Nuestros villanos favoritos

Loros vestidos de ciudadanos; altoparlantes estruendosos con camisa, suéter o corbata; manipulados que no advertimos quienes mueven los hilos

A Franklin Delano Roosevelt se le atribuye la frase: "Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, en referencia al dictador nicaragüense Somoza. Esa fea costumbre de copiar y pegar, o de aplicar directamente las cosas sin filtro tropical, quizá ha generado un comportamiento muy similar.

Allá por 2014 -apenas hace unos desayunos- se publicaba en diferentes medios escritos, televisivos y digitales -nacionales e internacionales- frases como: “Thelma Aldana fue designada en medio de inconformidad de organizaciones de derechos humanos y críticas de la comunidad internacional al trabajo de la Comisión de Postulación, y a la exclusión de la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz…”; “…, se suman los señalamientos en su contra por sus supuestos vínculos tanto con el Frente Republicano Guatemalteco y por su presunta cercanía con la vicepresidenta, Roxana Baldetti”; “Según políticos que participaron en esas elecciones, Herrera tenía a por los menos dos candidatos a quienes pidió incluir en la nómina final y quienes serían electos, Luis Alberto Pineda Roca y Thelma Aldana” o “Thelma Aldana, fue una de las magistradas que Castresana había declarado “no idóneas” para la Corte Suprema”. Poco tiempo después, la “villana” mutó a “heroína” e incluso pretendió ser presidenta del país.

Recientemente, la historia vuelve a repetirse con la magistrada Gloria Porras, no se sabe si porque somos contumaces, desmemoriados o cínicos. Años atrás, las mismas personas y medios que ahora la alaban -como en el caso anterior- decían: “Gloria Porra parece tener un punto flaco: su afinidad por Sandra Torres y el diputado Orlando Blanco”; “Orlando Blanco fue clave en la elección de Gloria Porras como magistrada ante la Corte de Constitucionalidad, tanto en 2011 como en 2016” o “Una negociación oscura, que busca la reelección de Gloria Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad por el Congreso, trascendió ayer e involucra a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y a un grupo gremial dirigido por Roberto López Villatoro”. Sin embargo, parece ser que muchos no pueden vivir sin la magistrada Porras, aclamada, igualmente, como heroína nacional a pesar de que la propia Thelma Aldana afirmara en un canal internacional de TV: “Sandra Torres y Gloria Porras equivale casi a lo mismo… pero equivocación válida porque hay un nexo muy grande … claro, una sola, que equivale a impunidad también”.

El espíritu del Presidente Roosevelt parecer reencarnarse en ciertos grupos, personajes y medios que en un periquete -sin pudor ni enrojecimiento- pasan de condenar al villano a ensalzar al héroe, y lo rescatan y elevan a la gloria -nunca mejor dicho- con frenesí. De malvada a ídolo apenas hay una cuadra, y la recorren con mensajes repetitivos que utilizan para convencer a un montón de iletrados que ya no saben quién es quién, pero que aplauden irreflexivamente. Se dejan llevar por la corriente de pensamiento publicado y se enredan en discusiones ajenas, sin indagar en un pasado recientísimo que sigue caliente, pero que soslayan.

Esos dos ejemplos -hay otros muchos- deberían hacernos reflexionar sobre cómo nos manipulan y nos dejamos lavar el coco, sin prestar atención a que apenas hace unos años, gritábamos justamente lo contrario, aunque tampoco nos dábamos cuenta. Loros vestidos de ciudadanos; altoparlantes estruendosos con camisa, suéter o corbata; manipulados que no advertimos quienes mueven los hilos y que, como marionetas, nos movemos al jalón de la cuerda.

Don Franklin tenía razón y, aunque sean unos villanos, son nuestros villanos, y los protegemos aún sin entender  lo que pasa ni recordar lo que ocurrió hace apenas unos años ¡Vaya nivel el nuestro, compadres!

Privados de las vacunas públicas

Los de mentalidad empresarial generan recursos; los funcionarios/políticos consumen los generados por otros o los distribuyen a conveniencia

Es frecuente escuchar insistentemente el discurso sobre la desigualdad económica. Como dice un amigo economista, más parece envidia que preocupación por arreglar el problema de fondo al que no se suelen referir: la pobreza. El debate sobre las vacunas parece haberse revestido de igual costra.

