El cálculo económico y el cálculo político

La incertidumbre tiene precio: encarece el financiamiento, retrasa proyectos y favorece decisiones de corto plazo.

Nadie abre un negocio calculando únicamente cuánto desea ganar, antes necesita estimar costos, ingresos, riesgos y alternativas. El cálculo económico permite comparar usos de recursos escasos y decidir si una inversión tiene sentido. Los precios, los tipos de interés y las expectativas ofrecen referencias para hacerlo. No eliminan la incertidumbre, pero permiten trabajar con algo más que buenos deseos, porque la previsibilidad importa. 

Se puede asumir riesgo con un mínimo de certeza, y para ello hay que conocer determinados parámetros. De lo contrario, resulta muy difícil invertir si hay probabilidad de que las cosas cambien por decisiones arbitrarias. Por tanto, la incertidumbre tiene precio: encarece el financiamiento, retrasa proyectos y favorece decisiones de corto plazo.

Algo semejante ocurre con la política, en la que es necesario el cálculo político, entendido como la posibilidad de anticipar decisiones públicas a partir de las ideas, los compromisos y el actuar previamente demostrado de quienes ejercen el poder.

Toda organización política con una orientación reconocida proporciona información. Si es liberal debería ofrecer expectativas sobre propiedad privada, competencia y límites al poder estatal. Si es de izquierda tendrá mayor disposición a la redistribución y a la intervención pública. O bien si apuesta por el ecologismo dará prioridades ambientales que pueden traducirse en restricciones, impuestos o incentivos, etc.  Las ideologías no constituyen una doctrina única y cerrada, sino que hay disensos, y en todo caso las coaliciones, las crisis y las restricciones presupuestarias obligan a negociar. Aun así, y aunque ninguna ofrezca certeza absoluta, una trayectoria coherente reduce razonablemente las sorpresas. 

Ese conocimiento previo sirve para elegir -votar- y organizar la vida después de las elecciones. Una familia que evalúa un crédito, una empresa que considera contratar trabajadores o un agricultor que decide ampliar su producción necesitan anticipar lo máximo posible el entorno en el que actuará el poder. De esa cuenta, cálculo económico termina dependiendo, en parte, del cálculo político.

En Guatemala, esa referencia es débil. La fragmentación, el personalismo y la escasa continuidad de las organizaciones políticas dificultan reconocer proyectos que sobrevivan a sus candidatos. Las investigaciones sobre el sistema partidario llevan años señalando estos problemas ¿Qué puede calcular el elector si quienes ayer defendían una posición hoy respaldan la contraria sin explicar el cambio? ¿Qué valor tiene un programa cuando sus candidatos cambian de organización a gusto del momento?  

Carecer de una ideología definida y sin compromisos compartidos, controles internos ni memoria colectiva deja más espacio para justificar cualquier acomodo. Cuando conservar el cargo sustituye al programa, negociar puestos puede convertirse en la verdadera política. Y aparece la cuestión ética al quedar el ciudadano sin una referencia para exigir coherencia porque cada promesa admite una reinterpretación y cada alianza encuentra una excusa. 

El resultado final tiene consecuencias materiales. Se posponen inversiones, se buscan contactos en lugar de reglas y se dedica tiempo a descifrar voluntades que deberían estar sujetas a compromisos públicos. Quien dispone de acceso al poder puede protegerse mejor; quien depende de que la ley se aplique queda expuesto.

Necesitamos partidos a los que se pueda identificar, recordar y exigir cuentas, e incluso para oponernos a ellos debemos saber qué ideal representan. 

Mientras gobernar sea compatible con defender hoy una cosa y mañana la contraria, al ciudadano le tocará incorporar una partida adicional a sus cálculos: el costo de no poder confiar en nadie.

Presidente, el crimen le perdió el respeto

El problema, presidente, no es únicamente que haya perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos, sino que quienes desafían al Estado le han perdido el respeto.

El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de día, en una cancha de fútbol, con público, constituye una demostración de la vulnerabilidad frente a la violencia. El crimen organizado le ha tomado el pulso al Estado y le ha perdido el respeto. Actúa con una audacia que revela hasta qué punto considera débiles las capacidades de prevención y respuesta de las autoridades, y se confunde dónde termina la incapacidad gubernamental y dónde comienza la tolerancia o la complicidad. 

Presidente, la seguridad era precisamente su área de estudio y especialización, por eso resulta más desconcertante su desempeño. Es relativamente fácil hablar de seguridad, elaborar diagnósticos, participar en seminarios, escribir libros o realizar consultorías. Lo difícil es transformar esas recomendaciones en decisiones, operaciones, resultados y responsabilidades. Su gobierno muestra una enorme distancia entre el conocimiento teórico que presumía y la capacidad práctica para implementarlo. Da pena comprobar el nivel de displicencia administrativa que puede exhibir alguien con su trayectoria académica, abolengo, experiencia como funcionario internacional y desempeño diplomático. Nadie esperaba milagros, pero sí un mínimo de competencia, dirección política y aptitud para formar equipos eficaces.

Se acumulan los hechos sin respuestas políticas convincentes. Víctimas cotidianas, ataques armados, incidentes en La Mesilla, trece personas ametralladas en Nahualá, ocho muertos de Huité, un ejecutivo del CHN, y ahora dos asesinatos más: Foppa y Aguilar. Surge una pregunta común: ¿qué está haciendo el gobierno para recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos?

En Huité, las explicaciones oficiales dejaron graves interrogantes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la presencia de grupos armados no identificados. Lo mismo ocurrió con Nahualá. Las muertes no pueden convertirse en estadísticas que se olvidan cuando aparece la siguiente tragedia. No basta con anunciar investigaciones, hay que ofrecer resultados y asumir responsabilidades.

En otros momentos históricos, incluso bajo gobiernos autoritarios, los grupos criminales medían con mayor cautela demostraciones públicas de violencia por temor a la reacción estatal. Aquellos regímenes cometieron abusos y no constituyen modelos referenciales, pero la comparación permite preguntarse: ¿qué percepción tienen hoy los delincuentes sobre la capacidad y la voluntad del Estado para perseguirlos? 

Presidente, su inacción, falta de carácter y dejadez transmiten una imagen debil que resulta extraordinariamente rentable para las organizaciones criminales. Aquellas observan, calculan riesgos, identifican oportunidades y aprovechan sus vacilaciones. La autoridad no se construye mediante discursos, sino adoptando decisiones ajustadas a la ley, pero respaldadas por resultados.

Su gobierno dejará un triste legado de oportunidades perdidas, improvisación y déficit administrativo, aunque algo preocupa más que ese fracaso: cada promesa incumplida, cada episodio de inseguridad y cada muestra de incompetencia abren espacio a quienes se preparan para ofrecer soluciones populistas y capitalizar el desencanto acumulado. 

Ha conseguido sorprender incluso a quienes manteníamos expectativas modestas sobre su administración. Sin embargo, le queda una salida digna: reconocer su incapacidad para dirigir el país y presentar su renuncia. Nadie asegura que cualquier sucesor lo haga mejor, pero merecemos algo bastante más serio que un gobierno cuya principal respuesta ante las tragedias parece consistir en lamentarlas y dejar pasar el tiempo. 

El problema, presidente, no es únicamente que haya perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos, sino que quienes desafían al Estado le han perdido el respeto. Y cuando eso sucede, el precio de la incapacidad gubernamental no sólo se refleja en encuestas, también cobra vidas humanas.

Baja legalidad; menos legitimidad

La primera permite gobernar; la segunda exige conservar la confianza de los ciudadanos mediante resultados, transparencia y ejercicio de la responsabilidad política.

Arévalo ganó legalmente las elecciones de 2023. Su victoria fue reconocida y los intentos de impedir su toma de posesión reforzaron la legitimidad democrática de su llegada al poder. Pero la legalidad de origen no garantiza indefinidamente la legitimidad del ejercicio. La primera permite gobernar; la segunda exige conservar la confianza de los ciudadanos mediante resultados, transparencia y ejercicio de la responsabilidad política. Y esa diferencia se ha convertido en uno de los principales problemas del actual gobierno.

El Ejecutivo encontró inicialmente explicaciones razonables para muchas de sus dificultades: resistencias institucionales, maniobras contra el proceso electoral y oposición de sectores que nunca aceptaron su victoria. Sin embargo, esas explicaciones no pueden ser -como lo son- justificaciones permanentes. 

Las contrataciones cuestionadas de familiares, amigos y personas cercanas al círculo gubernamental, determinados gastos que no han recibido explicaciones suficientemente convincentes, pero sobre todo la distancia entre las promesas de renovación ética y algunas prácticas administrativas y la absoluta ineficiencia en todas las áreas de gobierno, han erosionado la credibilidad del discurso. 

