Las Cortes, el Congreso y sus pleitos

Las clasificadoras de riesgos nos bajarán la credibilidad, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán

Este rifirrafe entre algunos diputados del Congreso, la CSJ y la CC pareciera tender a la polarización tradicional que permea normalmente la dinámica nacional. “Superada” aquella otra de “CICIG-Si o CICIG-No”, y no contentos con la experiencia desgastante que ocasionó, nos enfrascamos en esta nueva. O quizá, y justamente por lo antes comentado, se genera esta otra; más bien pareciera que no podemos vivir sin estar continuamente polarizados, peleados, enojados o agrediéndonos. En el fondo, lo habitual: la falta de respeto al otro, a las instituciones, a la autoridad y, sobre todo, a las normas.

El debate que veo en redes -cuando no la bronca- se circunscribe a señalar a unos de sinvergüenzas porque atacan a otros -se entiende que estos últimos no lo son- o viceversa. Los menos comprometidos abogan porque todo está hecho un desastre estructural -aunque lo dicen con palabras mucho más contundentes- y así se lavan las manos de la responsabilidad de tomar partido o acción. Una especie de “ponciopilataje” muy usual en el país y consistente en echarle siempre la culpa a otro de no hacer lo que debe o no arreglar el problema, mientras uno se distancia prudentemente y se excluye cómodamente del caos que denuncia.

En esas situaciones, en las que seguramente encontrará razones para llamar sinvergüenzas a ciertos diputados, desgraciados a determinados magistrados e ineptos a otros, lo mejor, en mi opinión, es huir de los personalismos que obligan, necesariamente, a apostar por unos y desechar a otros, haciéndole el juego, justamente, a quienes desean presentar todo como una polarización permanente.

Esta claro que en esas circunstancias -quien sea que tenga razón- las inversiones en el país se verán resentidas porque se proyecta una enorme falta de certeza jurídica, al no conocerse cuándo se nombrarán jueces, cómo se hará y especialmente, quiénes incidirán en el nombramiento. Nadie, con dos dedos de frente, querrá invertir su dinero en este país -necesitado de inversión- porque no existen las condiciones político-jurídicas para que el cálculo económico se sustente en suficiente previsibilidad. Además, tampoco interesa al inversor local que según apueste le puede ir bien o mal y eso no es opción en negocios de largo plazo, aunque si en capitales golondrinas que aprovechan tales situaciones para sacar tajada.

Los principios universales de respeto a las normas, eficacia de la justicia y observancia de contratos y derechos, están, en estos momentos, muy cuestionados en el país y eso tendrá el costo propio de la coyuntura. Las clasificadoras de riesgos bajarán la confianza, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán. Es una pena que quienes ocupan puestos de responsabilidad no se den cuenta del daño que hacen al país, pero es mucho más penoso e irresponsable que quienes hemos elegido a esos representantes nos quedemos callados, pasivos y expectantes de lo que ocurre, mientras destrozan el futuro inmediato y de corto plazo para salvar sus espurios intereses del momento.

Si las Cortes, el Congreso o ciertos diputados delincuentes quieren matarse que lo hagan, pero como ciudadanos responsables debemos apremiar a que se haga la elección de jueces y magistrados conforme dictó la CC y aprobó el Congreso, algo que tenemos pendiente desde hace meses. Lo contrario es apostar por ese río revuelto que termina por darle ganancias a algunos, pero que hunde el país, destruye riqueza y no genera ningún progreso. Dejemos la polarización y pasemos a la acción constructiva y responsable porque es hora de tomarse en serio a Guatemala y dejar de pregonar amor al país o servicio al ciudadano cuando las acciones no reflejan un ápice de coherencia.

Retroceso a los fueros especiales

Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución

Por Acuerdo 22-2020, la Corte Suprema de Justicia designó al juzgado duodécimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala para que conozca, de forma exclusiva, todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, y se constituya como un juzgado especializado ¡Preocupante concesión e innecesario privilegio en tiempos difíciles!

