Positivismo dialéctico

La confusión esta clarísima (Camus) 

Al igual que con el positivismo jurídico -normas emitidas desde la soberbia legisladora aunque no provengan de las tradicionales fuentes del Derecho-, hay un vector estratégico similar y en desarrollo asociado al lenguaje con la intención de confundir interesadamente al espectador: el positivismo dialectico. Las habituales, a pesar de escribir, impartir clases o contar con carreras o gustos afines a la literatura -según dicen-, promueven vocablos cuyo fin no es otro que desconcertar. Hablan de “criminalizar la protesta”, evitando pronunciar palabras que señalan actos delincuenciales incluidos en el código penal: secuestro, destrucción de bienes, agresiones, etc., y que son llevados a cabo por personas o grupos afines a ellas -o su ideología- y, con absoluto descaro, los presentan como situaciones de normalidad endilgando además la culpabilidad, con el uso interesado del lenguaje, a quienes denuncian tales hechos delictivos. Un fino ejercicio de desfachatez.

Otro modismo artificial es aquel de la “retención”, utilizado no hace mucho haciendo referencia a algunos soldados que fueron “retenidos” en Huehuetenango. No le encuentro a la palabrita -en el DRAE- mas acepción para las personas que: imponer prisión preventiva, arrestar. El uso del vocablo sustituye a otros dos que serían más apropiados según la situación y que implicarían responsabilidad penal de los autores. Las positivistas dialécticas aplican, incorrecta pero interesadamente, dicho concepto a quienes son detenidos o secuestros por grupos o personas, pretendiendo evitar la correspondiente sanción  y presentándolos como actos “normales” y ausentes de condena. Parto forzado de ciertas activistas que es reproducido por los medios, y en las redes, y embaucan al ciudadano. Un último ejemplo -aunque hay más- se refiere a la “ocupación pacífica” de fincas privadas. La realidad muestra que se trata de una invasión de propiedad ajena, algo castigado pero que con aquel suavizante termina por lavar y aclarar el resultado que percibe el receptor, quien en muchas ocasiones se deja llevar por la pasión en lugar de meditar sobre un significado que no comprende. Oímos diariamente decenas de cosas que no comprendemos sin preguntarnos de qué se trata, siguiendo nuestro camino sin más trascendencia.

Que el lenguaje es algo vivo y cambiante es una realidad indiscutible. El problema es cuando desde tribunas privilegiadas imponen formas o léxicos que desvían intencionadamente la atención y para nada responden a dinámicas naturales del ser humano en la búsqueda por definir o nombrar cosas nuevas o emergentes. Esas sutilezas enmascaran realidades que no pueden redefinirse porque modifican su esencia, aunque pretendan camuflarlas para reducirle el grado violatorio de normas y reglas de dichas actitudes. Los medios, como las personas que generan opinión publica, deben designar los sucesos o situaciones por el nombre correcto que los describe y no emplear difusores de responsabilidad, especialmente cuando aquella es delictiva y tiene una grave incidencia en la comunidad. No se debe seguir el juego de crear confusión ¡Ahí esta el reto! Habría que ver que entienden esas literatas positivistas por “justicia” o “reconciliación” para determinar cuál es el objetivo final del uso “particular” de esos otros vocablos. El problema no es que ellas lo utilicen, mas bien que la ciudadanía no perciba estas cuestiones y siga el juego que conduce a un debate sin códigos. Hay que emplear adecuadamente los conceptos; los criminales o violentos no tienen porqué designarse de ninguna otra forma.

Nacionalizadores de energía

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” 

Determinadas organizaciones -de esas que viven del cuento, de la violencia y del dinero de otros- reclaman la nacionalización de la energía. Argumentan, falsamente, defender al consumidor y la carestía del servicio, como base que sustenta tal “exigencia”. Silencian que la nacionalización ya funcionó en el pasado y que precisamente la privatización fue la solución a la ineficiente gestión estatal. Saben perfectamente que si la nacionalizan será más fácil robarla que hasta ahora. Cuando se gestiona por la iniciativa privada, los violentos son llevados a los tribunales y se les exige cumplir con la ley -no siempre- de ahí las “protestas sociales” amañadas. En el caso más extremo se les corta el suministro por falta de pago. En cambio, si se nacionalizara el interlocutor sería el Estado o la Municipalidad, es decir el cuate corrupto -como ellos- que haría la vista gorda y el desfalco saldría de los impuestos de ciudadanos honrados que son quienes financian a eso “empresarios” del robo. La exigencia, por tanto, no es ilusión de bruto, sino estrategia de corrupto.