Los presupuestos agregan otra controversia, y siete centros de pensamiento, con enfoques ideológicos y económicos diferentes, cuestionaron conjuntamente el crecimiento del gasto y el endeudamiento, entre otras cuestiones. No es una crítica procedente exclusivamente de adversarios políticos. 

El deterioro de la seguridad también forma parte de esta discusión. Desde el mes de abril hay más homicidios con armas de fuego que en el mismo período de 2025, y determinados episodios muy mediáticos de violencia plantean interrogantes sobre el control territorial y la respuesta de las instituciones. Los sucesos de Nahualá y Huité han agravado esa preocupación. Muertes, versiones oficiales contradictorias, sospechas de ocultamiento deliberado, vacíos informativos y preguntas que siguen sin claras respuestas públicas, han dejado una impresión inquietante. Y reaparece una de las mayores debilidades del Ejecutivo: su comunicación, porque han confundido informar con divulgar diariamente su propia versión de los acontecimientos.  Y la opinión pública refleja ese desgaste, de ahí que el presidente aparezca en la última posición entre los 18 presidentes latinoamericanos evaluados en una encuesta reciente.  

El Ejecutivo parece seguir interpretando buena parte de las críticas desde la confrontación que acompañó su llegada al poder. Como si cuestionar sus actuaciones equivaliera necesariamente a defender a quienes intentaron desconocer las elecciones de 2023. Es perfectamente posible haber defendido la legalidad de aquella victoria y considerar, al mismo tiempo, que su administración ha defraudado a la mayoría de los ciudadanos por incumplimiento de las expectativas que despertó.

Y en lo referente al respaldo internacional que acompañó la defensa del proceso electoral guatemalteco, respondió a la necesidad de respetar las urnas y garantizar la sucesión constitucional. No constituía un certificado anticipado de buena gestión ni un compromiso de aprobación indefinida, por lo que confundir el reconocimiento internacional de una elección con la aprobación permanente de un gobierno es equivocado.

Buena parte de la defensa pública que todavía conserva el Ejecutivo parece descansar en la identificación ideológica, el rechazo a sus adversarios más directo de 2023 y la resistencia a asumir evidentes equivocaciones. Hay quienes siguen defendiéndolo por lo que representa frente a sus opositores, aunque encuentren cada vez más dificultades para justificar sus decisiones. La lealtad política es legítima, pero no puede sustituir indefinidamente el examen de los hechos, las cifras y la falta de resultados.

Arévalo conserva la legalidad, pero lo que está sometido a poca discusión es la falta de legitimidad política con la que cuenta. 

Huité: las redes antes que el gobierno

En comunicación la incertidumbre reconocida puede conservar la credibilidad, pero una afirmación falsa o precipitada la cuestiona y destruye

Hay una máxima en comunicación: “di lo que tenga que decir antes de que otros digan lo que ellos quieran”. Significa adelantarse, definir las reglas del juego o simplemente no permitir que otros distorsionen tu verdad o tu mensaje. En los sucesos de Huité ocurrió lo contrario. Mientras el gobierno y el ministerio de la Defensa intentaban manipular lo sucedido, comentarios y videos en redes sociales contaban otra historia opuesta. 

Se pudo conocer, en tiempo real, movimientos de hombres armados, vehículos militares y distintos momentos de una jornada que terminó con ocho muertos. El Ministerio Público procesó varias escenas y recogió indicios, pero las redes hicieron algo que antes resultaba más difícil: confrontaron inmediatamente la versión oficial con evidencia visual. Y aunque Defensa sostuvo inicialmente que sus unidades llegaron después de iniciados los hechos y que no ingresaron en Huité, los videos muestran a militares disparando en un control en el que fallecieron tres mujeres. Más tarde reconocieron que los vehículos J8 y los camiones con soldados que aparecían en las imágenes pertenecían al Ejército, aunque mantuvieron que no habían ingresado al municipio. Finalmente, el presidente admitió la presencia de unidades militares y ordenó conformar una comisión para investigar su actuación. Ese cambio de versiones produjo un daño adicional: la pérdida de la credibilidad y la iniciativa comunicacional.

Cuando una institución no sabe exactamente qué ocurrió, puede decirlo y anunciar que se están verificando hechos, lo que es mucho más responsable que formular una negación categórica que horas después es contradicha. En comunicación la incertidumbre reconocida puede conservar la credibilidad, pero una afirmación falsa o precipitada la cuestiona y destruye.

La comisión interna de Defensa ya comenzó sus averiguaciones, pero hasta ahora no se ha informado qué unidades o mandos están siendo investigados ni existe un plazo para presentar el informe. Y aunque el silencio no demuestra un encubrimiento, inevitablemente alimenta la sospecha. Cuanto más tiempo transcurra, más difícil será recuperar la confianza perdida en instituciones como el ejército y la policía que, a pesar de estar a unos 300 metros de algunas escenas, nunca intervino ¿Por qué?, se preguntará usted.

Sorprende igualmente el silencio político y social. ¿Dónde están los diputados, partidos y organizaciones que habitualmente levantan la voz ante hechos de esta naturaleza? Puede ser por interés, desconocimiento, prudencia o cobardía, pero vuelve a manifestarse una vieja característica nacional: la indignación selectiva y la desconexión con lo que sucede lejos del centro político del país. La izquierda, los organismos internacionales y algunos defensores de DD.HH. nunca previeron tener que guardar silencio ante muertes durante un gobierno afín. Siempre, prestos a protestar; hoy están silenciosos y complacientes. La coherencia se demuestra cuando gobiernan los propios ¡Hipócritas y manipuladores siempre! 

Tampoco debemos cometer el error de convertir una actuación específica en una descalificación de toda una institución; no podemos exigir instituciones perfectas en sociedades imperfectas. Con aciertos y errores, el ejército ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos para cubrir necesidades que otras instituciones del Estado no siempre han podido atender.  Por eso, investigar sobre los sucesos ocurrido en Huité no deslegitima al ejército. Si hubo una operación fallida, hay que reconocerla. Si existieron errores de planificación, mando o ejecución, deben establecerse. Y si determinados militares tuvieron responsabilidad en las muertes, también deberá demostrarse, y sancionarse en su caso.

En todo caso, las redes sociales han cambiado definitivamente la ecuación. El Estado ya no controla la primera versión simplemente porque controle el comunicado oficial. Cualquier ciudadano con un teléfono puede registrar aquello que después alguien intentará negar.

Aliados, pero vigilados

Washington coopera, pero también investiga; equipa, pero vigila; considera a Guatemala un socio, pero aparentemente un socio al que conviene observar de cerca.

Ciertas noticias parecen independientes hasta que se colocan juntas, y la fotografía cambia. En pocos días, Guatemala recibió armamento adquirido a EE. UU. después de décadas de restricciones; fiscales y responsables de investigaciones de nueve distritos estadounidenses llegaron al país acompañados por funcionarios del Departamento de Justicia, DEA, FBI y HSI; el país apareció nuevamente en el informe estadounidense sobre principales países de tránsito o producción ilícita de drogas; el presidente Bernardo Arévalo no asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas; y  no fuimos invitados a la reunión del Escudo de las Américas, la iniciativa regional impulsada por Washington contra los carteles y el crimen transnacional. 

A ello se agrega un importante elemento interno: Arévalo llega a este momento políticamente debilitado. La medición de septiembre de CB Global Data lo situó en el último lugar entre 18 mandatarios latinoamericanos evaluados, con 28.2 % de imagen positiva y 67.3 % negativa. Puede ser una coincidencia temporal, pero son demasiadas piezas interesantes como para no intentar armar el rompecabezas.

La adquisición de armamento estadounidense ha sido presentada por el gobierno como una señal de confianza y como parte del fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar narcotráfico y crimen organizado. Simultáneamente, el presidente recibió a una delegación estadounidense cuya composición resulta mucho más interesante que cualquier declaración diplomática. No llegaron a tomarse fotografías, sino a fortalecer investigaciones y procesos contra carteles, narcotráfico, lavado de dinero, trata y otras organizaciones criminales transnacionales. Hasta aquí, la relación con Washington atraviesa un momento particularmente estrecho.

Pero la fotografía tiene otra mitad. Guatemala continúa incluida por EE. UU. entre los países considerados relevantes para el tránsito o producción ilícita de drogas, lavado de dinero, conformar estructuras financieras y conexiones del crimen organizado con la política, lo que no puede considerarse una buena noticia.

Estados Unidos observa, y lo hace cuando entramos en período electoral con un presidente políticamente debilitado. Washington coopera, pero también investiga; equipa, pero vigila; considera a Guatemala un socio, pero aparentemente un socio al que conviene observar de cerca.

