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lunes, 16 de septiembre de 2019

La fútil cantaleta anual

Intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”

Por estas fechas se activan anualmente grupos de presión que patrocinan el incremento de bonos, mejoras en pactos colectivos y subida del salario mínimo. Saben que pueden incluir en el presupuesto estatal montos a repartir durante el año siguiente, y la agenda buitre de sus liderazgos les recuerda la fecha. En esta ocasión, además, hay cambio de gobierno y es el momento preciso para negociar y presionar a salientes y entrantes, “liberarlos” del bochinche en las calles y conseguir el aumento deseado que dilapidarán en pago de planilla o en abogados sindicalistas. Ni el colegial ni el enfermo reciben mejor atención -a la pruebas me remito con esos ejemplos- aunque las penas se extienden al Congreso, al Organismo Judicial, al MP, a puertos, municipalidades y muchas otras instituciones públicas ¡Otra vez la depredación y el reparto de los recursos públicos!
Sobre el salario mínimo veo argumentos contrapuestos. Uno, el del asalariado que pide más dinero y busca la justificación oportuna: inflación, precio de la canasta básica, etc. Otro, el del empresario que argumenta no poder sostener un incremento por ley que descabala el cálculo económico necesario para sostener su negocio. Propongo empatía, uso de parámetros objetivos y reflexión sería sobre la postura contraria.
Realmente hay inflación anual y por tanto incremento de precios, lo que reduce el poder adquisitivo de quien gana lo mismo de un año a otro. Por otra parte, no es menos cierto que un empresario con diez o veinte empleados -las PYMES son mayoría en el país- quizá no pueda soportar un incremento anual porque sólo le queda reducir beneficios -muy difícil en un mercado abierto- despedir trabajadores o incrementar los precios de sus productos y dejar de ser competitivo ¿Cuál es la solución?
Cuando nos basamos en premisas falsas, distorsionamos o falseamos las conclusiones. Nadie se contrata por debajo de su (precio de) costo. Es absurdo, por tanto, decir que alguien trabaja por “una miseria”. Esa cantidad -recordemos que todos somos diferentes- es sencillamente la “adecuada”, puede que no sea la que le guste a la persona pero la acepta porque es mayor que su costo de oportunidad. Vaya a un mercado e intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”. Lo segundo, considerar que la canasta básica es igual para todos y tiene el mismo precio en todas partes, lo que de nuevo conduce a conclusiones inválidas. Lo tercero, aceptar que todos estamos en idénticas condiciones de capacidad y formación y, consecuentemente, hay que unificar el salario. Lo último, pensar que los beneficios empresariales son ilimitados y siempre sacrificables. Al final, lo “mínimo legal” termina siendo lo “máximo” y todos perdemos: trabajador, consumidor y empresario. Ganan politiqueros o sindicalistas inescrupulosos a quienes usted y yo les importamos un soberano pepino.
Que cada quien contrate libremente y trabaje por lo que desee y su capacidad y cualificación le permitan. Los profesionales liberales: médicos, abogados, lavadores de carros, jardineros, fisioterapistas, albañiles, fijan libremente sus honorarios y usted decide si los contrata, y ellos si le prestan el servicio ¡Así, sin salario mínimo ni agenda dictadas por gobiernos o grupos de presión! 
Cuando se entiende que la matemática es ciencia exacta y la política ciencia social -en la que sentimientos, poder, ambición, ideología sobre “igualdad social” y cuestiones similares, terminan por retorcer principios- se entiende perfectamente. No hay que perder el norte en discusiones bizantinas que impidan ver el fondo ideologizado. En cambio, más razón que emoción, suele ser la fórmula para entender muchos problemas. 

lunes, 9 de septiembre de 2019

Esto de “los asuntos militares”


El panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible


En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los efectivos del ejército al 33% que determinaban los Acuerdos de Paz. La fuerza armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los Acuerdos lo fijaron arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del documento conclusivo al entonces jefe de la MINUGUA y al Presidente Arzú.
Desde entonces no ha habido discusión sería y pública sobre el futuro del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue, procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el ciudadano ha sido más exigente ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que la reconversión militar -incluso la desaparición de los ejércitos- era una necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad.
Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque además -no nos engañemos- es más rentable, especialmente en un país en el que el crimen organizado y el narcotráfico campan a sus anchas. En lo que va de año, han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos coroneles: uno -asignado a la dirección de personal del ejército- en el Petén, por hechos relacionados con el narcotráfico, y el otro acusado de blanquear dinero de la mara Salvatrucha.
Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento), con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado, el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible.
En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión de los hechos y declarar el estado de sitio en la zona y alrededores, seguimos sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no fue auxiliada inmediatamente por su base con quien debería haber tenido comunicación permanente ¿Cómo actúo -o dejó de hacerlo- el comandante en jefe? ¿Por qué no se enviaron refuerzos aéreos o terrestres si contamos con helicópteros y más de cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una posibilidad que el estado de sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el ejército del conflicto.
Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares”, de lo contrario el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.

lunes, 2 de septiembre de 2019

Entre el paroxismo y el rechazo


CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en otras

En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional: el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta: ¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?
La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede seguir siendo un normal proceder.
CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente presentado, además de ser sumamente irresponsable.
Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que tiene suficiente lastre para hundirse.

lunes, 26 de agosto de 2019

Ética y valores: Morales e inmorales

El tribunal perdió una excelente oportunidad para censurar lo que está muy mal hecho y no debe consentirse

La absolución dictada por el tribunal que juzgó al hijo y al hermano del Presidente Morales, por fraude y lavado de dinero, ha generado reacciones contrapuestas. No voy a centrarme en un tema judicial, sujeto de apelación y diversos recursos, que generará seguramente muchos más comentarios. Quiero analizar algunas declaraciones y actitudes que considero debe ser el aprendizaje a extraerse de esta acción de la justicia en modo especial.
Llama la atención la afirmación de Juan Manuel Morales -hijo del Presidente- cuando dice que en este país hay un 60% de economía informal sin facturas y se las pide al otro 40%; qué eso es lo normal y la forma de proceder de “todos”. Esa declaración no es muy diferente de aquella otra de su papá, el Presidente, durante una entrevista en 2017: ”la corrupción es normal”. Tampoco lo es del ejemplo que le da su tío Sammy, al facilitarle facturas de su empresa sabiendo que las iba a utilizar para menesteres distintos al propósito del negocio a que correspondían. Es decir, apoyó, promovió y alentó un engaño, y esta fue la educación y los principios -la moraleja- que transmitió al sobrino adolescente: "no importa mijo, esto se puede hacer por razones económicas, comerciales, de ayuda o incluso altruista, porque no está mal”. Muy equivocado en su actuar el señor Sammy Morales y, sobre todo, irresponsable y mal preceptor de un joven al que debería haber guiado sobre sólidos valores y principios.
Es aquí, justamente, donde me quiero centrar en este asunto. No me importa tanto si el valor de lo defraudado es bajo o insignificante, si son parientes del Presidente, si la pena que se pedía era mucha o poca o la absolución justa o no. Es habitual en los casos judiciales conocidos, encontrar en sus protagonistas una visible ausencia de actitud y comportamiento éticos, por tanto indecente. Pareciera ser que en ciertos contratos, negocios, intercambios, actuaciones de servidores públicos y, en general, en la sociedad, el pillo, el chispudo, el fraudulento, el deshonesto, el inmoral, el pícaro, tienen espacios reservados en la dinámica nacional, y así es enormemente difícil predicar con el ejemplo ¿Cómo educar a las generaciones venideras que ven ese tipo de conductas normales y la forma correcta de progresar económica y socialmente? ¿Cuántos papás educan con el ejemplo de la familia Morales?
El tribunal perdió una excelente oportunidad para decirle al MP que la solicitud de condena era probablemente muy alta, pero también para censurar lo que está muy mal hecho y no debe consentirse, tal y como en solitario manifestó la presidenta y reflejará, probablemente, en su voto disidente.
Se pagan coimas, se acepta la coacción, se promueve el chantaje, hay enriquecimiento con plazas fantasmas, nos conducimos fuera de marcos estándares de valores…, pero proclamamos con frecuencia estar a favor de la lucha contra la corrupción y querer un mejor país, aunque en demasía, practicamos antivalores que nos conducen invariablemente al otro extremo de la prédica ¡Eso, sencillamente, es inaceptable!
Da igual quién investigue o juzgue; quién sea Presidente o Diputado; no importa si la comunidad internacional nos ayuda o qué ONG colabore. Somos nosotros quienes debemos cambiar y arrinconar definitivamente la inmoralidad porque no veo generaciones futuras renovando el país con esta educación anómala que muchos promueven, y que incide en quienes debemos confrontar a nuestros hijos y actuar contracorriente. 
¡Incompleta lección de la justicia! Una oportunidad perdida para hacernos reflexionar desde las instituciones, quizá porque no hay realmente mucha voluntad de cambio ¡Apañados vamos!

