De monopolios y frustraciones

No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC

El reciente embate del MP contra estudiantes y profesores de la USAC ha generado innumerables críticas y condenas a lo que se considera -con toda razón- un abuso y una fabricada persecución penal. Pero también ha colocado en el debate nacional -porque es el fondo del asunto- el botín político que representa la monopólica universidad estatal.

Hay temas que se consideran políticamente incorrectas de tratar, y este es uno de ellos. Quienes, activa o pasivamente, participan en la discusión terminan protegiéndose -no siempre de forma acertada- con el escudo tradicionalmente utilizado para contener cualquier crítica o propuesta de reforma: la autonomía universitaria, muchísimas veces mal entendida, y otras peor interpretada. La verdad -aunque golpee, lastime y duela- es que la USAC es un centro de poder del que muchos viven y otros más rentabilizan y aprovechan. La participación política que tiene en comisiones, decisiones, consejos, etc., es enorme, además de contar con iniciativa de ley, inaudito en el mundo académico, pero sobre todo en un marco de principios democráticos, en el que no se sustenta de ninguna manera, como tampoco el poder del Colegio de Abogados.

El rectorado, la directiva y las decanaturas -además de otras entidades no menores como la asociación de estudiantes y foros similares- son tribunas poderosas desde las que se ejerce poder e influencia, y está repartido entre autoridades que tradicionalmente lo han aprovechado, generando un cierto equilibrio inestable. No recuerdo un debate serio -mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso- sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la USAC, la calidad educativa o la certeza de la titulación expedida, particularmente en estudios de postgrado, justamente por la influencia sobre políticos y magistrados allí graduados. La famosa “tesis doctoral” de Baldizón y la de un rector del momento, no ofendieron ni tambalearon la arbitraria e ilegal decisión de autorizarlas.

Quienes eluden debatir sobre el fondo, se van por las ramas del proyecto social que representa o cómo ayuda a los más necesitados, lo que tampoco es cierto. Si el Estado quisiera, verdaderamente, echar una mano a quienes no cuentan con recursos para pagar una universidad privada, debería subvencionar a la demanda. Esto es, becar a la persona para que pudiera elegir en qué universidad del sistema nacional desea estudiar, y no obligarlo a asistir a la monopólica universidad estatal, financiando la única oferta existente. El Estado sostiene a la universidad sin promover competencia alguna, lo que no representa una buena gestión pública ni la mejor ayuda a los ciudadanos. La USAC es un monopolio, y como todo monopolio abusa, encarece el producto y reduce la calidad; recordemos que los monopolios únicamente existen porque los gobiernos los permiten y certifican. 

Otro tema que no se debate -en la elección del rector- es la calidad académica que posee. Observe las últimas contiendas y comprobará que la discusión fue sobre la persona, su influencia, papel social, popularidad, etc., pero en modo alguno sobre un currículo profesional destacado. Si de una universidad se trata es evidente que la calidad académica superior debería de ser el principal referente, pero el tema no se aborda porque las características exigibles son más políticas que académicas. Tampoco, desafortunadamente, se terminan con los abusos a los alumnos de nuevo ingreso -bromas, bautizos y otras formas de denominarlos- o con las agresiones sexuales de estudiantes y profesores. 

¡No se enojen sancarlistas!, más bien reflexionen para que su hijos tengan una verdadera universidad competitiva y de calidad, y no un club político que se escuda en malas tesis, historia nacional ya superada, bochinches y poder, mucho poder.

El yin y el yang nacional

Sacamos la cabeza del caparazón de tortuga cuando las cosas van bien y volvemos a recogerla en situaciones adversas

Somos un primor, un encanto, una belleza. Capaces de subirnos a un escenario, como hizo la alcaldesa de Palín, y pasearnos soez y alegremente por quien haga falta, incluidos los “compañeros” de los 48 cantones y su líder. La razón: no estuvo en la reunión en la que negociaron con otros grupos, y no figuró en la foto. 

Días más tarde, en la puerta del Congreso -y con la desfachatez de la irresponsabilidad- algunos energúmenos, iracundos y violentos la emprendieron a golpizas -con piedras o con el teléfono- contra los diputados que detestan. Salvajismo que otros agresores justifican y aplauden en redes, pastores de iglesias incluidos. Y si no fuera suficiente, se bloquea el país con grupos de personas y tablas con pinchos que algunos -@justiciayagt- muestran cómo hacer en Twitter, vulnerando los derechos de los demás al impedirles el paso. Eso sí, al mismo tiempo pedimos respeto para nosotros, exigimos libertad de expresión y otros derechos, sobre la base de la dignidad del ser humano, la misma que se pisotea cada minuto generando dobles y triples filas de tráfico, conduciendo en contra de la vía, yendo con la moto por la acera, saltándose las filas, los semáforos, parando el bus donde consideran oportuno o el carro en lugares reservados para minusválidos. Y si el ambiente se caldea, se saca el arma y se le dan dos plomazos al de enfrente, y listo. Alegrías, todas ellas, propias de mediocres e irresponsables, en un mundo de impunidad. 