Y hay otra pieza. El Escudo de las Américas ha sido presentado por la Administración Trump como mecanismo de coordinación regional contra carteles, narcotráfico y organizaciones criminales. Guatemala no estuvo entre los países invitados inicialmente y tampoco aparece integrada posteriormente en el núcleo político de esa iniciativa. Si Guatemala es un socio tan importante en la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué está fuera del Escudo? A la fotografía se suma que Arévalo no estuvo en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras Estados Unidos reunía a socios regionales para profundizar su estrategia hemisférica contra los carteles. 

Unos estaban en la reunión contra organizaciones criminales, mientras aquí se recibía a quienes investigan aquello contra lo que pretende proteger el Escudo. Washington podría estar distinguiendo entre aliados políticos regionales (partner) y socios operativos necesarios (amigos), algo ya visto en su National Security Strategy en tiempos pasados.

De cara a 2027 habrá que observar los hechos más que los discursos: extradiciones, acusaciones, sanciones, investigaciones financieras y eventuales nombres de políticos relacionados con estructuras criminales. Habrá que ver cómo evoluciona una relación con Washington que parece fortalecerse operativamente mientras mantiene distancias políticas y de inclusión en instituciones. Una especie de “si”, pero “no”.

El último de la clase

Tres años después, el daño político no es la mala posición en una encuesta, sino haber destruido la esperanza de quienes creyeron en aquella promesa

Bernardo Arévalo ocupa el último puesto entre los 18 mandatarios latinoamericanos evaluados por CB Global Data. Tiene un 28,2 % de aprobación y un 67,3 % de desaprobación. El dato admite discusiones metodológicas, pero refleja algo incómodo: es difícil convertir el último lugar en una historia de éxito.

Lo preocupante, sin embargo, es preguntarse qué piensa hoy aquel guatemalteco que en 2023 votó convencido de que había encontrado «al bueno», porque esa fue parte de la promesa. No llegaba otro gobierno, sino los distintos, los decentes, quienes iban a recuperar las instituciones, combatir las viejas prácticas, demostrar que era posible gobernar de otra manera, y no malgastar el presupuesto. Tres años después, el daño político no es la mala posición en una encuesta, sino haber destruido la esperanza de quienes creyeron en aquella promesa,  tal y como siente una mayoría de la ciudadanía. 

Un Estado con “buena gente” y suficientes recursos presupuestarios no necesariamente se traduce en un Estado más eficaz. Más que discursos se requiere la acción, certeza, ejecución, credibilidad y confianza. La promesa ética con la que llegó el gobierno elevó tanto las expectativas que cada contradicción posterior ha resultado doblemente costosa.

A ello se agrega una sensación cada vez más difícil de ignorar: la de un presidente que parece tener la mirada puesta más en 2028 que en el tiempo que todavía le queda. Arévalo transmite la impresión de que aquello que verdaderamente pretende —y quizá siempre pretendió— es convertirse en expresidente. Terminar el mandato, retirarse y contemplar desde la distancia lo ocurrido, e impartir insustanciales conferencias en foros y organismos internacionales que otros creerán, como ahora. Se encerró en su círculo de protección, y gobernar se ha traducido en administrar el tiempo que falta para entregar la banda presidencial. 

Sería injusto, en todo caso, atribuirle todos los problemas acumulados, aunque también resulta absurdo y censurable utilizar la historia como excusa permanente. Los gobiernos heredan problemas precisamente porque gobernar consiste en afrontar problemas que uno no escogió. Arévalo se ofreció, aunque con pocas esperanzas de ser elegido, pero lo fue para cambiar algo, no para explicar constantemente por qué hacerlo es tan difícil, mucho menos para remontarse hasta la Conquista en busca del origen remoto de los males.

Llegaremos a las próximas elecciones con una treintena de opciones, pero con una ciudadanía cansada, desconfiada y desilusionada. El sistema político nacional ha conseguido una hazaña: multiplicar los partidos mientras disminuye la confianza en ellos ¿Qué puede hacer el ciudadano cuando ha dejado de confiar en los de siempre y termina decepcionado también con quienes se presentaron como diferentes? Y ante ese panorama aparece la tentación comprensible del voto blanco, nulo o quedarse en casa que es una forma silenciosa de decir: «ninguno me representa». El sistema permite expresar el rechazo, pero difícilmente tiene consecuencias políticas, y se pueden rechazar todas las opciones y, aun así, alguna terminará gobernando.

El desencanto tiene consecuencias, y cuando el elector deja de creer en los partidos, comienza a buscar personas, luego se vuelve más receptivo a soluciones aparentemente sencillas, y cuando concluye que fracasaron quienes prometieron regenerar la política, se abre el espacio para los populistas.

Una democracia empieza a deteriorarse cuando demasiados ciudadanos llegan al centro de votación preguntándose no quién merece gobernar, sino a quién le toca ahora decepcionarlos.

Arévalo puede salir en último lugar en la próxima encuesta o terminar peor su mandato; para Guatemala será mucho más difícil superar este estado de ánimo.

Mal estamos, peor estuvimos y el horizonte tampoco invita al entusiasmo, y lo inquietante no es haber llegado hasta aquí, sino descubrir que todavía podemos hacerlo peor.

Invita el gobierno, usted paga

El gobernante aparece como benefactor y el contribuyente rara vez hace la cuenta completa

Imagínese que paga Q100 en impuestos. Una gran parte de ese dinero se utiliza para mantener la administración pública y financiar sus elevadísimos salarios, privilegios y ocurrencias. Otra muy pequeña regresa a los ciudadanos mediante servicios, transferencias, y ayudas, pero no a todos ni en igual proporción. Supongamos que de esos Q100 veinte terminan destinados a subvenciones. Evidentemente, no pueden regresar todo a cada uno de quienes aportaron cien, así que para que algunos reciban proporcionalmente más, otros necesariamente recibirán menos. El objetivo consiste entonces en conseguir que mi grupo sea el más favorecido. ¿Entendió al mismo tiempo para qué sirven los grupos de presión?

Subvención suena a ayuda, regalo, generosidad. El gobierno anuncia que subvencionará los combustibles y el ciudadano entiende que alguien acaba de poner dinero de su bolsillo. Falta una pregunta elemental: ¿de dónde salió?, porque el Estado no produce los recursos que reparte, sino que los obtiene principalmente de impuestos o deuda que usted, sus hijos y nietos deberán pagar.  Cuando se subvenciona algo, por tanto, no aparece un benefactor externo que paga la cuenta, más bien unos ciudadanos están financiando, directa o indirectamente, el beneficio que reciben otros.

Frédéric Bastiat lo expresó provocadoramente en el siglo XIX: «El Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás». Su conocida reflexión sobre lo que se ve y lo que no se ve sirve también para entender el mecanismo. Vemos el beneficio inmediato, pero resulta más difícil identificar su costo y quién lo soporta.

La subvención de los combustibles -antes y ahora- permite entenderlo. El gobierno reduce temporalmente el precio que pagan los consumidores mediante recursos públicos. El conductor ve inmediatamente el resultado: paga menos por cada galón. Lo que resultaba menos visible es que la diferencia no se ha evaporado, porque alguien la está pagando, sino que es cubierta por el conjunto de quienes financian al Estado: usted y el resto de quienes pagamos impuestos que, por cierto, no somos todos.

Aquí aparece una manifiesta injusticia: una persona que no posee automóvil también paga impuestos, y parte de esos recursos son destinados para abaratar el combustible de quien sí tiene vehículo. Ocurre, por consiguiente, que alguien con menores ingresos –“los más pobres que dicen los políticos” contribuye a financiar el combustible de alguien con mayor capacidad económica. Igual para con la electricidad.

Y de nuevo regresamos a los Q100 iniciales. Si todos contribuimos a una bolsa común y después diferentes sectores compiten para recuperar de ella la mayor cantidad posible, aparece un incentivo evidente: organizarse para conseguir un trato favorable. Transportistas, agricultores, industriales, consumidores, sindicatos, cámaras o cualquier otro sector tienen razones suficientes para intentar que el beneficio que reciben sea superior al costo que soportan.

El problema es que aquello resulta perfectamente racional para cada grupo y ruinoso para el conjunto. Todos quieren recuperar cien de las bolsa a la que, después de atender otras obligaciones públicas de gestión, dietas, sueldos, carros oficiales y celulares, solo le queda una parte pequeña de dinero para devolver a cada uno. En el proyecto de presupuesto 2027 se contempla, 70.2% para funcionamiento y 12.8% de pago de deuda. Es decir: 83% evaporado.