lunes, 19 de agosto de 2019

Animosidad que predispone

Seguimos embelesados con lo que pudo ser y no fue e ignoramos la realidad que está a 180 grados

Está demostrado que la política es más visceral que racional. Sin embargo, cuando se trata de elegir a quienes van a dirigir la nación, administrar lo público, gestionar miles de millones y tomar decisiones que nos afectan, la razón debería tener más protagonismo, aunque casi siempre se olvida.
Nos acostumbramos a liderazgos o formas de ser que nos gustan o coinciden con nuestra manera de pensar. Hay quienes prefieren al atrevido, otros al prudente e incluso algunos se decantan por actitudes autoritarias, y también hay espacio para los anárquicos. Y cuando por medio de elecciones democráticas o procedimientos legalmente establecidos se sustituye a la persona que nos gusta, esas emociones se destapan y comienza una irracional persecución o crítica contra quienes son distintos a aquellos que simbolizaban nuestras preferencias. 
Vivimos, por partida doble, uno de esos momentos. Percibo una actitud crítica continuada a la labor del Ministerio Público porque la nueva fiscal general no convoca conferencias de prensa o luce tan mediática como su antecesora, algo que también le sucedió a aquella cuando sustituyó a Paz y Paz y tuvo que superar el momento ya olvidado. Vivimos un proceso de adaptación a nuevas formas y modos pero en lugar de apreciar la eficacia de la labor -a través de los casos que salen a la luz- nos preocupa más la ausencia del ruido de la rueda de prensa, de la presencia en medios de comunicación o extrañamos la sensación de ver a otros esposados, detenidos o perseguidos ¡Nos agrada más el ruido que las nueces! 
Algo similar ocurre con el Presidente electo. Algunos no gustan de sus formas o modos aunque no advertimos que quizá los nuestros no sean muy diferentes. Se ha decidido, democráticamente, a quiénes poner al frente del país en los próximos años y seguramente muchos hubiesen preferido que las cosas sucedieran de otra manera, pero las reglas de juego determinaron lo contrario y hay dos formas de convivir con esa endémica preocupación: aceptar el sistema democrático y sus resultados viendo como optimizarlo -aplicar la razón- o desacreditarlo continuamente con fútiles cuestiones que impiden el avance del país -actuar con emoción-. Pareciera que seguimos embelesados con lo que pudo ser y no fue mientras ignoramos la realidad que está a 180 grados.
En 1975 España era una dictadura; en 1976 una monarquía. Se legalizaron los partidos políticos, entre ellos el comunista y el socialista, y la reacción no se hizo esperar tras 36 años de régimen autoritario. Vencer la inercia no fue fácil y, sin embargo, 15 años después, sobresalían positivamente los indicadores sociales, económicos y políticos. Si aquellos gachupines supieron hacerlo quizá heredamos esa mostrada capacidad o, si rechazamos a los invasores, demostremos que somos capaces de superarlos y hacerlo mucho mejor que ellos.
Estamos en un momento de cambio que la ciudadanía anhelaba y hay una oportunidad para retomar el rumbo de forma correcta; diferente a como se venían haciendo. Es hora de mostrar -y conceder- confianza, de apostar por el desarrollo, por la nueva política. Tiempo de mirar cómo se pueden promover inversiones, generar dinámicas propositiva y alejarse de la crisis. Ello requiere de inteligencia emocional adecuada y reflexión sensata, más allá de continuar con la polarización en la que caímos -o a la que nos llevaron- que ha demostrado no ser útil. Llevamos demasiado tiempo adormilados en un inútil pasado y anclados en confrontaciones permanentes que trascienden generaciones perdidas. Aprovechemos la oportunidad, convoque el nuevo Presidente una mesa de consenso y definamos acuerdos, o demos un paso al lado si carecemos de fuerzas, ganas o confianza.

lunes, 12 de agosto de 2019

Reflexiones políticas caducadas

Erradicamos de nuestra mente el yo responsable y lo sustituimos hábilmente por el tú culpable y menos costoso