El gobierno -que nos representa y al que nos parecemos, aunque neguemos como San Pedro-, actúa de igual manera. Se allanan domicilios y se detiene, engrilleta y conduce a personas, con idéntico júbilo, porque en el fondo es la misma idiosincrasia, la que, por cierto, aplaudimos como focas cuando nos gusta y repudiamos con pasión cuando nos afecta, tal y como muestran múltiples y variados ejemplos en los últimos años. Sacamos la cabeza del caparazón de tortuga cuando las cosas van bien y volvemos a recogerla en situaciones adversas. No promovemos, defendemos ni queremos principios generales y abstractos, sino reglas hechas a la medida de la venganza, la pasión o el interés, en función del colectivo al que pertenecemos o con el que corporativamente nos identificamos. Difícilmente vemos más allá de la punta de nariz, espacio hasta dónde llega la visión estratégica de muchos; de demasiados. Somos una sociedad incoherente, absolutamente contrapuesta a valores universales, muy autoritaria y para nada democrática ¡No nos engañemos!

Mientras no apostemos por principios e iguales derechos para todos, seguiremos rascándonos la panza y mirándonos el ombligo de la coyuntura. Si la situación es favorable, estamos contemos y felices, y justamente lo contrario si se presenta adversa, momento en que atacamos con pasión y sin medidas, y no advertimos el nivel de hipocresía que destilamos. 

Insultamos, descalificamos o señalamos con esa facilidad redactada en el artículo 35 constitucional y la irresponsabilidad que facilita la ley de emisión del pensamiento, sin castigo suficiente para el difamador, y con el beneplácito de quienes aplauden el circo. Eso si: evita hacérselo a quienes así actúan, porque enseguida recurren a la victimización. 

Nada más lejos de una sociedad con principios éticos y comportamiento correcto, aunque si de un grupo de dispersos en el que cada uno jala agua para su molino. Parece ser que todos nos odiamos con todos, en esta sociedad plural, y lejos de explotar los valores como sociedad multicultural, pergeñamos constantemente como fregarnos, y para eso somos muy buenos. 

Varios calificativos nos definen, pero bochornoso es el más acorde con la situación

El poder entre bastidores

Cabe cuestionarse nuevamente las razones por las que esos diputados, sobradamente conocidos por sus prácticas corruptas, han vuelto a ser reelectos 

Hay que recordar que el presidente Morales (FCN) llegó al poder con apenas una docena de diputados en el Congreso. Años después, Giammattei (VAMOS) tomó el relevo con unas 17 curules ganadas por el partido al que pertenecía ¿Cómo pudieron gobernar con ese pírrico número de diputados en Legislativo? La pregunta tiene una doble respuesta. Una numérica, y se refiere a que los congresistas de la UNE o de UNE/LIDER, sumaban más de 50 en el presente gobierno y más de 70 en el primero, de ahí se derivan muchas transas sin las cuales no fue posible aprobar normas y tomar decisiones. La UNE/LIDER son protagonistas de la debacle de este país. La segunda, se refiere a un grupo de operadores políticos que estuvieron en las dos legislaturas y que continuarán en la que se inicie en 2024.

Ese grupúsculo de diputados mafiosos, han sido mandaderos y principales generadores de la dinámica nacional que ahora vivimos. Algunos fueron salvados de sus antejuicios por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y ellos la han mantenido irregular -e ilegalmente- activa por un periodo extraordinario. Entre los dos -diputados y CSJ- han conformado una especie de pan de sándwich que envuelve el país, con apoyo de narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

Las confrontaciones que vivimos, aunque tienen caras visibles como la del actual Presidente y el Ministerio Público, responden a ese contubernio, además de otras instituciones. En enero próximo el actual Presidente dejará el poder, y en un par de años más ocurrirá lo propio con la Fiscal General. Sin embargo, esos diputados tramposos seguirán en sus curules desde las que pueden manejar a otros colegas haciendo lo mismo que los chantajistas dirigente sindicales, y corresponderán al voto de apoyo con concesiones de obras, proyectos distritales y otras formas de otorga un sobresueldo a los diputados mercenarios. De hecho, hace poco me dijo un diputado que el principal problema para 2024 es cómo los “honorables” piensan rentabilizar su puesto, teniendo en cuenta que pueden desaparecer las plazas fantasmas, las obras a empresas amigas o propias y la entrega de instituciones desde las que recuperar la inversión que les ha supuesto alcanzar el cargo que ocuparán.

