Cadena de patochadas

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló

¡Vaya con la semana pasada! Difícil hacer coincidir tantas barbaridades, despropósitos, chaladuras o estupideces en tan corto espacio de tiempo. La primera, para que el Presidente pudiera decir algo en el foro de NN.UU, fue la promulgación del Acuerdo Gubernativo que prohíbe los plásticos de un solo uso. Es una soberana estupidez impedir utilizar pajillas o bolsas del super sin actuar primero sobre el humo que emiten las camionetas, los basureros al aire libre o el manejo de residuos sólidos. En lugar de obligar a la municipalidades -cómplices de esta situación- a que tomen severas medidas, decidieron emitir una fútil norma que seguramente será incumplida y olvidada en el corto plazo ¿Por qué no lo hizo durante el primer año de su gobierno?

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló. Eso de que se ha aumentado a 193 los días de escolaridad, incrementado la calidad educativa, fortalecido la transparencia gubernamental y la buena gobernanza, se van a reforestar 1.2 millones de hectáreas para 2032 -cuando para esa fecha, con suerte, será abuelo pensionista del IGSS- o se cuadriplicó la inversión diaria para alimentación escolar, es una ficción o describe otro país, además no lo cree ni quien se lo escribió, mucho menos aquellos que vivimos una realidad absolutamente distinta y diametralmente opuesta. Eso si: seguramente prestaron atención a su arenga las delegaciones de Salchichonia, Lobaronia, los Verdes o los Colorados.

No contentos con lo anterior -o para competir con las chaladuras descritas, el Congreso se despachó en una sentada dos normas impresentables. Una, exonera a quienes no hayan pagado impuestos en el sector agropecuario y les crea un marco de privilegios impositivos. Otra, conforma una comisión de investigación sobre las actividades de la CICIG. La primera, teniendo en cuenta que hay como 50 diputados ganaderos o asociados/financiados por ellos, era de esperar. Aducen los del sector agropecuario que “nos le da el negocio”, aunque siguen en él. Recordémosle que tampoco es rentable, por ejemplo, la fabricación de vehículos, de computadoras, la exportación de dátiles, y lo que se hace es importar esos productos porque otros lo hacen mejor y son más competitivos. Pura teoría económica que ignoran mientras nos trasladan los costos de su ineficiencia. Si en Guatemala no se puede producir carne en las condiciones impositivas existentes, solo quedan dos soluciones racionales, igualitarias y ajustadas a derecho: importar el producto o bajar los impuestos para todos, porque el resto estamos en idéntica situación ¡No jodamos a estas alturas con teorías mercantilistas ni asustemos con desempleo! 

Con la comisión investigadora, puedo estar de acuerdo ya que toda averiguación que permita transparentar es bienvenida. Lo que no es de recibo, es que lo haga este Congreso con más de un tercio de diputados señalados, investigados, procesados, huidos y hasta condenados por homicidio, además de un alto número de cómplices que encubren al resto con su silencio. Un montón de sinvergüenzas, canallas o delincuentes investigarán a la Comisión que los puso en evidencia o los acusó ¿Puede encontrar algo más kafkiano o tortrix?

Mientras, dos nuevos derrumbes en el libramiento de Chimaltenango cierran la carretera y parece que ni el Presidente ni el Congreso toman acciones. Y es que la República de los Cocos -conocida por el cine- parece ser una realidad en la geográfica centroamericana. Los de aquí superaron al maestro y destronaron a “Su Excelencia” -Cantinflas- aunque es necesario decir, en su descargo, que aquel era consciente de que actuaba en un mundo ficticio, de chiste y broma, no como estos otros.

Retos al Estado tradicional

Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista

De un tiempo para acá, hay un encendido debate sobre temas que inciden en la estructura recaudadora estatal. La tecnología permite que ya no sea preciso llamar a un taxi o a un hotel para transportarse o alojarse rápida o cómodamente. Con Uber o Arnbnb puede, desde su celular, contar con múltiples opciones a precios reducidos. El “grito en el cielo” no ha dejado de escucharse porque quienes tienen una licencia oficial de taxi o de hotelería ven como sus precios no son competitivos con los de esos nacientes hijos de la tecnología. Son más caros por los altos impuestos que los gobiernos -centrales o municipales- aplican a sus tarifas producto -digámoslo también- del privilegio que les otorgan para transportar o alojar personas. Un pacto tácito en el que unos pagan y otros certifican y conceden beneficios exclusivos mientras trasladan los costos a usuarios que no tenían alternativas. Las Apps han arreglado en poco tiempo el gravoso problema y hecho tambalear al sistema.

