Delincuencia organizada

¡Nadie dijo que tendría que caerle bien a todo el mundo!

Mientras el gobierno y la ciudadanía promueven un debate sobre el uso eficiente de los fondos públicos, la carga tributaria y la trasparencia, grupos sindicales inescrupulosos negocian y firman convenios colectivos que no soportan una mínima lectura crítica mas allá del chantaje. Si lee alguno, observará como determinadas instituciones públicas: puertos, organismo judicial, Congreso, ministerios, municipalidades, etc. suscriben pactos colectivos, -financiados por quienes pagamos impuestos- en condiciones abusivas e insoportables. Casi todos ellos observan un formato similar y recogen idénticas barbaridades. De entrada, los comités -es decir los dirigentes- suelen tener tal cantidad de permisos, días libres para "reuniones" y otras prebendas que sencillamente no trabajan porque "sus obligaciones sindicales" les ocupan todo el tiempo. Es decir, pagamos a funcionarios públicos para que vivan del relajo. Algunos convenios conceden varias pagas extras al año, además de las reglamentarias, por ejemplo, antes de salir de vacaciones, al inicio de la feria de la localidad o similar; otros, incluyen hasta canasta de Navidad. Algunos mas, protegen tanto al asociado que incluso obliga a pagarle aunque esté en prisión, no importa que el delito cometido sea gravísimo, y a la salida (si esta se produce antes de tres años) es reincorporado a su puesto de trabajo. De esa forma, el ciudadano honrado que trabaja mantiene a extorsionistas vividores del sindicalismo y tiene que soportar, en puestos públicos, a criminales condenados, porque así está acordado en el pacto en cuestión.
Determinados acuerdos también contemplan asistencia médica gratuita -que no sea en el IGSS, ¡por supuesto!-, pago de medicamentos, reconocimientos periódicos en ciertas especialidades médicas, dinero para organizar juegos deportivos, oficinas para sus reuniones y un etcétera imposible de incluir en este espacio. Por si fuera poco, exigen que terrenos municipales sean usado para construir viviendas -para los del sindicado !claro está!- y tener fácil acceso a ellas, utilizando la propiedad pública en beneficio propio por medio de la coacción. Los directores, alcaldes o jefes de esas instituciones públicas, como buscan la "tranquilidad", la reelección o incluso llevarse una tajada de todo eso, acceden gustosamente en "beneficio de los trabajadores" a tales mamarrachadas y permiten con su actitud irresponsable (o interesada) la creación y consolidación de grupos de presión con vocación delincuencial. El resto de ciudadanos ni nos enteramos mientras esos agitadores promueven el discurso tradicional asociado a la oligarquía, los derechos del trabajador y la lucha sindical, alentando manifestaciones, agresiones y privilegios. No hay país que soporte eso, ni dinero capaz de financiarlo, razón por la que toda esa calaña viven del escándalo, de la ayuda internacional o de prebendas que logran gritando, coaccionando y acordando esos pactos con el mayor grado de secretismo y silencio para evitar ser evaluados y conocer cuánto nos cuesta el empleado público canalla, que no son todos.
Esta es la realidad que vivimos. No es viable un país sin ley de servicio civil que promueva la capacidad y ponga orden en esos robos que ciertos grupos promueven y otros consienten bajo lemas trasnochados e ideologías fracasadas. Es hora de poner en su sitio a quienes roban, financian o colaboran. Sean sindicalistas, políticos, vividores de ONG,s, activistas "estudiantiles" anónimos o ideólogos con pasaporte diplomático que apoyan esos desmanes con dinero público, sin olvidar a parásitos de organismos internacionales que lo sustentan con su discurso oficial. ¡Al carajo con todos ellos, aquí ayuda el que no jode! Seamos libres de una vez y tengamos el valor de denunciarlos y de enfrentarlos.