La corruptela, como muchas otras cosas, apenas muestra una parte mínima de su dimensión y deja oculta la mano invisible que la promueve, sostiene, anima e impulsa. Han hecho que pongamos la mirada en ciertos personajes, pero apenas son guindas del pastel de un esquema mucho más amplio. Veremos cómo el Congreso intenta resistirse al cambio de los magistrados de la CSJ, ordenado por la CC -lo que ya han comenzado a hacer- porque no les interesa diluir el anclaje judicial necesario para que puedan seguir actuando arbitrariamente jueces como Orellana, o se promuevan/impidan antejuicios según el interés político del momento y de las personas señaladas.

Cabe cuestionarse nuevamente las razones por las que esos diputados, sobradamente conocidos por sus prácticas corruptas, han vuelto a ser reelectos. Si aceptamos que compraron votos, es injusto señalarlos sin incluir a quienes irresponsablemente vendieron su dignidad como ciudadanos, y la del resto que no los votaron. Si se alega desconocimiento, solamente se puede pensar que a muchos ciudadanos les importa poco la política nacional, y se han convertido en cómplices -no en víctimas- de un sistema manoseado.

Mientras los votantes no asuman el protagonismo nacional, pero también la responsabilidad que conlleva, esa cueva de corruptos que es parte del Congreso seguirá manoseando el país, el presupuesto, la gobernanza y, sobre todo, el futuro. Hay que dejar de lamentarse y de ser cómplices.

El síndrome del ubiquismo

Muchos creen que con la llegada del nuevo gobierno todo cambiará, porque no entienden que el Presidente es únicamente un eslabón de una cadena más extensa.

Es frecuente -o lo ha sido para mí- escuchar a personas de avanzada edad hablar de Ubico, aquel presidente guatemalteco, de la primera mitad del pasado siglo, que visitaba pueblos y ciudades y sobre la marcha resolvía problemas que los lugareños le salían a exponer. El dictador solucionaba no importa qué cosas con ese desprendimiento alegre propio de quienes controlan todo, especialmente el poder. Otro autoritario predecesor -Estrada Cabrera- es permanentemente recordado en la obra “El señor Presidente”, de Miguel Ángel Asturias.

Nada diferente a lo que pone de manifiesto la película “La ley de Herodes”, y cómo en el vecino país del norte -México- el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo lo propio por muchos años con un red clientelar y autoritaria en nombre “del desarrollo y la justicia social”. El modelo, muy latinoamericano, se vio también en Venezuela, durante aquel paseo citadino televisado en el que Chávez iba expropiando cuanto se le cruzaba en su camino, entre el éxtasis de la gente que le acompañaba y aplaudía.

El fenómeno, lejos de desaparecer en un marco de principios de democracia liberal, es actualizado en El Salvador con inusual entusiasmo entre quienes mayoritariamente aplauden -no se si conscientemente- la elaboración del guion de otra novela similar a las descritas. Nicaragua paso por su particular experiencia, de la que ahora se arrepienten, aunque con un 34% de popularidad de la delincuencial pareja presidencial, y en Honduras comienza a diluirse el entusiasmo que llevó a la vicepresidenta Kamala Harris a estar presente en la toma de posesión de una presidenta con sutiles ínfulas autoritarias, o quizá con similar ideología a la norteamericana.

Pareciera ser que el centroamericano -quizá el latinoamericano- no ha terminado de entender a Montesquieu ni las teorías que sustentan la democracia, expuestas hace siglos. En el actual proceso guatemalteco el mensaje, la esperanza y las elecciones, se centran en el nuevo Presidente. Se ignora una elección previa, e igualmente legal/legítima, que conformó un Congreso y ni hablar de otra, con idénticas características, que definió un poder local. Muchos -demasiados, diría yo- creen que con la llegada del nuevo gobierno todo cambiará, porque no entienden-y parecen no querer hacerlo- que el Presidente es únicamente un eslabón de una cadena más extensa. Quizá esa falta de comprensión -o de aceptación- del sistema hace que no se cambie, y sigamos queriendo ver en el todopoderoso Presidente y el síndrome del ubiquismo, la solución a los males nacionales.

El problema de la falta de entendimiento de cómo funciona realmente el sistema genera una gran frustración porque la esperanza, permanente depositada en el Ejecutivo, se ve frustrada con el acontecer posterior. Lo peor no es que no se comprenda, sino que puede estar implantado -y esto es mucho más grave- en la genética cultural regional, en la que se acepta al autoritario por dos razones concurrentes: la costumbre de años de dictaduras y el sentir individual autoritario. Una especie de simbiosis entre el tutelaje solicitado y el espíritu mandón, lo que impide comprender un debate democrático adecuado. Y algo más: tanto en la comunidad ladina como en la indígena la imposición de las autoridades está por encima de la libertad personal de decidir. 