Por eso, cuando el gobierno anuncie que pagará una parte de nuestra gasolina, electricidad o transporte, antes de celebrar cuánto nos dará convendría hacer una pregunta simple, sencilla: ¿Cuánto puse yo, cuánto me están devolviendo y quién se quedó con la diferencia? Verá como no lo ve tan alegremente.

La autoridad desarmada

Una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión

La pregunta parece elemental: ¿para qué sirve una fuerza de seguridad?, ¿cuándo debe intervenir?, ¿hasta dónde puede llegar? La respuesta tampoco debería ser complicada. El Estado otorga facultades excepcionales a policías y fuerzas armadas porque existen situaciones en las que una recomendación, una conversación amable o una invitación a comportarse correctamente dejan de ser suficientes.

Max Weber definió al Estado moderno por su pretensión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. En una democracia, ese monopolio no significa una licencia para golpear, detener o disparar a voluntad. Naciones Unidas establece que los agentes deben recurrir primero, siempre que sea posible, a medios no violentos y que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Pero de ahí no se desprende que la fuerza nunca deba utilizarse, sino que existen circunstancias en las que puede y debe emplearse, pero dentro de límites jurídicos precisos.

Lo vemos estos días en Ceuta, España. Una patrulla militar fue emboscada y cuatro soldados resultaron heridos; once de los detenidos reconocieron su participación y fueron condenados por atentado contra agentes de la autoridad. También se han producido agresiones contra guardias civiles y otros incidentes violentos. La discusión razonable consiste en determinar qué respuesta corresponde, con qué intensidad y dentro de qué límites. Lo absurdo sería desplegar policías y soldados y exigirles que soporten indefinidamente las agresiones para evitar que alguien los acuse precisamente de aquello para lo que, en determinadas circunstancias, están facultados: utilizar legítimamente la fuerza.

En Guatemala conocemos demasiado bien esa paradoja. Agentes de la PMT son insultados, golpeados y amenazados por intentar imponer una norma de tránsito. En mayo, la PNC detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte y golpear con una pistola a un agente de la PMT capitalina. Una agente de tránsito de Salamá fue atacada a tiros. Poco después, la PNC alertó a las policías municipales del departamento de Guatemala sobre posibles ataques armados. Algo hemos entendido mal cuando agredir a un representante de la autoridad comienza a considerarse una forma tolerable de expresar inconformidad.

Una democracia debe desconfiar del abuso policial y militar, y para eso existen la Constitución, los tribunales, los protocolos, los controles institucionales y la responsabilidad penal. Quien utiliza ilegítimamente la fuerza debe responder por ello. Pero una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla psicológica, política o jurídicamente hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión. Esa parálisis también puede ser consecuencia de la falta de decisión del gobernante y, especialmente, de su inhibición en el ejercicio de las responsabilidades que le corresponden.

Existe, además, una tentación política todavía más peligrosa: querer fuerzas de seguridad obedientes al gobernante en lugar de subordinadas a la ley. Cuba y Nicaragua ofrecen razones suficientes para comprender la diferencia. Una policía democrática no pertenece al presidente, al partido, a la derecha ni a la izquierda, y porque posee facultades para restringir derechos, su obediencia debe dirigirse a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no a quien ocupa temporalmente el poder.

Si golpear a un policía, desarmarlo, amenazarlo o atacar a un soldado termina sin consecuencias, el uniforme deja de representar al Estado y comienza a representar la debilidad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo respetar.

Policías y soldados integran instituciones creadas para algo muy serio: proteger a la población y hacer cumplir la ley. Cuando para conseguirlo resulte inevitable utilizar legítimamente la fuerza, deben hacerlo, porque titubear ante la violencia o amparar la inacción es renunciar a la autoridad y a la legalidad. 

Cuando pensar resta aura

El problema no es “farmear aura”, sino que comienza cuando necesitamos la aprobación del grupo para sentir que valemos.

“Farmear aura” es una expresión que significa básicamente acumular puntos imaginarios de carisma, prestigio o popularidad mediante gestos, poses y comportamientos que reclaman la aprobación de un público que actúa como juez. Jóvenes haciendo gestos extraños, reproduciendo memes y sometiéndose voluntariamente al veredicto de otros jóvenes mientras decenas de teléfonos graban la escena para subirla a redes sociales. Visto desde fuera, puede parecer una suerte de legalización del ridículo.

Todas las generaciones hemos hecho cosas que nuestros padres consideraban absurdas, así que no conviene dramatizar demasiado esta moda. Siempre hemos querido diferenciarnos, provocar, desafiar y construir códigos que los adultos no comprendieran. Ahora no es diferente; “farmear aura” no es el problema. Podría argumentarse incluso que esas reuniones consiguen sacar físicamente de las redes a muchachos que pasan demasiadas horas detrás de una pantalla y ponerlos frente a la criticidad de otros seres humanos. Hasta ahí, poco que objetar. Lo inquietante aparece cuando dejamos de observar las extrañas contorsiones y prestamos atención al mecanismo psicológico que hay detrás: se necesita la aprobación del grupo para sentir que vales.

Hace más de setenta años, el psicólogo social Solomon Asch realizó sus famosos experimentos sobre conformidad. Había que comparar la longitud de unas líneas, y la respuesta resultaba evidente porque eran iguales. Sin embargo, cuando varios integrantes del grupo —cómplices del investigador— elegían deliberadamente la respuesta equivocada, aproximadamente tres cuartas partes de los participantes terminaron plegándose, al menos una vez, al criterio incorrecto de la mayoría. Y ese es el verdadero asunto: sintieron la necesidad de contar con la aprobación colectiva como medida de su propia identidad.

A esa presión por acomodarse a la mayoría, Elisabeth Noelle-Neumann añadió otro mecanismo igualmente inquietante: la espiral del silencio. Cuando las personas perciben que su posición es minoritaria, tienden a callarla por miedo al aislamiento social. No hace falta que la multitud nos convenza, basta con que nos haga sentir solos. El problema no es únicamente terminar pensando como los demás, sino más grave: dejar de decir lo que pensamos para no quedar aislados.

Las redes sociales han perfeccionado ambos mecanismos. Asch necesitaba colocar físicamente a varias personas alrededor de un individuo; Noelle-Neumann, que el individuo percibiera cuál era la opinión dominante. Hoy llevamos ambas cosas en el bolsillo: likes, seguidores, comentarios y tendencias nos indican que recibe aprobación o rechazo y, finalmente, qué debemos decir, hacer o pensar para ser aceptados.

La necesidad de pertenencia puede alcanzar extremos inquietantes. En 1997, 39 miembros de Heaven’s Gate se suicidaron colectivamente en California siguiendo las creencias del grupo y de su líder, Marshall Applewhite. Entre 1994 y 1997, la Orden del Templo Solar dejó alrededor de 74 muertos en Suiza, Francia y Canadá entre suicidios y asesinatos. Comparar a quienes “farmean aura” con una secta sería exagerado, pero existe un hilo psicológico que merece atención: renunciar progresivamente al criterio propio cuando pertenecer resulta más importante que discrepar. Y el algoritmo añade un incentivo que Asch y Noelle-Neumann nunca pudieron imaginar: recompensa inmediatamente nuestra adaptación a la multitud.

Imaginemos uno de esos ejercicios de reforzamiento del aura, en el que se propone apoyar a un histriónico o delincuente candidato. Miles podrían repetir el gesto, el meme o la consigna, sin analizar nada, sino porque hacerlo concede “aura”, genera pertenencia y recibe aprobación. Ahí dejaría de hacerme gracia.

La buena noticia es que parte de quienes participan en estas modas todavía son menores de edad y otros ni siquiera están empadronados. Crecerán, y quizá para entonces hayan aprendido que tener criterio propio “farmea” bastante más aura que plegarse sumisamente a la aprobación de la multitud.

El dictador bueno

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual: cambian los nombres, los partidos y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo gobierno será mejor

Cualquiera que sea su edad, haga memoria e intente identificar un buen gobierno en Guatemala. No uno menos malo ni del que conserve algún recuerdo favorable, sino uno verdaderamente bueno. No lo encontrará, y ese vacío debería servirnos para abandonar de una vez el romanticismo y, sobre todo, ese optimismo enfermizo que periódicamente nos convence de que aparecerá el candidato adecuado.

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual. Cambian los nombres, los partidos, los colores y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo presidente gobernará mejor, el Congreso legislará pensando en el país, los funcionarios serán competentes y las instituciones comenzarán, casi milagrosamente, a funcionar ¡Contumacia se llama!