Antes, los tribunales militares juzgaban a los uniformados por razón de la persona y no por el delito que cometían; la evolución hizo que la especialización judicial sea en función del delito y no de los actores. Ahora, un militar que roba no es juzgado por un tribunal militar sino por uno civil y los tribunales militares han quedado reservados para delitos específicos militares o cometidos en tiempo de guerra: deserción, sedición, traición, insulto a superior, etc.

Paralelamente con lo anterior, han aparecido otros tribunales especializados o de jurisdicción privativa: familia, niñez, femicidio o de alto impacto -con los que se podrá o no estar de acuerdo- pero que atienden problemas que se han considerado socialmente importantes: agresiones a mujeres y menores, delitos de narcoactividad y crimen organizado, etc. Es decir, el juzgado/tribunal no se establece en función de la procedencia o cargo de la persona que delinque, sino del hecho cometido, independiente de quien sea aquella.

En el Acuerdo citado, la CSJ acaba de retroceder varios años al considerar que los funcionarios y empleados públicos deben de contar con un juzgado específico para ellos. Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar, además, la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución: “Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales…”, porque entiendo que el espíritu constitucional es que no haya tribunal ad hoc o previamente fijado para personas ni vulnere el principio de juez natural.

Si conoce quiénes -y cómo- eligen a los magistrados de la CSJ -los diputados- y lo une con aquellos que nombran a los jueces -la CSJ- entenderá que es el Congreso el que nombra a los jueces y los diputados estarán tentados, seguramente, de designar al frente de ese juzgado duodécimo a uno que satisfaga sus intereses y sirva para desechar, en primera instancia, cualquier causa en su contra ¡La trampa está hecha! 

Además, quien esté al frente de dicho juzgado -lejos de estar especializado- deberá entender de todos los delitos habidos y por haber, puesto que la persona -funcionario o trabajador publico- puede ser acusada de cualquier cosa -y en cualquier parte del territorio nacional- y únicamente podrá ser jugada ahí ¿Qué ocurrirá? Simple: mora judicial que dificultará la acción por las complicaciones indicadas y otras que surjan.

Parece un despropósito que en momentos en qué se habla de la necesidad urgente de reformar la justicia, porque no está a la altura de la exigencia del ciudadano, la CSJ emita ese Acuerdo al que es difícil darle una lectura más allá de presumir favores a cierto grupo de personas con antejuicio que no desean enfrentar acusaciones y que hacen lo indecible por destruir la poca credibilidad que queda en el sistema de justicia. Agregue al coctel que la Corte de Constitucionalidad ordenó a la CSJ, por cuarta vez, que volviera a emitir una nueva resolución en el proceso de antejuicio al diputado Felipe Alejos. Mezcle todo lo anterior, agite fuertemente, sírvalo frío y bébalo a sorbitos, para darse cuenta de que el sabor no es otro que el amargo de la manipulación de la justicia al servicio de mafiosas élites políticas. Dicho de otra forma: el tradicional manoseo del Estado y la campante corrupción que permitimos siga ahí.

El tiempo que a todos nos faltó

Pendientes de la reforma judicial

En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados

Creo que no hay dudas sobre la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia. No se puede seguir eligiendo jueces en función del interés de grupos ni continuar pactando a quienes poner al frente de los tribunales para que hagan el juego interesado de aquellos que los designan ¡De unos y de otros, no nos engañemos ni nos hagamos los inocentes!

Hace poco, el Presidente lanzó una propuesta que no llegó a definirse, pero que no debe olvidarse. Algunos alegaron que no es momento de discutirla, cómo si hubiese mejor oportunidad que ahora. Otros, se negaron rotundamente a la discusión, lo que denota manifiesto interés por dejar las cosas igual de mal. Y no faltaron quienes aceptaron ciegamente la propuesta sin siquiera saber lo que decía, porque no se presentó formalmente. La pregunta sigue vigente y es urgente responderla: ¿Quiénes y cómo deben elegir jueces y magistrados en el futuro? 