Pero no es únicamente en esos sectores que los privilegios estatales se ven amenazados tras años de condenar al ciudadano a pagar más por menos. Otro sector afectado es el de la educación. Visiones decimonónicas permean todavía la forma de operar de escuelas y universidades en las que el cuerpo de profesores y la dirección siguen con formalismos y desincentivos como tesis, privados, sesiones magistrales, colegiaturas obligatorias, etc. La enseñanza en línea, los MOOC, el autoaprendizaje, el uso de la tecnología para múltiples aplicaciones o los diplomas en artes liberales -liberal arts- amplían los espacios educativos aunque no sean reconocidos por un estatus conformista anclado en procesos tradicionales que reducen la competitividad respecto de quienes han abrazado esas nuevas formas de aprendizaje.

Algo similar ocurre con la justicia, y animo a leer el libro “Justicia sin Jueces” para entenderlo mejor. Su autor -un juez con amplia experiencia- pone sobre la mesa y a debate un añejo problema. Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista. Tres expertos jurídicos en cómo aplicar formalmente justicia -no necesariamente atender el fondo del problema- se juntan a discutir sobre un tema y, siguiendo procedimientos reglados, toman una decisión. En el proceso, el sindicado o reclamante es un personaje pasivo representado o señalado por uno de los expertos sin que cuente con el derecho de autorepresentación porque la mayoría de sistemas judiciales lo impiden con diferentes excusas, tendientes a mantener el monopolio de aplicación de la justicia en un cuerpo colegiado sometidos a reglas y formas precisas y peculiares.

La tecnología -continúa diciendo el autor del libro- viene a dinamitar el sistema. Ahora, el litigante tiene acceso a información, puede conocer y aprender las formas, defender el fondo del asunto que siente como propio y sin interlocutor intermedio, además de otras cuestiones que cambiarán seguramente los procesos. En definitiva: se pasará de un papel pasivo a uno activo en el que los expertos serán, únicamente, asesores y complementos pero no actores principales del sistema. El arbitraje se pone de moda y, como en otras cosas, el Estado tiene que reconfigurarse y los colectivos privilegiados deberían pensar en el futuro que no será como hasta ahora, y buscar la reconversión.

Me da la impresión de que llegaremos tarde por lentos, pero quienes primero se organicen para servir mejor y a más bajo precio, lograrán ventajas competitivas en un mundo plural, globalizado e innovador. El Estado debe hacer su catarsis en temas como la certificación de grupos y la captación de impuestos en lugar de querer seguir aplicando modelos superados.

La fútil cantaleta anual

Intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”

Por estas fechas se activan anualmente grupos de presión que patrocinan el incremento de bonos, mejoras en pactos colectivos y subida del salario mínimo. Saben que pueden incluir en el presupuesto estatal montos a repartir durante el año siguiente, y la agenda buitre de sus liderazgos les recuerda la fecha. En esta ocasión, además, hay cambio de gobierno y es el momento preciso para negociar y presionar a salientes y entrantes, “liberarlos” del bochinche en las calles y conseguir el aumento deseado que dilapidarán en pago de planilla o en abogados sindicalistas. Ni el colegial ni el enfermo reciben mejor atención -a la pruebas me remito con esos ejemplos- aunque las penas se extienden al Congreso, al Organismo Judicial, al MP, a puertos, municipalidades y muchas otras instituciones públicas ¡Otra vez la depredación y el reparto de los recursos públicos!

Sobre el salario mínimo veo argumentos contrapuestos. Uno, el del asalariado que pide más dinero y busca la justificación oportuna: inflación, precio de la canasta básica, etc. Otro, el del empresario que argumenta no poder sostener un incremento por ley que descabala el cálculo económico necesario para sostener su negocio. Propongo empatía, uso de parámetros objetivos y reflexión sería sobre la postura contraria.

Realmente hay inflación anual y por tanto incremento de precios, lo que reduce el poder adquisitivo de quien gana lo mismo de un año a otro. Por otra parte, no es menos cierto que un empresario con diez o veinte empleados -las PYMES son mayoría en el país- quizá no pueda soportar un incremento anual porque sólo le queda reducir beneficios -muy difícil en un mercado abierto- despedir trabajadores o incrementar los precios de sus productos y dejar de ser competitivo ¿Cuál es la solución?