Me da que no hemos superado, como si lo han hecho otras sociedades, el estatocentrismo ni mucho menos comprendido el valor del ser humano, pero también la responsabilidad que eso conlleva. Se sigue prefiriendo el tutelaje “ubiquista”, porque así hay siempre a quien echarle la culpa de los males que por inacción dejamos que ocurran ¡Pues nada, a esperar al 14 de enero del 2024!

Valores, intereses, hipocresía

No terminan de entender, esos tibios y acomodados liderazgos y ciudadanos, que las dictaduras existen porque las democracias lo permiten.

Las personalidades humanas, sin ánimo de parecer simplista, se pueden reducir a tres: los que no hacen nada, quienes se definen con claridad y luchan por ello, y los tibios, que bíblicamente son vomitados. Hay que reconocer que estos últimos, al pasar desapercibidos porque no crean problemas, suelen tener mayor éxito en el corto plazo. Sin embargo, quienes adoptan posturas claras y definen valores y principios -de una manera contundente- son afectados por esa mediocridad que prefiere vivir en un mundo indeterminado, gris, indefinido, antes que tener que asumir la responsabilidad de tomar una definida posición política, ideológica, económica o personal. Esas tres castas se pueden observar en el trabajo, en el vecindario y en la sociedad, porque forman parte de las personas que nos rodean. 

Me incluyo en quienes defienden principios. Admito que no todos los acepten como suyos, pero me preocupo a diario de consolidarlos racionalmente. No son de mi agrado quienes con su benignidad son capaces de estar “en misa y repicando”, y de aceptar cualquier cosa en función de la conveniencia del momento, que no de la razón ni mucho menos de valores, de los que prefiero seguir hablando.

En las últimas encuestas de popularidad entre los presidentes latinoamericanos sorprende cómo Bukele tiene cerca del 90% y Ortega un 33%. La interpretación numérica es que uno de cada tres ciudadanos nicaragüense aplaude la dictadura de la pareja presidencial, y que en El Salvador, nueve de cada diez admiten felizmente el autoritarismo y las ilegalidades que lleva a cabo su Presidente. Seguramente -ese dato falta- otros resultados se reflejarían si les preguntasen a esos ciudadanos si apoyan la democracia o un régimen autoritario, y se podría ver -intuyo- la contradicción o el acomodamiento. Los principios y valores de la democracia no cuadran con la aceptación de dictadores y autoritarios, así que se puede concluir que hay demasiados votantes amarrados a la coyuntura -no a principios- o más despóticos de lo que ellos mismos creen.

De otro lado vemos cómo altas autoridades norteamericanas -Biden- pactan con Maduro y Cuba o visitan y se fotografían plácidamente con Bukele -Nichols-, ignorando el rumbo no democrático de esos países, pero reflejando tácitamente que la hipocresía política está por encima de la ética, algo que Maquiavelo dejó claro hace siglos. El fin termina por justificar los medios, y se le sonríe al dictador, mientras se “defienden” discursos democráticos. No terminan de entender, esos tibios y acomodados liderazgos políticos, que las dictaduras existen porque las democracias lo permiten. 

Se ha perdido el concepto mínimo de democracia y la imperante hipocresía ha desplazado el centro de la racionalidad más básica. La tibieza, quizá producto de la amenaza de la cancelación y de la necesidad de ser incluido en el grupo mayoritario de blanduchos políticamente correctos, comienza a formar parte del ADN de muchos ciudadanos por el mundo. Cada vez es más difícil encontrar personas integras con capacidad de defender, sin importar el costo, valores universales, no ya en democracia, sino en otras postura de vida. Se acepta el aborto -auténtico crimen de lesa humanidad- porque la moda apunta en esa dirección; se callan ciertas cosas para evitar “enfrentamiento innecesarios”, aunque sin valorar el costo de la irresponsabilidad; se insulta y difama con la alegría de la impunidad en un mundo en el que todo comienza a valer. Pero un día, normas, dictadores y postulados afectarán a los apáticos, aunque será muy tarde porque todo estará relativizado, y perdido. 

A falta de bemoles, parece que solo queda aceptar complacientemente la humillación, el abuso o la cancelación. Pues bien, yo me niego.

