Sería absurdo y contraproducente oponerse a la IA, pero el punto es entender que su avance no es neutro: ocupará los espacios que dejemos vacíos. Si renunciamos a la cultura de defensa, a la participación cívica y a la exigencia de responsabilidad, la tecnología no sólo nos asistirá, sino que nos reemplazará en las funciones más exigentes. La libertad, entonces, se convertirá en un resultado técnico más, optimizado por parámetros, pero desconectado del compromiso humano que la hace posible.

Defender la libertad implica algo más que beneficiarse de ella. Entraña asumir costes, exigir cuentas y sostener instituciones con criterio propio. La IA puede —y debe— ser una aliada poderosa para decidir mejor en seguridad, defensa y justicia. Pero no puede ser el refugio donde esconder nuestra renuncia a decidir. Porque cuando eso ocurre, no es la máquina la que nos quita la libertad, somos nosotros quienes dejamos de defenderla.

Unos debaten; otros transforman

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado

La lucha contra la desnutrición sigue atrapada en un círculo repetitivo e ineficiente, cuya historia es sobradamente conocida: diagnósticos reiterados, promesas de campaña que se diluyen y debates ideológicos que rara vez se traducen en resultados concretos. Mientras el Estado discute cómo hacerlo —o no logra ponerse de acuerdo—, la realidad en muchas comunidades no espera, y es ahí donde el contraste es evidente y el impacto sangrante. Lo verdaderamente inaceptable, lo profundamente inhumano, es que en medio de esa inacción hay niños que mueren de hambre o que quedan marcados de por vida por una mala nutrición.

Frente a esa inercia, hay actores que han decidido actuar. Un ejemplo es Castillo Hermanos, que ha demostrado que la acción humanitaria efectiva no depende exclusivamente del gobierno. Con una inversión sostenida y una visión integral, su intervención no se limita a entregar ayuda puntual, sino que aborda las raíces del problema: combina atención médica, nutrición, educación, desarrollo productivo y cambio de hábitos. No es asistencialismo; es transformación estructural.

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado. A este esfuerzo se ha sumado el Grupo Financiero G&T Continental, apostando por ampliar su alcance en direferentes aldeas de Huehuetenango. A diferencia de esquemas tradicionales, este modelo integra liderazgo empresarial, financiamiento directo y ejecución en territorio, respaldado además por validación académica internacional. El resultado es una propuesta organizada, medible y, sobre todo, replicable.

Pero este tipo de iniciativas no surge por generación espontánea. A su alrededor se articula un ecosistema de colaboración en el que participan personas, fundaciones empresariales, organizaciones sociales y aliados técnicos. Esta red permite que los esfuerzos no sean esporádicos, sino sostenidos en el tiempo, multiplicando su impacto y fortaleciendo su alcance en las comunidades.

Los resultados, a pesar del poco tiempo transcurrido, empiezan a reflejarse con claridad: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento, reducción importante en la desnutrición aguda, mejoras en la desnutrición crónica, menos enfermedades y un mayor consumo de alimentos en las familias. Sin embargo, más allá de los indicadores, lo verdaderamente relevante es que estos cambios son medibles, auditados y replicables. No se trata de un esfuerzo excepcional aislado, sino de un modelo que puede escalarse y, sobre todo, ser asumido también por otros actores y por entidades públicas cuyo mandato es precisamente combatir la desnutrición.

Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada —y cómoda para muchos—: que los grandes problemas sociales dependen únicamente del Estado. La evidencia muestra que el sector privado puede convertirse en un motor real de cambio y, sin sustituir al gobierno, avanzar donde la política se detiene, con visión, recursos, responsabilidad y alianzas estratégicas. Y ahí emerge un punto incómodo pero necesario: mientras algunas empresas —junto a sus fundaciones y aliados— están generando soluciones reales en el terreno, buena parte de la dirigencia política continúa atrapada en discusiones que no alimentan a nadie. Se habla de planes y de voluntad, pero lo que transforma comunidades es la ejecución constante.

No es necesario, en este tema en particular, elegir entre Estado o sector privado. Se necesita reconocer, fortalecer y replicar aquello que está funcionando bien. Porque, al final, la diferencia entre el estancamiento y el progreso no radica en quién tiene la responsabilidad, sino en aquellos que deciden actuar y en los resultados que logran con ello.

La coartada del experto

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad.

No dejo de recordar aquel juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Sí, aquel que fue anulado porque a la jueza Yassmín Barrios le pudieron las prisas por concluirlo en lugar de atender un amparo pendiente. Quedó la impresión de que lo esencial era celebrar el triunfo de su propia sentencia, aunque la satisfacción duró poco. Después, fallecido el general, se confirmó una condena por genocidio, pero no contra él; el desenlace supo a poco, casi a nada, y dejó la sensación de que lo verdaderamente relevante —y en lo que se había invertido— fue el primero.

Algo parecido ocurrió con el caso de Erwin Sperisen. Tres absoluciones —en distintos países— a sus compañeros de gobierno, por tribunales que coincidían en sus conclusiones, frente a una condena celebrada con entusiasmo, hasta que las apelaciones evidenciaron vicios, fallas y presiones. Un resultado, de nuevo, incompleto para ciertos “inversionistas” y militantes de la cooperación internacional.

Hoy asistimos a un escenario similar, ahora en torno a la fiscal general. Se ha construido un entramado de presión, tanto interna como externa, para impedir que la actual fiscal siquiera figure en una lista de la que, en última instancia, el presidente puede elegir libremente. Incluso un comité de expertos de la ONU ha señalado y publicado recientemente una carta que me he permitido —para evitar sesgos— someter a la IA con una pregunta simple: ¿es esto una investigación propia de un comité de expertos o adolece de carencias relevantes? Y la IA —que no tiene sensibilidad política ni puede ser acusada de pertenecer a ningún “pacto de corruptos”— responde: “El documento proyecta una conclusión contundente, pero lo hace sin el rigor que cabría esperar de un trabajo verdaderamente experto, lo que termina generando más dudas que certezas. Bajo una apariencia de análisis sólido —apoyado en referencias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico— se ocultan vacíos metodológicos difíciles de justificar: uso reiterado de fórmulas imprecisas (“según información recibida”), ausencia de fuentes verificables, falta de trazabilidad documental y empleo de cifras sin respaldo claro. Más preocupante aún es la formulación de imputaciones sensibles sin delimitar adecuadamente entre indicios, evidencia y conclusiones, así como la mezcla de análisis con posicionamientos que parecen preconfigurados.

A ello se suman aspectos relevantes que los autores omiten o desarrollan insuficientemente: la ausencia de contraste con archivos judiciales, registros civiles y documentación administrativa; la falta de análisis del marco legal vigente en cada período; la inexistencia de comparación con patrones regionales o internacionales; y la omisión de posibles explicaciones alternativas o contextuales. En lugar de un trabajo exhaustivo, crítico y cuidadosamente documentado —como sería exigible a un comité de expertos—, el texto ofrece una narrativa que sugiere conclusiones antes que demostrarlas. 

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad y deja abierta la impresión de que no se ha realizado el esfuerzo analítico ni probatorio que la gravedad del tema exige”.

Sospecho que esa valoración difícilmente convencerá a quienes, por falta de rigor, terminan instalándose en un terreno donde la honestidad intelectual se vuelve secundaria en beneficio de la narrativa. La estrategia de “acoso y derribo” que algunos actores, incluidos determinados internacionales, intentan impulsar suele sostenerse sobre una maquinaria bien aceitada y alineada con intereses concretos. Pero cuando el relato sustituye a la prueba, lo que emerge no es justicia, sino propaganda; no es evidencia, sino construcción narrativa-. ¡Todo un intento por figurar!