La experiencia de otros países -el estudio comparado- serviría para construir un modelo sobre lo que funciona en aquellos lugares a los que miramos frecuentemente. Una cosa parece clara: hasta Salas de Apelaciones, incluidas, debería ser por promoción interna. Es decir, se oposita para ser juez y con el tiempo y los requisitos que se decidan, se puede llegar a ser magistrado de Sala de Apelaciones, superando los cursos y demostrando la capacidad. En este nivel, se puede abrir la puerta a un grupo pequeño de abogados litigantes o juristas académicos que no pertenezcan a la carrera judicial o, sencillamente, no hacerlo, ambas soluciones están experimentas. 

La Corte Suprema de Justicia debe ser elegida de forma distinta a la promoción interna, y así ocurre en la inmensa mayoría de países. Los políticos deben participar en esa elección si bien hay diferentes maneras de hacerlo. En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados y siempre aprueba o ratifica la designación que pueden hacer otros. Esos magistrados, nombrados o propuestos que ratifica o aprueba el Legislativo, suelen ser designados o sugeridos por el Presidente de la República y por el Organismo Judicial. En definitiva, son tres los poderes que intervienen en la elaboración del listado de aspirantes a la máxima corte del país y, siempre, es el Parlamento el que ratifica o aprueba, siguiendo diferentes procedimientos. Justamente en ese ámbito del debate es donde hay que centrar lo que aquí pueda ocurrir. Otra cosa interesante es que la mayoría de los magistrados nombrados pertenecen a la carrera judicial, y un pequeño cupo, cuando lo hay, son abogados en ejercicio independiente de la profesión. Finalmente el tiempo de permanencia en el cargo suele ser de más de 10 años, e incluso vitalicio, y las sustituciones hechas por partes, no de una vez.

De esta discusión hay que sacar al colegio de abogados y a las universidades, instituciones con cometidos muy diferentes y que se han contaminado por la práctica que representa su participación. Es momento de terminar con ello, al igual que con los grupos de presión que se apersonan en las comisiones de postulación para influir en los nombramientos.

El organismo judicial debe estar al día con la lista de jueces de carrera que cumplen con las condiciones que se determinen y ponerlo a disposición del Ejecutivo y Legislativo -o como se decida- y determinar las condiciones para que los abogados externos a la carrera judicial puedan acceder a esas plazas limitadas. El resto: discusión banal de grupos de presión que no desean realmente un cambio en la justicia, mientras pelean por seguir con “su justicia”.

Eso de los derechos y aquello de los deberes

Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden

En un programa radial salió a la luz que alrededor de 1,200 personas que estaban siendo contratadas para apoyar en temas de salud por el COVID-19, tenían algún problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va desde quienes no estaban de alta, hasta omisos y otros que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la población económicamente activa en la informalidad, no es de extrañar ese número de despreocupados.

Fui inmediatamente a Google y me sorprendí al ver que la palabra “derechos” tiene 1,500 millones de posibles entradas, frente a los 30.3 y 64 millones respectivamente de las palabras “deberes” y “obligaciones”; el 6.3% -entre las dos- respecto de los derechos. En la constitución política y la proporción es similar, y se encuentra 75 veces “derechos” y 13 entre las otras dos opciones, lo que representa un 17,3%. Por último, y con la idea de sacar alguna conclusión que explicara aquel elevado número de personas dispuestas a ser contratadas sin haber cumplido sus obligaciones impositivas, observé que hay entradas que enlistan los instrumentos internacionales de los derechos humanos pero ninguna que recoja la relación de deberes y obligaciones.