Cuando nos basamos en premisas falsas, distorsionamos o falseamos las conclusiones. Nadie se contrata por debajo de su (precio de) costo. Es absurdo, por tanto, decir que alguien trabaja por “una miseria”. Esa cantidad -recordemos que todos somos diferentes- es sencillamente la “adecuada”, puede que no sea la que le guste a la persona pero la acepta porque es mayor que su costo de oportunidad. Vaya a un mercado e intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”. Lo segundo, considerar que la canasta básica es igual para todos y tiene el mismo precio en todas partes, lo que de nuevo conduce a conclusiones inválidas. Lo tercero, aceptar que todos estamos en idénticas condiciones de capacidad y formación y, consecuentemente, hay que unificar el salario. Lo último, pensar que los beneficios empresariales son ilimitados y siempre sacrificables. Al final, lo “mínimo legal” termina siendo lo “máximo” y todos perdemos: trabajador, consumidor y empresario. Ganan politiqueros o sindicalistas inescrupulosos a quienes usted y yo les importamos un soberano pepino.

Que cada quien contrate libremente y trabaje por lo que desee y su capacidad y cualificación le permitan. Los profesionales liberales: médicos, abogados, lavadores de carros, jardineros, fisioterapistas, albañiles, fijan libremente sus honorarios y usted decide si los contrata, y ellos si le prestan el servicio ¡Así, sin salario mínimo ni agenda dictadas por gobiernos o grupos de presión! 

Cuando se entiende que la matemática es ciencia exacta y la política ciencia social -en la que sentimientos, poder, ambición, ideología sobre “igualdad social” y cuestiones similares, terminan por retorcer principios- se entiende perfectamente. No hay que perder el norte en discusiones bizantinas que impidan ver el fondo ideologizado. En cambio, más razón que emoción, suele ser la fórmula para entender muchos problemas. 

Esto de “los asuntos militares”

El panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible

En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los efectivos del ejército al 33% que determinaban los Acuerdos de Paz. La fuerza armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los Acuerdos lo fijaron arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del documento conclusivo al entonces jefe de la MINUGUA y al Presidente Arzú.

Desde entonces no ha habido discusión sería y pública sobre el futuro del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue, procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el ciudadano ha sido más exigente ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que la reconversión militar -incluso la desaparición de los ejércitos- era una necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad.

Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque además -no nos engañemos- es más rentable, especialmente en un país en el que el crimen organizado y el narcotráfico campan a sus anchas. En lo que va de año, han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos coroneles: uno -asignado a la dirección de personal del ejército- en el Petén, por hechos relacionados con el narcotráfico, y el otro acusado de blanquear dinero de la mara Salvatrucha.

Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento), con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado, el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible.

En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión de los hechos y declarar el estado de sitio en la zona y alrededores, seguimos sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no fue auxiliada inmediatamente por su base con quien debería haber tenido comunicación permanente ¿Cómo actúo -o dejó de hacerlo- el comandante en jefe? ¿Por qué no se enviaron refuerzos aéreos o terrestres si contamos con helicópteros y más de cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una posibilidad que el estado de sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el ejército del conflicto.

Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares”, de lo contrario el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.

Entre el paroxismo y el rechazo

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en otras

En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional: el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta: ¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?

La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede seguir siendo un normal proceder.

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente presentado, además de ser sumamente irresponsable.

Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que tiene suficiente lastre para hundirse.

Ética y valores: Morales e inmorales

El tribunal perdió una excelente oportunidad para censurar lo que está muy mal hecho y no debe consentirse

La absolución dictada por el tribunal que juzgó al hijo y al hermano del Presidente Morales, por fraude y lavado de dinero, ha generado reacciones contrapuestas. No voy a centrarme en un tema judicial, sujeto de apelación y diversos recursos, que generará seguramente muchos más comentarios. Quiero analizar algunas declaraciones y actitudes que considero debe ser el aprendizaje a extraerse de esta acción de la justicia en modo especial.