Y al final queda una pregunta incómoda e ineludible: tanto escándalo por el copy-paste de tesis doctorales… ¿y nadie cuestiona cuando los “expertos” reciclan argumentos sin el más mínimo estándar de exigencia?

El dinosaurio siempre estuvo ahí

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses.

No es el brote repentino de una crisis coyuntural ni producto exclusivo de un gobierno. Ha crecido en silencio durante décadas, alimentado por muchos que señalan con ferocidad en las redes sociales, pero que no se reconocen como parte del problema, porque vivimos en una sociedad donde la culpa se reparte con ligereza, pero nadie la asume. En esta sociedad el error siempre es ajeno: del político, del burócrata, del empresario o del adversario ideológico, y con ese ejercicio de evasión hemos construido el hábitat perfecto para la impunidad, donde la ausencia de autocrítica termina por normalizar lo inaceptable.

Y en este caldo de cultivo ególatra nos movemos a diario, aunque con indignación selectiva, porque olvidamos rápido y justificamos con facilidad. Es así como, casi sin percibirlo, seguimos alimentando a la bestia. A muchos revolucionarios de salón les incomoda reconocer hechos como el monopolio estatal que apoyan en una institución “educativa” manoseada. Prefieren sostener un relato antes que confrontar la evidencia, porque hacerlo implicaría desmontar años de complacencia ideologizada.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses. Su condición constitucional de monopolio estatal de la educación superior le otorga, además, una influencia política decisiva —y anómala a nivel global— que carece de los contrapesos adecuados. La USAC lleva décadas sumida en la descomposición, aunque ha sido preservada artificialmente porque representa un recurso de poder y presión para ciertos grupos. Ahora que la izquierda acaricia el poder, y pretende radicalizarse más, es cuando comienza a estorbar: las mismas prácticas que antes eran silenciadas, toleradas o encubiertas se vuelven incómodas porque dejan de servir como instrumento útil y afectan a quienes antes callaban.

Estamos ante un sistema tradicionalmente perverso. Los nombres de exrectores sancarlistas hablan por sí solos: Eduardo Meyer, condenado en su etapa como diputado; Murphy Paiz, capturado en 2021 por el caso “Comisiones Paralelas”; Jafeth Cabrera, señalado durante su vicepresidencia; Estuardo Gálvez, incluido en la Lista Engel; y Walter Ramiro Mazariegos, electo fraudulentamente en dos ocasiones, no son los únicos.

Además, la memoria institucional es convenientemente selectiva. Se minimizan episodios como el ilegal nombramiento de Gloria Porras, la fullera aceptación de las tesis de Baldizón o los bautismos delincuenciales, que laceran continuamente estándares mínimos. Lo irregular se normalizó hasta la indiferencia, y lo que aún cuesta entender y parece no aceptarse es que el sistema no está roto; por el contrario, ha sido perfeccionado para la opacidad.

Investigaciones realizadas por la extinta CICIG habían identificado estructuras relacionadas con contrataciones irregulares, proyectos de “obra gris” millonarios —algunos pagados, pero no ejecutados— y redes de influencia que capturaron las comisiones de postulación. A pesar de la evidencia presentada, y sobradamente conocida, los cambios fueron inexistentes.

La autonomía universitaria, principio vital para la libertad de cátedra, ha sido pervertida para funcionar como un escudo frente a la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de control y transparencia refleja la tensión entre autonomía y supervisión, lo que permite al dinosaurio prosperar en estas áreas ambiguas. Sería un error complaciente pensar que este es un problema exclusivo de la USAC. La universidad refleja una cultura nacional donde la responsabilidad se dispersa y las exigencias se diluyen. 

El dinosaurio sigue ahí, y no porque sea invencible, sino porque lo alimentamos con silencio, indiferencia y memoria corta. Mientras no estemos dispuestos a reconocer nuestra propia cuota de responsabilidad, la bestia seguirá creciendo y evolucionando.

Llegó La Hora

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. 

En su obra La espiral del silencio, Noelle-Neumann advierte que la mayoría de las personas prefiere callar antes que exponerse al escarnio público. Lo escribió en una época en la que no existían redes sociales ni linchamientos digitales, y sin esa maquinaria de amplificación emocional que ahora convierte cualquier disenso en anatema. ¿Qué diría hoy, cuando opinar distinto se reprime activamente?

Bajo esta premisa, la reacción por la reciente publicación de un reportaje sobre el diputado Samuel Pérez y su confrontación con el Ejecutivo no debería sorprender. El análisis evidencia una realidad: la fractura interna del partido SEMILLA y la polarización creciente con impacto directo en la gobernabilidad. Es periodismo de fiscalización y se aplaudía, aunque cuando resulta incómodo, algunos condenan y descalifican.

Lo revelador, sin embargo, no es el contenido, sino la respuesta. Al diputado se le señala de mentir, conspirar y tejer alianzas cuestionables; conductas que forman parte del debate público, pero el énfasis de sus defensores no está en esclarecer los hechos, sino en utilizarlos como mecanismo de desacreditación contra quienes los difunden. El statu quo opinador, que por años ha pretendido arrogarse la guardianía de la ética pública, ha respondido con virulencia. Se deslegitima al medio, se denigra al mensajero y se evita discutir el fondo del asunto. Nada nuevo, es de manual: cuando los sucesos desmienten el guión, se ataca a quien lo expone, con insultos y sin argumentos. El radicalismo de izquierda ha demostrado ser eficaz en la construcción de narrativas, pero profundamente intolerante y agresivo cuando emergen verdades que lo contradicen.

A esto se suma otro fenómeno igualmente inquietante: la activación automática de la marea informativa, una suerte de mara digital organizada con disciplina coreografiada que opera bajo la lógica de un tribunal sumario, convirtiendo cualquier discrepancia en delito moral. Crean una auténtica cárcel mediática de redes sociales, donde la condena precede a la evidencia y la sanción es inmediata. La pluralidad —ese pilar que dicen defender— es sustituida por el linchamiento autoritario. Quien disiente es etiquetado, aislado y expuesto mediante prácticas deleznables e intimidatorias. Impiden así el contraste de ideas, la discusión y la tolerancia, sustituyéndolos por ruido, consignas y agresión. Son auténticos perroflautas de la desinformación, criminales de la construcción discursiva y profesionales de la manipulación.

La paradoja resulta más grotesca cuando los mismos que antaño celebraban la intervención de sus aliados internacionales, actualmente denuncian injerencias porque no favorecen su discurso. Antes exigían transparencia, ahora administran el silencio; y quienes hablaban de democracia, en estos momentos exhiben reflejos autoritarios: para los amigos, indulgencia; para los críticos, escarnio. Han construido, durante años, una opinión publicada y artificial que generan, amplifican y presentan como un falso consenso social. Las redes han sido su herramienta más eficaz, donde la disidencia queda sistemáticamente invisibilizada.

La indignación actual resulta tan poco creíble porque no responde a la defensa de la verdad, sino a la incomodidad de verla emerger fuera del guión establecido. No es el reportaje lo que molesta, sino lo que revela: el poder —incluso el progre y “renovador”— también se fragmenta, se contradice y se erosiona.

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. Sin embargo, cada vez que alguien rompe ese silencio, se abre una grieta en el relato uniforme que pretenden imponer. La pregunta es simple: ¿queremos una democracia de convicciones, principios y cuestionamientos o una de consignas, amigos y “héroes” que publican chismes en fin de semana?. Mientras el disenso siga siendo castigado, la respuesta ya está dada.

