¿Es la ayuda USA el fondo del debate?

Muchas organizaciones no gubernamentales viven de fondos gubernamentales -¡vaya paradoja!- y actúan siguiendo principios y postulados políticos

La mayoría de los sistemas democráticos permiten acceder a datos gubernamentales con cierta garantía de veracidad. Sobre esa premisa, puede ingresar a la página web https://explorer.usaid.gov/cd/GTM y verificar la ayuda histórica del pueblo norteamericano a Guatemala, así como a otros países.

En el caso nacional, la cooperación de diferentes agencias de los USA se fue incrementado desde 2001, aunque con puntuales descensos en algunos años en casi idéntica proporción. Sin embargo, en 2016, último año de la administración Obama-Biden, la ayuda subió un 115% lo que supuso, además del mayor incremento en los últimos 20 años, una inyección vital para determinados grupos -gubernamentales o no- que captan ese dinero, junto a otras cantidades que aportan distintos países y entidades.

La llegada de Trump vino a cortar -con cierto radicalismo- ese caudal de cooperación y en 2020 el dinero bajó a cifras de 2008 generando un importante “desabastecimiento oenegero”, y el consecuente efecto de incomodidad con el republicano y su política. Podemos engañarnos lo que queramos o justificar lo que deseemos, pero muchas organizaciones no gubernamentales viven de fondos gubernamentales -¡vaya paradoja!- y actúan según principios y postulados político-sociales de aquellos que aportan el dinero, hacen lobby permanente o lo intermedian. Roma no paga traidores, pero ¿y Washington?

El entorno de Biden es mucho más propenso a continuar con ese apoyo que, por cierto, nadie compara con datos sobre el incremento de la renta per cápita, del PIB o la reducción de la pobreza, así que las opiniones sobre inversión de ayuda sin análisis de impacto no resultan más que peroratas. Carlos Ponce -Tiempo Latino del pasado sábado- señala: “La Oficina para la Transparencia de Estados Unidos (United States Government Accountability Office) en su informe al Congreso en septiembre de 2019, GAO-19-590, encontró la falta de medición comprehensible y efectiva del impacto de los proyectos implementados en el Triángulo Norte desde el 2013 al 2018, unos 370 proyectos por más de $2.4 billones de dólares sin medir el impacto real”.

Frente a la promesa de incremento de apoyo económico de la actual administración USA, un montón de personajes, sobradamente conocidos, acechan para recibir la tajada más grande. La economía se alía con la política -nada nuevo por otra parte- y la geoeconomía se posiciona frente a la geopolítica. De pronto, diferentes grupos -desde distintos medios- cacarean idénticos mensajes, y parecen estar “casualmente” alineados con cierta facción progresista en pugna por el poder en la actual administración demócrata. Estamos frente a un embate político-económico dentro de una geoeconomía doméstica, donde el intervencionismo es tolerado y bendecido -ahora si- porque es condescendiente con algunos opinantes nacionales. Muchos, no obstante, parecen ignorar que en el fondo lo que persiguen es parte de esos $4,000 millones prometidos que compensarían la drástica reducción de los últimos cuatro años .

No me opongo a las ONGs, pero cada vez más es necesaria la accountability. Cuando se quiere jugar a la política fuera de la cancha, disfrazados de “grupos de la sociedad civil” -pero financiados por gobiernos con quienes hacen lobby y alianzas más secretas que aquello del tercer país seguro-, se incumple la regla principal de la transparencia. La mayoría de esos grupos sólo se representan a si mismos y a quienes viven de ese sistema, así que o ponemos las cartas sobre la mesa o el juego turbio seguirá funcionando a espalda del ciudadano que, como siempre, permanece apático, melodramático, visceral y despistado ¿Tendrá eso el carácter de corrupción disfrazada, aprobada y consentida?

La estrategia de seguridad norteamericana

Aplaudimos a quienes nos frenan y endulzan con millones de dólares y condenamos a los que usan la fuerza pública o tratados condicionantes

Curioso, pero desgastante, resulta escuchar opiniones en medios y redes sociales sobre la tan nombrada “fuerza de tarea anticorrupción” que supuestamente EE.UU. activará en Centroamérica, así como de las presumibles acciones que emprendería. Me atrevo a apostar -y quizá no pierda- que la mayoría de los opinantes no se han leído -ni saben que existe- la Interim National Security Strategic Guidance -marzo 2021-, guía que recoge la visión del presidente Biden sobre cómo EE.UU. se relacionará con el mundo, y que brinda a los distintos departamentos y agencias la orientación para alinear sus acciones. De haberla ojeado es posible que entendieran la finalidad -el estratégico para qué- más importante que las acciones que se podrán adoptar -el operativo cómo-.

