Incorrecta dicotomía

A la USAC le correspondería  para 2019 un aproximado de Q1,900 millones  y al Ejército Q4,319

Concurrentemente con el debate del presupuesto para 2019 se ha generado una dicotómica discusión respecto al monto asignado a dos instituciones monopólicas: la USAC y el Ejército. A la primera, no se le asigna -de ahí la protesta- el 5% constitucional sobre los ingresos ordinarios del Estado; al segundo, se le incrementa una millonaria cantidad que parece no estar justificada. Los comentarios se enturbian cuando los más osados contraponen -equivocadamente a mi parecer- el aumento en uno con la reducción en la otra. En todo caso hay dos certezas en este disputa. Una, que la Universidad no cuenta con el porcentaje constitucionalmente asignado ni la institución armada con el 0,66% del PIB recogida en los Acuerdos de paz. Otra, que ninguna de las dos transparenta el gasto y, por tanto, la fiscalización se hace compleja. Al todo hay que sumarle la falta de dinero para los diferentes reclamos y la pitanza que del erario se hace anualmente por instituciones, políticos y grupos de presión.

El debate se ha aprovechado -¡que bueno!- para solicitar algo que ningún político ha hecho jamás: pedir transparencia y fiscalizar el gasto público que hace la única universidad estatal, similar a lo que se ha estado haciendo desde hace años con el Ejército, aun sin el éxito deseado. No es posible que paguemos impuestos y desconozcamos el detalle de cómo se gastan. Sin embargo, lejos de encontrar eco con la solicitud de accountability se han escuchado voces derivando el discurso hacia otra dirección, propias de quienes exigen derechos pero no están dispuestos a cumplir con responsabilidades, algo ideologizado a lo que nos tiene acostumbrados determinados grupitos.

Es aceptable que exista universidad pública pero no “única”, porque supone un monopolio educativo estatal que es exactamente lo que la propia entidad educativa combate en otras áreas de la vida, como por ejemplo los negocios o las empresas. Lo ideal sería contar con varias universidades públicas y privadas y generar competencia y consecuente calidad y reducción de precios para los usuarios. De igual manera, habría que ir pensando en otorgar las becas a los alumnos -la demanda- y no a la USAC -la oferta-  de forma que cada estudiante becado pudiese elegir libremente la universidad -pública o privada- en que desee estudiar, lo que optimizaría el sistema al generar competencia que incidiría en mejorar la calidad educativa. Lamentablemente no se hace así y el monopólico universitario estatal marca las pautas con financiamiento fijado en ley pero sin compromiso de mejorar la calidad porque tiene asegurado el ingreso. Un claro despropósito fácil de comprender pero difícil de revertir.

De momento, y hasta que no mejorar la “lógica” distributiva del presupuesto, a la USAC le correspondería  para 2019 un aproximado de Q1,900 millones -interpretación legal sobre “ingresos ordinarios”- y al Ejército Q4,319 millones -Acuerdos de paz- cifras que responden a amarres presupuestarios negociados sin mayor fundamento racional. Los presupuestos no deberían estar prefijados sino debatirse en función de necesidades y resultados y siempre en un marco exigente de transparencia. Nada de lo anterior ocurre -ni se ve venir- porque se está mas cómodo sin tener que aclarar preguntas sobre compras y gastos y asumir responsabilidades por ello. Es -como siempre ha sido- una inútil y perversa lógica que la mayoría de los beneficiarios están dispuestos a aceptar por las ventajas que obtienen y pagamos el despilfarro y la falta de ética política y administrativa que alimenta la corruptela y genera una extensa red de aprovechados y vividores de un nefasto y colapsado sistema.

¿Es así cómo queremos cambiar el país? ¡Eso no se lo cree nadie!

Amistades muy peligrosas

El interés general ha quedado relegado al particular del político quien sirve a terceros anónimos

En 2015, la CICIG publicó un informe titulado “Financiamiento de la política en Guatemala” en el que presenta un gráfico que atribuye a élites empresariales, asociaciones empresariales y financistas individuales un 25% del financiamiento para las campañas, un 50% a constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas y un 25% al crimen organizado. Si valida lo anterior y “reparte” los porcentajes entre los epígrafes citados, observará que el 25% del tercer apartado -el crimen organizado- es el mayor de todos, y si desde aquel entonces se ha enjuiciado a personas que aportaron dinero de origen lícito y se ha desarticulado, en parte, el club de extorsionadores políticos que cobraban por adjudicar obras públicas, conceder proyectos o contratar plazas fantasmas, resulta que para el proceso electoral del año próximo únicamente queda, como origen de financiamiento -sin persecución por ahora-, el crimen organizado. Considere que constituirá el mayor porcentaje relativo y comprenderá la gravedad del riesgo que se avecina.