En la vida, y de forma general, se puede tener mentalidad de empresario o de funcionario/político. Los primeros, independientemente de su actividad: arquitectos, panaderos, taxistas, doctores, etc., buscan permanentemente ser más competitivos y prestar el mejor servicio, porque de lo contrario fracasan, son expulsados del mercado y quedan desempleados. En la esfera del sector privado funciona la mayoría de la relaciones humanas. Los segundos, por su parte, lo que necesitan para permanecer en el poder es el voto popular o ganar una oposición -cuello en algunos lugares-. Su trabajo consiste en detectar y ofrecer lo que el votante desea escuchar, y luchar por permanecer en el poder, con las consiguientes prebendas que se suelen recetar. La mentalidad empresarial busca ofrecer bienes y servicios de calidad y generar innovaciones y soluciones a problemas sociales; la de los políticos suele ser la de crearlos para decir que tienen las solucionan o utilizar la verborrea para justificar ciertas actuaciones. Los de mentalidad empresarial generan recursos; los funcionarios/políticos consumen los generados por otros o los distribuyen a su conveniencia.

En el tema de las vacunas contra el COVID-19, subyace todo lo anterior. Los gobiernos no quieren que sean entidades privadas quienes las suministren, y la razón es que seguramente evidenciarían la incapacidad, burocracia o chapucería de los gobernantes. Así, si todo se estatiza, igualamos el desastre, tal y como ocurre en casi todos los países del mundo que no han podido inmunizar a la mayoría de sus ciudadanos. 

Imaginemos cualquier país pequeño que tenga varias empresas grandes: supermercados, bancos, bebidas, comidas rápidas, etc. Seguramente sus empleados sumarán 30 o 40 mil y como 150 mil con sus familias. Si a esas empresas privadas se les permite negociar e importar la vacuna, y ponerla gratis o cobrarla fraccionadamente a sus colaboradores, el Estado se quitaría una parte importante de personas a vacunar, y el sector productivo se vería menos dañado. Si alguien piensa que se hará negocio o promoverá lucro mal habido, siempre caben variantes de la solución indicada, como que el Estado las compre y se las done -o venda- a las empresas, o incluso que fije un precio máximo para evitar sobrecostos o especulación. Es decir, parece haber interés manifiesto para no encontrar una solución de colaboración público-privada eficiente que agregue ventajas a la necesidad de ser vacunado cuanto antes.

Además, si los hospitales privados quisieran hacer lo mismo, debería permitirse que las importaran o que se las vendiera o donara el Estado, cobrando una pequeña cantidad por el gasto de administrarla o estableciendo un porcentaje máximo de beneficio para evitar la especulación en los precios. Aquel que desee, pueda pagarla o le de la real gana -que también el ejercicio de la libertad debe estar presente- que lo haga, el que no tenga recursos o prefiera que sea el Estado quien lo vacune, está en su derecho y así debe exigirlo, pero eso no implica que pueda o deba frenar la posibilidad de que hacerlo de otras formas.

Una sociedad más preocupada de la envidia o de que otros no lucren -cuando ellos mismos lucran en sus actividades- está totalmente desenfocada. La mayoría de los Estados han mostrado ineficiencia, y la vacuna cuesta dinero, aunque algunos lo ignoren, sin embargo podemos seguir engañándonos porque es eso si es realmente gratis.

Vacunas contra la migración

Lo paradójico: una guatemalteca, un colombiano y un hondureño migrados, parecen ser los designados para “arreglar” el “exceso de migrantes”

Analistas y publicaciones especializadas coinciden en señalar que las dos corrientes demócratas -progresista y moderada- unieron esfuerzos para ganar las pasadas elecciones norteamericanas. Incluso algunos han afirmado que Biden es un republicano en el partido demócrata y que en aquel hay tendencias más a la izquierda -cercanas a un socialismo moderado- como la de su vicepresidenta. Desde esa perspectiva de confrontación interna se proyecta la política exterior, clave para comprender el reflejo en la región.

El asistente especial de Biden -Juan González- inició una peculiar refriega dialéctica con los países del triángulo norte, de hecho era su visita la esperada e incluso figuraba en invitaciones cursadas por la embajada USA. Sin embargo, algunos sucesos cambiaron el “hard power” del colombiano-norteamericano por el “solft power” de Ricardo Zúñiga, el enviado especial. El primero fue el señalamiento directo al presidente hondureño de estar relacionado con el narcotráfico. El segundo, el duro intercambio de palabras en redes sociales entre el presidente Bukele y la representante Norma Torres. El tercero -el más importante para el país- la conversación telefónica entre la vicepresidenta Harris y el presidente Giammattei. El fuego estaba demasiado avivado como para que viniera González a echar gasolina, y la diplomacia norteamericana prefirió, seguramente, un conciliador como el hondureño-norteamericano quien, a pesar de su buena disposición, fue ninguneado en El Salvador.