Y es que hasta la Convención americana de los derechos y deberes del hombre -ese es el nombre- mantiene ese distanciamiento entre unos y otros, y coloca los derechos primero, aunque alfabética y lógicamente deberían estar después de los deberes ¿Qué nos ha pasado? Fácil: hemos sido educados en la exigencia, pero no en la responsabilidad; en pedir, antes que en dar; en exigir, previamente a cumplir. Kennedy lo dijo así: “No te preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país” 

Si tiene hijos comprobará que desde corta edad les enseñan “sus derechos”, algo que está bien y es oportuno, pero hasta más tarde, o quizá nunca, se les habla de obligaciones y deberes. De esa cuenta, no son de extrañar las voces que se escuchan -así fueron educados- reclamando derechos que la constitución y otros tratados otorgan, sin advertir que no pueden darse antes de haber cumplido las obligaciones correspondientes. No puede exigir educación, salud, carreteras o respeto a su propiedad si previamente no ha asumido y pagado el costo que representa todo eso, y que va desde un sistema judicial ante el que acudir, hasta la creación, si es menester, de la infraestructura necesaria. Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden, aunque se enseñe a la inversa cuando no se evada hablar de responsabilidades.

Un alto porcentaje de la población mundial sabe reclamar desde que tiene uso de razón, pero difícilmente entiende que hay que ser corresponsable en el pago impositivo o que la contribución tiene que ser pareja, proporcional o escalonada, pero debe ser, y no vivir a costillas de otros bajo ese paraguas universal y prefabricado de los “derechos”. Hay un PDH, pero falta el POH -el procurador de las obligaciones humanas- mismo que le recordaría que si no está de alta en la SAT -es decir no cumple con la ley- no puede utilizar servicios públicos que son pagados por otros.

No conozco a nadie que se olvide de cobrar a fin de mes, así que en justa correspondencia todos deberían saber que hay que estar inscrito en la SAT y pagar -o no- en función de sus ingresos, pero no hacerse el loco y salir a exigir alegre e irresponsablemente, lo que en Derecho no le corresponde.

La ley como sugerencia

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen

Nos hemos acostumbrado a tomar como sugerencia, y no obligado cumplimiento, las leyes que deberíamos de acatar. La mayoría, como mucho, tiende a observarla en la medida que no le cause algún incomodo, por mínimo que sea. Nos detenemos en los semáforos si lo consideramos oportuno, de lo contrario los saltamos. Vamos a la parada del bus siempre que no haya una esquina que resulte más cómoda y así no aguantar a otros. Las filas se guardan hasta que un cuate de cola y permita saltar a quienes, con educación y civismo, llevan tiempo esperando. Las multas de tráfico no se pagan porque siempre es “injusta” y, en unos meses, el alcalde ofrecerá rebajas que aconseja esperar, o simplemente se deja de pagar porque no pasa nada. Una sociedad que no cumple las normas que se receta vive en un permanente engaño, y privilegia a los más vivos.

Esta pandemia ha revelado un aspecto más de nuestra vida, en este caso referido a la ley. Varias localidades han decidido que no hay que respetar la orden presidencial de cierre o apertura a horas fijadas y, en cierto lugar, el alcalde tuvo que subirse al techo de una vivienda para no ser agredido por vecinos que decidieron no observar el toque de queda. Así, a puro huevo. Muchos de esos territorios, que hacen su vida fuera del respeto ajeno, no cuentan con estación de policía porque hace años los vecinos prendieron fuego a las instalaciones. Seguramente cuando se enfermen o se cometan delitos, habrá manifestaciones pidiendo a gritos que el Estado les garantice el derecho a la salud y a la seguridad que preconiza la constitución ¡Que no queden los derechos sin exigirse, aunque las responsabilidades haya que buscarlas bajo las piedras! No se por qué cuesta tanto entender que vivir en sociedad con garantías de éxito, solo es factible si se observan las leyes que nos damos.

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen. Los gremios se han dedicado a buscar, frente a otros, preeminencias para sus grupos y obtener ventajas en cualquier norma que se promulgue. El antejuicio, las sirenas y luces de paso prioritario, las salas VIP en los aeropuertos, las escoltas oficiales, la seguridad proporcionada por la PNC, el pasaporte diplomático, las filas especiales para gente “especial”, los asientos reservados en eventos, el seguro privado cuando se trabaja en lo público, eso de “usted no sabe quien soy” que permite manejar borracho en horas prohibidas para circular o portar armas sin licencia, parquear en línea roja con placa diplomática, la exención impositiva, el inicio de los actos y eventos hasta que llegue la autoridad y un largo etcétera, configuran ese polígono en el que buscamos encerrarnos para disfrutar de ventajas que nos diferencian del resto. En el fondo, lo que muchos gustan.