Esta semana encontrará decenas de análisis sobre quién ha sido el ganador de la segunda vuelta electoral y sus planes en el futuro próximo. Como la oferta será variada, decidí escribir esta reflexión el domingo temprano y resucitar hoy sentimientos ya extinguidos. Las últimas encuestas señalaban que cualquiera que ganase era mayoritariamente percibido como malo, muy malo o regular, por tanto ¿qué más da quien haya quedado? o ¿acaso eso cambia sustancialmente el penoso panorama nacional?
Lo que ocurre cada cuatro años, durante el proceso electoral, nos es más que una catarsis personal proyectada socialmente. Y es que presiento una tremenda fascinación -próxima al síndrome de Estocolmo- por ese debate en el que siempre concluimos lo mismo: hay que seleccionar al menos malo. Todos los procesos electorales de los últimos años han sido exactamente iguales. Nos quejamos, una vez tras otra, de los malos políticos que tenemos y de la poca oferta aceptable, así que la segunda vuelta termina por ser una disputa para seleccionar entre dos nocivas opciones, cuando no otros calificativos más ponzoñosos. 
En los políticos buscamos personajes que arreglen nuestros defectos, nuestras mañas y manías, los hábitos adquiridos con el tiempo o ese arraigado oportunismo que mostramos con frecuencia. No aceptamos que el problema del país no son aquellos, ni el sector empresarial, ni la clase social, ni siquiera el comunismo, el socialismo o el liberalismo, o la derecha o la izquierda. El problema somos nosotros, las personas, los ciudadanos que no cambiamos porque no estamos dispuestos a aceptar un mundo competitivo en el que ser funcionario sea un mérito demostrado y no por cuello, la fila se respete y el pícaro no tenga esa ventaja que le otorga la impunidad o la fuerza, el bus pare en los lugares que corresponde y no donde le venga en gana, el energúmeno de turno no estacione su carro en línea roja mientras el chofer lo espera mientras bloquea todo el carril, el motorista use impunemente la acera como vía preferente o el contrato con el gobierno se haga con transparencia, sin pagar coimas o por medio de amigos influyentes. Tenemos los políticos que se parecen a nosotros y eso nos lleva a enfrentar una realidad que no reconocemos ni aceptamos, especialmente al vernos reflejados en ellos. Erradicamos de nuestra mente el yo responsable y lo sustituimos hábilmente por el  tú culpable y menos costoso.
De esa cuenta, cada cuatro años, entramos en un proceso de berrinche nacional en el que sometemos al escarnio público a políticos incapaces, inescrupulosos o delincuentes que, por cierto, elegimos con nuestros votos en la urnas no sin quejarnos continuamente de que son ellos, y no nosotros, quienes tienen este país en la ruina. Somos una sociedad -como muchas otras- con un alto grado de hipocresía personal y social y mientras no cambiemos individualmente no hay mucho que hacer. De poco -o de nada- sirve reflexionar sesudamente si no estamos dispuestos a modificar nuestro comportamiento, única forma de dejar a un lado esa monserga justificativa cuatrienal de: quién quedó, por cuánto ganó o qué va hacer en los próximos cuatro años, para volver a retomar la discusión de lo eternamente pendiente -que sigue aplazado- mientras el dinero público es saqueado por unos y otros. No es que no se pueda, es que no se quiere, y seguimos reclamando a otros lo que nos toca hacer a nosotros.
Así que visto el panorama, mejor me despacho esta última reflexión el domingo temprano, sin estar “contaminado”, pero con poca esperanza de que lo que ocurra sirva para cambiar lo sustantivo.
¡Ojalá me equivoque!

lunes, 5 de agosto de 2019

Lecciones pendientes de asimilar

La prohibición de algo no anula la demanda y -en el mercado formal o informal- se genera la oferta necesaria para satisfacerla

