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lunes, 4 de septiembre de 2017

2015 no es 2017

O de cómo “La Plaza” no es el lugar de debate público como lo fue en aquel entonces 

Como consecuencia de la situación política que se vive, se han escuchado voces reclamando “la Plaza” para continuar lo iniciado en 2015. Segundas partes nunca fueron buenas, reza el dicho, pero además, las condiciones de antes no son las de ahora. En aquel momento hubo una espontánea reacción de ciudadanos cansados de que les tomaran el pelo -la fórmula mágica para limpiar el lago fue la gota que derramó el vaso- y levantaron sus voces al unísono indistintamente de la ideología, la edad, la procedencia, el estatus o cualquier otra diferencia.
A partir de entonces, la justicia persiguió, procesó y encarceló a casi todo el gobierno del PP y a otros muchos. El ciudadano empezó a ver cómo amigos, conocidos o personas públicas, eran detenidas independientemente de sus estatus, y corrió el pánico. A la fecha, hay más de cien huidos y una cifra cuatro veces superior en la cárcel. Todo eso ha provocado una preocupante sicosis entre quienes se miran al espero cada mañana y piensan: ¿seré yo el próximo?, ¿será alguien conocido? También se echaron en falta -entre esas persecuciones- otras esperadas: sindicalistas, bochincheros de ONG,s y funestos personajes políticos o que han ejercido un cuestionado, negativo o delincuencial liderazgo social.
Esos sentimientos encontrados han hecho que muchos ciudadanos tomen fieramente partido por continuar o frenar ese dinamismo judicial, lo que ha generado grupos a favor y en contra, y polarizado el ambiente. Además, las ideologías -especialmente las extremas- se han subido al tren y han convergido en la calle en lados opuestos: izquierda con derecha y el “si” con el “no”, sea tomando partido por el presidente o por el comisionado. Un agitado panorama pierde-pierde muy diferente de aquel gana-gana de 2015.
Unido a lo anterior, algunos de los que guardan prisión corren riesgo de ser condenados a grandes penas, incluso de por vida. Baldetti o López Bonilla, además, deben responder a cargos en USA. Por su parte, los huidos si se entregan o son capturados ingresarán en prisión y deberán enfrentar graves delitos. Quienes ven la persecución cerca por casos como Odebrecht, financiamiento electoral ilícito, Transurbano, etc., optan por apoyar, abierta o solapadamente, al grupo con el que se sienten protegidos. Con esos posibles escenarios -y para esos grupos- únicamente cabe una solución que cualquier neófito estratega propondría: destruir el sistema.
El año 2015 no se parece al 2017. Las manifestaciones obedecen a objetivos distintos y están polarizadas. La situación que se vive muestra una catarsis interna de quienes se ven reflejados en situaciones judiciales que personalizan, asumen, rechazan, contrastan o internalizan. Unos piensan que hay que continuar la persecución judicial; seguro tienen razón. Otros que se ha abusado de ella; también tienen la suya. Hay que asumir internamente los procesos que se desarrollan y adaptar las instituciones y el entorno. Eso lleva tiempo, incluso generaciones, y aquí se ha avanzado muy rápido. Lo cierto es que históricamente no ha habido un ejercicio del poder ni siquiera mediocre, sino un reparto de plazas, dinero y prebendas para que “todos” estuvieran contentos y así esperar el momento, tras cuatro años, de cambiar de mano, pero no de ética. Eso ha sido, tristemente, la política en el país.

Lo que viene debe ser una reflexión sobre el pasado, una profunda crítica, un autoanálisis para ver cómo hacer las cosas en el futuro. No sirve enquistarse en lo incorrecto ni pretender ignorar lo mal hecho. Aprovechemos con responsabilidad la energía del bumerang que nos vuelve antes de que nos golpee la cabeza.

lunes, 28 de agosto de 2017

Dulce pero errada venganza

Todo obedece a una estrategia de delincuentes detenidos por delitos muy graves      
            
La semana pasada fue pródiga en eventos: encerrona de empresarios en la Nunciatura; diputado erótico-festivo fornicando en su carro; cantiflesca actitud del vocero presidencial para “explicar” el viaje presidencial a Nueva York; solicitud de antejuicio contra tres exsecretarios generales de partidos políticos (UNE-LIDER-FCN): Orlando Blanco, Roberto Villate y Jimmy Morales, y el domingo -de madrugada, con premeditación y nocturnidad- la decisión presidencial de declarar “non grato” a Iván Velásquez.
Entre suposiciones y ausencia de razones, el Presidente resolvió explicar los motivos de su resolución. No tenía que hacerlo -según dijo- así que gracias por su gentileza democrática hacia quienes representa y pagan su salario. Cómo un acto de lealtad a la patria y por haber sobrepasado sus atribuciones al presionar al Congreso, fue la justificación para decretar la expulsión del Comisionado. De haber sido así, y no un berrinche oportunista por estar señalado de cometer un delito -al igual que su hijo, su hermano y diputados de su partido- debería haberlo manifestado hace tiempo, pero en Naciones Unidas no hay queja alguna del actuar del jefe de la CICIG.
Me parece que todo obedece a una estrategia de delincuentes, detenidos, huidos, en busca y captura o temerosos de ser descubiertos. Muchos de los escapados o internados en prisión es posible que jamás regresen a sus casas porque las condenas que se avecinan, en función de lo mostrado, pueden ser de por vida. Por tanto, únicamente cabe subvertir el orden. Es decir, dar un golpe de estado técnico para librarse de sus perseguidores judiciales. De esa cuenta, y con colaboración de ciertos golpistas que hacen videos, usan las redes sociales o tergiversan artículos de la constitución -amén de otros de similar calaña- decidieron actuar primero en Washington haciendo lobby y ahora aquí, animando al Presidente, que es parte del grupo de sindicados -al igual que miembros de su familia- a seguir ese miserable guión. Una ley de punto final es lo que persiguen y dejar la corrupción olvida lo que pretenden.
Se podrá o no estar de acuerdo con Iván Velásquez, achacarle diversos errores o incluso posicionarlo en un determinado sector del espectro ideológico, pero esto que ocurre es un intento golpista sustentado en la venganza y en el interés por no seguir limpiando el país de delincuentes. No hay que darle muchas vueltas al tema. Estén atentos al Congreso y cómo botarán el antejuicio.
En medio de este lodazal, se encuentran atrapados millones de ciudadanos honestos que deben tomar cartas en el asunto antes de que un grupito de descerebrados retome nuevamente el control del país y continúe con cooperachas, líneas, puertos, aeropuertos, carreteras, medicamentos, construcciones, sindicalizaciones y otros formas de robar fondos públicos. De momento, la Corte de Constitucionalidad ha puesto un alto temporal cuyas bases algunos cuestionan y otros justifican. Cualquiera que sea la decisión final, hay que asumir el destino más fieramente que en 2015, porque ahora se sabe de algunos que están detrás. Es momento de convertirse en ciudadanos de tiempo completo y decir no a la ruptura del orden, a la manipulación de la justicia ni a la protección del crimen organizado.