Las crisis desnudan los sistemas y en esta se ha visto lo precario de la salud, la educación, la economía y la observancia normativa. No hay que legislar mucho, pero lo que se norma es para cumplirlo, porque de lo contrario se crea una cultura de irrespeto que muta la vida en sociedad a una de selva en la que la ley del más oportuno prima, incluso por encima de la del más fuerte.

Quizá, pasados estos momentos, tomemos en cuenta el desmantelado sistema social después de 200 años de independencia y 35 de democracia y, cuando superemos el trauma o la vergüenza de aceptar que no hemos hecho mucho, emprendamos un camino distinto, aunque honestamente lo dudo mucho.

La vida no cambia por casualidad

El 9/11 fue uno de esos puntos de inflexión, el SIDA otro y el COVID-19 será el tercero de muchos cambios

Hace tiempo, durante una reunión en Washington, alguien me dijo que nuestra generación se había adaptado a más cambios que ninguna otra en la historia de la humanidad. Me pareció un tanto exagerado en aquel entonces, pero, en la medida que he reflexionado, he encontrado acertada la afirmación.

Llevaba razón aquel personaje que, como yo, no tuvo teléfono ni televisión en casa hasta la adolescencia o, de joven, vio en directo como el hombre ponía el pie en la luna. Más tarde, aparecieron los relojes digitales con números rojos y con ellos encandilamos a nuestros progenitores que giraban la corona para darle cuerda a los suyos. Nos distraíamos con una radio de transistores y, los más pudientes, con un tocadiscos en el que había que seleccionar 45 o 33 rpm para que sonarán los vinilos que, cuando se rayaban, mantenían por varios segundos un repetitivo son que cambiábamos con un manotazo a la estructura del cacharro. Luego, llegó el video -que nunca mato a la estrella de la radio- y el radiocasete que promovió una habilidad sorprendente para rebobinar cintas con un lapicero o recomponerlas cuando se atoraban. Después el CD, el discman, el celular, el IPod, …. 

Casi con treinta años, disfrutamos de las máquinas de escribir eléctricas y luego de las computadoras, aunque las primeras había que programarlas -Spectrum y luego Commodore- y servían poco más que para escribir textos y jugar. Y así surgieron los distintos programas, sistemas operativos, teléfonos portátiles, juegos virtuales, teléfonos inteligentes y toda la tecnología disponibles que hace que el Waze nos lleve a cualquier parte sin pensar, el Zoom nos una en la distancia o podamos transferir dinero de un lugar a otro con una aplicación a la que ingresas por medio de identificación facial.

Llevaba razón aquel paraguayo en su afirmación. Nos hemos ido adaptando a la tecnología y a los inventos surgidos y hemos hecho el mayor esfuerzo en la historia de la humanidad. No todos, algunos se quedaron en el camino y el teléfono inteligente es demasiado para ellos o incluso el Power Point. Recuerdo a un compañero de trabajo que, con un lápiz de aquellos con el borrador en uno de sus extremos, decía siempre con sorna: este es mi WordPerfect -refiriéndose al programa de computación más popular utilizado en la época- y señalaba la mina del lápiz cuando decía “Word” y el borrador al referirse a “Perfect”. Definitivamente se quedó con el lapicero; el computador nunca fue su fuerte.

También nos hemos adaptado a otras cosas: modas en el vestir, carros con aíre acondicionado o que parquean solos, formas de vivir, etc., como consecuencia de hechos o cambios en el tiempo. El 9/11 fue uno de esos puntos de inflexión, el SIDA otro y el COVID-19 será el tercero de muchos cambios. El primero, modificó el tema de la seguridad; el segundo la relaciones sexuales y el tercero, seguramente, incidirá en las relación personales y en las medidas de higiene, entre otras cosas.

