Eso de los derechos y aquello de los deberes

Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden

En un programa radial salió a la luz que alrededor de 1,200 personas que estaban siendo contratadas para apoyar en temas de salud por el COVID-19, tenían algún problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va desde quienes no estaban de alta, hasta omisos y otros que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la población económicamente activa en la informalidad, no es de extrañar ese número de despreocupados.

Fui inmediatamente a Google y me sorprendí al ver que la palabra “derechos” tiene 1,500 millones de posibles entradas, frente a los 30.3 y 64 millones respectivamente de las palabras “deberes” y “obligaciones”; el 6.3% -entre las dos- respecto de los derechos. En la constitución política y la proporción es similar, y se encuentra 75 veces “derechos” y 13 entre las otras dos opciones, lo que representa un 17,3%. Por último, y con la idea de sacar alguna conclusión que explicara aquel elevado número de personas dispuestas a ser contratadas sin haber cumplido sus obligaciones impositivas, observé que hay entradas que enlistan los instrumentos internacionales de los derechos humanos pero ninguna que recoja la relación de deberes y obligaciones.

Y es que hasta la Convención americana de los derechos y deberes del hombre -ese es el nombre- mantiene ese distanciamiento entre unos y otros, y coloca los derechos primero, aunque alfabética y lógicamente deberían estar después de los deberes ¿Qué nos ha pasado? Fácil: hemos sido educados en la exigencia, pero no en la responsabilidad; en pedir, antes que en dar; en exigir, previamente a cumplir. Kennedy lo dijo así: “No te preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país” 

Si tiene hijos comprobará que desde corta edad les enseñan “sus derechos”, algo que está bien y es oportuno, pero hasta más tarde, o quizá nunca, se les habla de obligaciones y deberes. De esa cuenta, no son de extrañar las voces que se escuchan -así fueron educados- reclamando derechos que la constitución y otros tratados otorgan, sin advertir que no pueden darse antes de haber cumplido las obligaciones correspondientes. No puede exigir educación, salud, carreteras o respeto a su propiedad si previamente no ha asumido y pagado el costo que representa todo eso, y que va desde un sistema judicial ante el que acudir, hasta la creación, si es menester, de la infraestructura necesaria. Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden, aunque se enseñe a la inversa cuando no se evada hablar de responsabilidades.

Un alto porcentaje de la población mundial sabe reclamar desde que tiene uso de razón, pero difícilmente entiende que hay que ser corresponsable en el pago impositivo o que la contribución tiene que ser pareja, proporcional o escalonada, pero debe ser, y no vivir a costillas de otros bajo ese paraguas universal y prefabricado de los “derechos”. Hay un PDH, pero falta el POH -el procurador de las obligaciones humanas- mismo que le recordaría que si no está de alta en la SAT -es decir no cumple con la ley- no puede utilizar servicios públicos que son pagados por otros.

No conozco a nadie que se olvide de cobrar a fin de mes, así que en justa correspondencia todos deberían saber que hay que estar inscrito en la SAT y pagar -o no- en función de sus ingresos, pero no hacerse el loco y salir a exigir alegre e irresponsablemente, lo que en Derecho no le corresponde.

La ley como sugerencia

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen

Nos hemos acostumbrado a tomar como sugerencia, y no obligado cumplimiento, las leyes que deberíamos de acatar. La mayoría, como mucho, tiende a observarla en la medida que no le cause algún incomodo, por mínimo que sea. Nos detenemos en los semáforos si lo consideramos oportuno, de lo contrario los saltamos. Vamos a la parada del bus siempre que no haya una esquina que resulte más cómoda y así no aguantar a otros. Las filas se guardan hasta que un cuate de cola y permita saltar a quienes, con educación y civismo, llevan tiempo esperando. Las multas de tráfico no se pagan porque siempre es “injusta” y, en unos meses, el alcalde ofrecerá rebajas que aconseja esperar, o simplemente se deja de pagar porque no pasa nada. Una sociedad que no cumple las normas que se receta vive en un permanente engaño, y privilegia a los más vivos.

Esta pandemia ha revelado un aspecto más de nuestra vida, en este caso referido a la ley. Varias localidades han decidido que no hay que respetar la orden presidencial de cierre o apertura a horas fijadas y, en cierto lugar, el alcalde tuvo que subirse al techo de una vivienda para no ser agredido por vecinos que decidieron no observar el toque de queda. Así, a puro huevo. Muchos de esos territorios, que hacen su vida fuera del respeto ajeno, no cuentan con estación de policía porque hace años los vecinos prendieron fuego a las instalaciones. Seguramente cuando se enfermen o se cometan delitos, habrá manifestaciones pidiendo a gritos que el Estado les garantice el derecho a la salud y a la seguridad que preconiza la constitución ¡Que no queden los derechos sin exigirse, aunque las responsabilidades haya que buscarlas bajo las piedras! No se por qué cuesta tanto entender que vivir en sociedad con garantías de éxito, solo es factible si se observan las leyes que nos damos.