La izquierda que no vive en Cuba

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres

No es en nombre de la libertad —ni mucho menos de la democracia, claramente ausente en la isla— que se construyen ciertos relatos, sino como un mecanismo para evitar reconocer el fracaso rotundo de un modelo ideológico que algunos se resisten a dar por agotado. Ese discurso ha servido, además, como sustento para quienes viven de la retórica, de la cooperación internacional y, en no pocos casos, del aprovechamiento de recursos públicos bajo justificaciones políticas cada vez menos sostenibles.

Uno de los argumentos más reiterados es el del “bloqueo”, presentado como causa casi exclusiva de todos los males. Sin embargo, conviene matizar: Cuba mantiene relaciones comerciales con decenas de países y no está aislada del sistema internacional. El problema de fondo no es la imposibilidad de comerciar, sino la ausencia de una economía productiva, competitiva y capaz de generar bienes y servicios con valor. Sin capacidad de producir de forma rentable, ningún país —con o sin restricciones— puede sostener niveles adecuados de desarrollo. Reducir la complejidad del fracaso económico cubano a un único factor externo no solo es impreciso, sino intelectualmente deshonesto e ideológicamente manipulador.

En este contexto, iniciativas como Humanidad con América Latina se insertan en un entramado narrativo más amplio al que contribuyen también actores políticos y mediáticos que, desde distintas latitudes, reproducen una imagen distorsionada de la realidad cubana. En el ámbito local, figuras como Sonia Gutiérrez (diputada por WINAQ) han llegado a difundir contenidos en redes sociales que muestran una Habana desolada, mientras disfrutan de condiciones —conectividad, hospedaje, movilidad y trato— muy alejadas de las que enfrenta cotidianamente la mayoría de los cubanos.

Algo similar ocurre con el respaldo internacional de ciertos dirigentes. El caso de Pablo Iglesias, quien viajó a la isla para entrevistar al dictado Díaz-Canel, sin abordar temas esenciales como los presos políticos, la falta de libertades o la represión sistemática, ilustra claramente esa actitud complaciente y servil. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a pesar de sus intentos por justificar el régimen, terminó reconociendo implícitamente lo que intentaba matizar en el discurso: la naturaleza dictatorial del sistema.

Muchos de estos defensores tardíos de un modelo agotado no anticipaban un cambio en el tono internacional, especialmente desde Estados Unidos, donde cada vez se es menos tolerante con las ambigüedades. Este giro introduce una dosis de realismo político que desmonta narrativas sostenidas durante años y deja al descubierto sus inconsistencias. En ese contexto, insistir en explicaciones simplistas no solo resulta insuficiente, sino cada vez menos creíble.

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres, lejos de la opresión que padecen quienes viven en la isla. El modelo se ha convertido en una bandera ideológica útil para justificar prácticas que, allí donde se han aplicado, han derivado en pobreza, represión y ausencia sistemática de libertades.

Lo verdaderamente preocupante es que esta narrativa no solo busca justificar el pasado, sino también influir en el presente de sociedades democráticas. Se utiliza como referencia —explícita o implícita— para promover agendas que, bajo distintas denominaciones, reproducir esquemas de control, concentración de poder y debilitamiento institucional. En ese sentido, el caso cubano deja de ser una excepción para convertirse en una advertencia permanente.

Al final, la cuestión no es Cuba como símbolo, sino la verdad como principio. Porque cuando la política se construye sobre relatos falsos, no solo se erosiona la credibilidad de quienes los sostienen, sino también la calidad de la vida pública y la confianza en la propia idea de tolerancia.

La Ronda: mensajes sin estrategia

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia

Hablar no es comunicar, y mucho menos es equivalente a promover una comunicación estratégica. Emitir mensajes de forma constante —aunque sea a diario y con abundancia de palabras— no garantiza que exista claridad, coherencia ni propósito, y se corre el riesgo de caer en una suerte de cháchara continuada. La comunicación estratégica exige algo más que presencia: requiere definir objetivos, identificar audiencias, construir narrativas consistentes y alinear lo que se dice con lo que se hace. Cuando eso no ocurre, la palabra se vacía de contenido y se convierte en simple ruido; se habla mucho, pero se informa poco, se explica menos y, sobre todo, no se logra incidir en la percepción ni generar confianza, o todavía peor: la locuacidad termina por cansar al receptor.

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia. Tres cambios en la dirección encargada del área no han servido para corregir el problema, sino más bien para perfeccionar una versión bastante tropical del gatopardismo: cambiar responsables para que todo siga exactamente igual. La comunicación oficial parece reducirse a la liturgia diaria de “La Ronda”, ese espacio donde, cada mañana durante unos minutos, se anuncian deseos, se improvisan explicaciones y se ensayan relatos que difícilmente pueden confundirse con una estrategia. Y es que repetir mensajes políticos no equivale a comunicar, y mucho menos a construir una narrativa pública consistente, y aceptada por el ciudadano.

Mientras tanto, los vacíos informativos se acumulan con una contumacia que resulta admirable. Siguen sin explicarse con claridad las salidas —voluntarias o no— de ministros, viceministros y directores; la fuga de reos que evidenció fallas estructurales en el sistema penitenciario; los incidentes en la frontera, donde el crimen organizado mexicano parece encontrar más incentivos para ingresar al país que para evitarlo; o la falta de arreglo de las carreteras, con la ya conocida excusa de “esto es un problema de años”. A ello se suman, entre otras muchas cosas, contrataciones discrecionales en distintas dependencias, que aparecen y desaparecen del radar público con una facilidad que solamente es posible porque no se explica.

Y cuando uno pensaría que la lista de pendientes ya es suficientemente larga, se agregan nuevos capítulos: la imposición a contratuerca del uso del etanol bajo el eufemismo técnico de E10 —quizá con la esperanza de que el nombre suene menos controversial—; la prometida recuperación de pozos petroleros en Petén, de lo que hace rato que ni se habla; el “cierre” de vertederos de basura al descubierto que arden y contaminan, y que nunca termina de concretarse; el incremento en los precios de los combustibles, hoy administrado con una tolerancia que contrasta significativamente con la indignación que provocaba en tiempos pasados cuando los que ahora gobiernan eran oposición; o el ya casi mítico tema de los seguros para motocicletas, que tras un año de aprobación e inmediata derogación, sigue en el limbo de las buenas intenciones.

El problema de fondo no es sólo la ausencia de información oportuna, sino la inexistencia de una lógica estratégica que ordene priorice y dé sentido a la comunicación gubernamental. En ese vacío, cada tema se gestiona como puede —o como no puede—, y la narrativa pública termina siendo definida por terceros. El resultado es previsible: desgaste, pérdida de credibilidad y una sensación creciente de improvisación que, lejos de corregirse, parece haberse institucionalizado.

¿Será que alguien, a estas alturas, escucha realmente las comparecencias diarias del presidente y de ministros a quienes cualquier coyuntura parece tomar por sorpresa? Lo que parece claro es que no se resuelve con otra “Ronda”.

La normalización de lo intolerable

Con el paso del tiempo se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. 

La mayoría de los habitantes del planeta nacieron después de la Revolución Cubana. Para generaciones enteras, no es una anomalía histórica que Cuba sea un régimen comunista donde una élite criminal controla el poder, limita la libertad y administra la vida de los ciudadanos. Es, simplemente, «lo que siempre ha sido».

La costumbre tiene una extraordinaria capacidad para anestesiar la conciencia crítica, y cuando una situación se prolonga durante décadas, termina perdiendo su carácter excepcional, deja de ser objeto de debate y pasa a formar parte del paisaje político mundial, como si fuera un fenómeno natural y no el resultado de decisiones humanas y estructuras de poder.

