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lunes, 13 de noviembre de 2017

Indolencia judicial

Hay que diseñar un proceso debido para poder exigir el “debido proceso” 

Un informe reciente de Human Rigths Watch titulado “Carrera contra el tiempo”, presenta un interesante análisis de casos judiciales emblemáticos: Blanco Lapola, La Línea, Plazas Fantasmas o Bufete de la Impunidad, entre otros, y detalla la razón del retraso por años de muchos de ellos.
Las recomendaciones del estudio -a veces hay que comenzar por el final- se reducen a dos: 1) hay que modificar la ley de amparo -recomendado por la CIDH en 2009- y 2) la CC y la CSJ deben cumplir los plazos establecidos y aplicar sanciones a jueces y abogados que dilaten indebidamente los procesos judiciales ¡Sencillo verdad, pues no se hace!
Para cumplir con el “debido proceso” hay que diseñarlo “debidamente”. Si el amparo no se regula y se sigue jugando interesadamente con el tiempo para resolver actuaciones, “lo debido” deja de ser tal, y no se cumple el derecho de toda persona a que se aplique escrupulosamente lo que la ley dice, puesto que, a pesar de la observancia legal, aquella no está adecuadamente definida y su incumplimiento se justifica y acepta. En ese momento se entra en un circulo nocivo que el sistema permite y no modifica porque requeriría de más eficiencia, trabajo, dedicación y reduciría la interesada manipulación. A fin de cuentas, está diseñado para que pícaros togados puedan hacer de las suyas y ampliar o interpretar -a gusto del consumidor o de si mismos- ciertos párrafos legales.
Los jueces aducen que “carecen de medios”, algo que, de ser así, conocen al optar al puesto que cuenta con jugoso salario, aunque de esto último no se quejan más que para aumentarlo. Pero si sabes a lo que te metes -y lo aceptas- asumes el deber de cumplir con los cometidos asignados -lo que no hacen-. En 2016, según el informe, se iniciaron contra jueces, por dilaciones indebidas, cien procesos disciplinarios. Solo en tres de ellos se determinó irregularidad y la sanción que recibieron fue una amonestación escrita. ¡Vergonzosa impunidad del 97% acorde con los estándares nacionales!
Los abogados, por su parte, entorpecen con amparos, recusaciones y apelaciones sin que los jueces los resuelvan a tiempo o los rechacen por no observar siquiera la forma. Cuando son sancionados por los tribunales, la cantidad no supera los Q1,000 y la relación costo-beneficio es significativamente rentable. Además, a la fecha, hay como 3,000 abogados con multas impagadas por lo que efecto disuasorio no cumple en absoluto su cometido.
Se le olvidó a Human Rigths Watch incluir en el estudio el caso “Coronel Chiroy y sus soldados” en el que hay una confrontación manifiesta entre la jueza que no modifica la calificación de delito y el MP que recurre constantemente. El coronel lleva en prisión dos años más de los que le correspondería por lo que se le imputa -sin que haya entorpecido jamás el proceso- y mientras la administración de justicia resuelve sus pleitos, traslada el costo a los detenidos. Un punto que fue soslayado en el informe y que representa otra piedra en el zapato de la “justicia” nacional ¡Tomen nota!
Reformar no consiste en maquillar normas sino en asumir seriamente problemas. El Colegio de Abogados es culpable de la parte que le corresponde, al igual que la CSJ y la CC. Hay que diseñar un proceso debido para poder exigir el “debido proceso”. De lo contrario, las argucias, mañas, desidia y conveniencia, serán pilares sobre los que se siga “impartiendo justicia” o jugando con el sistema a capricho.

Estudios sobran; voluntad no se ve ninguna.

lunes, 6 de noviembre de 2017

Diputados crápulas

Vivimos momentos difíciles y cada vez más nos parecemos al avestruz

En el libre ejercicio de nuestra irresponsabilidad ciudadana, seguimos sin prestar atención a quienes sentados en el Congreso y con absoluta displicencia, hacen de las suyas en detrimento del país.
Hace unos días quince diputados votaron, durante un proceso de elección de jueces, por un candidato fallecido. Además de la fastuosa torpeza, la contumelia muestra que el acto de elegir jueces se la refanfinfla, sin importarles la repercusión en el funcionamiento del sistema judicial. Un despropósito que ha generado más risas que lamentos y comentarios jocosos que solicitud de dimisión por ineptitud manifiesta.
De igual forma -en silencio y con alevosía como hacen las cosas esos crápulas- pretenden incluir en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que no se requiera el finiquito para acceder al cargo, cuando lo que deberían debatir es cómo poner más cortapisas para garantizar que no lleguen delincuentes como muchos de los que ya ejercen. De esa cuenta deberían exigir antecedentes penales, finiquito, constancia de la SAT y cualquier requerimiento que certifique que la persona que opta por un puesto público es proba y capaz. Los muy tarambanas, sin embargo, persiguen reducir los requerimientos -mejor anularlos todos, pensarán- para abrir la puerta a personajes tan malhadados como los que ocupan ciertas curules.
Los de la UNE por su parte -sutiles y con miras políticas a 2019- promovieron un amparo para que regrese la antigua carrera de magisterio y de esa forma continuar con maestros poco preparados. Aquí hay dos elementos de análisis. Uno racional e indiscutible: con docentes menos cualificados difícilmente habrá mejores alumnos -que es lo que ocurrirá- y se mantendrá el índice de analfabetismo actual -real y funcional- que asegura una masa de votantes siempre útil para los políticos. También beneficiará a ciertos colegios que gradúan de maestros a jóvenes de 17/18 años y facilitará el negocio de la educación de mala calidad ¡Felices los cuatro que diría aquel! Otro, que la UNE se alista para el próximo proceso electoral y sonríe al grupo sindical mercenario liderado por el caudillo Acevedo, aquel que Sandra Torres salvó de ser enjuiciado y se subió al techo de un bus con Colom en la Plaza Central. Ominoso personaje que por años se apropia del sindicato y negocia con cualquier gobierno para encauzar la masa magisterial en pro de intereses políticos. Alguien, por cierto, al que debería investigar CICIG/MP porque en el entender de muchos forma parte de esos grupos paralelos de poder incrustados en el Estado ¡Ahí queda el reto!