No hay nada permanente excepto el cambio. Creo que mi generación -como otras- ha tenido que adaptarse y pasar de una mente no tecnológica, producto de nuestro tiempo y de la educación recibida, a otra capaz de utilizar y entender nuevas herramientas y situaciones, aunque sin alcanzar esas condiciones que tienen nuestros hijos y no digamos nietos.

En todo caso lo hicimos y demostramos que eres tan joven como la última vez que cambiaste tu mente y somos un ejemplo para los cambios que se vienen y deberemos enfrentar, porque el cambio no solo es probable, es inevitable.

En trapos de cucaracha

El problema que no es mío, simplemente no existe. La desnutrición y la violencia infantil es el mejor ejemplo.

Las organizaciones se ponen a prueba en momentos difíciles. El Estado, como organización político-social, muestra realmente para qué sirve y qué tan eficaz es justamente cuando la ciudadanía requiere de las instituciones que lo integran. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, los modelos de organización política no han estado a la altura de las exigencias y necesidades durante esta pandemia. En naciones en vías de desarrollo, la debacle está siendo mucho mayor, como también los desengaños.

Después de más de tres décadas de democracia, no hemos sido capaces de conformar instituciones mínimamente útiles. Exigimos al gobernante que no colapse la sanidad, que funcionen las escuelas, que la ayuda social llegue pronta y en cantidad y que la policía sea eficiente, entre otras cosas. Apenas hace un año, teníamos -y consentíamos- el peor gobierno de la historia nacional, y años atrás otros muy cerca en puntaje. Cuando tuvimos que hacer ciertas tareas: implementar una ley de servicio civil, modificar la ley electoral, cambiar la ley de compras, mejorar la elección de jueces o impedir que ciertos sindicatos se lleven cualquier aumento presupuestario, callamos, agachamos la cabeza y nos importó un bledo, en tanto en cuanto el problema no fuera “con nosotros”, y hasta vitoreamos a delincuentes para que llegaran a la presidencia. Quienes estábamos seguros, refugiados en condominios amurallados o viajábamos en vehículo propio, la inseguridad apenas nos importaba; los que disponían de seguro médico privado -políticos y magistrados incluidos- les venía del norte el IGSS, si los hospitales públicos tenían recursos o qué hacían con ellos; pagar un colegio privado impedía ver el estado de las escuelas o la desfachatez en reclamos económicos del sindicato magisterial, y tener una casa propia hacía invisibles a quienes apenas cuentan con cuatro muros y un techo de lámina. En otras palabras: el problema que no es mío, simplemente no existe. La desnutrición y la violencia infantil es el mejor ejemplo.

Los políticos no son diferentes. Disponen de carro, teléfono, secretaria, asesores, antejuicio y seguros pagados con impuestos, así que no tocan esos privilegios ni cambian lo que les funciona. Mantenemos una especie de equilibrio repugnante mientras, bajo nuestros pies, decenas de personas son asesinadas, violadas o mueren por desnutrición diariamente. La pandemia ha equilibrado la balanza -espero que lo suficiente- y ahora nos quejarnos de casi todo, porque nos afecta.

Padecemos las consecuencias de no habernos preocupado de que los funcionarios sean los mejores y no cuates de quienes llegan al poder, que los maestros tengan capacidad y medios para impartir clases virtuales y no dejen a nuestros hijos encerrados sin alternativas o que los hospitales públicos cuenten con un espacio por si tengo que ingresar, o me llevan sin permiso. Observamos como el 70% de la población está en la informalidad -no tributa plenamente- y es imposible de identificar. No sabemos quienes son porque prefirieron estar fuera de la legalidad y ser anónimos ciudadanos, imposibles de detectar y ayudar. Vemos el peligro de cerca, cosa que antes ignorábamos, aunque a poquito que hubiésemos prestado atención, nos habríamos dado cuenta, pero ¡para qué perder el tiempo! 