En la introducción del documento, Mr. Biden señala, entres otras cosas y en inglés, lo siguiente: “Cuando invertimos en el desarrollo económico de los países, creamos nuevos mercados para nuestros productos y reducimos la probabilidad de inestabilidad, violencia y migraciones masivas. Cuando fortalecemos los sistemas de salud en todo el mundo, reducimos el riesgo de pandemias futuras que pueden amenazar a nuestra gente y nuestra economía.” Is it clear! El objetivo de invertir dinero -cooperación- es crear mercados útiles -para ellos- y reducir las migraciones masivas que les afectan. En ningún lugar de las dos páginas de la introducción, que son las que firma el presidente, se habla de corrupción.

Más adelante, en el apartado “Nuestras prioridades de seguridad nacional”, incluye una única cita a Centroamérica para referirse a la asistencia con USD 4,000 millones -durante 4 años- “y tomar otras medidas para abordar las causas fundamentales de la inseguridad humana y la migración irregular…”, orígenes que, según Biden, son la pobreza, la violencia criminal y la corrupción, agravadas por la pandemia. 

Por tanto, únicamente hay que enlazar las ideas plasmadas en el texto citado para comprender que invertirán su dinero en distintas áreas y proyectos con el fin de controlar, reducir y evitar lo que consideran un problemas de seguridad nacional: la migración masiva.

Mr. Biden hará -más inteligente y socialmente aceptado- lo mismo que hizo Mr. Trump, y han hecho el resto de los presidentes norteamericanos: frenar la migración masiva porque la consideran un problema de seguridad nacional. Sin embargo, algunos gustan más de la zanahoria -ayuda económica- que del palo -muro y border patrol- aunque el objetivo sea el mismo. Aplaudimos a quienes nos frenan y endulzan con millones de dólares y condenamos a los que usan la fuerza pública o tratados condicionantes, como muestra el envío de la guardia nacional mexicana a la frontera guatemalteca a cambio de vacunas contra la pandemia.

El discurso indirecto y sibilino -más demócrata que republicano- hace inferir que nos ayudarán a combatir la corrupción, lo que pone felices a quienes se reúnen periódicamente en la embajada USA a medrar, buscar fondos o hacer lobby. Parecen no entender -o quizá si lo hacen, pero lo callan- que la política exterior norteamericana responde a la política interna, es realista y, como especifíca el documento citado, pretende ampliar sus mercados y cortar la migración, aunque ciertos personajes quieran convencer de otras cosas que repiten sin cesar. En pocos años veremos lo mismo de siempre. Si de verdad la corrupción fuera el objetivo principal, deberían extraditar a Baldizón, Archila, Marroquín, etc., detener a la esposa de Angel González, no dar refugio a Mallory Chacon o haber procesado y no devuelto a México al general Cienfuegos. En todo caso, quienes prefieran seguir su lucha ideológica o no leer y dejarse convencer, también están en su derecho.

Los Miserables

Lo que no tiene calificativo es permitir que esos mamarrachos indecentes continúen al frente de instituciones públicas

En 1862, Víctor Hugo nos regalaba un novela cuyo título se ha repetido y adaptado a lo largo de la historia con las modificaciones propias del tiempo, pero con idéntica esencia. El francés presentaba una discusión sobre el bien y el mal, y criticaba la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. 

En varios países se ha comprobado aquella frase de “si quieres conocer a alguien dale poder”, y en España, Argentina y Perú, por ejemplo, hemos visto como políticos, religiosos, militares o ciudadanos empoderados, se han saltado el orden establecido para vacunarse contra el COVID-19. En Guatemala, imitadores de lo malo que pasa por el mundo más que de las bondades, tampoco se ha hecho esperar tal despropósito. El presidente del Congreso se reservó una exclusiva habitación en el Centro médico militar cuando el virus se apoderó de él, ignorando y despreciando a miles de ciudadanos que padecíamos tal enfermedad y no podíamos utilizar dichas instalaciones. Dejó ver de que clase de cuero está hecho, no solamente por el uso indebido de los escasos recursos sanitarios, sino porque no pidió disculpas ni dimitió al finalizar el tratamiento selectivo y preferente que se otorgó, mientras el resto acudíamos a los centros habilitados -excepto a ese- y pagábamos la cuenta de nuestro bolsillo ¿Cuánta gente murió porque ese inmoral y miserable personaje ocupó un lugar que no le correspondía? Hobbes lo adelanto: ”El éxito hincha la vanidad, que es la pasión más peligrosa del hombre”.