Duelo de titanes y colosos en la sombra

La realidad apunta al Congreso, donde un grupo de diputados controlan la dinámica nacional y ejercen el control

Siento que no sobrepasamos la capa superficial de la crisis que padecemos. Culpamos al Presidente, a la Fiscal General, a diferentes Cortes, a grupos indígenas, al sector privado y a colectivos que protestan, manifiestan, bloquean o desconocen reclamos populares. Se desgañitan y reprochan los unos a los otros, sin que nada suceda, y es porque no se apunta al verdadero blanco, a los gestores del problema, más allá de los citados quienes pueden ser “víctimas” o herramientas de una sórdida pugna de mayor calado.

De un lado, un núcleo binacional anclado al Departamento de Estado -no a todo el Departamento, más preocupado por la crisis en Gaza- sino a quienes se focalizan en la región, que desde “X” generan dinámicas reproducidas y amplificadas con este ardor localista que nos sitúa en el centro del mundo. No recuerdo antes a catorce exembajadores y altos cargos de la administración exterior norteamericana avalar un comunicado difundido por CNN y reclamar acciones puntuales para un país, ni siquiera contra la dictadura nicaragüense, venezolana o el intento de perpetuarse en el poder de Bukele ¿Por qué lo hacen para Guatemala, y qué significado tiene? Evidentemente “parte” de Washington lanza un órdago frente a la posibilidad de perder el único bastión geopolítico en Centroamérica, y el control de poderes: narcotráfico, crimen organizado, migración y China, aunque con reclamos mal dirigidos que emplean formas, también equivocadas, y proyectadas por grupos específicos -allá y acá- en medios y redes.

El poder verdadero -que nos tiene patas arriba- no es la tozudez de la Fiscal General, el silencio cómplice presidencial, la relativa pasividad de las Cortes ni los señalados integrantes del sector empresarial. La realidad apunta al Congreso, donde un grupo de diputados controlan la dinámica nacional y ejercen el control, financiados por el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, sin saber quién aporta más al cuchubal. Los actores institucionales serán relevados a partir del 2026 -algunos antes- pero los legisladores seguirán nombrando jueces y magistrados, cambiarán marcos normativos estratégicos o decidirán si dan posesión a ciertos cargos o los desaforarán. Personajes oscuros y en la sombra -no todos detectados y uno nada visible- que han sido los verdaderos operadores políticos de este y del pasado gobierno, y que se erigen como los que pueden condicionar seriamente al venidero, empedrando el camino difícil que le tocará tanto a Arévalo como a los diputados de Semilla, y a sus posibles socios.

A esos parlamentarios -reelectos por la democracia que tenemos- les importa un soberano pepino los reclamos porque ya están incluidos en varias listas de los USA, y únicamente les afectaría algo más contundente, aunque al estar entre la espada y la pared, no creo que sean fáciles de disuadir. Una confrontación social se lleva a cabo contra varios “prisioneros de sus ambiciones” que quizá nos sean “libres” de tomar decisiones autónomas, frente a la amenaza de ser perjudicados a futuro, y les es más costoso dar marcha atrás que seguir adelante.

La estrategia -dicotómica y confrontativa- está mal planteada, y la lucha por controlar el país es clara. Sacar a las mafias debe reconducirse con diferentes alternativas, y por otra vía menos costosa para el ciudadano medio y más contundente para quienes operan desde los bajos fondos, que además no son difíciles de buscar porque se identifican muy fácilmente en la cueva de la corruptela del Congreso. 

Sin embargo, doctores tiene la iglesias y organismos de inteligencia y estratégicos los USA, así que mejor abstenerse de proponer ideas o dar lecciones. Mientras tanto, sigamos viendo la última temporada y los nuevos capítulos de esta trágica serie distractora.

De aquellos vientos, estas tempestades

La Fiscal General es la autoridad más protegida del país, porque la ley no se hizo buscando un interés general 

En febrero de 2016, con nuevo gobierno y recién iniciada la legislatura, se modificó el artículo 14 de la ley del Ministerio Público (MP), en el sentido de que la Fiscal General no puede ser cesada salvo que “cometa delito doloso y haya sentencia debidamente ejecutoriada”, aprobación enormemente mayoritaria que realizaron los diputados -con presión de CICIG- para impedir que el nuevo Presidente pudiera cesar a la titular de entonces. Desde la tribuna del Legislativo, Iván Velázquez y Thelma Aldana aplaudieron lo que significaba un absoluto blindaje para ella. Un despropósito promovido por los diputados de LIDER y UNE -que eran lo mismo-, el Presidente del Congreso -Mario Taracena-, también de la UNE, y con la Corte de Constitucionalidad presidida por Gloria Porras, designada por el gobierno de la UNE y reelecta ese año por la mayoría de la UNE en el Congreso ¡Si no entendió la trama reléase el párrafo!

