La incertidumbre tiene precio: encarece el financiamiento, retrasa proyectos y favorece decisiones de corto plazo.
Nadie abre un negocio calculando únicamente cuánto desea ganar, antes necesita estimar costos, ingresos, riesgos y alternativas. El cálculo económico permite comparar usos de recursos escasos y decidir si una inversión tiene sentido. Los precios, los tipos de interés y las expectativas ofrecen referencias para hacerlo. No eliminan la incertidumbre, pero permiten trabajar con algo más que buenos deseos, porque la previsibilidad importa.
Se puede asumir riesgo con un mínimo de certeza, y para ello hay que conocer determinados parámetros. De lo contrario, resulta muy difícil invertir si hay probabilidad de que las cosas cambien por decisiones arbitrarias. Por tanto, la incertidumbre tiene precio: encarece el financiamiento, retrasa proyectos y favorece decisiones de corto plazo.
Algo semejante ocurre con la política, en la que es necesario el cálculo político, entendido como la posibilidad de anticipar decisiones públicas a partir de las ideas, los compromisos y el actuar previamente demostrado de quienes ejercen el poder.
Toda organización política con una orientación reconocida proporciona información. Si es liberal debería ofrecer expectativas sobre propiedad privada, competencia y límites al poder estatal. Si es de izquierda tendrá mayor disposición a la redistribución y a la intervención pública. O bien si apuesta por el ecologismo dará prioridades ambientales que pueden traducirse en restricciones, impuestos o incentivos, etc. Las ideologías no constituyen una doctrina única y cerrada, sino que hay disensos, y en todo caso las coaliciones, las crisis y las restricciones presupuestarias obligan a negociar. Aun así, y aunque ninguna ofrezca certeza absoluta, una trayectoria coherente reduce razonablemente las sorpresas.
Ese conocimiento previo sirve para elegir -votar- y organizar la vida después de las elecciones. Una familia que evalúa un crédito, una empresa que considera contratar trabajadores o un agricultor que decide ampliar su producción necesitan anticipar lo máximo posible el entorno en el que actuará el poder. De esa cuenta, cálculo económico termina dependiendo, en parte, del cálculo político.
En Guatemala, esa referencia es débil. La fragmentación, el personalismo y la escasa continuidad de las organizaciones políticas dificultan reconocer proyectos que sobrevivan a sus candidatos. Las investigaciones sobre el sistema partidario llevan años señalando estos problemas ¿Qué puede calcular el elector si quienes ayer defendían una posición hoy respaldan la contraria sin explicar el cambio? ¿Qué valor tiene un programa cuando sus candidatos cambian de organización a gusto del momento?
Carecer de una ideología definida y sin compromisos compartidos, controles internos ni memoria colectiva deja más espacio para justificar cualquier acomodo. Cuando conservar el cargo sustituye al programa, negociar puestos puede convertirse en la verdadera política. Y aparece la cuestión ética al quedar el ciudadano sin una referencia para exigir coherencia porque cada promesa admite una reinterpretación y cada alianza encuentra una excusa.
El resultado final tiene consecuencias materiales. Se posponen inversiones, se buscan contactos en lugar de reglas y se dedica tiempo a descifrar voluntades que deberían estar sujetas a compromisos públicos. Quien dispone de acceso al poder puede protegerse mejor; quien depende de que la ley se aplique queda expuesto.
Necesitamos partidos a los que se pueda identificar, recordar y exigir cuentas, e incluso para oponernos a ellos debemos saber qué ideal representan.
Mientras gobernar sea compatible con defender hoy una cosa y mañana la contraria, al ciudadano le tocará incorporar una partida adicional a sus cálculos: el costo de no poder confiar en nadie.
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