Recientemente -imitando el comportamiento mezquino del diputado Rodríguez- el alcalde de Villa Canales es vacunado saltándose igualmente las trancas. El muy cara dura y ruin -y la ANAM que lo apoya- aduce que preside la clínica médica municipal ¡Claro, al igual que preside el resto de casi todo en el lugar!, por el cargo que ocupa. Tal presidencia no lo cualifica para poner vacunas, hacer chequeos médicos o diagnosticar a pacientes, así que no tiene ni debe estar en contacto con los mismos, que es la razón de la prioridad en la inmunización. 

Lo más triste es que seguramente no son los únicos miserables, y en los próximos días o meses otros irán saliendo en la medida que la vacuna llegue. Lo que no tiene calificativo es permitir que esos mamarrachos indecentes continúen al frente de instituciones públicas, mucho menos que no sean castigados con el rigor que merecen. Cada vacuna o cama de hospital que se utiliza, sin seguir el orden establecido, desplaza a alguien que puede morir. Considerar ese tipo de acciones -al menos- como homicidios involuntarios no debería tener mucha discusión jurídica, aunque parece que no damos trascendencia a tal comportamiento. Además, cuando el abuso del poder se hace desde un cargo público, la gravedad debiera castigarse más duramente.

Lamentable que permitamos esto y que la indignación ni siquiera se produzca cuando hay muertos de por medio, de ahí que otras cuestiones como el robo de recursos públicos, la corrupción, etc., no nos llamen tanto la atención, ni actuemos en consecuencia. Estamos podridos hasta el tuétano -socialmente hablando- y cada día que pasa y sube el nivel de tolerancia frente a estas cuestiones, perdemos la poca sensibilidad que nos va quedando. La ética no existe mayormente en esta sociedad, la ley está de adorno, la protesta ciudadana arrinconada en la mente y el abuso campa a sus anchas. 

Una sociedad que no se respeta a si misma no puede pedir respeto, y pareciera que los miserables cada vez son más, y más intensos.

Corrupción, corruptela y corruptos

Son buenos para señalar a los demás sin tener la mínima decencia ni honestidad intelectual de asumir la politización de esa casa de estudios 

Provoca pena y tristeza escuchar a algunos hablar de corruptos y de corrupción. Citan el famoso “pacto de corruptos”, manoseada frase que pretende promover un imaginario social en el que entra todo aquel que el receptor sea capaz de meter a sugerencia del emisor, pero sin comprometerse a nombrarlos. Una especie de tirada de piedra y escondida de mano. Quienes eligieron magistrados son corruptos; los elegidos (menos mis amigos, conocidos o apoyados) también lo son, y aquellos que nos cuestionamos el proceso, la ideologización y los intereses subyacentes -que nada tiene que ver con procurar justicia sino con mantener poder- también lo somos a los ojos de ese grupo de “filósofos” modernos ¡País repleto de corruptos!

Sin embargo, los que se llenan la boca de corrupción hacia los demás, han obviado y dejado de condenar clara, explícita, pública y contundentemente, la detención por diferentes delitos de dos rectores de la única -y por tanto monopólica- universidad estatal. Y es que “los del pueblo” -que tachan a muchos de corruptos- ignoran la viga que tienen en el ojo. Una quinta parte de los magistrados de la CC los nombran ellos y otra quinta parte los abogados mayormente egresados de sus aulas. Si sumamos corruptos, el 40% de la CC es nombrada por esos feroces críticos que miran hacia otro lado y no cuestionan -mucho menos proponen soluciones- sobre un sistema que es un auténtico nido de podredumbre en sus diferentes manifestaciones, la universitaria estatal una de ellas.

Son buenos para señalar a los demás sin tener la mínima decencia ni honestidad intelectual de asumir la politización de esa casa de estudios, por no entrar en las cuentas que no presentan o el presupuesto que despilfarran. La solución, si la quisieran, es sencilla -haya o no que modificar la constitución- y consiste en romper el monopolio concediendo el estatus de universidades estatales -similares a la USAC- a todos los centros regionales, con lo cual competerían por presupuesto, alumnos y calidad educativa y, además, que el Estado otorgue becas a los estudiantes, no a la universidad -subvención de la demanda y no de la oferta- para que cada uno invierta su dote económica en la universidad del país que estime mejor y de más calidad. En dos años, vaticino, cerrarían las instalaciones por falta de alumnos.