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen. Los gremios se han dedicado a buscar, frente a otros, preeminencias para sus grupos y obtener ventajas en cualquier norma que se promulgue. El antejuicio, las sirenas y luces de paso prioritario, las salas VIP en los aeropuertos, las escoltas oficiales, la seguridad proporcionada por la PNC, el pasaporte diplomático, las filas especiales para gente “especial”, los asientos reservados en eventos, el seguro privado cuando se trabaja en lo público, eso de “usted no sabe quien soy” que permite manejar borracho en horas prohibidas para circular o portar armas sin licencia, parquear en línea roja con placa diplomática, la exención impositiva, el inicio de los actos y eventos hasta que llegue la autoridad y un largo etcétera, configuran ese polígono en el que buscamos encerrarnos para disfrutar de ventajas que nos diferencian del resto. En el fondo, lo que muchos gustan.

Las crisis desnudan los sistemas y en esta se ha visto lo precario de la salud, la educación, la economía y la observancia normativa. No hay que legislar mucho, pero lo que se norma es para cumplirlo, porque de lo contrario se crea una cultura de irrespeto que muta la vida en sociedad a una de selva en la que la ley del más oportuno prima, incluso por encima de la del más fuerte.

Quizá, pasados estos momentos, tomemos en cuenta el desmantelado sistema social después de 200 años de independencia y 35 de democracia y, cuando superemos el trauma o la vergüenza de aceptar que no hemos hecho mucho, emprendamos un camino distinto, aunque honestamente lo dudo mucho.

La vida no cambia por casualidad

El 9/11 fue uno de esos puntos de inflexión, el SIDA otro y el COVID-19 será el tercero de muchos cambios

Hace tiempo, durante una reunión en Washington, alguien me dijo que nuestra generación se había adaptado a más cambios que ninguna otra en la historia de la humanidad. Me pareció un tanto exagerado en aquel entonces, pero, en la medida que he reflexionado, he encontrado acertada la afirmación.

Llevaba razón aquel personaje que, como yo, no tuvo teléfono ni televisión en casa hasta la adolescencia o, de joven, vio en directo como el hombre ponía el pie en la luna. Más tarde, aparecieron los relojes digitales con números rojos y con ellos encandilamos a nuestros progenitores que giraban la corona para darle cuerda a los suyos. Nos distraíamos con una radio de transistores y, los más pudientes, con un tocadiscos en el que había que seleccionar 45 o 33 rpm para que sonarán los vinilos que, cuando se rayaban, mantenían por varios segundos un repetitivo son que cambiábamos con un manotazo a la estructura del cacharro. Luego, llegó el video -que nunca mato a la estrella de la radio- y el radiocasete que promovió una habilidad sorprendente para rebobinar cintas con un lapicero o recomponerlas cuando se atoraban. Después el CD, el discman, el celular, el IPod, …. 

Casi con treinta años, disfrutamos de las máquinas de escribir eléctricas y luego de las computadoras, aunque las primeras había que programarlas -Spectrum y luego Commodore- y servían poco más que para escribir textos y jugar. Y así surgieron los distintos programas, sistemas operativos, teléfonos portátiles, juegos virtuales, teléfonos inteligentes y toda la tecnología disponibles que hace que el Waze nos lleve a cualquier parte sin pensar, el Zoom nos una en la distancia o podamos transferir dinero de un lugar a otro con una aplicación a la que ingresas por medio de identificación facial.

Llevaba razón aquel paraguayo en su afirmación. Nos hemos ido adaptando a la tecnología y a los inventos surgidos y hemos hecho el mayor esfuerzo en la historia de la humanidad. No todos, algunos se quedaron en el camino y el teléfono inteligente es demasiado para ellos o incluso el Power Point. Recuerdo a un compañero de trabajo que, con un lápiz de aquellos con el borrador en uno de sus extremos, decía siempre con sorna: este es mi WordPerfect -refiriéndose al programa de computación más popular utilizado en la época- y señalaba la mina del lápiz cuando decía “Word” y el borrador al referirse a “Perfect”. Definitivamente se quedó con el lapicero; el computador nunca fue su fuerte.

