La solución pasaría por fijar un
salario único y pagar por él los impuestos
La
dificultad de los diputados para ponerse de acuerdo en decisiones
importantes para el país, quedó superada cuando debatieron si debían recibir los bonos “14 y navideño” sobre el salario base o sobre la totalidad de ingresos que perciben. Como no podía ser de otra forma, optaron por
la cifra mayor, aun contradiciendo prácticas
habituales que se hacen para otros trabajadores en
dicha institución y, de forma general, para quienes tienen ingresos por varios rubros Se puede aceptar la discusión, pero ¿creen que con todo
lo pendiente y el déficit de credibilidad que tiene
el Congreso es momento para hacerlo? ¿Activaron un detonante?
Los
diputados tienen un sueldo base de Q9,550 y sumadas dietas y gastos de representación, totalizan Q29,150. Se puede percibir rápidamente
la conveniencia del ajuste por el total y no
por el sueldo. Sin embargo, si pagan impuestos por todo, no se comprende por qué no consolidan la cantidad indicada y siguen con esos
innecesarios rubros que terminan generando confusión
a la Contraloría, a la ciudadanía y son motivos de crítica
permanente. La solución pasaría por fijar un salario único y pagar por él los
impuestos correspondiente. Sobre
el mismo, se harían los
cálculos posteriores y desaparecerían el resto de fondos, dietas y otros innecesarios agregados que
terminan siendo mal utilizados o son abono para mal uso y corruptela. En todo caso, cualquier aprobación de mejoras salariales o ventajas, debería
tener efecto en la siguiente legislatura, así no serían juez y parte en lo que se decide.
Para
eventos muy puntuales, se podría destinar un fondo centralizado -en junta directiva o en
la dirección del Congreso- para
agua y café en reuniones que puedan tener con visitas y desechar de una vez por
todas comidas en restaurantes,
pago de combustible o camuflar bajo el epígrafe indefinido de “consumos de alimentos” licores y otros espirituosos
que suelen correr en reuniones que podrían hacerse fuera de las horas de comidas, como ocurre en otros trabajos.
Tampoco es de recibo que un diputado -o cualquier funcionario público- cuente con seguro médico
privado pagado por la ciudadanía. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debe ser el único a utilizar -o pagar de sus bolsillos otro
lugar privado- en
consonancia con lo que promulgan y defienden como servicios públicos, y tienen la obligación de verificar, sostener y mejorar su funcionamiento. El
mejor ejemplo de coherencia, es que ellos mismos asistan y se beneficien de esos grandes logros que
normalmente dicen promover.
En
relación con el antejuicio, otro privilegio parcialmente innecesario, cualquier
diputado podría ser investigado si hay sospecha de delito, pero no procesado en tanto en
cuanto un órgano predeterminado por ley lo autorice. El
hecho de ser investigado no merma en absoluto ninguna de sus funciones ni “lo
perturba”, con lo cual se consigue el fin último sin hacer que la investigación
se imposibilite.
Hay que
aterrizar a los diputados -a los funcionarios en
general- y que pongan los pies en el suelo. Hacerlos “más humanos”, más ciudadanos y sufridores -o beneficiarios- de las condiciones
que ellos mismos crean desde el poder, y que de una vez por todas dejen de abusar
de privilegios pagados por ciudadanos que parecieran trabajar para aquellos que les deben servir ¿Qué
es eso de que nos sorprendan con el disfrute de ventajas superiores a los que sostenemos su forma de vida? Un absurdo del que hay que salir. Tenemos el debate servido y la
oportunidad de tomar acciones.
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