Lo que pasa en el norte llega al centro y sus confrontaciones políticas internas no son la excepción. Biden prometió acciones respecto de la migración, pero una cosa es alardear en debates electorales y otra muy distinta la realidad política. Cuando la seguridad nacional USA se percibe comprometida hay un consenso en el establishment norteamericano que no están dispuestos a romper. Así que, lejos de poder encontrar soluciones inmediatas a la crisis humanitaria fronteriza, se mezcla todo y, como la mejor defensa es un buen ataque, surgen otros temas sobre los que surfear en todo este embrollo. Poco o nada se resalta y profundiza sobre el enemigo real: el narcotráfico y el crimen organizado que son los que más corrompen nuestras sociedades.

Los países del triángulo norte generan migrantes por distintas razones, especialmente por falta de oportunidades de sus ciudadanos para incorporarse a una vida mínimamente decente, pero también por extorsiones y otras cuestiones. La culpa de esas migraciones obedece mayormente a nefasta políticas internas, producto de sistemas que han permitido encaramarse en el poder a políticos corruptos ¡De eso no hay duda!  Pero, todo eso estuvo sostenido durante el siglo XX por administraciones norteamericanas que ponían y quitaban presidentes en función de sus intereses, además de que la mano de obra barata de los migrantes sostiene parte de la economía de USA. No vale gritar, protestar y exigir decencia cuando por años se ha impuesto, avasallado o intervenido. El problema es compartido, y hay elementos suficientes para abordar la discusión desde una visión conjunta y no unilateral, como ha sido tradicional. No más “palo”, ya hubo muchos, pero la “zanahoria” tampoco es la solución. El debate franco y racional debería ser la forma de relacionarse porque el exceso de presión -que suele ser lo habitual- no muestra la solidaridad esperada ni muchos menos genera la estabilidad necesaria, algo que debe valorar la actual administración Biden-Harris en beneficio de alcanzar el fin que pretende. Las luchas internas en el partido demócrata seguirán, pero dejarlas en Florida o Texas -que tienen buen clima- en vez de traerlas aquí, puede ser una buena opción. Lo paradójico: una guatemalteca, un colombiano y un hondureño migrados, parecen ser los designados para “arreglar” el “exceso de migrantes”. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

¿Es la ayuda USA el fondo del debate?

Muchas organizaciones no gubernamentales viven de fondos gubernamentales -¡vaya paradoja!- y actúan siguiendo principios y postulados políticos

La mayoría de los sistemas democráticos permiten acceder a datos gubernamentales con cierta garantía de veracidad. Sobre esa premisa, puede ingresar a la página web https://explorer.usaid.gov/cd/GTM y verificar la ayuda histórica del pueblo norteamericano a Guatemala, así como a otros países.

En el caso nacional, la cooperación de diferentes agencias de los USA se fue incrementado desde 2001, aunque con puntuales descensos en algunos años en casi idéntica proporción. Sin embargo, en 2016, último año de la administración Obama-Biden, la ayuda subió un 115% lo que supuso, además del mayor incremento en los últimos 20 años, una inyección vital para determinados grupos -gubernamentales o no- que captan ese dinero, junto a otras cantidades que aportan distintos países y entidades.

La llegada de Trump vino a cortar -con cierto radicalismo- ese caudal de cooperación y en 2020 el dinero bajó a cifras de 2008 generando un importante “desabastecimiento oenegero”, y el consecuente efecto de incomodidad con el republicano y su política. Podemos engañarnos lo que queramos o justificar lo que deseemos, pero muchas organizaciones no gubernamentales viven de fondos gubernamentales -¡vaya paradoja!- y actúan según principios y postulados político-sociales de aquellos que aportan el dinero, hacen lobby permanente o lo intermedian. Roma no paga traidores, pero ¿y Washington?

El entorno de Biden es mucho más propenso a continuar con ese apoyo que, por cierto, nadie compara con datos sobre el incremento de la renta per cápita, del PIB o la reducción de la pobreza, así que las opiniones sobre inversión de ayuda sin análisis de impacto no resultan más que peroratas. Carlos Ponce -Tiempo Latino del pasado sábado- señala: “La Oficina para la Transparencia de Estados Unidos (United States Government Accountability Office) en su informe al Congreso en septiembre de 2019, GAO-19-590, encontró la falta de medición comprehensible y efectiva del impacto de los proyectos implementados en el Triángulo Norte desde el 2013 al 2018, unos 370 proyectos por más de $2.4 billones de dólares sin medir el impacto real”.