El financiamiento electoral por el crimen organizado -narcotráfico incluido- se ha producido, en mayor medida -también lo explica el informe- en Municipios y Departamentos. De esa cuenta el escenario más probable para los comicios del 2019 será que dinero procedente de esa clase de delincuencia -ilícito por tanto- financie a alcaldes y diputados que, por falta de medios e infraestructura, escaparán del control y de la fiscalización y desde lo local influirán en la política nacional. El TSE, con más voluntad que acierto, deberá aplicar una normativa nueva y un tanto extrema que dificultará enormemente el debate entre candidatos, así como la publicidad en medios, ya que la dureza de las medidas sancionadoras son de tal enjundia y subjetividad que posiblemente la mayor parte de medios prefiera quedarse al margen antes que entrar a colisionar con lo que ni siquiera los magistrados del tribunal electoral tienen claro. Observará que hay grupos que difunden el mensaje de que no habrá “elecciones libres por cooptación del TSE por parte de CICIG” y se preguntará qué puede haber detrás. Si comprende el escenario descrito, la respuesta aflora: hay quienes desean una elecciones sin fiscalización por parte del TSE porque así podrán ser financiados por grupos cercanos al crimen organizado y continuar con el manoseo desde la política.

Comenté hace unas semanas que el poder político real hace tiempo que no está el Ejecutivo ni en el corrompido Congreso, es el poder local el que batea sostenido por financistas anónimos. Los ciudadanos hemos asimilado que hay otra forma de hacer las cosas sin pagar favores o comisiones y a los financistas les ha quedado claro que deben atenerse a reglas más exigentes de transparencia y no pagar chantajes. Sin embargo quienes no han aprendido nada, ni están dispuestos a hacerlo, son políticos mediocres: alcaldes y diputados, particularmente distritales, anclados al modelo de financiamiento procedente de dinero mal habido y que apuestan por administrar lo público de manera ventajosa para perpetuarse en el poder -con cualquier partido- y no tener la necesidad de transparentar la identidad de los donantes ni mucho menos el origen de los fondos, la mayoría procedentes del crimen organizado.

El interés general se relega al particular del político quien sirve a terceros anónimos y corremos el riesgo de que sean los protagonistas en el proceso electoral venidero. Sobran ejemplos publicados en el citado informe y aquellos evidenciados por investigaciones en prensa sobre como diputados están relacionado con el narcotráfico y qué papel juegan en este rompecabezas del que poco o nada se entiende y menos se quiere saber. Los cambios drásticos pueden enlodarnos más.

¿Explicar, justificar, entender?

A ciertas sociedades en conflicto les resulta difícil superar momentos históricos complejos

El asunto de las “ejecuciones extrajudiciales”, ocurridas hace más de una década y desempolvadas la pasada semana por el MP/CICIG, ha generado una sórdida guerra fría, un silencio ensordecedor con impacto local e internacional. Es difícil abordar el análisis sin ser percibido como defensor o acusador -a favor o en contra- según el “bando” de quien lo interprete, si es que existen tales grupos. El debate se mantiene en un disimulado equilibrio inestable mientras se esgrimen variados argumentos que pueden colocarse en ambos platillos de una imaginaria balanza.

Hay quienes consideran que el señalamiento no ha lugar porque el delito del que se acusa es materia juzgada y no puede perseguirse de nuevo, y están los que identifican aportes que no habían sido judicializados con anterioridad y estiman que existe causa penal. También quienes argumentan que la persecución no es tardía porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, aunque en su momento con el genocidio reprocharon justamente el retraso interesado por años, y aquellos otros que se preguntan por qué no denunciaron esos delitos en 2007 si desde entonces existen los testigos y los peritajes forenses. Algunos avivan la tesis de que, como hay una persecución contra CICIG por parte de ciertos sectores y del gobierno, el caso aparece justamente en una coyuntura que viene a politizar la justicia para obtener ventaja; otros, sin embargo, aducen que en justicia no hay momentos. Encontrará seguramente más razones para poner en cualquiera de los platillos de esa balanza ficticia. De una parte, pareciera que hay una explicación injustificable, de la otra se aprecia una justificación inexplicable, todo en un contexto difícil de interpretar, digerir y asimilar. La coyuntura, además, genera más preguntas que respuestas y excita los ánimos ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿O habría que preguntarse: cuánto de razón tiene cada quien?

No nos rasguemos las vestiduras, aunque percibamos motivos aparentes para ello. Osama Bin Laden fue vaporizado por los USA al mejor estilo orwelliano, el gobierno ruso intentó asesinar al espía Serguei Skripal en Londres y el periodista Khashoggi estrangulado, descuartizado y desaparecido en el consulado saudí en Estambul, amén de otros casos. Si en Guatemala se hiciera una consulta sobre la aceptación de la denominada “limpieza social” puede que el resultado sorprenda ¡No nos engañemos! Es la contraposición entre violencia y autoridad descrita por Michael Oakeshott en “Lecciones de historia del pensamiento político”, quien agrega: “nada de lo que los hombres han pensado o hecho será inteligible si no es tomado en su propio contexto y bajo sus circunstancias”. No justifico conductas pero diferentes países han tolerado actuaciones que se consideraron “aceptables” frente a situaciones especiales de inseguridad. Duro de entender, fácil de explicar y real como la vida misma.