El país se salva o se pierde en las próximas semanas y seremos parte de esa historia. Se pudo con  Baldizón y con el PP, ahora, a la tercera, seguramente vaya la vencida para derrotar a criminales profesionales. Es un duelo por el que hay que pasar si queremos cambios, pero el país se lo merece. Luego, no nos quejemos.

lunes, 21 de agosto de 2017

El sistema en jaque

                        
El sistema penitenciario es un desastre del que nadie quiere ocuparse

Continuamente se conoce de jueces que permiten el ingreso en prisión de ciertos utensilios: televisores, microondas, refrigeradoras, etc. Ahora se ha sabido que tanto Daniela Beltranena como Anabella de León han salido -o lo hacen periódicamente- a visitar a sus familiares. La primera de ellas, regreso de su última visita “con olor a licor”. Por si no fueran suficiente, un juez autorizó a solicitud del Sistema Penitenciario y con el beneplácito del INACIF, el traslado de un peligroso reo al hospital Rooselvet. Su violenta liberación ocasionó la muerte de siete personas, varios heridos y el pánico general. Todo eso merece una seria reflexión sobre el sistema, las autorizaciones, la responsabilidad de las instituciones y la nula cooperación interinstitucional.
Un preso como el huido, no debería haber sido conducido jamás a un hospital salvo para una extrema urgencia. Hay clínicas móviles capaces de atender a los detenidos en el lugar en que están internados. Si además lo fue para una extracción de sangre y únicamente iba custodiado por tres guardias, la insolencia se torna irresponsabilidad muy grave.
El sistema penitenciario es un desastre del que nadie quiere ocuparse. El asesinato en prisión de Byron Lima dejó en entredicho la inteligencia penitenciaría y el desmadre allí existente, especialmente al analizar las armas y explosivos que se introdujeron y cómo, según el MP, ocurrieron los hechos. Las autoridades encargadas deben prestar atención a lo que hacen, pero sobre todo asumir la responsabilidad en el desempeño de su cometido. Eso de autorizar alegremente salidas a hospitales o conceder ciertos privilegios debe pasar a la historia.
Quizá el problema radique en la organización. Si se han abierto fiscalías especiales para casi todo, creo que un organismo de vigilancia y supervisión del sistema penitencio, integrado por jueces, funcionarios de prisiones y delegados de la PDH, se hace necesario. Lo ideal sería que la dirección de cada centro de detención fuese colegiada e integrase representantes de las instituciones citadas. Ninguna orden de salida o ingreso debería cumplirse sin autorización de ese órgano. Se entiende fácilmente: la dirección colegiada es más difícil de corromper, promueve más debate antes de adoptar una decisión y visualiza los problemas de forma integral ¿Por qué no se hace?, pues porque no hay voluntad de cambiar lo que hasta ahora ha sido una mezcla de “patito feo” y “negocio productivo”, explotado por muchos e ignorado por no menos.
Someter a control al 10% de reos que representan aquellos que pertenecen a pandillas y a organizaciones criminales, no debería ser un problema, pero hay que tomarse las cosas en serio. El error fundamental en el planteamiento, y la consecuente “complejidad” para resolverlo, estriba en pensar que hay que crear algo integral que permita la reinserción social del detenido. La forma de abordar el asunto puedes ser mucho más simple y pasa, posiblemente, por aceptar que el sistema penal primordialmente -o de forma única- sirve para aislar de la sociedad al infractor y recluirlo por el tiempo que la ley determine. Lo demás -la reinserción- debe ser producto de la actitud de aquel y no obligación estatal. Definir el origen de lo que hay que hacer, genera soluciones más ágiles y simples. Mientras en USA la ciudadanía no se cuestiona la detención y aislamiento del Chapo o ha dejado de debatir sobre Guantánamo, aquí queremos “salvar” a reos mientras nos asesinan cada vez que pueden.

No es necesario activar la pena de muerte sino el sentido común, posiblemente algo mucho más difícil ¡Despertemos de una vez!