Frente a la promesa de incremento de apoyo económico de la actual administración USA, un montón de personajes, sobradamente conocidos, acechan para recibir la tajada más grande. La economía se alía con la política -nada nuevo por otra parte- y la geoeconomía se posiciona frente a la geopolítica. De pronto, diferentes grupos -desde distintos medios- cacarean idénticos mensajes, y parecen estar “casualmente” alineados con cierta facción progresista en pugna por el poder en la actual administración demócrata. Estamos frente a un embate político-económico dentro de una geoeconomía doméstica, donde el intervencionismo es tolerado y bendecido -ahora si- porque es condescendiente con algunos opinantes nacionales. Muchos, no obstante, parecen ignorar que en el fondo lo que persiguen es parte de esos $4,000 millones prometidos que compensarían la drástica reducción de los últimos cuatro años .

No me opongo a las ONGs, pero cada vez más es necesaria la accountability. Cuando se quiere jugar a la política fuera de la cancha, disfrazados de “grupos de la sociedad civil” -pero financiados por gobiernos con quienes hacen lobby y alianzas más secretas que aquello del tercer país seguro-, se incumple la regla principal de la transparencia. La mayoría de esos grupos sólo se representan a si mismos y a quienes viven de ese sistema, así que o ponemos las cartas sobre la mesa o el juego turbio seguirá funcionando a espalda del ciudadano que, como siempre, permanece apático, melodramático, visceral y despistado ¿Tendrá eso el carácter de corrupción disfrazada, aprobada y consentida?

La estrategia de seguridad norteamericana

Aplaudimos a quienes nos frenan y endulzan con millones de dólares y condenamos a los que usan la fuerza pública o tratados condicionantes

Curioso, pero desgastante, resulta escuchar opiniones en medios y redes sociales sobre la tan nombrada “fuerza de tarea anticorrupción” que supuestamente EE.UU. activará en Centroamérica, así como de las presumibles acciones que emprendería. Me atrevo a apostar -y quizá no pierda- que la mayoría de los opinantes no se han leído -ni saben que existe- la Interim National Security Strategic Guidance -marzo 2021-, guía que recoge la visión del presidente Biden sobre cómo EE.UU. se relacionará con el mundo, y que brinda a los distintos departamentos y agencias la orientación para alinear sus acciones. De haberla ojeado es posible que entendieran la finalidad -el estratégico para qué- más importante que las acciones que se podrán adoptar -el operativo cómo-.

En la introducción del documento, Mr. Biden señala, entres otras cosas y en inglés, lo siguiente: “Cuando invertimos en el desarrollo económico de los países, creamos nuevos mercados para nuestros productos y reducimos la probabilidad de inestabilidad, violencia y migraciones masivas. Cuando fortalecemos los sistemas de salud en todo el mundo, reducimos el riesgo de pandemias futuras que pueden amenazar a nuestra gente y nuestra economía.” Is it clear! El objetivo de invertir dinero -cooperación- es crear mercados útiles -para ellos- y reducir las migraciones masivas que les afectan. En ningún lugar de las dos páginas de la introducción, que son las que firma el presidente, se habla de corrupción.

Más adelante, en el apartado “Nuestras prioridades de seguridad nacional”, incluye una única cita a Centroamérica para referirse a la asistencia con USD 4,000 millones -durante 4 años- “y tomar otras medidas para abordar las causas fundamentales de la inseguridad humana y la migración irregular…”, orígenes que, según Biden, son la pobreza, la violencia criminal y la corrupción, agravadas por la pandemia. 

Por tanto, únicamente hay que enlazar las ideas plasmadas en el texto citado para comprender que invertirán su dinero en distintas áreas y proyectos con el fin de controlar, reducir y evitar lo que consideran un problemas de seguridad nacional: la migración masiva.

Mr. Biden hará -más inteligente y socialmente aceptado- lo mismo que hizo Mr. Trump, y han hecho el resto de los presidentes norteamericanos: frenar la migración masiva porque la consideran un problema de seguridad nacional. Sin embargo, algunos gustan más de la zanahoria -ayuda económica- que del palo -muro y border patrol- aunque el objetivo sea el mismo. Aplaudimos a quienes nos frenan y endulzan con millones de dólares y condenamos a los que usan la fuerza pública o tratados condicionantes, como muestra el envío de la guardia nacional mexicana a la frontera guatemalteca a cambio de vacunas contra la pandemia.