Tenemos un Estado mal organizado y, consecuentemente, inoperativo e incapaz. No es siempre culpa de los políticos, como solemos acusar para limpiar nuestra conciencia, sino de una sociedad indolente que no ha estado dispuesta a poner sobre la mesa voluntad, tesón, coraje, decisión, sacrificio, decencia y muchos bemoles ¡Estamos como estamos -en trapos de cucaracha-, porque somos como somos!, y tenemos poco remedio y mala solución, así que dejemos las autoalabanzas y seamos realistas por una vez.

Medios de comunicación y financiamiento

Lo que un medio nunca debe hacer es amarrar su editorial o discusión a las exigencias de quienes se publicitan en él

De vez en cuando se dejan ver campañas de desprestigio contra quienes ejercemos el periodismo o gestionamos medios de comunicación. Los señalamientos pretenden una única cosa: limitar o anular la libertad de expresión y utilizan el miedo, el insulto, la descalificación, el montaje de imágenes o abiertas falsedades. Personajes anónimos o visibles, multiplican intencionadamente en redes ciertos rumores o lo hacen sin analizarlos y comprobar la veracidad de aquellos. No deja de ser la adaptación al siglo XXI de aquel grito medieval de “a la hoguera” o “que lo quemen”, producto de un linchamiento moral interesadamente promovido  utilizando la ignorancia y el analfabetismo digital de muchos.

Detrás de esas campañas suele haber políticos inescrupulosos que no quieren que sus barrabasadas sean publicadas o delincuentes de cuello blanco que pretenden amedrentar, y utilizan parte del dinero robado para promover este tipo de acciones a través de barriobajeros y mareros de redes, cada vez más conocidos. En el fondo, cuestionan, errónea y manipuladoramente, que cuando en un medio se difunde cierta publicidad está necesariamente condicionado por ello, y se limita en comentarios negativos hacia quienes se anuncian. Aquellos que contemplan el dinero pagado en publicidad como un demonio, desprecian a una audiencia mayoritaria y fiel que es capaz de determinar si aquel observa principios y valores deontológicos que lo hacen fiable, al margen de acusaciones interesadas o puntuales de quienes desean desprestigiarlo por intereses ocultos. No obstante, ponen sobre la mesa un debate válido, tal cual es cómo deben financiarse los medios de comunicación, pero desde un punto de vista manipulador y coercitivo.

Un medio -casi todos- es un modelo de negocio que se alimenta de sus anunciantes. Por tanto, sin publicidad, no hay medios financiados por clientes y queda únicamente otro modelo: el financiado por una o varias entidades o personas. Este último caso incluye aquellos medios -hoy desaparecidos- que creo en su momento Baldizón, con el fin de denigrar a quien se le atravesaba y contar con un sistema para mentir a discreción e ingresar dinero público si llegaba al poder.

Lo que un medio nunca debe hacer es amarrar su editorial o discusión a las exigencias de quienes se publicitan en él o son sus financistas. Esta independencia, y no otra, es la clave de la credibilidad, a la que se une la pluralidad y la transparencia. No se puede negar que haya personas o publicaciones que difunden aquello que decide quien paga, tal cual hay abogados de “único cliente” adscrito al crimen organizado o al narcotráfico. Es más, hay quienes pagan para que justamente se publique lo que ellos desean, sin contraste, análisis ni búsqueda de la verdad, y eso es lo condenable. Quienes orquestan campaña de desprestigio actúan exactamente como pretenden señalar de quienes critican. Son pagados para poner falsedades, medias verdades o montajes, y suelen acusar a los señalados de “faferos”, acción que justamente ellos realizan, desde el anonimato o perfiles falsos creados expresamente para tal fin.

Vivimos en tiempos de tecnología y prisa en los que muchos creen que todo lo que se publica es cierto y ceden su razón y criterio, sin advertir -aunque con poco esfuerzo pueden hacerlo- que son utilizados, manipulados e incorporados a un circulo vicioso. Las redes nos exigen ser más cautos y estar mucho mejor informados, justamente para salvaguardarnos de quienes pretenden confundir. Si quiere ser libre y aportar al debate, promueva medios creíbles y confiables, y cuestione o rechace fuentes anónimas, desconocidas y no identificadas. De lo contrario, estará siendo cómplice de oscuras intenciones o lo estarán utilizando.