Algo similar ocurre con la memoria de la antigua Unión Soviética. Millones de personas nacieron después de su desaparición y jamás vivieron directamente la Guerra Fría ni conocieron el sistema de control político, represión, campos de trabajo forzado y exterminio que caracterizó tal experimento totalitario. Para muchos, aquel horror pertenece a un pasado remoto. Sin embargo, parte de ese legado autoritario ha resurgido bajo el liderazgo de Putin, consolidando un sistema donde el poder se concentra, la oposición se margina o asesina y el Estado vuelve a convertirse en un instrumento de control político.

En China, el régimen comunista ha estado presente durante más de siete décadas. Para muchas personas, no obstante, la existencia de una potencia económica gobernada por un partido único, con un control político férreo y escaso margen para las libertades civiles, forma parte del orden normal de las cosas. El debate sobre el carácter dictatorial del sistema chino suele quedar diluido bajo argumentos que resaltan logros económicos o estabilidad política ¡Como si el crecimiento material fuese suficiente para neutralizar cualquier cuestionamiento sobre la libertad!

A esa normalización de los autoritarismos se suma otra igualmente llamativa: la del sistema internacional vigente. La arquitectura global dominada por la ONU, donde cinco potencias concentran poder de veto, suele presentarse como una estructura inevitable. Pocos reflexionan sobre si un sistema diseñado en 1945 sigue siendo el mecanismo más adecuado para gestionar el equilibrio de poder del siglo XXI.

Así, con el paso del tiempo, se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. Dictaduras longevas, sistemas autoritarios y estructuras internacionales poco representativas se han integrado en el paisaje mental del mundo contemporáneo, pero llegamos al momento histórico en el que ese aparente equilibrio empieza a ser cuestionado. Algunas potencias, líderes y movimientos políticos están desafiando reglas, instituciones y consensos que durante décadas parecían inamovibles. Ese cuestionamiento no siempre adopta formas ordenadas ni necesariamente virtuosas, pero tiene al menos una consecuencia saludable: obliga a revisar lo que durante demasiado tiempo se había aceptado sin discusión.

Lo preocupante no es solo la existencia de sistemas autoritarios o instituciones imperfectas; lo verdaderamente inquietante es la creciente falta de cuestionamiento hacia ellos. En ese proceso, la ciudadanía corre el riesgo de perder su principal atributo político: la capacidad de pensar críticamente. Cuando el debate público se reduce a dogmas y la curiosidad intelectual se debilita, la sociedad deja de ser una comunidad deliberativa para convertirse en lo que Ortega y Gasset describió como la «masa»: un conjunto humano que participa en la vida pública sin cuestionarla realmente.

Porque cuando lo anormal se vuelve rutina, el mayor peligro no es que el autoritarismo resurja, sino que dejemos de verlo y de preocuparnos por él.

La foto en la que Guatemala no salió

Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados.

Se ha conformado la Coalición Americana contra los Cárteles, una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que reúne a líderes militares y representantes de 17 países con el objetivo de coordinar esfuerzos y utilizar capacidades de poder duro para enfrentar las amenazas que representan los carteles criminales y las organizaciones consideradas terroristas en el hemisferio occidental.

El lanzamiento del mecanismo tuvo dos momentos simbólicos. Uno, de carácter institucional, encabezado por el secretario de Guerra; otro, de naturaleza política, liderado por el propio presidente Donald Trump. A la primera convocatoria fuimos invitados. A la segunda, sencillamente no. Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados. La coincidencia resulta difícil de pasar por alto: entre los ausentes predominaban gobiernos de izquierda o administraciones no alineadas plenamente con Washington.

El refrán popular dice que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, aludiendo a que el mayor daño o decepción suele provenir de quienes se consideran cercanos. Algo de eso parece reflejar la relación actual. Guatemala ha sido, históricamente, uno de los países más dispuestos a acomodar sus decisiones estratégicas a las prioridades norteamericanas: cooperación en seguridad, cesión del control en puertos, aeropuertos e infraestructura crítica y, más recientemente, un claro distanciamiento de China. Sin embargo, ese esfuerzo no parece haberse traducido en una relación política de mayor consideración o respeto, a pesar de haberse vendido por el gobierno de forma diferente.

El episodio resulta revelador porque expone una realidad incómoda: la política exterior de las grandes potencias rara vez se basa en gratitudes o afinidades permanentes. Se rige, más bien, por intereses cambiantes. Lo que ayer era útil, hoy puede ser prescindible. Y lo que antes se celebraba como una relación privilegiada termina mostrando una cercanía más instrumental de lo que algunos quisieron creer.

También deja al descubierto cierta ingenuidad e hipocresía en el debate interno. Quienes aplaudieron hasta el cansancio la abierta y evidente injerencia internacional en 2023 hoy denuncian con la misma intensidad el intervencionismo extranjero. Una suerte de moderno neocolonialismo que algunos nostálgicos ignoran y otros, más modernos, no diferencian. El problema no es que exista influencia externa —siempre ha ocurrido—, sino que muchos prefieren verla solamente cuando no coincide con sus preferencias políticas. Se apuesta por personas, grupos o coyunturas ideológicas, pero raramente por principios o por una estrategia nacional coherente, y cuando cambian los actores o las circunstancias, llega inevitablemente el desencanto.

La lección es vieja, aunque con frecuencia se olvide. Las relaciones internacionales no se construyen sobre simpatías momentáneas ni sobre la ilusión de pertenecer al grupo correcto, sino sobre intereses permanentes y posiciones claras. Mientras no se entienda eso, seguiremos moviéndonos entre entusiasmos ingenuos y decepciones previsibles.

Porque al final, más que el viejo cliché del “patio trasero”, la realidad puede ser aún más cruda: para muchos actores globales, países como el nuestro no pasan de ser piezas menores dentro de un tablero mayor. Y cuando uno acepta jugar ese papel sin una estrategia propia, no debería sorprenderse si termina absolutamente ignorado, o peor: utilizado. 

El problema —como decía alguien con ironía— no es que te tomen por ingenuo. El verdadero problema es cuando ya ni siquiera se molestan en disimularlo, y es por eso que, abiertamente, nos dejaron fuera de la foto oficial de amigos.

Un orden mundial agotado

En los dilemas políticos las soluciones rara vez son ideales; se trata, en todo caso, de elegir la que genere las menores consecuencias posibles, y es precisamente lo que estamos viviendo

El actual orden mundial es fruto de pactos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial. Cinco potencias nucleares constituyen un eje de poder permanente en el Consejo de Seguridad, con capacidad de decidir cuándo y cómo actúa la comunidad internacional. Bajo la premisa de evitar el uso de la fuerza —salvo en casos de legítima defensa— se consolidó un sistema que otorgó estabilidad relativa, pero también escaos privilegios y vetos que condicionan cualquier intervención. El resto del mundo rara vez tiene voz decisiva, aunque tampoco asume las altas cargas financieras que soportan potencias como Estados Unidos.

Ochenta años después, el mundo ha cambiado radicalmente, pero la arquitectura internacional permanece intacta. Es cierto que el sistema ha evitado confrontaciones directas entre potencias; sin embargo, también ha demostrado una alarmante ineficacia para resolver conflictos prolongados, especialmente cuando los intereses de los miembros permanentes no convergen. La política, la ideología, y el uso instrumental de las instituciones han conformado un escenario donde prevalece quien mejor manipula el relato, no necesariamente quien defiende principios.