El discurso indirecto y sibilino -más demócrata que republicano- hace inferir que nos ayudarán a combatir la corrupción, lo que pone felices a quienes se reúnen periódicamente en la embajada USA a medrar, buscar fondos o hacer lobby. Parecen no entender -o quizá si lo hacen, pero lo callan- que la política exterior norteamericana responde a la política interna, es realista y, como especifíca el documento citado, pretende ampliar sus mercados y cortar la migración, aunque ciertos personajes quieran convencer de otras cosas que repiten sin cesar. En pocos años veremos lo mismo de siempre. Si de verdad la corrupción fuera el objetivo principal, deberían extraditar a Baldizón, Archila, Marroquín, etc., detener a la esposa de Angel González, no dar refugio a Mallory Chacon o haber procesado y no devuelto a México al general Cienfuegos. En todo caso, quienes prefieran seguir su lucha ideológica o no leer y dejarse convencer, también están en su derecho.

Los Miserables

Lo que no tiene calificativo es permitir que esos mamarrachos indecentes continúen al frente de instituciones públicas

En 1862, Víctor Hugo nos regalaba un novela cuyo título se ha repetido y adaptado a lo largo de la historia con las modificaciones propias del tiempo, pero con idéntica esencia. El francés presentaba una discusión sobre el bien y el mal, y criticaba la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. 

En varios países se ha comprobado aquella frase de “si quieres conocer a alguien dale poder”, y en España, Argentina y Perú, por ejemplo, hemos visto como políticos, religiosos, militares o ciudadanos empoderados, se han saltado el orden establecido para vacunarse contra el COVID-19. En Guatemala, imitadores de lo malo que pasa por el mundo más que de las bondades, tampoco se ha hecho esperar tal despropósito. El presidente del Congreso se reservó una exclusiva habitación en el Centro médico militar cuando el virus se apoderó de él, ignorando y despreciando a miles de ciudadanos que padecíamos tal enfermedad y no podíamos utilizar dichas instalaciones. Dejó ver de que clase de cuero está hecho, no solamente por el uso indebido de los escasos recursos sanitarios, sino porque no pidió disculpas ni dimitió al finalizar el tratamiento selectivo y preferente que se otorgó, mientras el resto acudíamos a los centros habilitados -excepto a ese- y pagábamos la cuenta de nuestro bolsillo ¿Cuánta gente murió porque ese inmoral y miserable personaje ocupó un lugar que no le correspondía? Hobbes lo adelanto: ”El éxito hincha la vanidad, que es la pasión más peligrosa del hombre”.

Recientemente -imitando el comportamiento mezquino del diputado Rodríguez- el alcalde de Villa Canales es vacunado saltándose igualmente las trancas. El muy cara dura y ruin -y la ANAM que lo apoya- aduce que preside la clínica médica municipal ¡Claro, al igual que preside el resto de casi todo en el lugar!, por el cargo que ocupa. Tal presidencia no lo cualifica para poner vacunas, hacer chequeos médicos o diagnosticar a pacientes, así que no tiene ni debe estar en contacto con los mismos, que es la razón de la prioridad en la inmunización. 

Lo más triste es que seguramente no son los únicos miserables, y en los próximos días o meses otros irán saliendo en la medida que la vacuna llegue. Lo que no tiene calificativo es permitir que esos mamarrachos indecentes continúen al frente de instituciones públicas, mucho menos que no sean castigados con el rigor que merecen. Cada vacuna o cama de hospital que se utiliza, sin seguir el orden establecido, desplaza a alguien que puede morir. Considerar ese tipo de acciones -al menos- como homicidios involuntarios no debería tener mucha discusión jurídica, aunque parece que no damos trascendencia a tal comportamiento. Además, cuando el abuso del poder se hace desde un cargo público, la gravedad debiera castigarse más duramente.

Lamentable que permitamos esto y que la indignación ni siquiera se produzca cuando hay muertos de por medio, de ahí que otras cuestiones como el robo de recursos públicos, la corrupción, etc., no nos llamen tanto la atención, ni actuemos en consecuencia. Estamos podridos hasta el tuétano -socialmente hablando- y cada día que pasa y sube el nivel de tolerancia frente a estas cuestiones, perdemos la poca sensibilidad que nos va quedando. La ética no existe mayormente en esta sociedad, la ley está de adorno, la protesta ciudadana arrinconada en la mente y el abuso campa a sus anchas. 

Una sociedad que no se respeta a si misma no puede pedir respeto, y pareciera que los miserables cada vez son más, y más intensos.

Corrupción, corruptela y corruptos

Son buenos para señalar a los demás sin tener la mínima decencia ni honestidad intelectual de asumir la politización de esa casa de estudios 

Provoca pena y tristeza escuchar a algunos hablar de corruptos y de corrupción. Citan el famoso “pacto de corruptos”, manoseada frase que pretende promover un imaginario social en el que entra todo aquel que el receptor sea capaz de meter a sugerencia del emisor, pero sin comprometerse a nombrarlos. Una especie de tirada de piedra y escondida de mano. Quienes eligieron magistrados son corruptos; los elegidos (menos mis amigos, conocidos o apoyados) también lo son, y aquellos que nos cuestionamos el proceso, la ideologización y los intereses subyacentes -que nada tiene que ver con procurar justicia sino con mantener poder- también lo somos a los ojos de ese grupo de “filósofos” modernos ¡País repleto de corruptos!