Mire los nombres que circulan para 2027 y haga un ejercicio sencillo: ¿con cuál se queda? No piense sólo en quién podría ganar, sino en a quién confiaría durante cuatro años la seguridad, las carreteras, los hospitales, la educación y una parte considerable del futuro de sus hijos. La oferta incluye aventureros, populistas, embusteros, inútiles, personajes cuestionados, sospechosos de vínculos con el narcotráfico, egos desproporcionados, payasos psicópatas y otros que llevan tantos años prometiendo salvarnos que resulta legítimo preguntarse quién nos salvará de ellos. Escoja uno -o una- y después intente dormir tranquilo.

En sociedades cansadas de la incompetencia es precisamente donde comienza a resultar atractiva una vieja tentación: el dictador bueno. La idea ha reaparecido en Centroamérica, y se ha exportado, al calor de la popularidad de Nayib Bukele y de una pregunta tan incómoda como seductora: ¿no sería preferible un gobernante autoritario que, al menos, consiga resultados? Hay que reconocer que la oferta resulta tentadora. 

Imagínese a alguien que llegue, ponga orden, encarcele delincuentes, obligue a cumplir las normas, termine carreteras, elimine trámites absurdos, despida funcionarios inútiles —que son muchos— y consiga que el Estado funcione. El problema no está en desear esos resultados, sino en la fórmula elegida para conseguirlos. Todos quieren al dictador bueno, lo que nadie explica es cómo garantizar que siga siendo «bueno» cuando disponga de suficiente poder y pretenda perpetuarse.

Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los gobernantes, porque tenemos también un serio problema social. Queremos orden, pero nos incomodan las normas; exigimos buenos servicios públicos, pero rechazamos las obligaciones que los acompañan; reclamamos justicia, siempre que no nos afecte, y pedimos que los demás respeten la ley mientras buscamos al conocido, al amigo o al abogado que encuentre la manera de que a nosotros no se nos aplique.

La contradicción resulta evidente. Nos estacionamos donde queremos, construimos donde podemos, bloqueamos cuando nos conviene, recurrimos a influencias cuando las necesitamos y consideramos perfectamente justificable nuestra propia excepción. Después nos indignamos porque el país no funciona. Hemos convertido demasiadas veces el cumplimiento de las reglas en algo negociable y, al hacerlo, contribuimos a construir precisamente ese Estado débil del que luego nos quejamos.

Quizá la afirmación más incómoda sea también la más necesaria: Guatemala no necesita solamente mejores gobernantes, sino, muy especialmente, mejores ciudadanos. Una sociedad indisciplinada, acomodada a la excepción y convencida de que las reglas son para los demás, produce políticos parecidos a ella. Nuestros gobernantes salen de esta misma sociedad, reproducen sus comportamientos y explotan sus debilidades.

El problema no consiste en encontrar al ser providencial que venga a poner orden, sino en construir una sociedad capaz de respetar las reglas, exigir instituciones que funcionen y comprender que no existe libertad sin responsabilidad. Mientras no aceptemos nuestra parte, seguiremos atrapados en el mismo círculo. 

Y es que cuando la ética se pierde el piso desaparece.

Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar.

No, caquistocracia no significa el gobierno de los “caqueros”, aunque la semejanza fonética pueda provocar alguna sonrisa y prestarse a confusión. El término es bastante más serio y preocupante: significa el gobierno de los peores, es decir, aquel en el que el poder termina en manos de los menos capaces, los menos preparados o de quienes demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que asumieron. 

Algunos datos obligan a pensar en ello. El reciente ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data coloca a Bernardo Arévalo en el puesto 17 de 18 mandatarios evaluados, con 66.4% de desaprobación; la última es la presidenta de Venezuela. Y aunque una encuesta no constituye una sentencia, conviene prestarle atención cuando la percepción coincide con problemas visibles de gestión. 

El Gobierno llegó en 2024 acompañado de una enorme expectativa. Prometió rescatar las instituciones, combatir la corrupción, recuperar la administración pública y demostrar que era posible gobernar de otra manera. Más de dos años después, el problema ya no consiste en comparar esas promesas con los gobiernos anteriores, sino en comparar lo prometido con lo ejecutado.

El Ministerio de Comunicaciones es el ejemplo más evidente. En 2025 terminó ejecutando apenas el 68.2% de su presupuesto. El presidente reconoció que había existido un “problema de implementación”. En mayo de este año, representantes de la Dirección General de Caminos informaron al Congreso que había 28 proyectos en ejecución, pero solo uno correspondía a la actual administración: la rehabilitación del puente de Río Dulce. A inicios de julio pasado, el CIV apenas había ejecutado el 26.2% de su presupuesto vigente. En infraestructura el Gobierno puede enumerar proyectos, licitaciones, planes y futuras inversiones, pero las carreteras constituyen una realidad demasiado tangible como para resolverla mediante discursos. 

En seguridad el Gobierno ha presentado cifras favorables en determinados indicadores, entre ellos las denuncias por extorsión, pero tampoco puede olvidarse de que en enero el país vivió motines simultáneos en tres cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que llevaron a declarar por meses el estado de prevención, y que los homicidios con armas de fuego vienen creciendo desde abril. 

Lo mismo podría decirse de otras áreas, y aquí aparece la caquistocracia. No entendida exclusivamente como el gobierno de personas malas o corruptas, porque existe una modalidad menos escandalosa pero igualmente perjudicial: se refiere al gobierno de quienes no saben hacer funcionar el Estado. La incompetencia también tiene consecuencias.

Todos los gobiernos reciben problemas del anterior y encuentran burocracias deficientes, intereses enquistados, legislación complicada y funcionarios resistentes al cambio. Precisamente por eso se elige un gobierno: para resolver los problemas, no para describirlos. La administración de Arévalo ha construido buena parte de su narrativa alrededor de adversarios perfectamente identificables: estructuras corruptas, mafias político-criminales, instituciones capturadas y actores que obstaculizan el cambio. Parte de esa denuncia es cierta, pero después de más de la mitad del mandato aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno explicar su falta de resultados justificándose en que no lo dejan gobernar?

La responsabilidad política no consiste en tener buenas intenciones. Tampoco en proclamar superioridad moral sobre quienes gobernaron anteriormente, porque visión sin ejecución es alucinación. Quizá ahí radique uno de los errores fundamentales de esta administración: confundir honestidad con capacidad. Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar?

El gobierno de las excusas

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas.

Hay gobiernos que transforman la realidad y otros que dedican la mayor parte de su tiempo a explicar por qué no pueden hacerlo. Aquí hemos caído en la segunda categoría. Cada semana aparece una nueva justificación para explicar por qué las promesas no se cumplen, los problemas no se resuelven y el país sigue atrapado en la misma inercia de siempre. Cuando la explicación termina sustituyendo a la acción, las excusas dejan de ser circunstanciales y se convierten en una forma de gobernar.

El Estado muestra claros signos de agotamiento porque no se hizo lo suficiente durante muchos años, pero tampoco se está haciendo nada ahora. Lo único que parece haberse incrementado es la capacidad para encontrar responsables. Sobran excusas y da la impresión de que es en lo que más se invierte.

Y no se trata de un problema de recursos. El presupuesto público ha alcanzado niveles históricos y no falta dinero -otra perorata habitual-, sino capacidad de ejecución. Los proyectos “avanzan” lentamente, las obras se retrasan y las prioridades se pierden entre procedimientos, disputas políticas y cambios constantes de funcionarios. No faltan medios, pero hay una manifiesta incapacidad para conseguir resultados.

Durante los primeros meses de este gobierno se señaló al Ministerio Público como el principal obstáculo. Después apareció la Corte de Constitucionalidad, y mañana será cualquier otra institución, actor o circunstancia. Siempre hay una explicación para posponer la rendición de cuentas sobre la falta de gestión.

Esa debilidad también se refleja dentro del propio oficialismo con una crisis interna que lo ha hecho implosionar. Las divisiones, renuncias y enfrentamientos han reducido su capacidad para impulsar una agenda, y cada nueva fractura condiciona o retrasa las pocas iniciativas que intentan avanzar. La aprobación de la Ley de Puertos terminó evidenciando nuevamente las tensiones internas.

La segunda manifestación de esa incapacidad es administrativa. Ministros y viceministros entran y salen sin explicaciones sobre las razones de tantos cambios. Resulta difícil construir políticas públicas consistentes cuando quienes deben diseñarlas y ejecutarlas cambian continuamente. La inestabilidad institucional termina convirtiéndose en otra forma de inmovilismo.

Mientras tanto, los homicidios cometidos con arma de fuego muestran una tendencia creciente desde el segundo trimestre del año. La disputa entre organizaciones del narcotráfico y pandillas por el control territorial vuelve a reflejarse en atentados, extorsiones y hechos de violencia que alimentan una creciente sensación de inseguridad. La realidad avanza con más rapidez que la capacidad del Estado para responder.