Vivimos momentos difíciles y cada vez más nos parecemos al avestruz cuando esconde la cabeza. Los diputados no aprendieron nada de aquella llamada al orden que se les hiciera hace unas semanas cuando aprobaron-desaprobaron los decretos que modificaban el código penal. Siguen haciendo de las suyas y cada día las barrabasadas son mayores y más envalentonadas, aunque calladas y discretas para no llamar la atención. Algunos -Stella Alonzo- no asisten a más de la mitad de las sesiones y a las que van no aportan nada. Otros, como Giordano -tan galán y creído como la anterior- piden permiso y dejan de asistir al Congreso por más de un mes. Muchos más, complotan constantemente y miran como librarse de antejuicios y aquellos del grupo de “la dignidad” o como diablos se llame, se durmieron o tal cual llamarada de tuza, apenas sobrevivieron unos días ¡Afloró la permanente cobardía! Y es que sigue faltando brío testicular para cambiar un país que se nos va de las manos.

lunes, 30 de octubre de 2017

Déficit jurídico

La triste realidad nacional evidencia muchas cosas a las que hay que prestar atención

He leído atentamente la última sentencia de la CC en relación con la pena de muerte. Básicamente aborda dos enfoques. Uno, se refiere a la apreciación de la peligrosidad del sujeto procesado. Otro, hace mención a la inclusión de nuevos delitos castigados con pena capital después de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), algo que no podía hacerse. La CC en una controvertida sentencia -como alguna de las últimas emitidas- empaqueta todo, concluye que esos máximos castigos deben desaparecer y vacía de contenido el artículo constitucional que permite la pena de muerte. No soy partidario de que el Estado pueda ejecutar personas bajo ningún concepto o circunstancias, pero tampoco de sentencias justificadas con peculiar retórica y fines previamente establecidos o fundamentadas con razonamientos excluyentes de otros puntos de vista y sólido análisis jurídico.
La peligrosidad del imputado como elemento determinante para emitir la máxima sentencia: la muerte, puede ser supuesta a futuro pero también demostrable, algo que obvia la CC cuando razona y se decanta únicamente por la primera opción. Un grave historial delictivo continuado, cierta situación patológica psicológica o psiquiatría y otras cuestiones -objetivas y evidentes- constatarían la peligrosidad del procesado y no a futuro, como alude continuamente la CC, sino en el presente, en el momento que se juzgan los hechos, porque hay antecedentes, situaciones y parámetros objetivos que así lo determinan. Por tanto, la justificación no puede hacerse abordando el tema en una única e interesada dirección: el futuro y la probabilidad de que ocurra, soslayando evidencias científicas que probarían que en el momento del enjuiciamiento el sujeto procesado reúne la cualidad de peligroso y puede ser sujeto de esa consideración por un tribunal.
En relación a la otra cuestión "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional" (art. 9) y Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente” (art. 4-2), no hay mucho que decir salvo que debe cumplirse por haberse ratificado el Pacto de San José que compromete a ello. Al respecto, únicamente cabe evidenciar la falta de capacidad legislativa del Congreso al aprobar reformas de códigos o nuevas leyes que incluyen cuestiones vetadas por compromisos adquiridos. Un déficit legislativo al que nos tienen acostumbrados nuestros diputados, incapaces de asesorarse adecuadamente aunque diestros para fumarse normas que no observan mínimamente parámetros de legalidad, y hete ahí las consecuencias posteriores.
La triste realidad nacional evidencia muchas cosas a las que hay que prestar atención: escasa capacidad de emitir normas legales que se ajusten a parámetros de compromisos internacionales y constitucionales, excesivo protagonismo de la CC que termina por convertirse en legisladora política con cuestionadas sentencias e injerencia en otros poderes, proyección ideológica -caso de la pena de muerte- de sectores con incidencia en la justicia que proyectan sus objetivos por medios de cuestionadas decisiones y abuso del “debido proceso” que retrasa juicios por años utilizando maliciosamente amparos, recursos y recusaciones ¡Un caos o un cachondeo!, según se quiera percibir.

Es vital reconfigurar el orden jurídico-judicial. No se puede seguir con una CSJ que no es suprema, una CC que asume cometidos más allá de lo constitucional, un TSE que tiene instancias superiores o un “debido proceso” que es todo menos “debido”. Es inaudito este sistema positivista que complica la aplicación de la justicia y cada vez más deja dudas de que hasta lo bien hecho no lo está.