Las empresas estatales son un botín en todas partes del mundo; aquí, quizá, mucho más evidente. Proveen fondos para pagar favores políticos y el enriquecimiento ilícito de quienes hacen el trabajo sucio de mover masas, agitar comunidades, financiar o apoyar bajo la mesa, etc. La privatización fomenta la competencia y promueve reglas y normas jurídicas que sirven para reclamar las irregularidades que se observen, razón por la que esos grupillos de violentos ladrones prefieren dialogar con sus pares de la administración publica, en lugar de con empresarios o jueces. No es admisible por más tiempo el robo que determinadas organizaciones hacen de la energía eléctrica, pero también mediante la ocupación de fincas, los reclamos de “propiedades comunales”, la minería, las hidroeléctricas, etc. El negoción Pérez -nunca mejor dicho- consiste en terminar pactando una cuota de poder que permita engrosar las arcas de esos movimientos extorsionistas o libere de culpa a los criminales. De esa guisa determinados grupos terminan el año fiscal con millones en sus arcas -libres de impuestos- que reparten entre la dirigencia, la misma que junto con opinadores afines, reclaman en otros trasparencia y cuentas claras de las que, por cierto, ellos están exentos por ser ONG,s, no sujetas a fiscalización.

Padecemos momentos de extorsión, de ahí la virulencia de esos provocados e interesados conflictos. Tratan de sobrevivir en un mundo de hampa y de crimen organizado que promueven desde la sombra, aunque dicen querer evitar. Acusan a quien se le pone enfrente o gastan tiempo y dinero en lanzar basura por doquier. Viven de eso, porque a poco que investigue se comprueba que todos ellos no se les conoce tarea productiva alguna que no sea “la defensa de los derechos humanos” o la “actividad social” suerte de prestezas que requieren de dinero de otros para continuar “con la lucha indígena y campesina”. Fueron criminales en el pasado y lo siguen siendo en el presente, aunque más sofisticados. Pretenden culpar a otros pero en el fondo son delincuentes que practican la extorsión, el secuestro, el anonimato y el robo. Esto de que el conflicto duró 36 años es un entelequia. Sigue, a pesar nuestro, con el beneplácito de quienes nunca supieron hacer nada útil ni productivo, dedicaron su frustrada vida al pillaje y ahora, a la vejez, alienta a nuevas generaciones a prolongar por mas tiempo el  constatado fracaso.

¡Digan lo que digan!

“Nadie puede aterrorizar a una nación, a menos que todos seamos sus cómplices” 

Las habituales -y otros agregados- siguen empleando ese simbolismo tramoyista, falaz y desalineado de “criminalización de la protesta social”, para describir actuaciones de delincuentes, bandidos, malhechores y terroristas -encapuchados y armados- que impunemente actúan en algunas zonas del país. Callaron -y con su silencio permitieron y sostuvieron- el linchamiento de un especialista y de un oficial; ocultaron y manipularon el cobarde asesinato de otro soldado y alientan desde tribunas mediáticas -junto con religiosos católicos-, actuaciones justificativas de pillaje y brutalidad. En la más reciente -San Mateo Ixtatán- decenas de encapuchados, acarreados de otras comunidades e incitados por personajes perfectamente identificados -así como sus vehículos-, balearon a personas y quemaron, saquearon, robaron y destruyeron un campamento y el material que en el mismo se almacenaba. Antes, con absoluta impunidad, cortaron caminos y se pasearon por las calles de la localidad amenazando a gritos a sus habitantes y forzándolos a colaborar bajo amenazas contra su vida o patrimonio.