Llama la atención la afirmación de Juan Manuel Morales -hijo del Presidente- cuando dice que en este país hay un 60% de economía informal sin facturas y se las pide al otro 40%; qué eso es lo normal y la forma de proceder de “todos”. Esa declaración no es muy diferente de aquella otra de su papá, el Presidente, durante una entrevista en 2017: ”la corrupción es normal”. Tampoco lo es del ejemplo que le da su tío Sammy, al facilitarle facturas de su empresa sabiendo que las iba a utilizar para menesteres distintos al propósito del negocio a que correspondían. Es decir, apoyó, promovió y alentó un engaño, y esta fue la educación y los principios -la moraleja- que transmitió al sobrino adolescente: "no importa mijo, esto se puede hacer por razones económicas, comerciales, de ayuda o incluso altruista, porque no está mal”. Muy equivocado en su actuar el señor Sammy Morales y, sobre todo, irresponsable y mal preceptor de un joven al que debería haber guiado sobre sólidos valores y principios.

Es aquí, justamente, donde me quiero centrar en este asunto. No me importa tanto si el valor de lo defraudado es bajo o insignificante, si son parientes del Presidente, si la pena que se pedía era mucha o poca o la absolución justa o no. Es habitual en los casos judiciales conocidos, encontrar en sus protagonistas una visible ausencia de actitud y comportamiento éticos, por tanto indecente. Pareciera ser que en ciertos contratos, negocios, intercambios, actuaciones de servidores públicos y, en general, en la sociedad, el pillo, el chispudo, el fraudulento, el deshonesto, el inmoral, el pícaro, tienen espacios reservados en la dinámica nacional, y así es enormemente difícil predicar con el ejemplo ¿Cómo educar a las generaciones venideras que ven ese tipo de conductas normales y la forma correcta de progresar económica y socialmente? ¿Cuántos papás educan con el ejemplo de la familia Morales?

El tribunal perdió una excelente oportunidad para decirle al MP que la solicitud de condena era probablemente muy alta, pero también para censurar lo que está muy mal hecho y no debe consentirse, tal y como en solitario manifestó la presidenta y reflejará, probablemente, en su voto disidente.

Se pagan coimas, se acepta la coacción, se promueve el chantaje, hay enriquecimiento con plazas fantasmas, nos conducimos fuera de marcos estándares de valores…, pero proclamamos con frecuencia estar a favor de la lucha contra la corrupción y querer un mejor país, aunque en demasía, practicamos antivalores que nos conducen invariablemente al otro extremo de la prédica ¡Eso, sencillamente, es inaceptable!

Da igual quién investigue o juzgue; quién sea Presidente o Diputado; no importa si la comunidad internacional nos ayuda o qué ONG colabore. Somos nosotros quienes debemos cambiar y arrinconar definitivamente la inmoralidad porque no veo generaciones futuras renovando el país con esta educación anómala que muchos promueven, y que incide en quienes debemos confrontar a nuestros hijos y actuar contracorriente. 

¡Incompleta lección de la justicia! Una oportunidad perdida para hacernos reflexionar desde las instituciones, quizá porque no hay realmente mucha voluntad de cambio ¡Apañados vamos!

Animosidad que predispone

Seguimos embelesados con lo que pudo ser y no fue e ignoramos la realidad que está a 180 grados

Está demostrado que la política es más visceral que racional. Sin embargo, cuando se trata de elegir a quienes van a dirigir la nación, administrar lo público, gestionar miles de millones y tomar decisiones que nos afectan, la razón debería tener más protagonismo, aunque casi siempre se olvida.

Nos acostumbramos a liderazgos o formas de ser que nos gustan o coinciden con nuestra manera de pensar. Hay quienes prefieren al atrevido, otros al prudente e incluso algunos se decantan por actitudes autoritarias, y también hay espacio para los anárquicos. Y cuando por medio de elecciones democráticas o procedimientos legalmente establecidos se sustituye a la persona que nos gusta, esas emociones se destapan y comienza una irracional persecución o crítica contra quienes son distintos a aquellos que simbolizaban nuestras preferencias. 

Vivimos, por partida doble, uno de esos momentos. Percibo una actitud crítica continuada a la labor del Ministerio Público porque la nueva fiscal general no convoca conferencias de prensa o luce tan mediática como su antecesora, algo que también le sucedió a aquella cuando sustituyó a Paz y Paz y tuvo que superar el momento ya olvidado. Vivimos un proceso de adaptación a nuevas formas y modos pero en lugar de apreciar la eficacia de la labor -a través de los casos que salen a la luz- nos preocupa más la ausencia del ruido de la rueda de prensa, de la presencia en medios de comunicación o extrañamos la sensación de ver a otros esposados, detenidos o perseguidos ¡Nos agrada más el ruido que las nueces! 

