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lunes, 22 de mayo de 2017

Excusan no faltan

La lucha por el territorio se disfraza de pobreza y “justifica” acciones de violencia

El estado de sitio, decretado recientemente por el gobierno en la zona Tajumuco-Ixchiguán, es revelador de lo que por tiempo se ha venido comentando sin prestarle mucha atención. La “excusa”, siempre necesaria para toda acción políticamente correcta, es la disputa histórica entre dos comunidades y la escasez de agua, lo que permite construir cualquier argumento relacionado con la falta de desarrollo social, la ausencia del Estado o la necesidad de mayor inversión en la zona. Sin dejar de ser cierto que en muchos lugares del interior hay pobreza y carencia de infraestructura, no por eso se justifican ciertas acciones.
Lo que si ocurre por allá con frecuencia son disparos con fusiles AK-47 y ametralladoras, cierre o bloqueo de carreteras y caminos y ausencia de autoridad legal. El cultivo de amapola, con tres cosechas al año, es la forma más rentable de utilizar la tierra y evidentemente los campesinos se emplean en lograr la mayor productividad de sus campos. Por otra parte, el narcotráfico y el crimen organizado reclaman como “suyo” el lugar y de ahí deriva la violencia existente. En los últimos años se ha consolidado un espacio de cultivo rentable y lucha por el territorio. Juntos generan violencia, muchas veces extrema.
Sitúe en el mapa dichas localidades y comprobará que están en la zona tradicional de los últimos conflictos. En algunas de ellas CODECA maneja la sustracción de energía eléctrica -o como sutilmente se denomine a ese robo- pero también es donde la anterior administración no quiso hacer efectivas ordenes de detención emitidas por jueces -pendientes a la fecha- o algunas hidroeléctricas tuvieron que irse porque fueron violentamente hostigadas. Es una zona de “guerra” entre mafiosos que se creen dueños del país y que han sido justificados por ONG,s, embajadas, organizaciones indígenas y campesinas, gobiernos de la UNE y del PP y hasta la propia iglesia católica cuando monseñor Ramazzini, antes de ingresar al club de los sensatos, encabezaba protestas.
El conflicto armado interno tuvo un detonante similar, como suelen tener todos los conflictos. La lucha por la pobreza, por las poblaciones excluidas, el desarrollo o el agua, son, entre otros, motivos recurrentes para alzarse en armas o cualquier otra tropelía. La verdad, el fondo del asunto, rara vez se conoce de inmediato, pero se sabe con el tiempo. Hay ejemplos históricos que sostienen tal afirmación: el hundimiento de acorazo Maine en Cuba -guerra española/norteamericana-, la acusación de armas químicas a Irak -invasión de aquel país- o cualquier cambio de dictador en América Latina.
El modelo no ha cambiado mucho y las condiciones paupérrimas de la zona hacen posible construir un discurso en el que sostener la violencia, lo que ha permitido negar el acceso a la policía, impedir la ejecución de ordenes de detención,  permitir la “retención” de personas, robar electricidad, asesinar a soldados -recordemos el que custodiaba un helicóptero-, golpear a militares, incendiar vehículos de policías, hostigar a empresas o invadir fincas. Nunca esta tarde y el estado de sitio debe permitir no solamente desarmar y destruir túneles o fortificaciones, sino también presentar a la opinión pública nacional, tan alejada de lo que en el interior ocurre, aquello que realmente ocurre, la necesidad de llamar a las cosas por su nombre y desenmascarar a grupos altamente ideologizados que siguen jugando a desviar la atención con justificaciones y escusas que no responden a la verdad.

¡Y es que la guerra continúa para algunos desalmados!