También nos hemos adaptado a otras cosas: modas en el vestir, carros con aíre acondicionado o que parquean solos, formas de vivir, etc., como consecuencia de hechos o cambios en el tiempo. El 9/11 fue uno de esos puntos de inflexión, el SIDA otro y el COVID-19 será el tercero de muchos cambios. El primero, modificó el tema de la seguridad; el segundo la relaciones sexuales y el tercero, seguramente, incidirá en las relación personales y en las medidas de higiene, entre otras cosas.

No hay nada permanente excepto el cambio. Creo que mi generación -como otras- ha tenido que adaptarse y pasar de una mente no tecnológica, producto de nuestro tiempo y de la educación recibida, a otra capaz de utilizar y entender nuevas herramientas y situaciones, aunque sin alcanzar esas condiciones que tienen nuestros hijos y no digamos nietos.

En todo caso lo hicimos y demostramos que eres tan joven como la última vez que cambiaste tu mente y somos un ejemplo para los cambios que se vienen y deberemos enfrentar, porque el cambio no solo es probable, es inevitable.

En trapos de cucaracha

El problema que no es mío, simplemente no existe. La desnutrición y la violencia infantil es el mejor ejemplo.

Las organizaciones se ponen a prueba en momentos difíciles. El Estado, como organización político-social, muestra realmente para qué sirve y qué tan eficaz es justamente cuando la ciudadanía requiere de las instituciones que lo integran. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, los modelos de organización política no han estado a la altura de las exigencias y necesidades durante esta pandemia. En naciones en vías de desarrollo, la debacle está siendo mucho mayor, como también los desengaños.

Después de más de tres décadas de democracia, no hemos sido capaces de conformar instituciones mínimamente útiles. Exigimos al gobernante que no colapse la sanidad, que funcionen las escuelas, que la ayuda social llegue pronta y en cantidad y que la policía sea eficiente, entre otras cosas. Apenas hace un año, teníamos -y consentíamos- el peor gobierno de la historia nacional, y años atrás otros muy cerca en puntaje. Cuando tuvimos que hacer ciertas tareas: implementar una ley de servicio civil, modificar la ley electoral, cambiar la ley de compras, mejorar la elección de jueces o impedir que ciertos sindicatos se lleven cualquier aumento presupuestario, callamos, agachamos la cabeza y nos importó un bledo, en tanto en cuanto el problema no fuera “con nosotros”, y hasta vitoreamos a delincuentes para que llegaran a la presidencia. Quienes estábamos seguros, refugiados en condominios amurallados o viajábamos en vehículo propio, la inseguridad apenas nos importaba; los que disponían de seguro médico privado -políticos y magistrados incluidos- les venía del norte el IGSS, si los hospitales públicos tenían recursos o qué hacían con ellos; pagar un colegio privado impedía ver el estado de las escuelas o la desfachatez en reclamos económicos del sindicato magisterial, y tener una casa propia hacía invisibles a quienes apenas cuentan con cuatro muros y un techo de lámina. En otras palabras: el problema que no es mío, simplemente no existe. La desnutrición y la violencia infantil es el mejor ejemplo.

Los políticos no son diferentes. Disponen de carro, teléfono, secretaria, asesores, antejuicio y seguros pagados con impuestos, así que no tocan esos privilegios ni cambian lo que les funciona. Mantenemos una especie de equilibrio repugnante mientras, bajo nuestros pies, decenas de personas son asesinadas, violadas o mueren por desnutrición diariamente. La pandemia ha equilibrado la balanza -espero que lo suficiente- y ahora nos quejarnos de casi todo, porque nos afecta.

Padecemos las consecuencias de no habernos preocupado de que los funcionarios sean los mejores y no cuates de quienes llegan al poder, que los maestros tengan capacidad y medios para impartir clases virtuales y no dejen a nuestros hijos encerrados sin alternativas o que los hospitales públicos cuenten con un espacio por si tengo que ingresar, o me llevan sin permiso. Observamos como el 70% de la población está en la informalidad -no tributa plenamente- y es imposible de identificar. No sabemos quienes son porque prefirieron estar fuera de la legalidad y ser anónimos ciudadanos, imposibles de detectar y ayudar. Vemos el peligro de cerca, cosa que antes ignorábamos, aunque a poquito que hubiésemos prestado atención, nos habríamos dado cuenta, pero ¡para qué perder el tiempo! 