Sin embargo, los que se llenan la boca de corrupción hacia los demás, han obviado y dejado de condenar clara, explícita, pública y contundentemente, la detención por diferentes delitos de dos rectores de la única -y por tanto monopólica- universidad estatal. Y es que “los del pueblo” -que tachan a muchos de corruptos- ignoran la viga que tienen en el ojo. Una quinta parte de los magistrados de la CC los nombran ellos y otra quinta parte los abogados mayormente egresados de sus aulas. Si sumamos corruptos, el 40% de la CC es nombrada por esos feroces críticos que miran hacia otro lado y no cuestionan -mucho menos proponen soluciones- sobre un sistema que es un auténtico nido de podredumbre en sus diferentes manifestaciones, la universitaria estatal una de ellas.

Son buenos para señalar a los demás sin tener la mínima decencia ni honestidad intelectual de asumir la politización de esa casa de estudios, por no entrar en las cuentas que no presentan o el presupuesto que despilfarran. La solución, si la quisieran, es sencilla -haya o no que modificar la constitución- y consiste en romper el monopolio concediendo el estatus de universidades estatales -similares a la USAC- a todos los centros regionales, con lo cual competerían por presupuesto, alumnos y calidad educativa y, además, que el Estado otorgue becas a los estudiantes, no a la universidad -subvención de la demanda y no de la oferta- para que cada uno invierta su dote económica en la universidad del país que estime mejor y de más calidad. En dos años, vaticino, cerrarían las instalaciones por falta de alumnos.

Pero, como tienen asegurada anualmente una importante cantidad de dinero y colocados en puestos claves a egresados, además de tener iniciativa de ley y otras prebendas, la USAC se ha convertido en un elemento de poder -que no de conocimiento ni enseñanza- en el que medran un sinfín de personajes que sencillamente les importa un bledo la calidad educativa universitaria, y mucho menos la juventud de este país. Eso cuando no otorgan títulos de doctorado a amiguetes sin que cumplan los requisitos mínimos: Baldizón, Gálvez, Moto y otros que irán saliendo.

Con ese modelo prefabricado para la corruptela,  seguiremos desprendiendo hedor en tanto no tengamos los bemoles para ser autocríticos y decir las cosas de frente y con la dureza que se requiere. Sin embargo, vaguear es más sencillo y rentable y a eso se dedican muchos de los que por allí zangolotean. Habrá que esperar a que se reactive la vida social tras el COVID para que vuelvan a cobrar  talacha, usen impunemente el pasamontaña, cobren en los parqueos o a la entrada y se queden con el dinero o, en el campus, vendan drogas, agredan sexualmente o se den ataques armados. Actividades “interciclos” entre las humillaciones anuales a estudiantes de primer ingreso. Mejor “id y cambiadlo todo”, que falta hace.

¿En manos de quienes estamos?

Una cifra menor al 1% de los ciudadanos de este país cuentan con dos de los cinco magistrados titulares y dos de los suplentes de la CC

El modelo de democracia representativa se sustenta en la elección de funcionarios que representen a sus electores. De esa cuenta, los votantes -que deberán ser los más posibles- eligen a diferentes delegados que serán quienes gestionen la vida pública en nombre de aquellos. Viene la reflexión a propósito del proceso de elección de magistrados a la CC, y a proponer un debate que se ha olvidado. Nos hemos fijado poco en lo méritos de los elegibles, demasiado en si la persona cae bien o mal o representa a uno y otro sector y nada en la filosofía indicada sobre el concepto de democracia representativa.

Hagamos cuentas. El Colegio de Abogados tiene aproximadamente 37,000 afiliados, lo que supone el 0.22% de la población de país y el 0.45% del padrón electoral. A esos insignificantes números representativos, agréguele que en las pasadas elecciones votaron alrededor de 8 mil abogados. La conclusión es que el 0.05% de la población -abogados colegiados- eligen a un magistrado titular de la CC que, teóricamente, “representa intereses”, pero dígame usted de quienes.

Siga un proceso similar en relación con la elección que hace el Consejo Superior Universitario y concluirá que aproximadamente el 0.8% de la población -universitarios de la única universidad estatal- elige a otro representante titular. Así que un grupo menor al 1% de los ciudadanos de este país cuenta con dos de los cinco magistrados titulares y dos de los suplentes de la CC ¡Ahora hábleme de representación, justicia electoral y otras cuestiones similares, pero antes de que me descojone!