Regímenes abiertamente autoritarios y represivos —como Corea del Norte, Cuba y otros— han perdurado durante décadas al amparo de un concepto restringido de soberanía y de una interpretación rígida del derecho internacional que impide la acción preventiva. La prohibición de la agresión se ha convertido, en la práctica, en un escudo para gobiernos que ejercen violencia sistemática contra sus ciudadanos. La historia reciente demuestra que el sistema carece de mecanismos eficaces para detener matanzas silenciosas y continuadas bajo la protección política del derecho a veto. China y Rusia, paises de corte autoritario, han sostenido a aliados estratégicos bajo ese paraguas, y el diseño institucional lo ha permitido.

En este contexto, la necesidad de reformar o reinterpretar el orden internacional no es un capricho ideológico, sino una exigencia. Si las dictaduras hubiesen sido reconocidas formalmente como amenazas a la paz —porque lo son— podría haberse activado la legitima defensa y con énfasis los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU y haber adoptado medidas coercitivas eficaces. En lugar de ello, la comunidad internacional se ha refugiado en condenas retóricas que no modifican los hechos sobre el terreno y que, en la práctica, prolongan la vida de esos regímenes. 

La inacción reiterada no es neutral: consolida abusos, normaliza la represión y envía el mensaje de que la soberanía es un blindaje absoluto frente a cualquier responsabilidad. Cuando un sistema deja de cumplir su finalidad esencial —proteger la paz y la dignidad humana— la intervención, política o incluso coercitiva deja de ser una opción extrema y se convierte en una necesidad para evitar males mayores y continuados.

Los ataques norteamericanos e israelíes contra Irán pretenden poner punto final a un régimen represivo de cuatro décadas, como ocurrió con el caso de Venezuela y, presumiblemente, podría suceder en Cuba. Es cierto que en ocasiones hay bajas no deseadas o muertes que generan gran impacto, pero siermpre son menores que las que ocurriren bajo una criminalidad estatal tolerada o justificada por el silencio o por posturas políticamente correctas de democracias que defienden prorrogar un diálogo inoperante. No es una cuestión de opinión, sino de cifras: basta con sumar los asesinatos y abusos cometidos durante años para concluir, sin presión ideológica, que la situación no puede perpetuarse. 

En los dilemas políticos las soluciones rara vez son ideales; se trata, en todo caso, de elegir la que genere las menores consecuencias posibles, y es precisamente lo que estamos viviendo. El debate es entre responsabilidad y resignación, porque un orden internacional que no corrige sus propias distorsiones termina perdiendo legitimidad y eficacia. 

La mano invisible frente al puño del Estado

El intervencionismo descansa en el miedo o la desconfianza hacia la capacidad de las personas para coordinarse sin tutela política

El economista y filósofo Adam Smith acuñó la expresión “la mano invisible” en su obra La riqueza de las naciones (1776) para describir un fenómeno central del funcionamiento de los mercados: cómo la búsqueda del interés propio puede, sin intención deliberada, generar beneficios para el conjunto de la sociedad. Smith sostenía que cuando individuos y empresas persiguen su propio beneficio, “como guiados por una mano invisible”, se produce la asignación eficiente de recursos, el aumento de la producción y la reducción de precios. En un marco de competencia, normas y justicia, el mercado coordina decisiones dispersas sin necesidad de una dirección centralizada, produciendo orden a partir de acciones individuales.

Esa teoría fue desarrollada con mayor profundidad por el también economista Friedrich Hayek quien defendió la cooperación voluntaria como el fundamento de una sociedad libre, al sostener que el orden social no surge de la imposición centralizada, sino de la interacción espontánea entre individuos que acuerdan intercambiar, asociarse y colaborar para beneficio mutuo. En obras como Camino de servidumbre, Hayek explicó que cuando las personas actúan libremente dentro de un marco de normas generales se genera un “orden espontáneo” más eficiente y respetuoso de la libertad que cualquier diseño planificado desde el poder.

Lejos de ser meras construcciones académicas, ambas ideas se verifican diariamente. La mayoría de las personas prefiere utilizar Airbnb antes que un hotel tradicional o solicitar un viaje en Uber en lugar de un taxi regulado. La razón es simple: funcionan mejor, ofrecen más opciones y cuestan menos. No es que hoteleros o taxistas desconozcan cómo ser competitivos, es que el Estado les impone licencias, requisitos y cargas fiscales que encarecen artificialmente el servicio. Lo mismo ocurre con Waze, donde miles de conductores comparten información en tiempo real y el sistema optimiza rutas sin necesidad de un burócrata gestor.

Y es precisamente aquí que emerge la contradicción profunda del estatista contemporáneo. Muchos de quienes defienden que el Estado controle precios, autorice actividades y regule cada intercambio prefieren utilizar, sin reparo, estos servicios nacidos de la cooperación voluntaria y la innovación privada. Predican planificación central; reclaman regulación estricta, pero prefieren espontaneidad el dinero está en juego. Exigen controles estatales, salvo cuando descubren que el mejor precio, la mayor disponibilidad y la mejor calidad surgen precisamente de acuerdos libres entre oferentes y demandantes.

El intervencionismo descansa en el miedo o la desconfianza hacia la capacidad de las personas para coordinarse sin tutela política; sin embargo, cada vez que alguien reserva una habitación en línea, solicita un viaje desde una aplicación o sigue la ruta optimizada por miles de usuarios voluntarios y anónimos, está confirmando lo contrario. Está validando que el conocimiento está disperso, que la información se transmite mejor horizontalmente y que el orden puede surgir sin imposición.

El estatista promedio disfruta de los frutos del mercado mientras cuestiona el árbol que los produce. Y cuando el Estado intenta someter estas plataformas a las mismas cargas que asfixiaron a los modelos tradicionales, los precios suben, la oferta disminuye y la innovación se frena. Entonces reaparece la queja contra “las empresas”, nunca contra la regulación que distorsiona.

Se condena en teoría lo que se abraza en la práctica, y esa es la prueba más contundente de que la mano invisible y el orden espontáneo no son consignas ideológicas, sino descripciones precisas de cómo realmente cooperan las personas cuando se les permite hacerlo.

¡Mire si no como proliferan los diseños de apps similares para casi todo!

El péndulo judicial y la guerra interminable

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario

Nos quieren vender una “dignificación de la justicia”, pero lo que presenciamos es, en realidad, una disputa descarnada por el control del poder. Desde 2016, cuando se modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y se imposibilitó la remoción de la fiscal general —una reforma diseñada para proteger a quien ocupaba entonces el cargo— se introdujo también la exigencia del finiquito como requisito normativo. Aquellas decisiones respondieron a una lógica de blindaje coyuntural para personas, no a una filosofía racional que persistiera. Hoy, cuando esas mismas disposiciones han generado crisis de gobernabilidad, sus impulsores y adeptos parecen haber olvidado su autoría y las consecuencias previsibles de tales cambios.

El resultado es un entramado jurídico que, lejos de consolidar la institucionalidad, ha contribuido a la creación de callejones sin salida. Normas pensadas para proteger intereses particulares terminaron por obstaculizar procesos y profundizar la polarización. Sin embargo, quienes las promovieron ahora hablan, con un cinismo difícil de disimular, de la necesidad de “dignificar la justicia”, como si el problema fuera personal y no sistémico. El discurso insiste en nombres propios, nunca en principios; en sustituir actores, no en transformar reglas.

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario. La justicia ha sido reducida a instrumento estratégico dentro de una confrontación ideológico-política que jamás se abandonó. La narrativa que acompaña el proceso no surge en el vacío. Se articula en una red de opinadores y actores nacionales e internacionales que, desde distintos espacios —y con epicentros fácilmente identificables— amplifican mensajes de manera coordinada y oportuna. Esa narrativa tiene elementos de verdad: existen déficits institucionales, prácticas discrecionales y deterioro en la confianza pública. Lo que carece de sustento es la premisa de que el simple reemplazo de personas, sin alterar los mecanismos de selección y control, producirá el cambio deseado. En el mejor de los casos, el “péndulo judicial” oscilará hacia el extremo opuesto; en el peor, consolidará una nueva hegemonía desde instancias clave como la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral.