Pero, como tienen asegurada anualmente una importante cantidad de dinero y colocados en puestos claves a egresados, además de tener iniciativa de ley y otras prebendas, la USAC se ha convertido en un elemento de poder -que no de conocimiento ni enseñanza- en el que medran un sinfín de personajes que sencillamente les importa un bledo la calidad educativa universitaria, y mucho menos la juventud de este país. Eso cuando no otorgan títulos de doctorado a amiguetes sin que cumplan los requisitos mínimos: Baldizón, Gálvez, Moto y otros que irán saliendo.

Con ese modelo prefabricado para la corruptela,  seguiremos desprendiendo hedor en tanto no tengamos los bemoles para ser autocríticos y decir las cosas de frente y con la dureza que se requiere. Sin embargo, vaguear es más sencillo y rentable y a eso se dedican muchos de los que por allí zangolotean. Habrá que esperar a que se reactive la vida social tras el COVID para que vuelvan a cobrar  talacha, usen impunemente el pasamontaña, cobren en los parqueos o a la entrada y se queden con el dinero o, en el campus, vendan drogas, agredan sexualmente o se den ataques armados. Actividades “interciclos” entre las humillaciones anuales a estudiantes de primer ingreso. Mejor “id y cambiadlo todo”, que falta hace.

¿En manos de quienes estamos?

Una cifra menor al 1% de los ciudadanos de este país cuentan con dos de los cinco magistrados titulares y dos de los suplentes de la CC

El modelo de democracia representativa se sustenta en la elección de funcionarios que representen a sus electores. De esa cuenta, los votantes -que deberán ser los más posibles- eligen a diferentes delegados que serán quienes gestionen la vida pública en nombre de aquellos. Viene la reflexión a propósito del proceso de elección de magistrados a la CC, y a proponer un debate que se ha olvidado. Nos hemos fijado poco en lo méritos de los elegibles, demasiado en si la persona cae bien o mal o representa a uno y otro sector y nada en la filosofía indicada sobre el concepto de democracia representativa.

Hagamos cuentas. El Colegio de Abogados tiene aproximadamente 37,000 afiliados, lo que supone el 0.22% de la población de país y el 0.45% del padrón electoral. A esos insignificantes números representativos, agréguele que en las pasadas elecciones votaron alrededor de 8 mil abogados. La conclusión es que el 0.05% de la población -abogados colegiados- eligen a un magistrado titular de la CC que, teóricamente, “representa intereses”, pero dígame usted de quienes.

Siga un proceso similar en relación con la elección que hace el Consejo Superior Universitario y concluirá que aproximadamente el 0.8% de la población -universitarios de la única universidad estatal- elige a otro representante titular. Así que un grupo menor al 1% de los ciudadanos de este país cuenta con dos de los cinco magistrados titulares y dos de los suplentes de la CC ¡Ahora hábleme de representación, justicia electoral y otras cuestiones similares, pero antes de que me descojone!

Sobre los otros magistrados -los designados por el Presidente, el Congreso y la CSJ- podrán hacerse cuestionamientos, pero no referidos a la representatividad, porque son electos por colectivos que la tienen, aunque las formas, el modo o los procedimientos puedan ser discutidos, además de preguntarnos si deberían ser otros los electores o diferente el modelo.

Caemos, nuevamente, en algo que se debate poco: el sistema que no funciona. Seguimos pensando, contumazmente -tal y como se demuestra una vez tras otra- que las personas son esenciales en los modelos de gestión pública, cuando la experiencia demuestra que no. Un director probo al frente de una institución conseguirá seguramente buenos resultados incluso si aquella está corrompida, pero una institución con un buen diseño es posible que no pueda pervertirse por persona alguna. Ciertas teorías del institucionalismo así lo dibujan, solo hay que prestarles atención. Los ejemplos recientes en USA muestran justamente que las instituciones bien diseñadas, independientemente de las personas que lleguen a presidirlas, terminan siendo más eficaces que a la inversa.

Aquí, cabizbajos y desorientados -es decir, como siempre- perdemos el tiempo cada cuatro o cinco años en analizar a personas, como si la cabeza no nos diera para debatir sobre el diseño institucional que, a todas luces, no es representativo y, en este caso, concentra dos quintas partes del poder en el 1% de la población: abogados y USAC. Es evidente que la CC termina defendiendo derechos, exigencias o postulados de esos colectivos -o de quienes los manejan- que son los que finalmente ejercen ese poder constitucionalmente otorgado a una minoría que ni siquiera se representa a si misma. Estamos como estamos, porque somos como somos, y si no cambiamos seguiremos lamentándonos periódicamente por nuestra torpeza, incapacidad y desidia. 