Frente a este escenario, la respuesta oficial suele repetirse: mirar hacia atrás y justificarse. Señalar las deficiencias heredadas puede ser válido para explicar el punto de partida, pero deja de ser suficiente cuando se convierte en la explicación permanente de la inacción. Gobernar implica administrar el presente y construir el futuro, no vivir instalado permanentemente en el pasado.

Quizá esa narrativa también cumpla otra función: ofrecer una explicación tranquilizadora a quienes depositaron grandes expectativas en el cambio político de 2024, y hoy enfrentan una realidad mucho menos prometedora. Hay que reconocer que el actual proyecto político no ha respondido a las expectativas, y siempre es más cómodo pensar que otros impiden gobernar antes que aceptar que el problema puede residir en la falta de capacidad para hacerlo de quienes ostentan el poder.

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas. Las democracias no se debilitan únicamente por la corrupción o la ineficiencia, también se erosionan cuando las explicaciones sustituyen de forma permanente a los resultados.

No es cuánto pagamos, sino por qué

El verdadero problema de los impuestos no es cuánto pagamos, sino bajo qué principios morales y jurídicos puede el Estado exigirnos que paguemos.

Los impuestos mal diseñados tienen consecuencias sobre el comportamiento de las personas y sobre el funcionamiento de la economía. Cuando el Estado grava de manera arbitraria la riqueza, el patrimonio o el éxito económico, envía un mensaje perverso: progresar tiene un costo, y el resultado es predecible. Se retrasan inversiones, se fragmentan patrimonios, muchos operan parcialmente en la economía informal y no pocos recurren a mecanismos de evasión. Y no porque sea moralmente defendible, sino porque el propio sistema genera más incentivos para ocultar que para producir.

Thomas Sowell ha insistido en que la economía consiste, ante todo, en el estudio de los incentivos y de las consecuencias no deseadas de las políticas públicas. Las decisiones deben juzgarse por sus resultados y no por sus intenciones. Si un sistema tributario penaliza la acumulación de patrimonio, la adquisición de bienes o la inversión, el efecto será precisamente el contrario del que dice perseguir: menor transparencia, formalización, inversión y una economía más pequeña y menos productiva. Como advirtió John Locke, la propiedad no nace del Estado, sino del trabajo, por eso corresponde al poder público justificar cualquier limitación sobre ella y no al ciudadano justificar por qué desea conservarla.

Esta idea coincide con principios formulados por otros autores. Adam Smith sostenía que un buen sistema tributario debía respetar cuatro reglas básicas: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. El contribuyente debía saber qué pagaba, por qué lo hacía y bajo qué criterios. Friedrich Hayek advirtió que la igualdad ante la ley desaparece cuando el Estado utiliza la tributación para discriminar entre ciudadanos según su patrimonio o capacidad económica. Robert Nozick sostuvo que gravar reiteradamente el fruto del trabajo de una persona equivale, en parte, a apropiarse del tiempo y del esfuerzo con los que produjo esa riqueza. Y Frédéric Bastiat recordó que la ley pierde su legitimidad cuando deja de proteger la propiedad para convertirse en un instrumento de expoliación legal. Todos ellos coinciden, desde perspectivas distintas, en una misma exigencia: el poder tributario necesita algo más que una mayoría política, requiere de una justificación moral compatible con la libertad y la igualdad ante la ley.

La pregunta de fondo es simple: ¿por qué dos ciudadanos que reciben exactamente el mismo servicio público deben pagar cantidades distintas? No se trata de decidir quién paga más, sino en preguntarnos cuál es la justificación objetiva y ética para que dos personas que reciben lo mismo, una deba pagar varias veces más únicamente porque posee un patrimonio mayor. La justicia tributaria no puede descansar exclusivamente en la voluntad de una mayoría política, sino en principios de racionalidad, igualdad y proporcionalidad.

Un sistema tributario irracional no solo resulta injusto, también deteriora la confianza en las instituciones, incentiva la evasión fiscal, amplía la economía informal, desalienta la inversión y termina castigando a quienes generan empleo, riqueza y crecimiento. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no cobra por los servicios que presta, sino porque puede hacerlo o porque alguien ha prosperado más que otro, deja de considerar el impuesto como una contribución y comienza a verlo como una penalización al éxito.

Necesitamos un Estado capaz de justificar racionalmente cada impuesto que exige. La legitimidad de un sistema tributario no depende únicamente de cuánto recauda, sino de si cada impuesto puede explicarse desde la lógica, la justicia y el respeto a la igualdad. 

Mientras esa conversación siga sustituyéndose por consignas simplistas como "que paguen más los que más tienen", seguiremos confundiendo la justicia con la envidia (Robert Nozick), la igualdad ante la ley con el privilegio de las mayorías y la política fiscal con el derecho del Estado a castigar el éxito económico.

Lecciones económicas del Mundial 2026

El verdadero legado económico del Mundial no estuvo en los estadios, sino en la capacidad de millones de consumidores y miles de empresas para transformar una oportunidad en riqueza.

Un reciente estudio de Deloitte sobre el impacto económico del Mundial de Fútbol 2026 en México deja enseñanzas que trascienden con mucho al deporte. Más allá de cuantificar la derrama económica del torneo, explica cómo se generan hoy los resultados económicos en los grandes eventos.

Durante años se asumió que el éxito económico de un Mundial dependía casi automáticamente del número de partidos disputados, de la llegada masiva de turistas y de las grandes inversiones en infraestructura. Sin embargo, el estudio muestra que esa relación ya no es tan directa. Ser sede de un megaevento no garantiza por sí mismo las ganancias. Lo determinante no es únicamente atraer visitantes, sino la capacidad para convertir esa oportunidad en actividad económica y responder con rapidez a las decisiones del mercado.

Los datos son reveladores. El impacto económico estimado para 2026 ascendió a 2.543 millones de dólares, una cifra inferior a la prevista inicialmente debido, entre otros factores, a que el volumen de personas fue menor del esperado. Lejos de confirmar que el éxito dependía exclusivamente del número de visitantes, el informe determina que la riqueza se generó allí donde fue posible activar el consumo y adaptarse con rapidez a una demanda cambiante.

La actividad económica tampoco se concentró únicamente en los estadios. Se extendió a hoteles, restaurantes, comercios, transporte, plataformas digitales y servicios vinculados a la experiencia del aficionado. Las estancias fueron más breves de lo previsto, pero los ingresos crecieron gracias a estrategias de precios dinámicos que elevaron las tarifas hoteleras entre un 47 % y un 100 % -según las ciudadades- en los momentos de mayor demanda. El valor surgió porque sectores como la restauración, el alojamiento, el comercio o el transporte supieron aprovechar mejor las oportunidades creadas por el torneo.

Quizá el hallazgo más interesante del estudio sea que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del capital invertido, sino de la capacidad para interpretar información y convertirla en decisiones empresariales. Las oportunidades comerciales no se distribuyeron de forma uniforme durante todo el Mundial; aparecieron en ventanas muy concretas, especialmente alrededor de los partidos de la selección mexicana. Las empresas que utilizaron herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para ajustar inventarios, promociones, precios y canales de venta en tiempo real fueron las que lograron captar una mayor parte del consumo. 

En otras palabras, la riqueza no surgió del evento en sí, sino de la rapidez con la que los agentes económicos fueron capaces de adaptarse a las decisiones de millones de consumidores. El aficionado del siglo XXI ya no vive el Mundial únicamente desde el estadio, lo hace también desde restaurantes, comercios, plataformas digitales, servicios de entrega a domicilio y redes sociales. Quienes comprendieron esa nueva realidad obtuvieron mejores resultados.

El estudio evidencia una característica esencial de la economía: el éxito económico exige flexibilidad. La planificación es necesaria, pero resulta insuficiente sin capacidad de adaptación. Comprender el comportamiento del consumidor y responder con rapidez a sus preferencias constituye una ventaja competitiva decisiva. La prosperidad no nace del acontecimiento en sí, sino de la capacidad de millones de personas para transformar libremente las oportunidades en valor.

La riqueza ya no se genera automáticamente por la mera existencia de una oportunidad, ni por la simple acumulación de infraestructuras o recursos. Se crea cuando empresas y consumidores, oferta y demanda, convergen eficazmente gracias a que la información circula con rapidez y existe libertad para decidir, producir, competir y elegir. Como siempre, pero ahora con tecnología que puede reducir el tiempo.

El perdón de España

Nunca he considerado que España debe disculparse por la conquista de América. Hoy creo que sí debe pedir perdón, pero no por su pasado, sino por su presente.

