¡Juicio político!

Las declaraciones de la Fiscal General sobre la imposibilidad de proporcionar seguridad para juzgar a Carlos Vielmann en Guatemala, revelan un sistema incapaz, inoperante y preocupante. Una autoridad de ese nivel no puede hacer ese tipo de manifestaciones por, al menos, dos razones fundamentales: la primera, porque no le corresponde y la segunda, porque ha destrozado lo poco que quedaba de confianza (¡si algo quedaba!) en el sistema. A partir de ahora cualquiera puede alegar en su defensa que si no es posible proteger a un ciudadano ¿cuál es la razón de que se pueda hacer con otros?
También CICIG, y algunas organizaciones de esas que siempre medran en la Comisión, han apoyado la pretensión de la Fiscal. La razón real, más que no poder llevar a cabo el proceso, es que parece que se cae como ha ocurrido últimamente con otros. El caso Pavón no ha podido ser sustentado con pruebas por la fiscalía ni por la CICIG (de ahí la liberación del señor Giammattei) y ninguna de las dos puede soportar una derrota más, producto, por otra parte, de investigaciones y acusaciones impetuosas y deficientes. El mensaje que se traslada a Suiza y Austria, países que deberán decidir sobre la extradición de Sperisen y Figueroa, es claro y previsible la actuación de aquellos.
Todo esto, combinado con la contundente reacción del Organismo Judicial que parece haber perdido el miedo a los todopoderosos comisionados y al entorno circense, revela -con un silencio preocupante del Ejecutivo- que hay que hacer una importante catarsis sobre el papel de CICIG y sobre la calidad de las investigaciones y señalamientos que hace el MP. Lo que sustenta cualquier sistema de justicia no es capturar a “delincuentes”, sino demostrar que lo son. A la fecha, más que dudar de jueces incompetentes o sobornados (que seguro también los hay), comienza a tomar muchos más cuerpo la tesis de que las acusaciones no están suficientemente fundamentadas y, consecuentemente, los jueces fallan contra lo que ciertos medios de comunicación e interesados colectivos presentan de distinta forma, producto de una parafernalia mediática con la que señalan, acusan y condenan a quienes deciden que son los culpables a pesar de ser incapaces de ponerlos a disposición judicial con pruebas irrefutables. Finalmente, como ha ocurrido en distintas ocasiones, los tienen que liberar o sobreseer las causas, aunque previamente los humillan, difaman, presionan y hunden en el lodazal más profundo manteniéndolos en prisión o fuera del país por meses ¿Acto judicial o manifiesto interés político?
Esa “justicia” paralela y politizada que nos han querido vender como forma de mejorar la corrupta que antes padecíamos no ha hecho sino catapultar el sistema al extremo opuesto. Mucho debatir y evidenciar cómo el estado reprimía en épocas pasadas sin darse cuenta que ahora, el “estado-democrático” hace exactamente igual con aquellos que interesa o sobre los que quiere poner el dedo acusador, con el agregado de ser acompañados por la comunidad internacional, las comisiones que se crean ad hoc y algunos discursos que promueven políticos y diplomáticos para dar cierta fuerza, de la que carecen, hechos no constatados ni probados. No es así como se arregla la justicia. Debemos enfrentar el reto de una vez por todas y mirar las cosas con la razón y no con el corazón o la pasión. Por ahora, la justicia, con o sin CICIG, sigue sin ser eficiente y los responsables continúan perdidos, divagando o politizados ¿Quién será el próximo?