Tenemos un Estado mal organizado y, consecuentemente, inoperativo e incapaz. No es siempre culpa de los políticos, como solemos acusar para limpiar nuestra conciencia, sino de una sociedad indolente que no ha estado dispuesta a poner sobre la mesa voluntad, tesón, coraje, decisión, sacrificio, decencia y muchos bemoles ¡Estamos como estamos -en trapos de cucaracha-, porque somos como somos!, y tenemos poco remedio y mala solución, así que dejemos las autoalabanzas y seamos realistas por una vez.

Medios de comunicación y financiamiento

Lo que un medio nunca debe hacer es amarrar su editorial o discusión a las exigencias de quienes se publicitan en él

De vez en cuando se dejan ver campañas de desprestigio contra quienes ejercemos el periodismo o gestionamos medios de comunicación. Los señalamientos pretenden una única cosa: limitar o anular la libertad de expresión y utilizan el miedo, el insulto, la descalificación, el montaje de imágenes o abiertas falsedades. Personajes anónimos o visibles, multiplican intencionadamente en redes ciertos rumores o lo hacen sin analizarlos y comprobar la veracidad de aquellos. No deja de ser la adaptación al siglo XXI de aquel grito medieval de “a la hoguera” o “que lo quemen”, producto de un linchamiento moral interesadamente promovido  utilizando la ignorancia y el analfabetismo digital de muchos.

Detrás de esas campañas suele haber políticos inescrupulosos que no quieren que sus barrabasadas sean publicadas o delincuentes de cuello blanco que pretenden amedrentar, y utilizan parte del dinero robado para promover este tipo de acciones a través de barriobajeros y mareros de redes, cada vez más conocidos. En el fondo, cuestionan, errónea y manipuladoramente, que cuando en un medio se difunde cierta publicidad está necesariamente condicionado por ello, y se limita en comentarios negativos hacia quienes se anuncian. Aquellos que contemplan el dinero pagado en publicidad como un demonio, desprecian a una audiencia mayoritaria y fiel que es capaz de determinar si aquel observa principios y valores deontológicos que lo hacen fiable, al margen de acusaciones interesadas o puntuales de quienes desean desprestigiarlo por intereses ocultos. No obstante, ponen sobre la mesa un debate válido, tal cual es cómo deben financiarse los medios de comunicación, pero desde un punto de vista manipulador y coercitivo.

Un medio -casi todos- es un modelo de negocio que se alimenta de sus anunciantes. Por tanto, sin publicidad, no hay medios financiados por clientes y queda únicamente otro modelo: el financiado por una o varias entidades o personas. Este último caso incluye aquellos medios -hoy desaparecidos- que creo en su momento Baldizón, con el fin de denigrar a quien se le atravesaba y contar con un sistema para mentir a discreción e ingresar dinero público si llegaba al poder.

Lo que un medio nunca debe hacer es amarrar su editorial o discusión a las exigencias de quienes se publicitan en él o son sus financistas. Esta independencia, y no otra, es la clave de la credibilidad, a la que se une la pluralidad y la transparencia. No se puede negar que haya personas o publicaciones que difunden aquello que decide quien paga, tal cual hay abogados de “único cliente” adscrito al crimen organizado o al narcotráfico. Es más, hay quienes pagan para que justamente se publique lo que ellos desean, sin contraste, análisis ni búsqueda de la verdad, y eso es lo condenable. Quienes orquestan campaña de desprestigio actúan exactamente como pretenden señalar de quienes critican. Son pagados para poner falsedades, medias verdades o montajes, y suelen acusar a los señalados de “faferos”, acción que justamente ellos realizan, desde el anonimato o perfiles falsos creados expresamente para tal fin.

Vivimos en tiempos de tecnología y prisa en los que muchos creen que todo lo que se publica es cierto y ceden su razón y criterio, sin advertir -aunque con poco esfuerzo pueden hacerlo- que son utilizados, manipulados e incorporados a un circulo vicioso. Las redes nos exigen ser más cautos y estar mucho mejor informados, justamente para salvaguardarnos de quienes pretenden confundir. Si quiere ser libre y aportar al debate, promueva medios creíbles y confiables, y cuestione o rechace fuentes anónimas, desconocidas y no identificadas. De lo contrario, estará siendo cómplice de oscuras intenciones o lo estarán utilizando.

Liberalismo en tiempo de crisis

No hay leyes que puedan aplicarse cuando no existe nada que repartir, y lo único válido es el acuerdo voluntario

Cuando la pandemia que sufrimos tomó dimensiones catastróficas, se alzaron voces de alabanza a los Estados interventores que habían consolidado un sistema público de salud. Pero, a medida que la enfermedad avanzó, la mayor parte de aquellos países fueron superados en sus capacidades. Otros, mucho más débiles en intervención estatal -en Centroamérica hay ejemplos- resultaron más exitosos en controlar la enfermedad, y entonces se acallaron las voces que promovían la necesidad de un Estado más grande para hacer frente a situaciones de crisis.