En modo alguno apoyo que España pida perdón por la conquista de América. Quizá aquella empresa no fue un modelo de virtud, pero ninguna conquista lo ha sido. Hubo guerras, sometimiento y sufrimiento, como en todos los procesos de expansión de las grandes potencias. Pretender juzgar épocas pasadas con parámetros éticos del siglo XXI es una tentación frecuente, pero intelectualmente nada rigurosa.

España no solo ocupó América, también construyó instituciones. Reconoció personalidad jurídica a los pueblos indígenas cuando otras potencias ni siquiera se plantearon semejante cuestión hasta siglos mas tarde. Promovió universidades, ciudades, cabildos y un entramado legal extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las Leyes de Indias fueron una innovación que ningún otro imperio desarrolló con la misma amplitud. Además, favoreció un amplio proceso de mestizaje entre españoles e indígenas, del que surgió buena parte de la identidad hispanoamericana, a diferencia de otros modelos coloniales.

Hoy, sin embargo, España debe pedir perdón. No por Hernán Cortés, sino por Pedro Sánchez, y también por Rodríguez Zapatero. Y no se trata de una cuestión partidista, sino del descrédito de las instituciones de un país. Durante décadas, España fue referente por protagonizar una de las transiciones democráticas más brillantes del siglo XX. Un ejemplo de cómo una sociedad podía dejar atrás una dictadura, reconciliarse consigo misma y construir un Estado democrático moderno. Muchos países de Hispanoamérica estudiaron aquel proceso como un ejemplo a seguir. Aquella España inspiraba; la de hoy preocupa. 

Me sonroja que la conversación internacional sobre España gire en torno al incesante desfile de investigaciones, escándalos y sospechas que rodean al actual poder político. Me avergüenza que la esposa del presidente del Gobierno haya sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Me ruboriza que el hermano del presidente haya sido condenado por prevaricación. Me insulta que el caso Koldo, que alcanzó al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sea uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. Me apena que antiguos colaboradores y altos cargos aparezcan una y otra vez vinculados a investigaciones judiciales. Me humilla la creciente controversia que rodea la actuación internacional del expresidente Zapatero y sus relaciones con regímenes autoritarios, particularmente el venezolano. Todo eso me preocupa y también otra deriva mucho más peligrosa. Cuando la corrupción ocupa los titulares, una democracia sana deja trabajar a los jueces y a las fuerzas encargadas de investigar. Un gobierno enfermo y corrompido intenta desacreditar a quienes investigan. Y ahí reside otro problema.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no está para proteger gobiernos, sino para investigar delitos. Su lealtad no pertenece al partido que gobierna, sino al Estado de Derecho. Por eso resulta profundamente inquietante cualquier intento de sembrar sospechas sobre la Guardia Civil, de desacreditar sus investigaciones o de pretender utilizar a sus integrantes cuando las pesquisas alcanzan al entorno del poder. Ese camino se conoce demasiado bien en América Latina.

Mi decepción no tiene nada que ver con los soldados del siglo XVI, sino con los gobernantes del siglo XXI. España no necesita pedir perdón por su historia, porque la historia debe estudiarse, comprenderse y contextualizarse, no utilizarse como arma política siglos después.

España, o mejor dicho sus gobernantes, deberían pedir perdón por algo mucho más cercano: permitir que el prestigio institucional construido durante casi medio siglo de democracia y el referente nacional se vean empañados por el deterioro de la ejemplaridad pública y por la tentación de convertir a las instituciones de control en enemigos. Y ese sí es un pecado que la historia difícilmente perdonará.

El lento asesinato de la democracia

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; normalmente se erosionan lentamente, hasta que un día descubrimos que conservan las urnas, pero han perdido su esencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX, millones de personas lucharon para sustituir dictaduras por democracias. Aquellas generaciones no pelearon únicamente por el derecho a depositar una papeleta en una urna, sino por vivir bajo un sistema donde el poder estuviera limitado, existieran contrapesos institucionales y las libertades individuales quedaran protegidas frente a los gobernantes. La democracia liberal era mucho más que elecciones: era un modelo concebido para impedir el abuso del poder.

Paradójicamente, algunos de los mayores críticos de la democracia fueron los fundadores del pensamiento político occidental. Platón la consideraba el gobierno de la ignorancia y advertía que las masas podían ser seducidas por demagogos hasta desembocar en la tiranía. Sócrates desconfiaba de una ciudadanía fácilmente manipulable y Aristóteles sostenía que la democracia se corrompía cuando dejaba de perseguir el bien común para convertirse en el dominio de intereses particulares. Siglos después, Ortega y Gasset recuperó esa preocupación en La rebelión de las masas. El verdadero riesgo no era la existencia de mayorías, sino la aparición del "hombre-masa": un ciudadano que renuncia al esfuerzo intelectual, rechaza la excelencia y pretende imponer sus preferencias simplemente porque son compartidas por muchos.

Más tarde se universalizó el principio de igualdad política bajo la idea de "un ciudadano, un voto", un avance histórico que nunca pretendió agotar el significado de la democracia. Robert Dahl recordó que una democracia exige pluralismo, libertades públicas, competencia política, información libre e instituciones independientes. Giovanni Sartori fue aún más claro: reducir la democracia al simple acto de votar equivale a vaciarla de contenido.

Y esa parece ser precisamente la deriva actual. Cada vez más frecuentemente se identifica democracia con mayoría parlamentaria, como si una victoria electoral legitimara el control de las instituciones llamadas precisamente a limitar al poder. Los procesos de designación de jueces, magistrados, fiscales, autoridades electorales, contralores u organismos reguladores responden, con demasiada frecuencia a afinidades políticas más que a criterios de independencia. Es, metafóricamente, matar a Montesquieu. La separación de poderes permanece sobre el papel, pero pierde eficacia cuando quienes deben controlar al poder terminan dependiendo de él.

También Rousseau parece quedar relegado. Su propuesta de contrato social descansaba sobre un poder orientado al interés general y sometido a reglas compartidas y aceptadas. Cuando las instituciones se utilizan para conservar el poder, repartir favores o proteger a quienes gobiernan, ese pacto deja de ser el fundamento de la convivencia. Y mientras Montesquieu desaparece y Rousseau se desvanece, reaparece Hobbes. No el pensador preocupado por evitar la guerra civil, sino el del Leviatán: un Estado que concentra cada vez más recursos, competencias y capacidad para decidir sobre la vida de los ciudadanos.

Y aparecen distintos colectivos que compiten por obtener subsidios, transferencias, exenciones o beneficios financiados con un gasto público creciente y una presión fiscal cada vez mayor; la política se centrar en cómo repartir lo que es de uno. Incluso decisiones sobre políticas migratorias son percibidas como instrumentos con posibles efectos electorales, alimentando la desconfianza y la polarización.

La gran paradoja es que, después de siglos intentando limitar el poder del Estado, muchas democracias avanzan hacia un modelo donde ese mismo Estado concentra más recursos, más competencias y mayor capacidad de condicionar la vida de las personas. Porque la democracia no muere cuando desaparecen las elecciones sino cuando los límites al poder dejan de existir. Platón temía a los demagogos, Montesquieu al poder sin límites y Hobbes al caos. El gran reto de nuestro tiempo es no olvidar a ninguno de los tres.

La eterna batalla por capturar el poder

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas

Como sociedad, dejamos pasar el tiempo sin demasiados logros, y eso que siempre aparecen algunos optimistas —un tanto enfermizos, todo hay que decirlo— dispuestos a celebrar como avances históricos cosas que en países medianamente funcionales debieron resolverse en semanas y no en décadas.

Cada cuatro o cinco años redescubrimos, como si fuera novedad, el debate sobre las comisiones de postulación. Tras una euforia suficientemente conocida, y con alto ruido mediático, se reparten cuotas, se negocian votos, se acomodan intereses y todo vuelve exactamente al mismo lugar. El problema nunca ha sido fundamentalmente jurídico, sino político. Quien controla las postuladoras, controla listados, condiciona elecciones, y termina influyendo en magistrados, jueces, fiscal general, contralor, cortes y buena parte de la estructura institucional del país. Y el pleito nunca termina porque todos aspiran a lo mismo.

Se trata de tomar el control, jamás de mejorar la institucionalidad. La discusión rara vez gira alrededor del derecho individual, la independencia judicial o el interés general. Lo que predomina es el triunfo del interés de personajes, grupos, facciones o redes que buscan ampliar su cuota de influencia. Y lo verdaderamente revelador es que no se discuten perfiles técnicos, capacidades profesionales o trayectorias académicas. La discusión nacional se reduce a determinar si alguien pertenece al “pacto de corruptos” o si es un “chairo” perdido en el bosque ideológico, lo demás resulta superfluo, poco interesante y mediáticamente irrelevante.