El MP tardó más de 48 horas en llegar al lugar y evaluará una escena totalmente contaminada que conducirá al tradicional callejón sin salida, mismo que tomaron en otras situaciones en las que no ejecutaron las ordenes de captura e incluso destituyeron a fiscales a cargo, sustentando y promoviendo la impunidad. En el proceso de eleccionario pasado habría que identificar quiénes alaban la labor de la actual Fiscal General (y sus secuaces), dónde están las acciones legales contra esos terroristas y cuál es el resultado de las decenas de denuncias presentadas. Sin embargo, no habrá respuesta porque esas organizaciones y personajes son ideológicamente afines a muchos de los integrantes de la cúpula del MP o de las organizaciones que lo apoyan -ONU y CICIG incluidas- ¿Será la connivencia la razón de no desear el cambio?

¡La ley, es la ley!, y debe cumplirse. Cuando la ley está mal, se cambia previa discusión y propuestas en el seno de las instituciones existentes para ello; si las instituciones tampoco sirven, se discute y se sustituyen por otras. Sin embargo, los últimos gobiernos (este incluido) han acostumbrado a la ciudadanía a no cumplir la ley sino a evitarla o vulnerarla. Además, si se hace por turba enardecida -bajo paraguas de “protesta social”-, desde la sociedad civil o con apoyo de ONG,s o gobiernos extranjeros, mucho mejor. Falta la autoridad necesaria para decir ¡basta!, y apostar por un gobierno de leyes y no de personas, menos de presión. Esta es la antesala de un futuro con predominio de la “ley del más fuerte” y el mensaje que se envía es ¡defiéndanse como puedan!, algo rápidamente entendible.

En estos casos -como en otros- la CICIG -igual que el MP- está ausente, a pesar de que esos delincuentes conforman cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que inciden en la estructuras del Estado ¡Más claro imposible!, pero enfrentarlos supondría plantarse a las “defensoras  de derechos humanos” o “criminalizar la protesta”, quebrando la fidelidad ideológico-grupal. Aquí hay una guerra desatada de quienes únicamente saben vivir de ella. Son violentos, apoyados por fanáticos y enfrentados por pusilánimes políticos que ven en “la negociación” la manera de lavarse sus pilatescas manos, mientras arruinan el país. No son pacíficos, comunitarios ni indígenas ¡Dejémonos ya de cuentos! No más medias tintas en el discurso ¡Son criminales terroristas! igual que quienes los apoyan y alientan.

El bumerán

El que escupe para arriba, en la cara le cae (refrán) 

Comentarios diversos se generaron tras conocerse la lista de seleccionados para Fiscal General por la comisión postuladora. Dos sobresalen en el ranking. Uno, pone en duda la credibilidad o el trabajo de la comisión. Otro, cuestiona que la actual Fiscal General no figure en la lista. A la mayoría de la sesiones públicas no asistieron personas que ahora opinan con cierta autoridad y uso interesado de vocablos o acusaciones sin pruebas. De haber estado presentes,             quizá modularían sus reflexiones sustentadas más en rumores o interés mediático-ideológico que en razones fundadas, producto de la observación y vivencia directa de esas sesiones abiertas. Señalan a los comisionados por no haber incluido -que no excluido- a la candidata Paz, argumentando que tenía mayor puntuación. Olvidan que idéntico motivo podría utilizarse para otros candidatos tampoco incluidos, aunque únicamente centran la atención en ella ¡Así llegó, sin embargo, a su puesto en 2010, no siendo la mejor calificada ni contando con experiencia penal! ¿Serán juicios racionales y estándares o intereses personales o grupales? ¡Duda más que razonable!

Seguramente algunos comisionados recibieran instrucciones sobre cómo votar, algo incorrecto e inmoral ¡Allá ellos con su conciencia! Probablemente otros fueron presionados -“de aquí y de allí”- pero a muchos ni siquiera se les acercaron porque hubieran denunciado el hecho. Todavía hay, afortunadamente, valientes que no se prostituyen ni lo permiten. Del proceso me llama la atención dos cosas: la ausencia de un decano el día de la votación, algo anormal, a pesar de contar con certificado médico -libertad de cada quien y consecuente responsabilidad-; y -mucho más trascendente- que la actual Fiscal cuente únicamente con cuatro votos de los trece posible. Se puede pensar que todos los comisionados son corruptos y estaban manipulados, “argumento” que algunos sostienen sin pruebas y abiertamente manifiestan con el hígado o es preciso admitir que la postulante Paz no es vista por la mayoría de profesionales como esa funcionaria independiente, eficiente y “única”, que ciertos colectivos se esforzaron en mostrar.