Algo similar ocurre con el Presidente electo. Algunos no gustan de sus formas o modos aunque no advertimos que quizá los nuestros no sean muy diferentes. Se ha decidido, democráticamente, a quiénes poner al frente del país en los próximos años y seguramente muchos hubiesen preferido que las cosas sucedieran de otra manera, pero las reglas de juego determinaron lo contrario y hay dos formas de convivir con esa endémica preocupación: aceptar el sistema democrático y sus resultados viendo como optimizarlo -aplicar la razón- o desacreditarlo continuamente con fútiles cuestiones que impiden el avance del país -actuar con emoción-. Pareciera que seguimos embelesados con lo que pudo ser y no fue mientras ignoramos la realidad que está a 180 grados.

En 1975 España era una dictadura; en 1976 una monarquía. Se legalizaron los partidos políticos, entre ellos el comunista y el socialista, y la reacción no se hizo esperar tras 36 años de régimen autoritario. Vencer la inercia no fue fácil y, sin embargo, 15 años después, sobresalían positivamente los indicadores sociales, económicos y políticos. Si aquellos gachupines supieron hacerlo quizá heredamos esa mostrada capacidad o, si rechazamos a los invasores, demostremos que somos capaces de superarlos y hacerlo mucho mejor que ellos.

Estamos en un momento de cambio que la ciudadanía anhelaba y hay una oportunidad para retomar el rumbo de forma correcta; diferente a como se venían haciendo. Es hora de mostrar -y conceder- confianza, de apostar por el desarrollo, por la nueva política. Tiempo de mirar cómo se pueden promover inversiones, generar dinámicas propositiva y alejarse de la crisis. Ello requiere de inteligencia emocional adecuada y reflexión sensata, más allá de continuar con la polarización en la que caímos -o a la que nos llevaron- que ha demostrado no ser útil. Llevamos demasiado tiempo adormilados en un inútil pasado y anclados en confrontaciones permanentes que trascienden generaciones perdidas. Aprovechemos la oportunidad, convoque el nuevo Presidente una mesa de consenso y definamos acuerdos, o demos un paso al lado si carecemos de fuerzas, ganas o confianza.

Reflexiones políticas caducadas

Erradicamos de nuestra mente el yo responsable y lo sustituimos hábilmente por el tú culpable y menos costoso

Esta semana encontrará decenas de análisis sobre quién ha sido el ganador de la segunda vuelta electoral y sus planes en el futuro próximo. Como la oferta será variada, decidí escribir esta reflexión el domingo temprano y resucitar hoy sentimientos ya extinguidos. Las últimas encuestas señalaban que cualquiera que ganase era mayoritariamente percibido como malo, muy malo o regular, por tanto ¿qué más da quien haya quedado? o ¿acaso eso cambia sustancialmente el penoso panorama nacional?

Lo que ocurre cada cuatro años, durante el proceso electoral, nos es más que una catarsis personal proyectada socialmente. Y es que presiento una tremenda fascinación -próxima al síndrome de Estocolmo- por ese debate en el que siempre concluimos lo mismo: hay que seleccionar al menos malo. Todos los procesos electorales de los últimos años han sido exactamente iguales. Nos quejamos, una vez tras otra, de los malos políticos que tenemos y de la poca oferta aceptable, así que la segunda vuelta termina por ser una disputa para seleccionar entre dos nocivas opciones, cuando no otros calificativos más ponzoñosos. 

En los políticos buscamos personajes que arreglen nuestros defectos, nuestras mañas y manías, los hábitos adquiridos con el tiempo o ese arraigado oportunismo que mostramos con frecuencia. No aceptamos que el problema del país no son aquellos, ni el sector empresarial, ni la clase social, ni siquiera el comunismo, el socialismo o el liberalismo, o la derecha o la izquierda. El problema somos nosotros, las personas, los ciudadanos que no cambiamos porque no estamos dispuestos a aceptar un mundo competitivo en el que ser funcionario sea un mérito demostrado y no por cuello, la fila se respete y el pícaro no tenga esa ventaja que le otorga la impunidad o la fuerza, el bus pare en los lugares que corresponde y no donde le venga en gana, el energúmeno de turno no estacione su carro en línea roja mientras el chofer lo espera mientras bloquea todo el carril, el motorista use impunemente la acera como vía preferente o el contrato con el gobierno se haga con transparencia, sin pagar coimas o por medio de amigos influyentes. Tenemos los políticos que se parecen a nosotros y eso nos lleva a enfrentar una realidad que no reconocemos ni aceptamos, especialmente al vernos reflejados en ellos. Erradicamos de nuestra mente el yo responsable y lo sustituimos hábilmente por el  tú culpable y menos costoso.