Se protegía a la Fiscal General sin opciones reales para cesarla, pensando, quizá, que su cargo sería eterno y siempre favorable al grupo dominante del momento, lo que cerró puertas ahora imposibles de abrir. Se sabía perfectamente lo que se hacía, y el silencio cómplice de muchos -incluidos medios de comunicación, abogados constitucionalistas y opinadores diversos que ahora se rasgan las vestiduras- nos lleva a este 2023 con un nudo imposible de deshacer. Y es que antes, ahogado en gritos de constante algarabía, el sistema cómplice -impuesto por quienes se agrupaban en torno a la CICIG- permitió ese silencio y opinión publicada políticamente correcta que actualmente crispa a muchos, ellos incluidos.

La Fiscal General es la autoridad más protegida del país, porque la ley no se hizo buscando un interés general ni prevaleciendo principios de Derecho -el cese se podría haber puesto difícil, no imposible- pero el dirigismo del momento anuló cualquier opinión contraria. Hoy nos quejamos, protestamos, y se solicita la dimisión de la Fiscal General por los mismos sectores que entonces debieron protestar, manifestarse y pedir que no se aprobara algo absolutamente autoritario, pero no ocurrió. Vivíamos la euforia de un MP que salía a condenar en ruedas de prensa, antes de hacerlo en tribunales, y aquella borrachera de entusiasmo nos trae esta resaca de frustración. Otro reflejo de la incoherencia nacional y de la costumbre de atender la coyuntura del momento en vez de la estrategia, siempre de largo plazo.

No aprendemos de casi nada. Sorteamos cada día sin pensar en el futuro, y nos luce mal, porque ya transcurrieron más de 500 años de Conquista y 200 de Independencia. Persiste la lucha de clases, de sectores, de ideologías…, de todo, que polariza el país entre los tuyos y los míos; mi razón o la tuya; yo y el otro, y nos vamos destruyendo y ahogando con la boca llena de justicia, democracia, derechos humanos…, pero sin entender realmente que significa cada cosa, salvo la definición predominante en ese instante, y que suele ser elaborada por otros, porque muy pocos son capaces de sustentarla con referencias históricas, políticas, jurídicas o filosóficas.

Atorados nuevamente en un instante de la Historia, demostramos ser muy buenos para jodernos los unos a los otros, bloquearnos, insultarnos, descalificarnos, agredirnos o incluso matarnos, tal y como demostramos por casi cuatro décadas ¿Acaso no estamos hechos para vivir en sociedad? ¿Huimos de la famosa frase aristotélica sobre la sociabilidad? La respuesta es compleja, pero me parece que nos acostumbramos tanto a los dictadores -o quizá nos parecemos- que no podemos vivir sin ellos y necesitamos ser tutelados permanente porque seguimos sin alcanzar la mayoría de edad ¿Qué triste, no?

Algunos se equivocan por temor a equivocarse

Semilla no tiene representación popular mayoritaria -error presentarlo así-, sino que Arévalo dispone de una mayoría relativa

Los errores políticos son más fáciles de amortiguar cuando se tiene mayoría significativa de apoyo ciudadano, y más complicados de absorber cuando se está en precariedad.

En esta situación convulsa el Presidente electo ha cometido algunos, fáciles de evidenciar y con grave incidencia en la dinámica político-social del momento, lo que repercute en pérdida de confianza. El primero fue asistir a la reunión de Grupo de Puebla, consorcio de personajes de marcada izquierda latinoamericana. El segundo -interpretando un tuit de Luis von Ahn- viajar a Washington en avión pagado por el empresario guatemalteco residente en los USA, y lo coloca en el punto de mira de quienes siempre han criticado el uso de medios “donados” por empresarios, aunque en este caso hay un sospechoso o cómplice silencio mediático. Otro ha sido alentar, promover y aplaudir la protestas, pero sobre todo los bloqueos que se han transformado en espacios violentos de reivindicaciones politizadas: lucha de clases sociales, indigenismo, pobreza, desigualdad y cuestiones muy alejada de la solicitud de dimisión de la Fiscal General, que era el origen. El cuarto, promover, desde los USA y con apoyo oficial de políticos de aquel país, ataques velados a sectores empresariales, mensaje que, a pesar de las declaraciones de todos ellos, sigue siendo un arma arrojadiza por parte de algunas autoridades norteamericanas y ruidosos personajes afines a esa política falaz e insidiosa. El último, la propuesta del partido Semilla -incluido el Presidente electo- de un proyecto de ley para apoyar a desplazados internos, cuyo artículo 30 contempla la desjudicialización de casos que impliquen a personas denunciadas por ocupación de propiedades, es decir a los invasores de fincas y propiedad privada.