Dicho eso -que seguramente no servirá para nada- continuaremos debatiendo si el fulano de tal, que elegirá el Presidente, o la zutana de cual, que designará la CSJ, nos caen bien o mal ¡Y es que, a diferencia de los aguacates, no maduramos ni con el tiempo ni con el calor!

Signos, símbolos y señales, pero nada

Este año se debería celebrar el 200 aniversario de la independencia. Uso el condicional porque no hay mucho que celebrar

Como grupo social no hay nada más que debamos padecer para aceptar la situación que sufrimos. No creo que se pueda encontrar un lugar en el mundo -ni quizá en la historia de la humanidad- en el que converja tal cantidad de presidentes huidos, condenados en USA, detenidos o bajo persecución penal. A ese “tigre”, único en su variedad, hay que sumarle como manchas dos rectores -de la única universidad estatal- perseguidos por la justicia. Y podríamos seguir con diputados, alcaldes, candidatos, jueces, narcotraficantes, familiares de muchos de ellos y otros pintorescos y llamativos personajes: Baldizón, Valladares, Estrada, Moto, etc. Póngale al genuino coctel una CSJ que cumplió hace más de un año su tiempo - aunque ahí sigue- y el de una CC que puede tomar el mismo camino. Fílmelo y titule el video “el fracaso perfecto”. 

Sin embargo, cada día nos levantamos y, con ciego y desenfrenado optimismo, emprendemos el camino saturado de tráfico y nos anestesiamos a la ida y al regreso, como una forma de huir de problemas que no queremos resolver al pensar que no son nuestros, y otros los culpables ¡Ahí está el error!

Este año se debería celebrar el 200 aniversario de la independencia. Uso el condicional porque no hay mucho que celebrar, más allá del fracaso social que hemos construido con ingredientes aportados por cada uno -no nos engañemos ni sigamos echando la culpa a los demás- unido a ese “miedo” que todo lo justifica y excluye de la acción -y consecuente responsabilidad- a quien lo esgrime. No se denuncia por “miedo”, no enfrentamos la situación adversa por “miedo” y no somos capaces de encarar a los malvados por “miedo”, así que desde ese privilegiado refugio dejamos que las cosas sucedan y siempre encontramos a quienes culpar: el G-13, CODECA, los empresarios, los políticos, el vecino, los gringos o cualquiera que en ese momento se nos cruce y sirva como excusa para justificar lo que como ciudadanos e individuos no hacemos, por “miedo”.

No se que tan difícil es aceptar que nadie vendrá a ayudarnos y que, por varias razones,  le importamos un soberano pimiento al mundo: somos un grupo social muy pequeño -insignificante- en relación con otros, advierten que no hacemos nada por ayudarnos, consumimos inútilmente la cooperación internacional,  elaboramos sistemas para apropiarnos del dinero público, y nos gusta zafarnos de las responsabilidades que tenemos como sociedad. Fuera de aquí, en cambio, las autoridades de otros grupos sociales se preocupan por sus ciudadanos y desdeñan a estos centroamericano-caribeños perdidos en la inmensidad de un mapa. Y cuando nos citan en redes sociales, y pensamos que somos relevantes, es porque hay intereses de ellos que se vulneran aquí, y evidentemente saltan sus alarmas ¿Entendió la situación real del país o necesita un médium y algo de meditación trascendental y profunda para comprenderlo?

Esta eterna primavera nos tiene alelados, y el abaratamiento de la telefonía celular nos ha llevado a estar perdiendo el tiempo en redes mientras leemos estupideces o contribuimos a que aquellas se difundan, cuando no las generamos. Dejamos lo importante -cambiar una sociedad sumamente disfuncional- por lo urgente: el tráfico, el fulano que persigue el MP o el costo de la vida. No nos interesa profundizar en nuestros errores porque somos soberbios y poco autocríticos, y nos molesta profundamente que alguien nos restriegue el fracaso que hemos permitido. Sin visible animo de cambio, nos preocuparemos más en saber el tiempo que hará en Semana Santa y olvidaremos que somos un auténtico desastre social, y únicos responsables de ello.

Legalidad y legitimidad de las normas

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos

Tanto la legalidad como la legitimidad, etimológicamente hablando, están en el entorno de la ley, en la conformidad con el mandato legal. En ciencia política, además, el concepto se refiere a la capacidad de un poder de ser obedecido o ejercer su acción sin tener que recurrir a la coacción, a la amenaza de la fuerza, lo que presupone una aceptación social mayoritaria de lo que aquel hará y de su autoridad. Lo ideal, por consiguiente, es que las leyes cuenten con ambas calidades: legalidad y legitimidad, así serán observadas por la mayoría de los ciudadanos que verán en ellas algo aceptable y respetable sin necesidad de aplicar la fuerza, salvo excepciones que seguro habría.