Cuando se alinea o sincroniza la oferta con la demanda se optimiza el sistema. Esa normal general aplica a temas que están desde hace tiempo en el debate social: el consumo de alcohol, la prostitución, el juego, las drogas y ahora más recientemente la migración.
En Estados Unidos se prohibió en los años 20 el consumo de alcohol, y se produjeron varios fenómenos: encarecimiento y mala calidad del producto, imposibilidad de reclamar y violencia extrema. Esas características se reproducen exactamente en el resto de temas indicados. La prohibición de algo no anula la demanda y -en el mercado formal o informal- se genera la oferta necesaria para satisfacerla. Si entiende que una normativa no puede evitar el juego o las drogas (Ver: Alberto Benegas Lynch, La Tragedia de la Drogadicción), estará disuadido de promulgarla y buscará otras alternativas. Esa fue la lección aprendida de la famosa Prohibición (Ver: Paul Johnson, Tiempos Modernos), y EE.UU. dio marcha atrás. Legalizó el consumo de alcohol y ahora se puede adquirir libremente por mayores de edad, en ciertos establecimientos y consumirlo en determinados lugares, lo que respeta la libertad individual de elegir y la responsabilidad de asumir las consecuencias correspondientes. Sin embargo, se prohibieron las drogas o se limitó el juego a varios Estados, lo que ha generado exactamente las mismas externalidades negativas que cuando se hizo lo propio con el alcohol. De hecho, EE.UU. está progresivamente legalizando el consumo de marihuana en su territorio y, un día, obligará al mundo -especialmente a la región- a que también lo haga. La diferencia es que ellos estarán preparados para enfrentar el reto -porque llevan años haciéndolo- y el resto estaremos en pañales y sin capacidad de adaptarnos cuando lo exijan. 
EE.UU. es un país altamente consumidor de juego, alcohol, drogas, prostitución y migrantes. Puede emitir leyes que lo prohíban, pero será un fracaso como ya se ha constatado, y servirá únicamente para crear agencias que luchen contra esos flagelos -ICE, DEA…- y gastar miles de millones de dólares que ni siquiera palian el problema. Además, muchos de quienes se forman en esas agencias terminan integrando mafias o pactando con delincuentes. Si EE. UU. quisiera realmente detener la migración es relativamente fácil: sancionen y clausuren la empresas norteamericanas que contraten a migrantes ilegales. De hacerlo así se terminaría el incentivo de migrar, pero seguramente el Presidente que tomará esa decisión saldría de la Casa Blanca al instante y su partido estaría electoralmente arrinconado por años. Es por ello que el costo de la decisión se difiere a la periferia, es decir, a los países que generan los migrantes, al igual que se hace con la droga. Entendamos algo: la cadena productiva norteamericana demanda mano de obra y esa, y no otra, es la razón por la que la oferta se genera en los países más cercanos: los centroamericanos, estimulado todo por las paupérrimas condiciones económico-sociales existentes en ellos.
O formulamos políticas públicas sobre la base de comprender cómo funciona el mercado o de lo contrario seguiremos creando instituciones de gobierno que luchen contra utópicas aspiraciones. Un imposible, tal y como se reconoce en la película de Los Intocables cuando un periodista le pregunta al protagonista: “señor Ness, ¿qué hará usted ahora que se va a legalizar el consumo de alcohol?, e impávido responde: tomarme un whisky.
El estatismo no cuadra con la libertad individual, ni esta con valores anclados en el puritanismo o en decisiones poco afortunadas de políticos extremistas. Aprendamos de la historia. Más sosegada. Más oportuna. Más aleccionadora. Mucho más real y práctica.

lunes, 29 de julio de 2019

Hacer lo mismo y cambiar es imposible

Si el delincuente, disfrazado de político, nombra interesadamente a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente.