lunes, 15 de mayo de 2017

Ente pena y pepena

Hay que hacer valer la ley por la fuerza si no se puede por la razón

El video en el que el ahora exdirector del sistema penitenciario -con capucha de huelguero sancarlista- dialoga (o negocia) con mareros internados, el de Blanca Stalling yendo plácidamente a visitar a su hijo mientras una agente “de custodia” le lleva una bolsa y la incompresible huida de prisión de "La Patrona", condenada a s de 90 años, evidencian un ineficiente sistema carcelario. Lo lamentable y censurable a las autoridades encargadas es que los hechos ocurrieron de forma visible, sin disimulos. Eso es inaudito, intolerable, requiere de medidas contundentes y actuar inmediata y penalmente contra los responsables.
Ningún gobierno de este país, en la era democrática, ha querido ordenar el tema de prisiones. Algunos detenidos salían alegremente por la puerta, celebraban fiestas, iban al spa, paseaban por la Antigua o cometían fechorías y regresaban -o no- a sus celdas cuando les venían en gana. El botón de muestra es el de los cuatro mareros que las “autoridades descubrieron" hace unos días que no estaban donde debían, cuando otros hummies decidieron abrir la puerta a la policía y permitirles el paso para que entrara a contarlos porque ellos tenían la llave y el candado. Un año y medio después de llegar al poder, el gobierno no controla las cárceles del país.
El debate técnico, político y social sigue estancado en temas como la reinserción, los derechos, las condiciones de vida, etc. En una palabra: en la forma. El fondo es muy simple y de fácil implementación: hay que hacer valer la ley por la fuerza si no se puede por la razón. Horario, normas y comportamientos que se imponen a como de lugar, sin titubeos ni toleranciaAdemás, los jueces no deben, en absoluto, determinar en qué prisión se interna el condenado, eso debe ser responsabilidad exclusiva del sistema penitenciario.
La crítica y hasta el escándalo que provocará en algunos la anterior afirmación, contrasta con las condiciones a las que está sometido el Chapo Guzmán en un centro de detención en New York. Encerrado 23 horas al día en una habitación, con salida a un solitario pasillo la hora restante y sin contacto con otra persona, además de no ver la luz solar. No he escuchado alzar la voz a integrantes de esos organismos preocupados por derechos y reinserción de los detenidos, rasgarse las vestiduras ni quejarse del trato. Aquí, por el contrario, seguimos divagando sobre qué hacer para que todo sea -o parezca- políticamente correcto mientras los detenidos campan a sus anchas y salen alegremente de prisión. 
Hay que sentarse -¡pero ya!- y hacer un censo de quienes están encarcelados. Entre los preventivos, es necesario mandar a casa a la mayoría en espera del juicio e implementar un proceso que termine con el hacinamiento en los centros que hace inviable adoptar cualquier solución medianamente decente. Eleven las fianzas, establezcan controles más estrictos o refuercen las medidas, pero por el bien de todos es de urgencia nacional arreglar esa situación por el valor que merece la justicia y el respeto al Estado de Derecho que deseamos.
La responsabilidad es política, y si vemos el sistema penitenciario como un eslabón -muchas veces el último- de la cadena de justicia, es preciso advertir que hay que reforzarlo porque de lo contrario la credibilidad en las condenas se pierde cuando ocurren casos -no digamos si son simultáneos- como los arriba relatados.

A las 48 horas de asumir el cargo, el nuevo director interino renunció ¿Estamos o no en crisis?

lunes, 8 de mayo de 2017

Claro, clarito, claritito

Es hora de que actúe por usted mismo. Infórmese y que no lo jalen a la fuerza

Discutir sobre las reformas constitucionales del sector justicia, está que arde. Según opine, corre el riesgo de ser encasillado de extremista, versión izquierdista comunista u oligarca intransigente. No le dejarán explicar que está lejos de apasionamientos, porque se informa y busca soluciones, no defiende una radical negación ni una conformista aceptación y persigue debatir con altura.
A quienes he escuchado hablar seriamente del asunto, coinciden en mucho. Admiten que el actual sistema -comisiones de postulación- no es eficaz, reconocen que separar la administración de justicia de la gestión de recursos es oportuno -así se hace en el resto del mundo- y están de acuerdo en que no podemos seguir inmóviles. Hay una plataforma común sobre la que se puede construir. A pesar de ello, no nos ponemos de acuerdo y se resiente la certeza jurídica.
La moda, la revolución fresa, es invadir el Congreso, insultar, agredir e impedir que sesione o inundar las redes de videos, lemas, memes y hasta amenazas para fomentar la inhibición o promover la aceptación. Los objetivos están claros: aprobar sin debatir o impedir la discusión para que el Legislativo no tome una decisión. Lucha de poder entre extremos que dejan en medio a millones de ciudadanos -no siempre informados- intentando comprender qué ocurre y cómo deben posicionarse.
Dejar el sistema como está, significa que diferentes grupos continúen nombrando y manipulando jueces, tal como se ha venido haciendo o intentado, aún sin lograrlo. Favorece a quienes desean utilizar la justicia para fines espurios del conflicto armado pero también a otros que están siendo investigados o en prisión por delitos muy graves relacionados con desfalco y lavado de dinero. Unos, reclamados, además, por USA, otros huidos, y muchos más pendientes de perder su inmunidad o a escasos centímetros de ser acusados por el MP. Esa mara manipuladora sigue enroscadas en ciertas organizaciones civiles, en el ejercicio de la función pública o en la sombra y luchan por seguir eligiendo magistrados que sobresean o activen “sus” causas -según interese- o emitan sentencias a la carta ¡Me desmarco de quienes buscan la impunidad o fuerzan decisiones!
A esta disputa se agregan diputados que se refugian en el Congreso y no están dispuestos a debatir sobre el sistema, al igual que magistrados que operan “por instrucciones”. Lo que debería ser la solución, se convierte en problema y los legisladores se justifican, ausentan o ponen todo tipo de trabas para preservar un estatus quo cuya manipulación es clara. No es necesario apelar a un nacionalismo trasnochado que desecha cualquier discrepante opinión. Mucho menos usar la doble moral nacional perfeccionada sobre un falso patriotismo, aquel del que Samuel Johnson dijera que era “el último refugio de un canalla”, y que ha servido -y sirve- para plastificar intereses propios.
Es indiscutible el mal funcionamiento de la justicia. En prisión hay acusados que deberían liberarse y trasladarse a su domicilio a esperar juicio y no quedar eternamente encarcelados. Sin embargo, hay otros que necesitan quebrar el sistema porque de lo contrario sus posibilidades de salir libres son escasas, al igual que hay que enjuiciar a muchos más que campan a sus anchas.

Tanto himno nacional, mano al corazón y recitar aquello de “…tu nombre inmortal…”, pero cuánto anónimo, autoritario, ideología barata, escaso sentido común y analfabetismo funcional. Aprovechando que nos hicieron despertar, actúe por usted mismo y que no lo jalen a la fuerza. El país requiere -y merece- una seria catarsis.