El caso de la USAC es quizá el ejemplo más descarnado. La elección del rector debería girar alrededor de liderazgo académico, calidad educativa, investigación, modernización universitaria o excelencia intelectual. Pero no. El debate termina reducido a si el candidato es funcional para unos u otros grupos, si responde a determinadas estructuras políticas y si sirve como pieza útil dentro del ajedrez institucional.

Y la razón es simple: el rector de la USAC no solo administra una universidad, maneja enormes cuotas de poder, influencia en postuladoras, tiene gran incidencia política y dispone de espacios de negociación nacional. Por eso la pelea nunca es académica, sino de interés sectario. Es poder puro y duro.

El ambiente deja incluso un cierto olor fétido de quienes se descomponen políticamente por no lograr resultados. Muchos de los actores que hoy hablan de rescatar instituciones están más preocupados por quedarse fuera del reparto que por construir reglas verdaderamente imparciales.

Mientras tanto, el país observa escenas absurdas convertidas en normalidad. Estudiantes eternos que llevan lustros en la universidad estatal perdiendo el tiempo, pero maniobrando al frente de asociaciones estudiantiles y “movimientos juveniles” que obedecen disciplinadamente directrices de operadores políticos, abogados o personajes con birrete que jamás publicaron un artículo académico en su vida. Jóvenes de cuarenta o cincuenta años hablando en nombre de una renovación que nunca llega, y les superó. Además, sancarlistas convertidos en guardianes del inmovilismo y diputados perfectamente acomodados en el sistema, guardan silencio convenientemente. Muchos de los que hoy denuncian captura institucional participaron ayer en las mismas dinámicas que ahora condenan. Y muchos de los que hoy prometen “rescatar las instituciones” parecen en realidad interesados únicamente en sustituir a quienes actualmente las controlan. Esa es la tragedia de fondo.

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas. La lucha no es contra la cooptación; la lucha es por decidir quién controla. Y así seguimos: atrapados en un eterno relevo de élites, facciones, redes e intereses que presentan sus ambiciones particulares como si fueran grandes cruzadas morales por la democracia.

Lord Acton no se sorprendería demasiado. Aquí llevamos décadas confirmándole que tenía razón.

Q19 mil millones más… ¿para qué?

La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.

Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.

Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.

Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.

Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.

Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…

Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.

Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.

La democracia de las esquinas

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos

América Latina parece haber entrado en una etapa donde la política dejó de ser un espacio para construir acuerdos y cada vez más funciona como un mecanismo permanente de confrontación. Las elecciones ya no terminan cuando se cuentan los votos, continúan después en redes sociales, en los medios y en las calles, alimentando una sensación constante de división nacional.

El problema no es que existan diferencias ideológicas porque las democracias viven precisamente de la pluralidad, del debate y de la confrontación de ideas. El verdadero problema aparece cuando la lucha política desplaza a sociedades enteras a dos bloques irreconciliables, emocionalmente enfrentados y convencidos de que el otro representa no una opinión distinta, sino un enemigo al que debe derrotarse o excluirse.

En muchos países de la región, las últimas elecciones presidenciales muestran exactamente esa realidad. Perú está partido entre Castillo y Fujimori. Colombia acaba de padecer algo similar con Cepeda y de la Espriella, y lo mismo, en una u otra vuelta, se pudo ver en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina o en procesos políticos recientes en Centroamérica.

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos, y ahí aparece uno de los grandes riesgos contemporáneos. Cuando un candidato gana, aunque sea con mínima mayoría, el resultado se suele interpretar como un mandato absoluto para imponer un proyecto político completo, mientras la oposición actúa como si tuviera la obligación moral de impedir cualquier iniciativa del gobierno. El resultado es una dinámica destructiva donde nadie cede, nadie dialoga ni construye consensos mínimos.

La polarización produce además una distorsión peligrosa: transforma cualquier debate público en un conflicto moral. No se discuten políticas públicas, eficiencia estatal o soluciones técnicas, sino quién es “el bueno” y quién “el malo”. Los adversarios dejan de ser ciudadanos con diferencias legítimas y pasan a convertirse en amenazas existenciales para el país, y las redes sociales han acelerado todavía más esa lógica, porque los algoritmos premian el conflicto, la indignación y el ataque permanente. La moderación no genera clics, y el insulto, la descalificación y el escándalo terminan teniendo más alcance que cualquier discusión seria sobre educación, salud o desarrollo económico.

Y mientras se permanece atrapado en esa dinámica emocional, los grandes problemas continúan intactos. La pobreza sigue creciendo en amplios sectores de la región, la desnutrición infantil sentencia el futuro de millones de niños, el crimen destruye comunidades enteras, los sistemas de salud pública siguen siendo ineficientes, la educación carece de calidad y cobertura, y el empleo informal la única salida para buena parte de la población.

La polarización tiene otro efecto silencioso: agota emocionalmente a las sociedades. Las personas viven en estado permanente de tensión: familias divididas, amistades rotas, espacios laborales contaminados y ciudadanos incapaces de escuchar argumentos distintos sin reaccionar desde el resentimiento o la desconfianza. Lo más preocupante es que esa dinámica se normaliza, y las nuevas generaciones crecen viendo la política como un espacio donde odiar al adversario es más importante que resolver problemas. Y sin consensos mínimos, ninguna democracia puede sostenerse de manera saludable.

En democracia no se trata de empujar a unos ciudadanos hacia una esquina mientras los otros celebran desde la opuesta, sino de encontrar espacios donde quienes piensa diferente puedan convivir, negociar y construir objetivos comunes. 

Trasladar el fracaso

Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan

La inauguración de la autopista privada Xochi volvió a dejar una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: el Estado parece haber renunciado no solo a hacer bien las cosas, sino incluso a intentarlo. Y lo más preocupante no es únicamente su incapacidad para construir infraestructura, gestionar salud pública o resolver problemas básicos, sino la normalización de una peligrosa dejadez institucional: un gobierno que cada vez delega más funciones esenciales mientras mantiene intacta una enorme estructura burocrática, costosa y políticamente protegida.

El caso de Xochi es revelador. La iniciativa privada logró construir una obra que el Estado fue incapaz de sacar adelante durante años, y no es la única. Pero ni siquiera eso ocurrió fácilmente. Hubo retrasos, obstáculos administrativos, presiones y todo tipo de trabas para un proyecto que vino, precisamente, a resolver una carencia histórica del propio gobierno. Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.

La misma lógica se repite en casi todos los ámbitos. El Ministerio de Comunicaciones ha terminado dependiendo de ingenieros militares para ejecutar proyectos que debería administrar la institucionalidad civil. El Ministerio de Salud compra medicamentos a través de organismos internacionales como UNOPS porque tampoco logra garantizar procesos eficientes por sí mismo. Y hasta la construcción del hospital contra el cáncer descansa en la cooperación taiwanesa. El mensaje que transmite el propio Estado es devastador: el gobierno acepta abiertamente que no puede cumplir adecuadamente las funciones para las cuales existe.

Y aun así, los ministerios continúan operando con presupuestos millonarios, estructuras sobredimensionadas y funcionarios con salarios elevados. Se terceriza la ejecución, pero no desaparece el aparato político. El Estado mantiene el gasto, conserva el poder y delega la responsabilidad.

Pero hay funciones que difícilmente pueden subcontratarse. La seguridad es una de ellas. Y justamente ahí comienzan a aparecer nuevamente señales preocupantes. Durante abril y mayo los homicidios con arma de fuego volvieron a superar los registros del año pasado, rompiendo la tendencia relativamente positiva del primer trimestre. Los enfrentamientos con narcotraficantes, grupos armados y estructuras criminales urbanas son cada vez más visibles, más violentos e impactantes para la percepción ciudadana.

El problema ya no es únicamente criminal, es institucional. Cuando un Estado transmite incapacidad permanente para construir infraestructura, gestionar hospitales, controlar el territorio o garantizar seguridad, también comienza a perder algo mucho más importante: la confianza de la población. Y sin confianza, ningún gobierno mantiene legitimidad durante demasiado tiempo.

Eso ayuda a explicar por qué las últimas encuestas reflejan niveles de aprobación presidencial cada vez más bajos y una creciente sensación de frustración nacional. El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa. Lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono; la sensación de que el gobierno simplemente dejó de gobernar.

Porque al final, un Estado que renuncia progresivamente a cumplir sus funciones esenciales corre el riesgo de convertirse en algo mucho más peligroso que un gobierno ineficiente: una estructura que consume recursos concentra poder político y exige obediencia, pero que deja de servir realmente a la sociedad a la que pertenece, de la que depende y cobra.