Hay una equivocada percepción del poder real con el que cuenta el gobierno electo, al tomar la parte por el todo, sin que corresponda a la realidad, lo que ha podido generar un falso triunfalismo o, como vulgarmente se dice, un “atracón de poder”. Todos los partidos políticos tienen su ala radical, y de momento Semilla refleja más esa postura que la moderada, dialogante y equilibrada del binomio presidencial electo, y eso tiene su costo político que puede afectar gravemente al partido. 

Semilla cuenta con una veintena de diputados -14.4%-, fuerza que los ciudadanos libre y democráticamente le otorgaron en las pasadas elecciones generales, al igual que únicamente con dos alcaldes. El binomio presidencial ganó por dos factores concurrente: la alternativa -Sandra Torres- y la oferta de luchar contra la corrupción, gran valor agregado del Presidente electo. Semilla no tiene representación popular mayoritaria -error presentarlo así-, sino que Arévalo dispone de una mayoría relativa -por el porcentaje del total- fundamentalmente para combatir la corrupción. 

Por lo tanto, la carencia de una amplia mayoría contrasta con los errores cometidos que no serían tales si realmente contasen con ese voto ciudadano mayoritario que les fue negado en el Congreso: representante de la soberanía nacional, aunque no en la Presidencia, representación de la unidad nacional, dos conceptos distintos que se confunden y alteran. Quizá sea por eso por lo que no se llevan las actuales reivindicaciones al Congreso -donde debería abordarse la discusión- sino que se prefiere hacer en las calles, donde el ruido no siempre se corresponde con la correlación de fuerzas votadas libremente en la urnas hace apenas tres meses. Si a eso sumamos que los tradiciones partidos políticos de izquierda: URNG-MPL (CODECA)-WINAQ serán anulados por no tener representación o apenas cuenta con uno o dos diputados, se puede entender la deriva temática hacía la lucha ideologizada que complica la realidad de la confrontación contra la corrupción y genera desconfianza y suspicacias que deben de transparentarse.

¿Nos engaña nuestro juicio?

Parto de la tesis de que los resultados del proceso electoral no tienen marcha atrás. No es posible cambiarlos ni muchos menos modificarlos

Pensar fuera del huacal, de la caja o de lo normal, son expresiones que señalan formas de razonar que no siguen pautas tradicionales o mediáticamente posicionadas, que, además, suelen ser mayoritariamente aceptas, a veces impuestas y generalmente  únicas. No se trata solamente de elucubrar sobre supuestos irracionales sin sustento, sino que responde a elaborar escenarios posibles que la mayoría de las personas no atina a describir.

Parto de la tesis de que los resultados del proceso electoral no tienen marcha atrás. No es posible cambiarlos ni muchos menos modificarlos, así que una lucha frontal contra lo que la ciudadanía decidió libre y voluntariamente, no pasa de estrellarse contra un sólido muro. Por lo tanto, hay que preguntarse la razón por la que el MP ha allanado diferentes sedes en las que el TSE guarda información. La opinión casi unánime  -y mediáticamente posicionada- es que intentan bajarse la candidatura del Presidente electo y/o de los diputados de Semilla, o que pretenden erosionar el proceso electoral e intimidar, hipótesis probables, pero no únicas. O los del MP son muy inútiles y contumaces o pueden andar buscando cosas diferentes a lo que se piensa.

Partamos de quienes serían los afectados con una administración del señor Arévalo. La respuesta es simple: los mafiosos que controlan las aduanas -sindicatos y otros grupos-, aquellos que viven de las coimas en la construcción de infraestructura, diputados que no podrán hacer marranadas con obras incluidas en el presupuesto, ni contar con plazas fantasmas que engrosan sus salarios, y otras “bellezas” similares en los ministerios de Salud y Educación donde depredan dinero públicos, además de los fondos asignados a ciertas ONGs o a testaferros políticos. Ellos, y nadie más, están en una feroz lucha porque una nueva administración cortaría, sin duda, esos lazos criminales que han hundido el país por años, además de los pagos del narcotráfico y del crimen organizado por liberar rutas terrestres o hacerse los sordos respecto de la aéreas y marítimas ¿Qué pueden hacer todos ellos?, pues oponerse a que Semilla llegue al poder. No encuentro mucha discusión en ese debate.

Como el conteo de votos es -insisto- irreversible y los resultados incuestionables, buscan otras cosas, sin mostrar siquiera la punta del iceberg. Recordemos que pocos días antes de las elecciones The New Yok Times público que una magistrada del TSE había confesado, en dependencias de la embajada norteamericana, cómo sus colegas recibían mensualmente una grosera cantidad de dinero del Ejecutivo. No hubo nombres para confirmar esos hechos y la magistrada lo desmintió, pero desde ese día el TSE cambió absolutamente de actitud y pasaron a ser los héroes de una narrativa de villanos que venían siendo durante el proceso de inscripción de candidatos. Pensando fuera del guacal, y escuchando malas lenguas que hablan fuera de la caja, parece confirmarse, y se puede deducir que igual pudo haber otros pagos para inscribir a ciertos candidatos, a pesar de que tenían diversos problemas, desde condenas por narcotráfico, hasta causas judiciales pendiente. 