La ley de rendimientos decrecientes puede explicarlo. Si abona su grama crece; si la vuelve a abonar, sigue creciendo; pero si continua abonándola termina por quemarse y muere. Eso fue lo que pudo pasar con doña Claudia: homenajes, condecoraciones varias, apoyo explícito e inusual de embajadas, panfletos exaltándola, exitosas estadísticas manipuladas, manifestaciones de apoyo… y, ¡zas!, terminó por saturar la mente y el corazón de muchos. Además -y no hay que ocultarlo, aunque se pretende- señalamientos graves que han sido callado o insuficientemente explicados en prensa y que algún comisionado quería apachar a toda costa (i.e. caso colegio alemán, donde tiene intereses y cuyo gobierno la condecoró).

No todos los comisionados están corrompidos. No todo es podredumbre, aunque desde fuera se señalan cosas más por interés que con razón. Muchos dicen que esto es “un atentado a la justicia y al Derecho”. Hablan -¡claro!- desde su concepción personal, sin analizar normas ni atender reglas del juego que ellos mismos permitieron y apoyaron. Lanzaron el bumerang y volvió a romperles la nariz. Seguirán quejándose de lo malos que son (los otros); de lo enferma que está la justicia (cuando no les favorece); de la corrupción imperante (sin sentirse parte de ella), y de lo polarizado del país (sin advertir que lo dicen desde una esquina) ¡Quieren “justicia”, pero ajustada a sus ideologizados intereses! 

Día del trabajo

El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer (Wilde) 

Me sigue llamando la atención que se conmemore el día mundial del trabajo no trabajando. Desde el Génesis el trabajo se convierte en maldición necesaria para acceder a la alimentación, con aquella sentencia de: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Es el punto de quiebre -muy cercano a la “creación” del hombre- en el que la vida placentera se trastoca en suplicio: “con penosos trabajos comerás de ella [de la tierra] todos los días de tu vida”. Aquel inicio posibilitó, seguramente, otras expresiones posteriores, como la del “tiempo libre”, referida al periodo en que una persona no trabaja y, consecuentemente es “libre”. Pareciera  presuponerse que el trabajador es esclavo de lo que hace, razón por la que hay que contar con periodos de tiempo para hacer lo que a cada quien le gusta.

En todos los países se llega a una edad oficial de jubilación -derivada de júbilo- que representa el momento en que se deja de trabajar y comienza a “disfrutar” los años que puedan quedar de vida. En ocasiones muy pocos, para quienes, felices con lo que hacían, tienen necesariamente -y por ley- que abandonar su trabajo y dedicarse a ver cómo llenan el “tiempo libre”. El trabajo se visualiza y posiciona como una pena, un castigo que hay que pagar y soportar por el hecho de ser humano, y al que hay que abocarse para poder mantenerse. Nada más lejos de la realidad. Quien trabaja en lo que le gusta es capaz de dedicar jornadas completas sin inmutarse ni cansarse, y no precisamente por dinero. Muchos deportistas, por ejemplo, practican/juegan por horas o días mientras disfrutan de lo que hacen. En todas las profesiones hay personas felices con aquello que desempeñan y el trabajo no es una maldición ni un suplicio, sino una actuación natural que permite realizarse y disfrutar.

No se puede continuar lanzando el mensaje de la maldición del trabajo. Muchos jóvenes ven el acceso al mercado laboral como una necesidad, una condición sin la cual no se puede ingresar en una sociedad formal, y en lugar de hacer aquello que les gusta y apetece -por lo que seguramente se harían más rico y serían más felices y exitosos- buscan la necesaria complacencia social, y formal. Tampoco habría que prescindir de las personas que desean continuar con su vida laboral después de cierta edad, en tanto les acompañen las condiciones adecuadas para desempeñar la labor que hacen. Se desaprovecha un capital humano porque “la ley” decidió que se tiene que marchar al cumplir la edad -arbitrariamente determinada- de retiro. Debe de apartarse de lo que le gusta y hacerse a un lado para “disfrutar” la vejez, sin que nadie le haya preguntado si quiere continuar con su actividad o replegarse a un rincón de su casa en busca de qué hacer o cómo llenar ese tiempo que ahora le sobra. La expresión -más gringa que latina- de “gracias a Dios, es viernes”, agrega una guinda a estos comentarios.