Los procedimientos se repiten permanentemente: convocatoria formal, tabla de gradación diseñada ad hoc, pactos previos entre operadores políticos, tachas basadas en recortes de prensa o acusaciones estratégicas, y finalmente una elección a dedo que responde a acuerdos preestablecidos. El formalismo sirve únicamente de coartada para decisiones ya tomadas, y la coherencia normativa cede ante la conveniencia política.

Guatemala permanece atrapada entre dos bloques que desprecian las reglas cuando estas obstaculizan sus objetivos, aunque lo hagan con discursos antagónicos. Uno se reviste de superioridad moral para legitimar su narrativa; el otro instrumentaliza la persecución y la intimidación como mecanismos de control. Ambos cambian sus roles por momentos y se retroalimentan en una dinámica de denuncia que erosiona cualquier espacio de deliberación racional. El radicalismo se convierte en justificación permanente y la confrontación en método. 

Lo que enfrentamos no es una pugna entre justicia e impunidad, sino una competencia por la captura institucional en un sistema aún marcado por un conflicto ideológico no resuelto. Dos expresiones de una misma patología estructural que desde posiciones opuestas asfixian la posibilidad de una reforma basada en principios. Sin reglas estables, sin procedimientos coherentes y sin límites claros al poder, la “dignificación” de la justicia no pasa de ser un eslogan útil en la lucha por dominar el tablero.

Y mientras el péndulo oscila de un lado a otro, el país permanece en el mismo lugar.

Sexo y poder: de París a Manhattan

El caso Epstein apunta a algo más ambicioso y perturbador: un montaje cuidadosamente diseñado para tejer una red de poder global, servil a intereses concretos.

Mucho antes de Jeffrey Epstein, Europa ya conoció un modelo donde sexo, poder y protección estatal se entrelazaban. En la Francia de los años sesenta y setenta, Madame Claude dirigió una red de prostitución de lujo al servicio de políticos, empresarios y celebridades, basada en la discreción, el acceso a élites y la complicidad de las autoridades. Su impunidad —sostenida por información entregada a la policía— terminó cuando el sistema decidió prescindir de ella. El caso reveló que la prostitución de alto nivel no era solo un negocio, sino una herramienta de influencia y control, una lógica que décadas después reaparecería, con otras formas y otros silencios, en el caso Epstein. Cuando ella cayó, no terminó el modelo: solo cambió de nombre, de escenario y de época.

La historia está llena de personajes utilizados por el poder hasta que dejan de ser útiles. Conocemos bien a los dictadores impuestos por ciertas potencias para controlar países estratégicos, pero mucho menos a esos otros operadores que actúan en la penumbra: gestores de redes ocultas donde confluyen dinero, favores, información sensible, negocios públicos y decisiones estratégicas. No aparecen en manuales ni en discursos oficiales, pero su función es tan real como eficaz.

Creer que el caso Epstein se reduce a un proxeneta de lujo con gustos extravagantes es tan ingenuo como aceptar que el asesinato de John F. Kennedy fue obra exclusiva de un perturbado solitario. Detrás del operador siempre hay un cerebro; detrás del ejecutor, una lógica; detrás del escándalo, una estructura. Epstein no era el fin, sino el medio. Pensar lo contrario exige aceptar que personas con fortunas multimillonarias, conexiones globales y acceso a los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo actuaron durante años sin que nadie supiera nada, sin que nadie advirtiera riesgos, sin que nadie los protegiera.

¿Es razonable suponer que figuras de la realeza británica no estuvieron bajo el radar del MI5? ¿Qué empresarios, políticos y académicos de primer nivel no sabían a dónde iban ni con quién se relacionaban? ¿Que miles de millones de dólares, redes privadas de transporte y propiedades estratégicamente ubicadas funcionaban al margen de cualquier interés institucional? A estas alturas, la versión de la ignorancia colectiva resulta más inverosímil que cualquier hipótesis alternativa.

El verdadero problema es que hay demasiados implicados y de formas muy diversas. Eso hace prácticamente imposible, por ahora, conocer una versión completa y honesta de los hechos. Como ocurrió con el caso de Madame Claude, la verdad suele emerger años después, cuando los protagonistas han muerto, los archivos se enfrían y la responsabilidad política se diluye. El tiempo, más que la justicia, termina siendo el gran aliado del silencio.

El caso Epstein apunta a algo más ambicioso y perturbador: un montaje cuidadosamente diseñado para tejer una red de poder global, servil a intereses concretos. No hace falta mirar demasiado lejos para intuir de dónde podrían provenir esos intereses: el abanico se reduce, inevitablemente, a un par de agencias de inteligencia occidentales. Como en los delitos financieros, la consigna es clara: follow the money. Pero aquí el rastro no es únicamente económico. La pregunta clave no es cuánto dinero se movió, sino a quién le convenía construir una red política internacional basada en la vulnerabilidad, el chantaje y la dependencia.

Epstein cayó. Pero, como con Madame Claude, su caída no implica que el sistema haya desaparecido. Solo confirma que, cuando el operador deja de ser útil o se vuelve un problema, el poder encuentra la forma de cerrar el capítulo sin reescribir la historia, incluso con un suicidio en prisión.

Más allá de las formas de Trump

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla.

Muchos siguen sin entender a Trump, y probablemente no lo harán mientras continúen analizando su política desde la forma y no desde el fondo. Su porte, su manera de hablar, su estilo confrontativo y su desprecio por los códigos tradicionales generan un rechazo inmediato; sin embargo, ese rechazo suele nublar el análisis. Trump no es un político clásico: es un jugador, y uno bastante eficaz.

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla. Su discurso está plagado de advertencias, exageraciones y amenazas calculadas, aunque no siempre. Como en el póker: farolea, mide reacciones y sube la apuesta cuando el adversario duda. Interpretarlo exige un esfuerzo adicional: entender el tablero completo y no quedarse únicamente en el gesto.

Ese tablero se manifiesta con claridad en la National Security Strategy publicada a finales del año pasado. El documento no es un capricho personal, sino la expresión de una visión estratégica del pais norteamericano que trasciende al propio presidente. Las prioridades están claramente jerarquizadas: Asia ocupa el centro, con China como desafío principal; el hemisferio occidental recibe un tratamiento destacado; Europa aparece como socio acomodado, aunque necesario; Oriente Medio como zona de contención de Irán; y África apenas como apunte marginal. Es una jerarquización de intereses, realismo geopolítico, realpolitik.

En lo que respecta a América, Trump rescata sin complejos la Doctrina Monroe, rebautizada informalmente como “DonRoe”. El mensaje es inequívoco: ni Rusia ni China tienen espacio estratégico en el hemisferio occidental. No se trata de ideología, sino de control. Las inversiones chinas en infraestructura crítica, telecomunicaciones y minerales estratégicos son vistas como una amenaza directa, y hasta aquí llegaron.

Tampoco se tolerará que actores extrahemisféricos consoliden ventajas energéticas, como ocurrió en Venezuela. China y Rusia podrán importar petróleo caribeño, pero bajo las reglas impuestas desde Washington: cuánto, cuándo, cómo y, si es necesario, a qué precio. El mensaje es claro y demoledor: el desorden latinoamericano ha terminado.