¿Qué ocurriría si el MP descubre que realmente se hicieron esos u otros pagos? ¿Evidenciaría un proceso electoral, correcto en los resultados y puestos electos, pero con una corrupción inicial difícil de eludir? ¿Cuál sería el escenario final de una hipótesis como la descrita? 

Hay muchas preguntas por responder, pero también una inusual insistencia en la versión predominante y adaptada a una realidad publicada. Eso mismo paso en MINUGUA con la versión única e indiscutible del asesinato del obispo Gerardi, y  Kennedy murió como oficialmente se determinó, y parece que no hay forma de cambiarlo, aunque todo huela un poco extraño.

Hacia un nuevo pacto social

Los Acuerdos de Paz se pueden tomar como ese último “pacto social” que generó un punto de inflexión en la dinámica de la confrontación del momento

El concepto “pacto social” se ha utilizado desde hace tiempo como sinónimo de un acuerdo ciudadano plasmado en diferentes normas, especialmente en la constitución. Ciertamente no siempre ha sido “acuerdo” y mucho menos “ciudadano”, sino más bien producto de pactos elitistas que, en cada momento, han proyectado ese constructo social como una forma -artificialmente creada- de unión objetivos comunes. Como quiera que sea es algo aceptado, aunque la mayoría no haya participado en su construcción, y va evolucionando con el tiempo por múltiples cambios: sociales, económicos, generacionales, etc.

Los Acuerdos de Paz se pueden tomar como ese último “pacto social” -hecho por élites- que generó un punto de inflexión en la dinámica de la confrontación del momento. Se desarrollaron, aunque distintas razones hicieron que no fuese posible hacerlo en su totalidad. No solo faltó voluntad política, sino también se hizo un mal cálculo del crecimiento económico nacional, hubo un “no” a la consulta para cambiar la constitución y otras cuestiones no menores que los llevaron a un callejón sin salida.

Aquel sinuoso camino, emprendido en 1996, conduce a la actualidad en la que se ha producido un nuevo detonante que puede servir para repensar otro “pacto social”, porque la actualización de los fines y objetivos sociales es algo dinámico que requiere de momentos político-sociales oportunos, y todo apunta a que estamos en uno de ellos. Asuntos como la desnutrición infantil, la violencia, la salud, la educación, la reforma a la LEPP, la implementación plena de la ley servicio civil y la reforma de la justicia, son, entre otros, temas transversales a cualquier ideología política. Por tanto, debería ser muy simple ponerse de acuerdo en arreglar esas cuestiones y dejar el debate ideologizado para otros temas como la paridad de género, las políticas fiscal y económica o el papel del Estado, en beneficio de impulsar aquello en lo que se coincide.

España fue un excelente ejemplo con los “Pactos de la Moncloa”, por cierto también superados, porque el momento político es otro; Chile está haciendo una catarsis similar, y seguramente Colombia aspiraba a ello, aunque parece ser que Petro no es la persona capaz de generar dinámicas de consenso, sino más de bien de confrontación, así que deberán esperar.

El nuevo gobierno ha sido elegido -y suficientes análisis y encuestas lo evidencian- para terminar con la corrupción, y es sobre ese elemento fundamental que debe de pivotar el resto de las cuestiones no resueltas. No se atiende lo importante porque lo urgente es depredar los fondos públicos en el menor tiempo posible, fundamentalmente a partir del segundo año de gobierno, y se aparcan cuestiones que, además de avergonzarnos por su no resolución -como la desnutrición infantil- proyectan un futuro poco alentador y la aparición permanente, como país, en los puestos más bajos de los diferentes indicadores sociales.

Si la gestión publica se hace sin corruptela -principal reto del nuevo gobierno- es presumible que el debate se oriente hacia los temas fundamentales y pendientes, no solo por voluntad política, sino muy especialmente por presión ciudadana. Cada país tiene sus momentos en la historia que puede o no aprovechar para dar ese golpe de timón necesario. A Guatemala se le presentará el próximo año, y es tiempo de comenzar a construir ese diálogo social con alcaldes, partidos, ciudadanía, empresarios, grupos sociales y con todos aquellos que vean y entienden la necesidad de un pacto apropiado para construir un mejor país en el futuro a corto plazo.

El reto es si la mayoría lo verá así o la desidia y las chambonadas nos consumirá otros muchos años.