En lo que respecta a cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, también se ha vivido un interesante debate en la Unión Europea sobre la millonaria inversión que quieren hacer algunos países manirrotos para reactivar la economía -España, Italia y Portugal- frente a la mesura de otros -Alemania y Países Bajos-. Estos últimos -endeudados en torno al 50% de su PIB- reclaman a aquellos otros -cuya deuda pública supera el 100% del PIB- que si hubiesen ahorrado y no gastado alegremente, no estarían ahora en situación financiera tan delicada. El ahorro y el gasto público contenido se muestran esenciales, y las formas de acumular capital para invertir y enfrentar situaciones de crisis.

En lo que respecta al trabajo, también los principios liberales ofrecen una lección. Muchos gobiernos han intentado -nada exitosamente, por cierto- normar la regulación del empleo, sin advertir que la producción está detenida. La única solución posible ha sido el común acuerdo entre trabajadores y empresarios para hacer frente a la compleja situación. No hay leyes que puedan aplicarse cuando no existe nada que repartir, y lo único válido es el acuerdo voluntario entre las partes con las mejores condiciones posibles para ambas, en función del escenario de cada empresa. Es decir: el libre contrato y arreglo entre trabajador y empresario, y no el corsé de la legislación laboral o la fijación salarial por ley.

Otra cuestión evidenciada es que la riqueza no es una suma cero, como muchos equivocadamente piensan, y que se puede perseguir crearla con ahínco y no repartir la existente. Muchas empresas han creado nuevos puestos de trabajo y otras, con servicios a domicilio o expendeduría de productos por internet -Amazon es un ejemplo-, han creado puestos de trabajo, promovido nuevas dinámicas o potenciado las que tenían. Tiendas de venta de ciertos productos, han cambiado sus anaqueles por otros de primera necesidad, al fin y al cabo lo que se demandaba, y no han dejado de tener actividad económica. El teletrabajo, como una forma nueva o más extendida de producir, ha sido otra realidad durante esta pandemia. El empleo a tiempo parcial y desde casa, tan desestimado por sindicalistas tradicionales o ideologías intervencionistas, ha encontrado un espacio de desarrollo sin oposición de nadie, sobre todo ahora que se ha entendido mejor que una empresa no está compuesta de malvados empresarios y sumisos trabajadores, sino de un grupo de personas cuyo objetivo es el crecimiento económico y personal a través del desarrollo eficiente de una determinada actividad. Finalmente, la creatividad y la tecnología -zoom, por ejemplo- han permitido generar riqueza y nuevas formas de interacción y de modelo de negocio.

Una lección de vida sobre principios liberales que demuestran que la capacidad individual, el ahorro, la creación de riqueza, el libre contrato entre las partes y la menor intervención estatal son pilares fundamentes en tiempos de crisis y, por extensión, en cualquier situación. Momentos para aprender de esta pandemia y promover la responsabilidad individual y no tanto el caudillismo, la intervención estatal o el asistencialismo permanente. Y es que falta mucha más fe en el ser humano libre y responsable.

No es oro todo lo que reluce

Lo que el Congreso hizo -aunque suene raro- es subir solapadamente los precios de los servicios básicos que pretende proteger

El decreto 15-2020 es la legislación que impide la interrupción de los servicios básicos de agua, luz, teléfono e internet, pero aún no ha sido sancionado por el Ejecutivo, lo que  ha generado fuertes protestas de quienes ven una falta de sensibilidad en el gobierno, y ha sido usado por la oposición como elemento de desgaste político. Si yo fuera gobierno tampoco lo sancionaría, porque lo que está mal hecho no puede aplicarse; se corre el riesgo de provocar mayores males que los nobles que pretende evitar. En este caso, la mayoría de los diputados aprobaron algo que “sonaba” bien, pero sin un análisis mínimo que hubiera detectado dónde están los problemas que ahora muchos de ellos reconocen, aunque no hacen nada por cambiarlos.

No es de recibo que un proveedor de agua, electricidad, teléfono o internet -póngase en sus zapatos- tenga que pedir un préstamo y correr con el costo de los intereses para financiar un servicio que brinda, no cobra y no puede suspender. Otro contrasentido igualmente incomprensible y criticable, es que se otorgan privilegios crediticios para proveedores de agua potable -a través del Crédito Hipotecario Nacional, aunque también con costo sobre el préstamo- pero obvian al resto de proveedores citados cuya solución tácita es: “búsquense la vida como puedan en el mercado financiero”.