¡Yo soy muy feliz con lo que hago! No me agota, no me aburre ni me cansa, y el tiempo da para mucho más porque gozo lo que hago. Quien se contraríe o crea que es castigado, medite cuál es la razón de no hacer lo que desea. Es normal que mucho frustrado loquee en este día o se manifieste con jolgorio por los “logros laborales” ¿Será que ese es su trabajo. El de no hacer nada?

De munis y maras

 "La buena ocasión, propicia al ladrón"

En estas fechas y otros momentos vacacionales, es frecuente observar a funcionarios de ciertos municipios cobrar una determinada cantidad de dinero al atravesar la localidad en vehículo, so pretexto de mejorar la dizque seguridad, la limpieza municipal o cualquier otra pinche justificación. Entre ese chantaje y el que hacen delincuentes talacheros sancarlistas, mareros en tiendas de barrio o es cobrado por extorsionistas a los buses, no hay más diferencia que el uniforme de PMT que utilizan aquellos, la venía municipal y la colaboración ciudadana.

Me he negado a pagar esos asaltos, y lo continuaré haciendo. Esta temporada de turisteo he documentado tres casos. El primero en La Antigua, donde a la entrada ofrecen voluntariamente un marbete con el fin de poder aparcar en la calle. Es optativo y responde al uso de la vía pública para estacionar, algo que podría sustituirse por parquímetros. Es discutible, pero tiene un cierto sentido y no es obligatorio. Otro caso vivido fue en Sololá, a la salida del municipio ni siquiera a la entrada. Un grupo de PMT,s impedía continuar hacia Panajachel porque exigían pagar el "arbitrio" que arbitrariamente cobraban. Provocaban colas y obstaculizaban la libre locomoción, recordando asaltos de antaño en las montañas sololatecas. Viejas prácticas que parecen no olvidarse y se oficializan sin pasamontañas. La tercera y última experiencia fue a la entrada al Puerto de San José. Una situación tan deleznable como el de la antesala del lago Atitlán. Idéntico atraco con similares uniformes y modos.

Lo malo no es la situación delictiva en la que incurren esas municipalidades sino el desinterés general por atajar el problema y mucho peor, la complacencia, pasividad o conformismo con que se aceptan sin rechistar esas situaciones. En esta ocasión la víctima es corresponsable del delito. El silencio cómplice o cobarde -mismo que alienta a los talacheros sancarlistas y a los mareros extorsionadores- es el caldo de cultivo que reproduce esas actitudes con asombroso grado de impunidad. El absurdo -para explicarlo mejor- sería viajar de Guatemala a Puerto Barrios o Quetzaltenango, pagando en cada municipalidad que se atraviesa. Si entendió el despropósito pregúntese ahora por qué paga, aunque solo sean "Q5 que no van a ninguna parte" o "que no lo empobrecen", argumentos que escucho cuando cuestiono esas situaciones. Si no entiende el problema y lo confronta contundentemente, los chantajes y extorsiones seguirán por culpa de la inacción. Se pagan impuestos para invertirlos en seguridad, adecuadas vías de comunicación y limpieza de la ciudad. Pero cuando el dinero público se malgasta o se roba -práctica demasiado frecuentemente-, queda un déficit que se pretende equilibrar no importa como ¿Fiscalizará la Contraloría de Cuentas ese dinero que ingresan las munimaras? Es más, ¿se enterará siquiera de esos ingresos?

Estamos mal y permitimos que pisoteen nuestra libertad y derechos, sin hacer mucho al respecto. Con actitudes serviles o permisivas de las que culpamos a otros, transmitimos la sensación de que pueden seguir haciéndolo, sin advertir ni reparar en nuestra responsabilidad. Lo próximo será consentir que ciertos avaros populistas se queden con el país a pesar de que muchos se llenan la boca diciendo que lo aman, pero en la práctica no hacen mucho por valer sus derechos ni dan la cara. Esos ladronzuelos municipales son delincuentes. Sin embargo, no los mire con desprecio, obsérvese al espejo con pena y vergüenza mientras -incapaz de otra cosa- prepara los cinco quetzalitos y busca cualquier excusa que justifique su cobardía frente a sus hijos o amigos.