Liberalismo en tiempo de crisis

No hay leyes que puedan aplicarse cuando no existe nada que repartir, y lo único válido es el acuerdo voluntario

Cuando la pandemia que sufrimos tomó dimensiones catastróficas, se alzaron voces de alabanza a los Estados interventores que habían consolidado un sistema público de salud. Pero, a medida que la enfermedad avanzó, la mayor parte de aquellos países fueron superados en sus capacidades. Otros, mucho más débiles en intervención estatal -en Centroamérica hay ejemplos- resultaron más exitosos en controlar la enfermedad, y entonces se acallaron las voces que promovían la necesidad de un Estado más grande para hacer frente a situaciones de crisis.

En lo que respecta a cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, también se ha vivido un interesante debate en la Unión Europea sobre la millonaria inversión que quieren hacer algunos países manirrotos para reactivar la economía -España, Italia y Portugal- frente a la mesura de otros -Alemania y Países Bajos-. Estos últimos -endeudados en torno al 50% de su PIB- reclaman a aquellos otros -cuya deuda pública supera el 100% del PIB- que si hubiesen ahorrado y no gastado alegremente, no estarían ahora en situación financiera tan delicada. El ahorro y el gasto público contenido se muestran esenciales, y las formas de acumular capital para invertir y enfrentar situaciones de crisis.

En lo que respecta al trabajo, también los principios liberales ofrecen una lección. Muchos gobiernos han intentado -nada exitosamente, por cierto- normar la regulación del empleo, sin advertir que la producción está detenida. La única solución posible ha sido el común acuerdo entre trabajadores y empresarios para hacer frente a la compleja situación. No hay leyes que puedan aplicarse cuando no existe nada que repartir, y lo único válido es el acuerdo voluntario entre las partes con las mejores condiciones posibles para ambas, en función del escenario de cada empresa. Es decir: el libre contrato y arreglo entre trabajador y empresario, y no el corsé de la legislación laboral o la fijación salarial por ley.

Otra cuestión evidenciada es que la riqueza no es una suma cero, como muchos equivocadamente piensan, y que se puede perseguir crearla con ahínco y no repartir la existente. Muchas empresas han creado nuevos puestos de trabajo y otras, con servicios a domicilio o expendeduría de productos por internet -Amazon es un ejemplo-, han creado puestos de trabajo, promovido nuevas dinámicas o potenciado las que tenían. Tiendas de venta de ciertos productos, han cambiado sus anaqueles por otros de primera necesidad, al fin y al cabo lo que se demandaba, y no han dejado de tener actividad económica. El teletrabajo, como una forma nueva o más extendida de producir, ha sido otra realidad durante esta pandemia. El empleo a tiempo parcial y desde casa, tan desestimado por sindicalistas tradicionales o ideologías intervencionistas, ha encontrado un espacio de desarrollo sin oposición de nadie, sobre todo ahora que se ha entendido mejor que una empresa no está compuesta de malvados empresarios y sumisos trabajadores, sino de un grupo de personas cuyo objetivo es el crecimiento económico y personal a través del desarrollo eficiente de una determinada actividad. Finalmente, la creatividad y la tecnología -zoom, por ejemplo- han permitido generar riqueza y nuevas formas de interacción y de modelo de negocio.

Una lección de vida sobre principios liberales que demuestran que la capacidad individual, el ahorro, la creación de riqueza, el libre contrato entre las partes y la menor intervención estatal son pilares fundamentes en tiempos de crisis y, por extensión, en cualquier situación. Momentos para aprender de esta pandemia y promover la responsabilidad individual y no tanto el caudillismo, la intervención estatal o el asistencialismo permanente. Y es que falta mucha más fe en el ser humano libre y responsable.