A ciertas sociedades de postconflicto les resulta difícil superar momentos históricos complejos. Se ha  propuesto como “solución” el olvido -borrón y cuenta nueva-, leyes de punto final, leyes de memoria histórica o justicia transicional, todas cargadas de la parcialidad propia de quienes lideran los procesos porque las rencillas o las injusticias permanecen por generaciones y peor aún, son tomadas como bandera de lucha por muchos que no vivieron aquellos instantes pero impregnan el problema de emotividad y pasión más que de razón y conocimiento, lo que genera más tensión. Dicho lo anterior, me quedo con la mitad -y solamente la mitad- de la frase atribuida al militar y condestable francés -siglo XIV- Bertrand du Guesclin, y modifico la segunda parte como sigue: “No quito ni pongo rey, pero me preocupa lo que pasa y el impacto que tiene”.

¡Ya queremos pastel… !

En los últimos años ha crecido el gasto público sin que absolutamente nada haya mejorado

De forma periódica pero con mayor descaro, premeditación, alevosía y nocturnidad, el sindicato magisterial liderado por Joviel Acevedo -y no es el único lamentablemente-  presiona y consigue un nuevo aumento salarial que ronda los Q1,000 millones para 2019 y puede ampliarse en los años siguientes al infinito y más allá ¿Se imagina usted cuánto se puede mejorar el país con esa cantidad bien ejecutada? En otras instituciones los sindicatos correspondientes también hacen lo propio: OJ, MP, Congreso, Salud, Municipalidades, portuarias y una larga e inimaginable lista de piratas que hacen piñata del presupuesto, sacando de donde no hay, para beneficio de sus dirigentes y afiliados pero con nulo impacto en el servicio al ciudadano, y ahí está lo más preocupante.

De esa cuenta el gasto público crece anualmente pero: ¿adónde va ese aumento que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos? Pues al bolsillo de trabajadores del Estado en forma de bonos antiestrés, de Navidad, de vacaciones, de “responsabilidad” de “productividad” y seguramente encontrará otros nombres curiosos inventados para justificar la depredación de los fondos públicos que todas las instituciones hacen, con mayor o menor ruido, y de cuyos montos, por cierto, los receptores no pagan impuestos directos ¿Recuerda aquel ujier que hacía fotocopias en el Congreso por Q45,000 al mes?, pues ahí sigue no se crea que cambiaron las cosas ni declararon lesivos los onerosos pactos.

Por si no fuera suficiente, en esta ocasión, el sindicato magisterial consigue su propósito y el de Salud (médicos y enfermeras) no. La lección que se aprende rápidamente es que quienes más presionan, amenazan, hace ruido o se manifiestan vulnerando derechos ciudadanos, logran su objetivo. Conclusión para la próxima: hagan bochinche, paralicen el país y el político de turno les escuchará. No pierda el tiempo razonando el aumento u observando normas de corrección y legalidad: ¡no sirve para nada!

Los ciudadanos que pagamos impuestos y toleramos que esas cosas ocurran, permanecemos pasivos creyendo que el dinero sale de otra parte que no sea nuestro bolsillo y el político -conocedor de la falta de testosterona nacional- negocia con extorsionistas profesionales de tiempo completo y comete cohecho al aceptar el soborno del sindicato por la tranquilidad que le ofrece de no traer maestros a las calles, suspender clases, dar apoyo electoral con votos o asegurar plazas fantasmas que incrementan los ingresos o amortizan la inversión realizada para ser alcalde o diputado. Delincuentes que se entienden entre ellos, mientras observamos pasivamente, una y otra vez, lo mismo. Y si los sindicatos fallan o no existen, están los “bonos extraordinarios” como modelo sustitutivo. El Ministerio de la Defensa pagaba Q50,000 al Presidente y cantidades significativamente altas a la cúpula militar y la Corte de Constitucionalidad se recetó aquel “bono revolucionario” -así se llamó- por valor superior a los Q87,000 ¿Cree usted que por ello tenemos mejor ejército o la CC ha sido más eficiente y resuelve en menor tiempo los casos?, pregúntele a la minera San Rafael. En los últimos años ha crecido el gasto público sin que absolutamente nada haya mejorado  y así no hay presupuesto que llegue.

La salud sigue mal, la educación peor, las carreteras están a la vista y el medio ambiente, la seguridad, la defensa, la agricultura, la seguridad…., todo hecho un desastre por gobiernos terriblemente incompetentes, aunque pagamos mucho más por ello. “Sarna con gusto no pica” o “quien por su gusto muere que lo entierren parado”, son dos refranes chapines que describen nuestra actitud indiferente que hace posible este desmán y encima y con “satisfacción” paguemos el alto costo ¡Inaudito y estúpido, el Estado rehén de si mismo!