De esa cuenta, cada cuatro años, entramos en un proceso de berrinche nacional en el que sometemos al escarnio público a políticos incapaces, inescrupulosos o delincuentes que, por cierto, elegimos con nuestros votos en la urnas no sin quejarnos continuamente de que son ellos, y no nosotros, quienes tienen este país en la ruina. Somos una sociedad -como muchas otras- con un alto grado de hipocresía personal y social y mientras no cambiemos individualmente no hay mucho que hacer. De poco -o de nada- sirve reflexionar sesudamente si no estamos dispuestos a modificar nuestro comportamiento, única forma de dejar a un lado esa monserga justificativa cuatrienal de: quién quedó, por cuánto ganó o qué va hacer en los próximos cuatro años, para volver a retomar la discusión de lo eternamente pendiente -que sigue aplazado- mientras el dinero público es saqueado por unos y otros. No es que no se pueda, es que no se quiere, y seguimos reclamando a otros lo que nos toca hacer a nosotros.

Así que visto el panorama, mejor me despacho esta última reflexión el domingo temprano, sin estar “contaminado”, pero con poca esperanza de que lo que ocurra sirva para cambiar lo sustantivo.

¡Ojalá me equivoque!

Lecciones pendientes de asimilar

La prohibición de algo no anula la demanda y -en el mercado formal o informal- se genera la oferta necesaria para satisfacerla

Cuando se alinea o sincroniza la oferta con la demanda se optimiza el sistema. Esa normal general aplica a temas que están desde hace tiempo en el debate social: el consumo de alcohol, la prostitución, el juego, las drogas y ahora más recientemente la migración.

En Estados Unidos se prohibió en los años 20 el consumo de alcohol, y se produjeron varios fenómenos: encarecimiento y mala calidad del producto, imposibilidad de reclamar y violencia extrema. Esas características se reproducen exactamente en el resto de temas indicados. La prohibición de algo no anula la demanda y -en el mercado formal o informal- se genera la oferta necesaria para satisfacerla. Si entiende que una normativa no puede evitar el juego o las drogas (Ver: Alberto Benegas Lynch, La Tragedia de la Drogadicción), estará disuadido de promulgarla y buscará otras alternativas. Esa fue la lección aprendida de la famosa Prohibición (Ver: Paul Johnson, Tiempos Modernos), y EE.UU. dio marcha atrás. Legalizó el consumo de alcohol y ahora se puede adquirir libremente por mayores de edad, en ciertos establecimientos y consumirlo en determinados lugares, lo que respeta la libertad individual de elegir y la responsabilidad de asumir las consecuencias correspondientes. Sin embargo, se prohibieron las drogas o se limitó el juego a varios Estados, lo que ha generado exactamente las mismas externalidades negativas que cuando se hizo lo propio con el alcohol. De hecho, EE.UU. está progresivamente legalizando el consumo de marihuana en su territorio y, un día, obligará al mundo -especialmente a la región- a que también lo haga. La diferencia es que ellos estarán preparados para enfrentar el reto -porque llevan años haciéndolo- y el resto estaremos en pañales y sin capacidad de adaptarnos cuando lo exijan. 

EE.UU. es un país altamente consumidor de juego, alcohol, drogas, prostitución y migrantes. Puede emitir leyes que lo prohíban, pero será un fracaso como ya se ha constatado, y servirá únicamente para crear agencias que luchen contra esos flagelos -ICE, DEA…- y gastar miles de millones de dólares que ni siquiera palian el problema. Además, muchos de quienes se forman en esas agencias terminan integrando mafias o pactando con delincuentes. Si EE. UU. quisiera realmente detener la migración es relativamente fácil: sancionen y clausuren la empresas norteamericanas que contraten a migrantes ilegales. De hacerlo así se terminaría el incentivo de migrar, pero seguramente el Presidente que tomará esa decisión saldría de la Casa Blanca al instante y su partido estaría electoralmente arrinconado por años. Es por ello que el costo de la decisión se difiere a la periferia, es decir, a los países que generan los migrantes, al igual que se hace con la droga. Entendamos algo: la cadena productiva norteamericana demanda mano de obra y esa, y no otra, es la razón por la que la oferta se genera en los países más cercanos: los centroamericanos, estimulado todo por las paupérrimas condiciones económico-sociales existentes en ellos.