Europa, por su parte, comienza a aprender la lección a marchas forzadas. El modelo de bienestar sostenido indirectamente por la seguridad estadounidense ha llegado a su límite. Incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB no es un capricho, sino la factura acumulada de décadas de comodidad estratégica. No es sostenible una vida plácida financiada por terceros a miles de kilómetros de distancia; y lleva razón.

Asimismo, Trump ha hecho lo que muchos gobiernos occidentales no se atrevieron a hacer en setenta años: llevar al régimen cubano al borde del colapso. Aun así, persisten defensores de dictaduras —disfrazados de demócratas— que justifican abusos o difunden supuestas virtudes del régimen bajo el paraguas de un derecho internacional estatocéntrico, diseñado para proteger Estados y no ciudadanos.

Conviene recordar aquí a la Escuela de Salamanca, que entendió tempranamente que el Derecho de Gentes debía situar al ser humano por encima de las estructuras de poder. Desde ese prisma, la intervención de Estados Unidos no es una herejía, sino una consecuencia lógica de priorizar a las personas sobre los regímenes que las oprimen.

El debate real, entonces, no es Trump. Es una cuestión mucho más incómoda: ¿qué debe prevalecer en las relaciones internacionales: los Estados o los individuos? Trump, con sus formas discutibles, ha obligado al mundo a enfrentar esa pregunta sin eufemismos. Quien siga tomando a Trump al pie de la letra seguirá perdiendo la partida. Porque a Trump no se le escucha: se le interpreta.

Respeto tardío, gratitud inexistente

Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito

Llevo mucho tiempo —no sé si demasiado— analizando temas relacionados con la seguridad y la defensa. Tanto es así que he participado frecuentemente en congresos, coloquios, ponencias y reuniones vinculadas a las misiones, el empleo, las capacidades y los marcos legales, tanto de la Policía como del Ejército.

Durante muchos años, he escuchado —y soportado— el desprecio sistemático que ciertas ONG y personajes de la izquierda de este país manifiestan hacia los agentes de policía y los militares. Se trata de una suerte de diatriba permanente de descalificación y menosprecio que, sin duda, ha incidido —aunque no lo reconozcan— en la moral de los integrantes de ambas instituciones; todo motivado por cuestiones personales e ideológicas mal digeridas.

Es posible que algunos hayan tenido malas experiencias con miembros de estas fuerzas; ocurre en cualquier colectivo, pero eso no autoriza a descalificar a la institución. Son policías y militares quienes, en situaciones de crisis y desastres naturales, están las 24 horas sirviendo al ciudadano con los medios limitados que les dejan presupuestos mutilados por la corrupción. A ellos se suman los bomberos, obligados la mayoría de las veces a mendigar recursos para poder salvar vidas.

Lo ocurrido hace unos días no tiene nombre. Salir a asesinar policías no admite una descripción sensata ni educada. Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito. Son los mismos que demonizan el patrullaje combinado y que, bajo una falsa fachada académica, esconden un activismo extremista que rechaza cualquier principio de autoridad.

Nunca salieron a condenar el asesinato de policías a manos del narcotráfico, ni mucho menos la muerte de varios agentes en los conflictos entre Nahualá e Ixtahuacán, vilmente asesinados por matones, ya sea que tengan tatuajes, transporten droga o blanqueen dinero. Esta sociedad hipócrita se rasga las vestiduras no por principios, sino cuando las muertes resultan políticamente útiles. Mi lamento es por todos ellos, sin distinción, y no sólo por aquellos que fueron víctimas bajo un determinado gobierno; como si todos no tuvieran familia o no hubieran cumplido fielmente con su deber.

La violencia se ceba con los uniformados y los legisladores regatean leyes con las que puedan defenderse legítimamente, así como armas, protección, vehículos y condiciones de vida dignas. No es justo el horario de patrullaje, ni la calidad de los dormitorios o las duchas, por no hablar de las deplorables condiciones de la mayoría de las comisarías. No es de recibo que no existan condiciones claras y sin manipulación en los ascensos y destinos, ni que el escalafón sea solo un referente y no una regla fija en la carrera. Se les maltrata en todos los sentidos, pero queremos que sean eficientes y resuelvan problemas; eso, sencillamente, no funciona.

Hay que crear una cultura ciudadana de defensa y seguridad en la que el uniformado —al que ni siquiera se le permite ejercer su derecho al voto— sea un ciudadano bien visto y distinguido, porque se juega permanentemente la vida. Es un buen momento para reflexionar y hacer a un lado esa militancia que envenena. No vale apenarse y llorar al difunto cuando en vida somos incapaces de rendirle el respeto y la consideración que merece.

Les propongo lo siguiente: cuando vean a un policía, no importa dónde, invítenlo a un café, a un sándwich o a almorzar; o simplemente deténganse y denle las gracias por lo que hace. No todo es dinero; el afecto, el cariño y el reconocimiento también forman parte de la consideración que les debemos.

El costo de gobernar con tibieza

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa

Se juntó el hambre con las ganas de comer, y el polvorín que sabíamos que representaban las prisiones terminó por estallar este fin de semana. Nada fue sorpresivo, salvo para las instituciones de inteligencia. Lo único “imprevisible” —si es que aún sorprende— fue la debilidad del Estado para anticipar y contener lo evidente.

El escenario se divide en tres frentes: de un lado, reclusos inconformes por la pérdida de privilegios y de poder que nunca debieron tener; del otro, una autoridad timorata y entumida, incapaz de ejercer la fuerza legítima que la ley y la Constitución le otorgan. En medio, personajes que azuzan el incendio sabiendo que la violencia es un instrumento eficaz para obtener réditos políticos, cuotas de poder o impunidad. Ese es el triángulo maldito: criminales, un Estado débil y oportunistas. 

Y, como siempre, el costo lo pagan los que sí cumplen con su deber: policías muertos, familias destrozadas y una ciudadanía rehén del miedo.

No tardaron en aparecer los gritos de pena de muerte, las manifestaciones de odio y la polarización visceral. Tampoco tardó el mensaje más peligroso de todos: los criminales lograron que el Estado suspendiera clases y se cerraran instituciones. Se podrá vender como prudencia, pero el mensaje es inequívoco: ellos demostraron que tienen capacidad de imponer condiciones. Eso no es prevención, sino rendición simbólica.

Hablamos mucho de la Constitución, pero parece que empezamos a leerla por la mitad. Los primeros artículos son clarísimos: la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas es un deber esencial del Estado. No es optativo. No es negociable. No está condicionado al clima político ni a la sensibilidad de las redes sociales.

Y, sin embargo, durante los últimos años la violencia no ha dejado de crecer. Más policías, más cámaras, más tecnología, más cooperación internacional —incluido el «apoyo» del FBI—, pero los asesinatos y las extorsiones siguen ahí, intactos. Porque el problema no es de recursos: es de voluntad y autoridad.

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa. Este gobierno lleva dos años en el poder, la mitad del mandato, y tampoco hace lo necesario. No se trata de copiar modelos extranjeros ni de caer en soluciones espectaculares, sino de algo mucho más básico: de ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley.

Cárcel significa encierro, celdas cerradas y control absoluto de ingresos. Nada de teléfonos, licor, televisores, microondas, privilegios ni comodidades que humillan a las víctimas y ridiculizan al sistema. Una hora diaria de patio, atención médica y alimentación; nada más. No es venganza, es orden. No es crueldad, es legalidad.

A los custodios que incumplen su deber no se les puede seguir tratando con indulgencia. Las penas por omisión y complicidad deben ser ejemplares, muy superiores a las del resto de los ciudadanos. Porque cuando un custodio falla, no comete un error, sino que abre la puerta a la muerte, al terror y al caos.