El decreto no prevé solución alguna para que esos empresarios tengan una salida sin incurrir en gastos extraordinarios, y cómo la ley obliga a proporcionar esos servicios y que el prestador asuma el costo extra, evidentemente será trasladado al consumidor. No hay que doctorarse en economía para comprender ese sencillo y natural fenómeno. Lo que el Congreso hizo -aunque suene raro- es subir solapadamente los precios de los servicios básicos que pretende proteger. Al final la factura será más elevada

¡Señores diputados no es responsable legislar así!, y mucho menos culpar luego al Ejecutivo de que no sanciona esa mamarrachada que aprobaron. Queriendo hacer un bien -evitar el corte de servicios básicos en momento de crisis- han conseguido un efecto colateral inverso y preocupante. Si hablan con alguna empresa y pide que analice económicamente su propuesta de ley, verán que en un espacio de tiempo indeterminado -porque no sabemos cuando durará la pandemia- deben prestar un servicio que no cobran, pedir un crédito para financiarlo y, seguramente, correr con otros gastos producto del pago diferido -de hasta doce meses- que puede proponer el cliente. El resultado final es que esos sumatorios suponen imprevistos inicialmente no contemplados en los precios, y que habrá que agregar ¿Conoce la respuesta? Se la voy a adelantar: el consumido pagará más, aunque sea en cuotas. Lo que hicieron fue encarecer los servicios por no ofrecer soluciones, tal cual pudo haber sido una subvención estatal y no este despropósito. No saben cuanto costará todo esto, porque la pandemia no tiene fecha límite; no solucionan el tema del financiamiento empresarial; culpan al Ejecutivo de un problema que los diputados crearon; usan políticamente el tema para sacar tajada de ello y, además, no se reúnen para enmendar esa legislación mal hecha.

Esperábamos que este Congreso fuese diferente. Gente nueva, diputados jóvenes, mañas “superadas”, mucha mayor preparación de la mayoría de los diputados, salida de la vieja guardia, etc., pero pareciera que de momento el pastel se cocina de forma similar. No se pueden aprobar cosas porque suenen bien, sean populistas o estén en la órbita ideológica de cada cual. Hay que leer analizar y no dejarse llevar por otros, única forma de evitar errores, como este, que compliquen encontrar la solución.

Sindicalismo en tiempos de crisis

La única manifestación de ciertas organizaciones sindicales ha sido solicitar bonos especiales por la pandemia

Se esperaría -¡Ay con las utopías!- que en momentos de crisis, determinadas instituciones que en situaciones de normalidad abogan por derechos y dignificación del trabajador, actuaran en el marco ético que proclaman en sus discursos. Se escucha constantemente a las organizaciones sindicales abogar por la justicia, la igualdad o los derechos de sus afiliados. No obstante, en esta crisis del COVID-19 se han mostrado como lo que son: grupos de presión y chantaje que huyen y se esconden en momentos de necesidad. Un líder sindical, como el señor Acevedo, que se sienta sin pudor con cualquier gobernante, pacta o negocia con no importa quién o lanza a sus huestes a las calles para parar el país y exigir subida salaria para dignificar al maestro, ahora está callado, silenciado, escondido, sin propuestas.

De entre los préstamos avalados por el Congreso, en esas cuestionadas sesiones celebradas al inicio de la pandemia, se aprobó una millonaria cantidad para hacer frente a pactos colectivos de salud y educación. Hubiese esperado que si apenas hay instalaciones adecuadas para llevar a cabo clases presenciales con un mínimo de dignidad -absolutamente ausente lo virtual- los sindicatos saliesen a proponer soluciones, pero eso no ha ocurrido. Quizá tomar las vacaciones durante abril y mayo y prolongar las clases hasta diciembre hubiese sido algo a considerar, pero el magisterio calla, aunque cobra, sin ser parte de la solución de este problema. La educación y la niñez les dan exactamente igual, como se venía intuyendo.

La única manifestación de ciertas organizaciones sindicales ha sido solicitar bonos especiales por la pandemia. Así lo han hecho sindicatos de Puerto Quetzal y de la SAT, entre otros, mostrando lo que son: chantajista y oportunistas a los que hay que confrontar con la dureza legal y moral de una sociedad a la que tienen parasitada.