Sin embargo, cuando la teoría predominante es el iuspositivimo o positivismo jurídico, se suele desdoblar el derecho y la moral, y la norma no necesariamente pasa esos dos filtros, que se corresponden -en cierta forma- con los primeros mencionados. Se lo pongo fácil: el positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas -por los legisladores estatales- mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas. La ley se elabora y acata, independientemente de su valor moral o aceptación social, que suelen coincidir. Así las cosas, la legitimidad se reduce o desaparece y la letra de la norma -carente de espíritu- predomina en la interpretación de los hechos ¿Le suena? 

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos. Otro ejemplo se observa en el actual debate sobre la elección de magistrado a la CC, donde también se aprecia el divorcio conceptual. Las normas fijan las condiciones, pero socialmente queremos hacer algo más. A los poderes que deben designar magistrados, les pedimos que apliquen filtros o establezcan procesos que nos gustaría figuraran como requisitos (legitimidad) pero que no se contemplan en la normativa (legalidad). La consecuencia inmediata es una frustración y el rechazo ciudadano a lo que no se hace, aunque el poder cumple con lo que la ley marca. Uno más se puede ver en el reciente acoso a una menor. Socialmente condenado y rechazado -como no puede ser de otra forma- se levantaron muchas voces para que el supuesto agresor sea condenado (legitimidad). Sin embargo, el delito de acoso (legalidad) no está tipificado en el código penal y, nuevamente, la legitimidad choca -en este caso- con la ausencia de legalidad. No hay tipo penal específico que se le pueda aplicar, más que buscar la forma de ajustar su conducta a delitos existentes, con el riesgo de que el juez no aprecie tal relación y lo declare inocente. Seguimos confrontando el “ser” y el “deber ser”, pero no damos los pasos necesarios para hacerlos coincidir, y nos frustramos. 

No hay de otra que cambiar el sistema que no sirve, legislar sobre lo que socialmente estamos de acuerdo y dejar de pelear normas redactadas sin legitimidad o ni siquiera existentes. Nos acostumbramos a vivir en un “No Estado de Derecho”, en el que prima la visceralidad y el calor del momento y pretendemos adaptar la ley a nuestros intereses en lugar de debatir seriamente las modificaciones pertinentes, y reflejarlas por escrito en los códigos correspondientes. Nos hemos acostumbrado a acomodar las normas a nuestras necesidades, y continuamente nos confrontamos con la realidad por querer hacer las cosas como nos gustaría (legitimidad) olvidando que lo legal termina imponiéndose por nuestra constante pasividad al cambio real.

Orwell 2021: entre chairos y corruptos

Es frecuente que nos preguntemos por qué estamos como estamos, sin advertir que la respuesta es porque somos como somos

Cuando una sociedad no es capaz de promover y sostener un debate mínimamente coherente y racional, y se despacha con descalificaciones, insultos o crea imaginarios ideológicos para incluir a personas según su parecer, está muy lejos de alcanzar un mínimo y suficiente nivel de madurez emocional. Expresiones como “pacto de corruptos” o “chairos” son profusamente usadas en redes o manifestaciones públicas para incluir a personas de las que no se habla con criterios objetivos. Ese tipo de acusaciones se ven en redes y si las responde, puede ser incluido inmediatamente en cualquiera de esos paquetes orwellianos que han venido a sustituir aquellos “dos minutos del oído” que alimentaban el espíritu de los súbditos del sistema. Todos los totalitarismos empiezan por la descalificación radical del adversario, porque el ruido social impide atender razones de fondo.

Esos bolsones prejuiciosos ni siquiera están definidos, pero se utilizan peyorativamente por algunos para descalificar. El debate nacional se mantiene tristemente en ese nivel de “calidad”, incluso aquellos de los que se esperaría una reflexión más madura, se quedan en ese ámbito de la entelequia y lo abstracto porque como decía un jefe que tuve: es más fácil y menos comprometido generalizar y descalificar a todos que confrontar a quien realmente falla. 

Todo eso, además de mostrar un significativo analfabetismo funcional y una incapacidad de abordar con racionalidad temas que afectan la vida pública y el futuro nacional, lleva a elegir a personas en función de cómo nos caen o son percibidas por otros, porque la mayoría no los conoce y se deja llevar por el criterio de aquellos que hacen más ruido. De esa cuenta, la cualificación profesional, la experiencia en el cargo, el currículo del candidato o las explicaciones que pueda dar, valen madre frente a valoraciones personalistas, subjetivas y banalizadas de quienes no tienen más que hacer que comentar en redes sociales o cuentan con dinero para pagar a otros que lo hagan por ellos. 