O formulamos políticas públicas sobre la base de comprender cómo funciona el mercado o de lo contrario seguiremos creando instituciones de gobierno que luchen contra utópicas aspiraciones. Un imposible, tal y como se reconoce en la película de Los Intocables cuando un periodista le pregunta al protagonista: “señor Ness, ¿qué hará usted ahora que se va a legalizar el consumo de alcohol?, e impávido responde: tomarme un whisky.

El estatismo no cuadra con la libertad individual, ni esta con valores anclados en el puritanismo o en decisiones poco afortunadas de políticos extremistas. Aprendamos de la historia. Más sosegada. Más oportuna. Más aleccionadora. Mucho más real y práctica.

Hacer lo mismo y cambiar es imposible

Si el delincuente, disfrazado de político, nombra interesadamente a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente.

Aunque la bulla está centrada en la segunda vuelta electoral, lo realmente trascendente se cocina a fuego lento. Las Comisiones de Postulación (CP) están en marcha y los intereses sectoriales se han desatado. Cada grupo tiene su planilla, promueve a quienes desean ocupen cargos judiciales y en unos días sentiremos la alineación de decanos, abogados y magistrados en defensa de intereses grupales.

El proceso que siguen las CP tiene un elevado grado de absurdo y ridiculez. El Colegio de Abogados elige a las planillas por medio de campañas costosas que satisfacen el apetito voraz de los votantes o entre edecanes animan al dios Baco a manifestarse, ¿quién paga todo eso? Ciertas universidades nombran decanos para la ocasión y votan o rechazan a quienes se les ordena. La tabla de méritos se elabora tardíamente con lo que el opositor no sabe previamente cual será el baremo que aplicarán al evaluarlo. Y tras todos esas patochadas, confeccionan listados con los aspirantes por orden de puntuación, aunque los postuladores eligen a quienes integrarán las listas definitivas sin tener que respetarlo; el orden no sirve para nada. Por último, de los seleccionados por la CP, el Congreso designa arbitrariamente a los jueces/magistrados siguiendo criterios políticos o de intereses de partidos. Es decir: el proceso de postulación es baldío y está manoseado desde el principio por grupos que pretenden direccionar la elaboración de un listado que llega al Congreso -según los gustos de los promotores- y allí se termina de legalizar el timo. Por su parte, los postulantes visitan a los postuladores y a diputados para hacerles ver “su valía personal” y negociar, si se da la ocasión -que se suele dar- cómo responderán, de ser elegidos, a quienes los apoyen. Todo un espectáculo de vicios que permitimos y repetimos cada cierto tiempo para luego quejarnos de que jueces y magistrados no cuentan con la calidad técnica ni ética deseada ¡Pero por supuesto que no!, todo está hecho para que quienes son independientes no puedan salvar esos obstáculos.

El colegio de abogados debería seleccionar a sus representantes por sorteo entre quienes deseen participar, así se acaba el servilismo, las carnitas, los chicharrones y las edecanes. La lista de méritos debería elaborarse un año antes o definirse permanentemente, de forma que se conozcan con antelación las cualidades a puntuar. Los decanos que no lleven uno o dos años en el ejercicio de su cargo no podrían participar en la CP, así se reducen los nombrados para la ocasión. El listado por puntuación que se elabora en las CP debería ser la base exclusiva para, por orden de méritos, enviar el número de aspirantes requeridos al Congreso. Finalmente, en el Legislativo, se haría un sorteo para designar a los futuros jueces y magistrados, tal y como ahora hace el propio Congreso para elegir a sus representantes en comisiones pesquisidoras. 

Siguiendo lo indicado, se acabarían las mañas y los designados obedecerían exclusivamente a razones de mérito y no a quienes los nombran o interceden ¿Cree usted que se implementará un sistema así de aséptico?, por supuesto que no. Los vicios deben seguir para que todo siga igual y la justicia no funcione más que al ritmo marcado por quienes controlan esos procesos. Tenemos un sistema ineficiente y conscientemente lo permitimos, así que no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Si dejamos que el delincuente disfrazado de político nombre a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente, incapaz y corrompido, que es lo que tenemos. No sea ingenuo, ¿acaso espera que cambien las cosas haciendo lo mismo siempre?