En todas las crisis hay oportunidades, y esta no es una excepción. Se ven las instituciones que sirven y las que no, y en estos momentos difíciles los sindicatos no han servido absolutamente para nada. Una inútil carga económica que no debemos soportar por más tiempo. Es momento de que el Presidente ordene a la PGN la anulación de los pactos colectivos por ser perjudiciales para el Estado. No es posible seguir negociando, después de que pasemos este bache epidemiológico, con personajes que hunde el país con sus posturas y actitudes, y debemos buscar fórmulas para que no continúe el reparto del pastel presupuestario entre grupos de parásitos sociales.

A la administración anterior -como a otras- le faltó carácter para hacerlo y detuvo procesos avanzados que tenía en sus manos la PGN, al igual que en la época de la UNE -Sandra Torres concretamente- se impidió la destitución de Joviel Acevedo tras un proceso legal iniciado en el gobierno anterior. Este país está repleto de depredadores de fondos públicos. Algunos hacen lo propio aún desde prisión, otros siguen libres y al frente de organizaciones políticas o sindicales, y son consentidos.

Una sociedad moderna con presupuesto público ajustado, no puede permitirse que cada año tanto los Puertos como el Organismo Judicial, la SAT, el Congreso o las Municipalidades, por poner otros ejemplos a los ya citados, vean en el Estado un botín al que hay que sacarle la máxima tajada y quedarse con todo lo posible, porque así no se avanza ni hay dinero público que alcance.

Aunque sea un tema secundario, es momento de tomar este tipo de decisiones. No es posible que el dinero no llegue y a esos colectivos, que se excluyen de las soluciones, se les suba el salario.

Muso Ayau, economía y crisis

El hombre-masa orteguiano, no entiende ni puñeta de economía básica ni se interesa por ella, y eso le preocupaba a Muso

El constante entusiasmo que proyectaba Manuel Ayau para que la mayoría de las personas entendieran de economía -al menos lo básico- se siente más comprensible en situación especiales.

Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, en todo el mundo proliferan peticiones para que los Estados aprueben préstamos e inversiones millonarias que activen la economía. Además, se exige que no se despidan trabajadores y que las empresas aseguren el puesto y el salario de sus empleados. Algunos no entienden que al trabajador le sucede, exactamente, lo que al empresario: si un negocio no vende sus productos -porque está cerrado- es numéricamente imposible que tenga recursos para pagar salarios. Esas ingenuas reivindicaciones van acompañadas del supuesto de que como ya ganaron mucho y tienen suficiente, que de ahí lo saquen. Aunque contaran con esas inversiones millonarias que se les endilgan, no advierten que los grupos empresariales no tienen el dinero escondido en el cajón de la mesa del jefe, sino invertido en diferentes proyectos y, por lo tanto, no disponible inmediatamente. 

En los Estados ocurre algo similar porque el dinero únicamente sale del bolsillo de los contribuyentes. Es difícil que un gobierno pueda destinar cientos de millones de dólares para atender la crisis cuando el país está endeudado más del 100% de su PIB, como ocurre con los desarrollados, o no cuenta con ahorros. Es el debate que se tiene en la Unión Europea, en donde España, Italia o Portugal piden solidaridad, mientras Alemania o Países Bajos -históricamente más previsores y ahorradores- les hacen ver que podrían estar mejor si se hubieran preocupado de guardar -y no despilfarrar- en épocas de “vacas gordas”. Un viejo y desteñido debate que se dio en 2015 en la Grecia del socialista Alexis Tsipras, pero del que poco se aprendió y nos lleva a la pregunta: ¿Quién pagara todo después de la crisis?

La única manera de invertir y contar con recursos para el futuro es ahorrar, que es justamente lo que los Estados no hacen, mientras gastan más dinero del que tienen y pueden pagar los impuestos de sus ciudadanos. Cuando se está en apuros, quienes estaban acostumbrados a vivir de derechos otorgados por del Estado, exigen que el gobierno se haga cargo de ellos y continúen los privilegios, pero justamente la crisis no lo permite. Acuden, entonces, al discurso tradicional de que sean quienes más tienen -los que ahorraron- los que asuman la falta de previsión de políticos manos rotas y votantes insensatos, y que se tomen medidas especiales, pero desiguales, para conseguir una “necesaria equidad”. Tampoco comprenden que ciertos artículos suban, y piden la inmediata intervención del Estado, ignorando -también- la relación entre oferta y demanda, y su incidencia en el precio final del bien.