Sobre los otros magistrados -los designados por el Presidente, el Congreso y la CSJ- podrán hacerse cuestionamientos, pero no referidos a la representatividad, porque son electos por colectivos que la tienen, aunque las formas, el modo o los procedimientos puedan ser discutidos, además de preguntarnos si deberían ser otros los electores o diferente el modelo.

Caemos, nuevamente, en algo que se debate poco: el sistema que no funciona. Seguimos pensando, contumazmente -tal y como se demuestra una vez tras otra- que las personas son esenciales en los modelos de gestión pública, cuando la experiencia demuestra que no. Un director probo al frente de una institución conseguirá seguramente buenos resultados incluso si aquella está corrompida, pero una institución con un buen diseño es posible que no pueda pervertirse por persona alguna. Ciertas teorías del institucionalismo así lo dibujan, solo hay que prestarles atención. Los ejemplos recientes en USA muestran justamente que las instituciones bien diseñadas, independientemente de las personas que lleguen a presidirlas, terminan siendo más eficaces que a la inversa.

Aquí, cabizbajos y desorientados -es decir, como siempre- perdemos el tiempo cada cuatro o cinco años en analizar a personas, como si la cabeza no nos diera para debatir sobre el diseño institucional que, a todas luces, no es representativo y, en este caso, concentra dos quintas partes del poder en el 1% de la población: abogados y USAC. Es evidente que la CC termina defendiendo derechos, exigencias o postulados de esos colectivos -o de quienes los manejan- que son los que finalmente ejercen ese poder constitucionalmente otorgado a una minoría que ni siquiera se representa a si misma. Estamos como estamos, porque somos como somos, y si no cambiamos seguiremos lamentándonos periódicamente por nuestra torpeza, incapacidad y desidia. 

Dicho eso -que seguramente no servirá para nada- continuaremos debatiendo si el fulano de tal, que elegirá el Presidente, o la zutana de cual, que designará la CSJ, nos caen bien o mal ¡Y es que, a diferencia de los aguacates, no maduramos ni con el tiempo ni con el calor!

Signos, símbolos y señales, pero nada

Este año se debería celebrar el 200 aniversario de la independencia. Uso el condicional porque no hay mucho que celebrar

Como grupo social no hay nada más que debamos padecer para aceptar la situación que sufrimos. No creo que se pueda encontrar un lugar en el mundo -ni quizá en la historia de la humanidad- en el que converja tal cantidad de presidentes huidos, condenados en USA, detenidos o bajo persecución penal. A ese “tigre”, único en su variedad, hay que sumarle como manchas dos rectores -de la única universidad estatal- perseguidos por la justicia. Y podríamos seguir con diputados, alcaldes, candidatos, jueces, narcotraficantes, familiares de muchos de ellos y otros pintorescos y llamativos personajes: Baldizón, Valladares, Estrada, Moto, etc. Póngale al genuino coctel una CSJ que cumplió hace más de un año su tiempo - aunque ahí sigue- y el de una CC que puede tomar el mismo camino. Fílmelo y titule el video “el fracaso perfecto”. 

Sin embargo, cada día nos levantamos y, con ciego y desenfrenado optimismo, emprendemos el camino saturado de tráfico y nos anestesiamos a la ida y al regreso, como una forma de huir de problemas que no queremos resolver al pensar que no son nuestros, y otros los culpables ¡Ahí está el error!

Este año se debería celebrar el 200 aniversario de la independencia. Uso el condicional porque no hay mucho que celebrar, más allá del fracaso social que hemos construido con ingredientes aportados por cada uno -no nos engañemos ni sigamos echando la culpa a los demás- unido a ese “miedo” que todo lo justifica y excluye de la acción -y consecuente responsabilidad- a quien lo esgrime. No se denuncia por “miedo”, no enfrentamos la situación adversa por “miedo” y no somos capaces de encarar a los malvados por “miedo”, así que desde ese privilegiado refugio dejamos que las cosas sucedan y siempre encontramos a quienes culpar: el G-13, CODECA, los empresarios, los políticos, el vecino, los gringos o cualquiera que en ese momento se nos cruce y sirva como excusa para justificar lo que como ciudadanos e individuos no hacemos, por “miedo”.