Ese es el nivel actual del “debate” público sobre quienes integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad. Se habla mucho más de quien cae bien o mal que del expediente que presenta o de la capacidad que tendría -al menos teóricamente- para resolver asuntos relacionados con su cargo de magistrado, lo que terminará por afectarnos a todos. Se aprecia más a quienes están cerca de preferencias personales -normalmente basadas en percepciones- y de ahí se generan los comentarios positivos o negativos, loables o condenables. 

Es frecuente que nos preguntemos por qué estamos como estamos, sin advertir que la respuesta es porque somos como somos: despreocupados, influenciables, poco preparados para debatir racionalmente o analizar críticamente, y viscerales, sumamente viscerales. 

La razón parece que huyó hace tiempo del país y no desea regresar. Migró a otros lugares donde apreciamos discusiones profundas y aprendizaje de los errores, además de que son capaces de cambiar aquello que no les funciona, y nos fascina que otros vengan a explicarnos lo que sabemos pero no queremos asumir la responsabilidad de dialogarlo, presentarlo y finalmente adoptarlo.

Hemos creado y promovemos una guerra fría entre chairos y corruptos, al mejor estilo de aquella otra que también fue producto de la ideología. No queremos superar ciertos obstáculos porque falta capacidad para alcanzar acuerdos mínimos -finalmente es lo que se llama democracia- y seguimos enfrascados en una confrontación permanente y hepática. Parece que la “sangre llama” y me da la impresión de que si pudiéramos matarnos “un poquito más” prolongaríamos el conflicto hasta que nos duela el alma, por ahora ausente, perdida, etérea e insensible ¡Vaya desastre que somos tras 200 años de independencia!

Roma traditoribus non praemiat

Ese entramado se ha tejido dentro de una universidad privada y otra pública o en determinadas facultades o departamentos de aquellas

La historia del huido juez Moto, y su periplo por llegar a la CC, debe hacernos reflexionar nuevamente sobre el sistema de elección de jueces y magistrados. Hubo, hay y esperemos que no haya, personajes dedicados a conformar redes de apoyo y promoción a abogados, jueces y magistrados para procurarles un ascenso ordenado, y luego, como no podía ser de otra forma, cobrarles el puesto en función del valor agregado que les generaron. De esa cuenta, muchos de los leguleyos que ocupan cargos de responsabilidad fueron beneficiados con estudios de postgrado fuera del país, a donde los llevaron a pasear -no a estudiar- y les otorgaron títulos de maestría o doctorado para engordar artificialmente sus historiales de vida, consiguiendo así esos puntos necesarios para superar los filtros que establecen las comisiones de postulación. También les eximen de cumplir con las normas vigentes o les crean revistas -académicamente insostenibles- en las que publican artículos patitos para que cuenten con puntuación en las calificaciones antes citadas, o los invitan a impartir “magistrales conferencias” que podrán anotar en sus currículos. En una palabra: una maquinaria de producir valor agregado a personajes de la judicatura para promoverlos en puestos de interés, y cobrarles el servicio más tarde.

Ese entramado se ha tejido, por lo menos, en una universidad privada y en la única pública -o en determinadas facultades o departamentos de aquellas- cuyos directivos participan en esas comisiones de postulación seleccionadoras del personal, con lo que cierran el círculo. Esa es la razón por la que ciertas tesis -Baldizón o exrector Gálvez- desaparecen de la biblioteca virtual o no están disponibles para consulta pública, vaya a ser que se termine descubriendo -como ya ocurrió- que son copias burdas de trabajos de otros, no cuentan con la calidad académica necesaria o se saltaron las trancas de la normativa, como la publicación de dos artículos académicos en revista de prestigio que, al menos, cuenten con consejo editorial, lo que representa un filtro de calidad para el trabajo.

El juez Moto puede ser un subproducto de todo ese proceso. Fue muy mal evaluado por el departamento correspondiente del OJ en aspectos como redacción, razonamiento y parte resolutiva de sus sentencias, y pobremente en parte introductoria de las sentencias, precisión en los hechos, objeto sobre lo que versa el proceso, determinación de los hechos que el juez estima probados, materia probatoria y empleo de disposiciones legales. También obtuvo esa mediocridad en competencias respecto de la profundidad de sus respuestas y convicción de justicia. No comprendo como con esa puntuación se le renovó el puesto en su juzgado y no fue inmediatamente cesado, mucho menos que sea juramentado por el Congreso para la CC, especialmente cuando los honorables diputados se ufanan de cumplir con la fiscalización de actuaciones de los otros poderes del estado ¡Ja!