El hombre-masa orteguiano, no entiende ni puñeta de economía básica ni se interesa por ella, y eso le preocupaba a Muso, con toda razón. En momentos difíciles, se acude al fatal arrogante hayekiano y se pretenden milagros o acciones mágicas de líderes que, sabedores de la situación, prometen el oro y el moro en un ambiente cargado de populismo que solo conduce al borde del precipicio. En los años previos a la II Guerra Mundial, las consecuencias de la Gran Depresión y la millonaria inflación del marco alemán abrieron la puerta a Hitler. Las consecuencias ya las conocemos, pero no aprendemos nada. Muso tenía razón, pero escuchamos poco y asimilamos menos, porque nos acostumbramos a vivir acomodados mientras “cientistas sociales” nos “solucionen” los problemas. Además de economía, parece ser que tampoco entendimos muchos de democracia liberal ¡Y es que somos lo que leemos!

En torno al espíritu de la tribu

O salimos de la basura política a la que nos hemos habituado o estaremos en cuarentena mental por otros 200 años

El Congreso volvió a sus andadas, y dio un lamentable y bochornoso espectáculo. No sería nada nuevo si no fuera porque en momentos de crisis -como los actuales- las condiciones lo hacen más doloso y preocupante. Una circunstancia agravante que endurece la condena hacía personajes que no dejan de practicar la delincuencia política en cada oportunidad que se les presenta.

Me da vergüenza -muchísima vergüenza- que esos mamarrachos -no son todos- ridiculicen al país cada vez que tienen ocasión, mientras se llenan la boca con elogios a Guatemala y cómo se preocupan y trabajan por el pueblo. El país les importa un soberano pito, al igual que los intereses colectivos, el Estado de Derecho o guardar la mínima decencia con la que deberían de conducirse por la vida.

Después de convocar a sesión, comenzaron la reunión horas más tarde, con esa desfachatez e irrespeto propio del narcisista que le importa un bledo los otros. Rompieron la agenda del día y volvieron a introducir una moción privilegiada para atender la aprobación de préstamos y reacomodos presupuestarios que aumentaban dinero al PARLACEN, al Congreso, a incentivos forestales o a una esperpéntica organización: la Asociación de Dignatarios de la Nación, cuyos integrantes, y quienes los animan, perdieron la dignidad hace tiempo, sirviendo particulares y oscuros intereses.

Un “honorable” diputado, Jorge García -de Prosperidad Ciudadana-, planteó la posibilidad de exonerar de impuestos -ISR e IVA- por 100 años, a empresas nuevas que se instalen en el país ¡No hay error!, son justamente CIEN años lo que el prohombre propuso, condenando a las que ya operan en la legalidad a dejar de ser competitivas, cerrar o pagar lo que esas otras dejarían de ingresar al fisco. A esa barbaridad ética, racional, fiscal y de justicia -criticada por muchos- se unió otra, desaprobada por otros: la de dedicar unos Q1,400 millones al pago de incremento salarial pactado por el gobierno anterior con sindicatos depredadores de fondos públicos ¿En qué momento perdimos la cabeza, la razón, la sensatez y la decencia o es que nunca tuvimos mucho de todo eso?

Ese mundo surrealista se hizo más visible cuando “otro honorable”, en esta ocasión el diputado Felipe Alejos, leyó como si fuera en subasta de pescado, el texto que debía aprobarse. Con ininteligibles balbuceos, se burlaba del ciudadano que paga su sueldo y resolvía un estúpido procedimiento de lectura convirtiéndolo en payasada circense -similar a las del gobierno anterior, a lo que está acostumbrado- que en acto formal.

A mi -extranjero en este país, y por tanto no de origen- me avergüenzan esos majaderos sin dignidad ni capacidad para ejercer el cargo que ostentan, y absolutamente desapegados de la realidad nacional, pero sobre todo del país que dicen amar. El medio que publica esta columna no permite el insulto explícito -y hace muy bien- pero esos dignatarios, y quienes les dejan que campen a sus anchas sin ponerles freno, son una auténtica porquería. O salimos de la basura política a la que nos hemos habituado o estaremos en cuarentena mental por otros 200 años.

En situación de normalidad, la mayor parte de lo que salen del Congreso es criticado; en estas condiciones, en las que hay miedo y zozobra, además de riesgo de ser infectado, lo que esos individuos hacen o permiten es abominable. No todos son iguales, pero los diferentes que den cara, golpeen la mesa y señalen a quienes así actúan. No más silencio. No más permisividad. No más paciencia. No más miedo. Es momento de actuar, de hacer la diferencia, de alzar la voz y frenar a esos delincuentes con disfraz político.