No se que tan difícil es aceptar que nadie vendrá a ayudarnos y que, por varias razones,  le importamos un soberano pimiento al mundo: somos un grupo social muy pequeño -insignificante- en relación con otros, advierten que no hacemos nada por ayudarnos, consumimos inútilmente la cooperación internacional,  elaboramos sistemas para apropiarnos del dinero público, y nos gusta zafarnos de las responsabilidades que tenemos como sociedad. Fuera de aquí, en cambio, las autoridades de otros grupos sociales se preocupan por sus ciudadanos y desdeñan a estos centroamericano-caribeños perdidos en la inmensidad de un mapa. Y cuando nos citan en redes sociales, y pensamos que somos relevantes, es porque hay intereses de ellos que se vulneran aquí, y evidentemente saltan sus alarmas ¿Entendió la situación real del país o necesita un médium y algo de meditación trascendental y profunda para comprenderlo?

Esta eterna primavera nos tiene alelados, y el abaratamiento de la telefonía celular nos ha llevado a estar perdiendo el tiempo en redes mientras leemos estupideces o contribuimos a que aquellas se difundan, cuando no las generamos. Dejamos lo importante -cambiar una sociedad sumamente disfuncional- por lo urgente: el tráfico, el fulano que persigue el MP o el costo de la vida. No nos interesa profundizar en nuestros errores porque somos soberbios y poco autocríticos, y nos molesta profundamente que alguien nos restriegue el fracaso que hemos permitido. Sin visible animo de cambio, nos preocuparemos más en saber el tiempo que hará en Semana Santa y olvidaremos que somos un auténtico desastre social, y únicos responsables de ello.

Legalidad y legitimidad de las normas

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos

Tanto la legalidad como la legitimidad, etimológicamente hablando, están en el entorno de la ley, en la conformidad con el mandato legal. En ciencia política, además, el concepto se refiere a la capacidad de un poder de ser obedecido o ejercer su acción sin tener que recurrir a la coacción, a la amenaza de la fuerza, lo que presupone una aceptación social mayoritaria de lo que aquel hará y de su autoridad. Lo ideal, por consiguiente, es que las leyes cuenten con ambas calidades: legalidad y legitimidad, así serán observadas por la mayoría de los ciudadanos que verán en ellas algo aceptable y respetable sin necesidad de aplicar la fuerza, salvo excepciones que seguro habría.

Sin embargo, cuando la teoría predominante es el iuspositivimo o positivismo jurídico, se suele desdoblar el derecho y la moral, y la norma no necesariamente pasa esos dos filtros, que se corresponden -en cierta forma- con los primeros mencionados. Se lo pongo fácil: el positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas -por los legisladores estatales- mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas. La ley se elabora y acata, independientemente de su valor moral o aceptación social, que suelen coincidir. Así las cosas, la legitimidad se reduce o desaparece y la letra de la norma -carente de espíritu- predomina en la interpretación de los hechos ¿Le suena? 

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos. Otro ejemplo se observa en el actual debate sobre la elección de magistrado a la CC, donde también se aprecia el divorcio conceptual. Las normas fijan las condiciones, pero socialmente queremos hacer algo más. A los poderes que deben designar magistrados, les pedimos que apliquen filtros o establezcan procesos que nos gustaría figuraran como requisitos (legitimidad) pero que no se contemplan en la normativa (legalidad). La consecuencia inmediata es una frustración y el rechazo ciudadano a lo que no se hace, aunque el poder cumple con lo que la ley marca. Uno más se puede ver en el reciente acoso a una menor. Socialmente condenado y rechazado -como no puede ser de otra forma- se levantaron muchas voces para que el supuesto agresor sea condenado (legitimidad). Sin embargo, el delito de acoso (legalidad) no está tipificado en el código penal y, nuevamente, la legitimidad choca -en este caso- con la ausencia de legalidad. No hay tipo penal específico que se le pueda aplicar, más que buscar la forma de ajustar su conducta a delitos existentes, con el riesgo de que el juez no aprecie tal relación y lo declare inocente. Seguimos confrontando el “ser” y el “deber ser”, pero no damos los pasos necesarios para hacerlos coincidir, y nos frustramos. 

No hay de otra que cambiar el sistema que no sirve, legislar sobre lo que socialmente estamos de acuerdo y dejar de pelear normas redactadas sin legitimidad o ni siquiera existentes. Nos acostumbramos a vivir en un “No Estado de Derecho”, en el que prima la visceralidad y el calor del momento y pretendemos adaptar la ley a nuestros intereses en lugar de debatir seriamente las modificaciones pertinentes, y reflejarlas por escrito en los códigos correspondientes. Nos hemos acostumbrado a acomodar las normas a nuestras necesidades, y continuamente nos confrontamos con la realidad por querer hacer las cosas como nos gustaría (legitimidad) olvidando que lo legal termina imponiéndose por nuestra constante pasividad al cambio real.