La seguridad nacional no puede ser un ejercicio de retórica ni un cálculo de conveniencia política, es el ejercicio irrenunciable de la autoridad en defensa del contrato social. Un Estado que dispone de tecnología y supuestamente de inteligencia, pero que fracasa en anticipar el caos o teme aplicar la fuerza legítima de la ley, termina por ceder su soberanía al terror. Si las instituciones no recuperan la iniciativa estratégica, el mensaje para la posteridad será devastador: el crimen organizado avanzó y se consolidó no por su propia fortaleza, sino porque el poder del Estado decidió retroceder.

El crepúsculo del chavismo

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él?

La madrugada del 3 de enero marcó la caída de Nicolás Maduro e inauguró una etapa de incertidumbre mayor. Se suele confundir el derrocamiento de un líder con el derrumbe del sistema; Venezuela muestra que no son lo mismo. La paradoja es clara: la operación fue militarmente exitosa, pero políticamente inconclusa. Estados Unidos capturó a un criminal, pero no desmontó un régimen, y esa diferencia definirá el futuro inmediato del país.

Washington ejecutó una maniobra precisa y audaz al extraer al «presidente» venezolano en minutos, pese a la presencia de mercenarios cubanos. Para EE. UU. fue justicia; para otros, una agresión imperial, aunque ambas posturas soslayan lo esencial: la captura de Maduro no resuelve la crisis, solo la transforma.

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él? El chavismo fue diseñado como un sistema personalista y vertical, sostenido por lealtades militares, redes económicas opacas y control territorial. Al retirar la figura central sin desmontar la estructura, lo que emerge no es necesariamente una transición, sino un vacío de poder que raramente se llena con democracia. El final de Maduro no es el final del problema; es, quizá, el comienzo del tramo más complejo: construir poder legítimo donde sólo hubo imposición. El «día después» parece liberador en los titulares, pero es devastador en la realidad. Venezuela no entra en una etapa de solución, sino de definición.

En ese contexto, los opositores —porque no hay una auténtica oposición política, y ese es uno de los grandes problemas— celebran la caída de Maduro sin vislumbrar un horizonte aceptable en el mediano plazo. Intentar respaldar a los oponentes podría desestabilizar aún más el país y exigiría una presencia militar más robusta en su interior, así que es mejor negociar con lo que queda del régimen e irlo sustituyendo progresivamente. 

En el plano internacional, paralelamente, el tablero se fragmenta. Rusia, China e Irán condenan, aunque sin capacidad de reacción. Europa pide moderación, como si aún existiera margen para ello. América observa dividida: algunos gobiernos temen el precedente; otros celebran el desenlace. El mayor riesgo no es una restauración autoritaria, sino la fragmentación. Un Estado debilitado, facciones armadas, control territorial disputado, economía colapsada y millones de ciudadanos buscando salida. 

Ese escenario vuelve a exhibir el fracaso del sistema internacional, que se muestra marcadamente inútil. Los organismos internacionales y regionales no han podido impedir 67 años de dictadura en Cuba, casi tres décadas en Venezuela ni lo que ocurre en Nicaragua. Quienes siguen apostando por viejas fórmulas de diálogo, apenas aportan conocidas narrativas al debate, pero ninguna solución. El idealismo y el multilateralismo, como ya ocurrió en otros momentos, ceden paso al realismo político y a la acción contundente. Resolver dilemas siempre tiene un alto costo, pero alguien tiene que hacerlo.

Históricamente, EE. UU. ha convivido con líderes leales, electos o impuestos. Este caso no es una excepción y exige que el régimen se pliegue a los intereses norteamericanos. Pero será necesario algo más mientras Venezuela se estabiliza y recupera: una transición durante 2026, cuando surja lo que hoy no existe que es una verdadera oposición política con liderazgo y legitimidad. La región debe comprender la nueva estrategia de seguridad de Washington y su choque frontal contra la injerencia de China, Rusia y el Foro de São Paulo. EE. UU. no necesita petróleo, pero Cuba y China si, y lo requieren para mantener sus dictaduras. La intervención parece destinada a negar ese recurso, reducir la presencia china en América y debilitar ambos regímenes, lo que dibuja una calculada estrategia de mucho mayor alcance.

El poder del calendario

Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso

En política las fechas nunca son neutras, mucho menos cuando se trata de procesos de elección institucional que, aunque formalmente independientes, están encadenados e interactúan entre sí. El calendario de 2026 no es simplemente una sucesión administrativa de procesos de selección y nombramientos, sino una arquitectura de poder donde cada decisión puede anticipar y condicionar la siguiente. Esta lógica de encadenamiento no es nueva, aunque sí especialmente delicada en contextos de debilidad institucional.

El error más común es analizar cada proceso separadamente; el más peligroso es hacerlo de manera ingenua. Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Universidad de San Carlos, Contraloría General de Cuentas y autoridades financieras no se eligen en compartimentos estancos, sino en cadena. Y esa cadena tiene un eslabón central: marzo de 2026.

Para entonces, mientras se evalúan los expedientes de quienes aspiran a dirigir el MP, ya deberán haber sido electos —y haber podido asumir— los magistrados del TSE y estarán en proceso los de la CC. No es un simple detalle técnico, el nuevo TSE definirá quién compite y cómo se hará en 2027. La CC decidirá qué es legal, qué se suspende y cómo se interpreta. Ambos conformarán el marco en el que se resolverá la elección del FG. Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso. De ahí que la disputa real no siempre ocurra en la fase final de las elecciones, sino desde la conformación previa de los órganos que tendrán la última palabra cuando surjan impugnaciones, controversias o vacíos interpretativos.

Si la Corte de Constitucionalidad se integra antes de que el proceso elección de fiscal general entre en su fase decisiva, tendrá la capacidad de habilitarlo, condicionarlo o detenerlo. Bastará una resolución “técnica”, una interpretación de plazos o una admisión oportuna de un amparo. Todo dentro de la ley, formalmente impecable, políticamente determinante.

Los mecanismos de designación apuntan a una Corte con mayoría alineada (4-1 o 3-2): una presidencia contraria; un Congreso dispuesto a pactar, intercambiando márgenes de maniobra en el TSE por control constitucional; una CSJ cercana a los mismos grupos de poder; una USAC capturada por dinámicas internas; y un Colegio de Abogados con pocas probabilidades reales de inclinar la balanza. 

A partir de marzo de 2026, con esa integración, el proceso de elección de FG podría continuar, pausarse o neutralizarse en cualquier momento. No por la vía de la fuerza, sino por la del expediente judicial. No por la ruptura, sino por la resolución jurídica. No por el conflicto abierto, sino por la legalidad administrativa-legal. Ese es el verdadero poder del calendario que no se disputa en las comisiones postuladoras ni en el debate público, sino entre bambalinas y con la sincronización precisa de nombramientos. 

A ese complejo tablero se suma la gravitación de actores externos, con influencia que oscila entre el tutelaje y la presión diplomática. No se puede entender el 2026 sin observar las señales externas. Una incidencia que suele ser un arma de doble filo: mientras para unos representa un auxilio indispensable, para otros es la excusa perfecta para enarbolar una soberanía selectiva. Al final, la comunidad internacional observa, advierte y sanciona, pero la arquitectura del poder la diseñan quienes, desde dentro, conocen mejor que nadie el sistema.

Marzo-Abril no serán unos meses más. Serán los meses en que se confirmen si las instituciones pasan a ser contrapesos o siguen siendo piezas de un mismo engranaje; lo que tampoco es nada nuevo ni, mucho menos, reciente, sino la lucha por el poder que siempre ha existido.