Si usted evalúa su expediente académico, que es lo que hay que analizar objetivamente de un profesional, también deja mucho que desear. No se le conocen trabajos académicos publicados, -salvo un par de páginas en una revista local de Izabal- y ni siquiera cuenta con el reglamentario que le debería haber exigido la USAC para graduarlo de doctorado, entre otras cuestiones que no cabe explicar aquí por su extensión.

El juez ha sido abandonado por aquellos que le apoyaron. Nadie, ni siquiera el privilegiado durante el COVID-19 presidente del Congreso, quiere echarle una mano. “Roma no paga traidores”, y cuando te tienen que sacrificar quienes te adulan, no dudan en hacerlo. Es lo que no entienden algunos tontos útiles que se prestan a esas cosas, y tanto daño hacen el país.

El que paga al músico elige la canción

Esta situación solo conduce a tres lugares: un narcoestado, una revolución o un cambio traumático que puede llegar

En 2015, un informe de CICIG puso de manifiesto que “las élites empresariales”, junto con financistas individuales,  aportaban el 25% del dinero para las campañas electorales. El otro 75% se distribuía entre el crimen organizado, el narcotráfico y apropiaciones que los políticos hacían, de diferentes formas, de las arcas públicas. El tiempo transcurrido desde entonces ha cambiado los porcentajes, y es fácil intuir que el financiamiento político actual se sustenta en comisiones obtenidas de contratos del Estado, del narcotráfico y del crimen organizado. Al sector privado tradicional simplemente lo han sacado de la ecuación, y tiene su explicación. 
La delincuencia organizada no necesita acción sino indiferencia. Es decir, no requieren de leyes o arreglos de cualquier tipo, que es lo que la “voz popular” dice que reclaman algunos financistas. Aquellos necesitan una policía y una justicia que cierre los ojos, no haga detenciones y las acusaciones desaparezcan de los juzgados, pero ninguna acción positiva a su favor. De esa cuenta es más cómodo para un gobierno recibir dinero por ser inactivo a ser financiado por quienes reclaman algún tipo de privilegio, que seguramente obliga a pactar con otros y genera más desgaste. Actualmente se observa esa situación, de ahí la preocupación manifestada en redes sociales por diversas autoridades norteamericanas, porque ello afecta a su agenda de seguridad nacional. 
El líder del partido UCN -ahora cancelado- condenado por narcotráfico en Estados Unidos, dos hermanos de diputados del mismo partido capturados por idénticos delitos, otro legislador sancionado por narcoactividad en 2015 en USA está al frente de comisión de Defensa del Congreso y muchos más pendientes de antejuicios congelados o señalados de graves delitos, amén de un etcétera más que conocido, evidencia lo dicho. A lo anterior, súmele las instituciones cedidas a partidos políticos y diputados como pago de favores, como el INSIMUVEH al partido Prosperidad Ciudadana y concretamente al diputado García Silva o los contratos de familiares, amigos e hijos de otros diputados en diferentes lugares. Un reparto de plazas públicas como pago de favores -habidos o por recibir- y que no requiere de empresarios financistas. Esta situación solo conduce a tres lugares: un narcoestado, una revolución o un cambio traumático -económico e ideológico, especialmente- que puede llegar y que seguramente radicalizará determinadas cuestiones ¡Ah, y no hay de otra!, no sigamos apostando por un salvador inexistente o por un estatus quo que se quedó rezagado en esta marcha veloz hacia no se sabe muy bien dónde.
El sector privado tiene la oportunidad -y el deber- de recuperar un tradicional papel en el liderazgo perdido, tanto en incidencia política como social. Es necesario, eso si, elaborar una agenda novedosa que incluya ciertos temas con propuestas concretas y viables: la reforma al sector justicia, la fiscalidad, el desarrollo social y especialmente la lucha contra la corrupción, y tiene que presentarse de forma diferente a como se ha venido haciendo, además de contundentemente. Es preciso salir del discurso tradicional y ponderado, y comprometerse más con ciertas dinámicas que van a una velocidad mayor que las reacciones formales. No hacerlo significará, en el corto plazo, perder la oportunidad, quedar rezagado, asumir el costo que ello supondrá y tener que reorganizarse en peores condiciones que las actuales, además de otras cuestiones no menores.
La inacción es incompatible con el ejercicio de mando, y aquel que desea incidir -y tiene la obligación de hacerlo- no puede callar o guardar silencio que pueda interpretarse -con razón o sin ella- como cómplice o apático, especialmente en un más que evidente cambio de época.