Aunque la bulla está centrada en la segunda vuelta electoral, lo realmente trascendente se cocina a fuego lento. Las Comisiones de Postulación (CP) están en marcha y los intereses sectoriales se han desatado. Cada grupo tiene su planilla, promueve a quienes desean ocupen cargos judiciales y en unos días sentiremos la alineación de decanos, abogados y magistrados en defensa de intereses grupales.
El proceso que siguen las CP tiene un elevado grado de absurdo y ridiculez. El Colegio de Abogados elige a las planillas por medio de campañas costosas que satisfacen el apetito voraz de los votantes o entre edecanes animan al dios Baco a manifestarse, ¿quién paga todo eso? Ciertas universidades nombran decanos para la ocasión y votan o rechazan a quienes se les ordena. La tabla de méritos se elabora tardíamente con lo que el opositor no sabe previamente cual será el baremo que aplicarán al evaluarlo. Y tras todos esas patochadas, confeccionan listados con los aspirantes por orden de puntuación, aunque los postuladores eligen a quienes integrarán las listas definitivas sin tener que respetarlo; el orden no sirve para nada. Por último, de los seleccionados por la CP, el Congreso designa arbitrariamente a los jueces/magistrados siguiendo criterios políticos o de intereses de partidos. Es decir: el proceso de postulación es baldío y está manoseado desde el principio por grupos que pretenden direccionar la elaboración de un listado que llega al Congreso -según los gustos de los promotores- y allí se termina de legalizar el timo. Por su parte, los postulantes visitan a los postuladores y a diputados para hacerles ver “su valía personal” y negociar, si se da la ocasión -que se suele dar- cómo responderán, de ser elegidos, a quienes los apoyen. Todo un espectáculo de vicios que permitimos y repetimos cada cierto tiempo para luego quejarnos de que jueces y magistrados no cuentan con la calidad técnica ni ética deseada ¡Pero por supuesto que no!, todo está hecho para que quienes son independientes no puedan salvar esos obstáculos.
El colegio de abogados debería seleccionar a sus representantes por sorteo entre quienes deseen participar, así se acaba el servilismo, las carnitas, los chicharrones y las edecanes. La lista de méritos debería elaborarse un año antes o definirse permanentemente, de forma que se conozcan con antelación las cualidades a puntuar. Los decanos que no lleven uno o dos años en el ejercicio de su cargo no podrían participar en la CP, así se reducen los nombrados para la ocasión. El listado por puntuación que se elabora en las CP debería ser la base exclusiva para, por orden de méritos, enviar el número de aspirantes requeridos al Congreso. Finalmente, en el Legislativo, se haría un sorteo para designar a los futuros jueces y magistrados, tal y como ahora hace el propio Congreso para elegir a sus representantes en comisiones pesquisidoras. 
Siguiendo lo indicado, se acabarían las mañas y los designados obedecerían exclusivamente a razones de mérito y no a quienes los nombran o interceden ¿Cree usted que se implementará un sistema así de aséptico?, por supuesto que no. Los vicios deben seguir para que todo siga igual y la justicia no funcione más que al ritmo marcado por quienes controlan esos procesos. Tenemos un sistema ineficiente y conscientemente lo permitimos, así que no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Si dejamos que el delincuente disfrazado de político nombre a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente, incapaz y corrompido, que es lo que tenemos. No sea ingenuo, ¿acaso espera que cambien las cosas haciendo lo mismo siempre?

lunes, 22 de julio de 2019

La encuesta y el video de La Pulla

Estas elecciones son atípicas. Los candidatos a la vicepresidencia tienen mejor imagen que los presidenciables

Dos hechos agitaron las redes la pasada semana: la encuesta elaborada por Cid Gallup y presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo y un video sobre la situación guatemalteca, divulgado por el espacio de opinión colombiano La Pulla.
La encuesta venía a explicar, resumidamente, que el candidato Giammattei cuenta con mayor intención de voto que Sandra Torres, pero los votantes de ella son más fieles -tiene más voto duro- y consecuentemente los resultados le favorecerían en tanto la afluencia a las urnas, como es previsible, sea baja. Una especie de “si pero no” que hizo dudar a algunos no familiarizados con interpretación de encuestas. Otros, en cambio, vieron una oportunidad para revertir los resultados de la primera vuelta como casi pasó en 2014 en El Salvador y ocurrió en Costa Rica en 2018 en el balotaje: el segundo superó al primero.
Estas elecciones son atípicas. Los candidatos a la vicepresidencia tienen mejor imagen y aceptación que los presidenciables y si hubiese que votarlos seguramente no habría que elegir el menos malo sino que, por primera vez, se podría seleccionar al mejor. Ambos cuentan con simpatías y apoyos, caen bien, son afables, exhiben alto grado de preparación, transmiten honradez y son aceptados. Sin embargo, tanto Giammattei como Torres cuentan con alto porcentaje de rechazo -más ella que él- que viene a refrendar ese tradicional estribillo nacional de: “votemos por el menos peor”.
Por su parte, el video de La Pulla desató reacciones diversas y fue comentado y rechazado por algunos con patrio ardimiento, porque exponía -de una forma muy particular de hacer humor y relato a la vez- una realidad que muchos todavía osan ocultar o negar: estamos bien fregados y no se atisba una solución después del 11 de agosto. María Paulina, la presentadora, describe y critica lo mal que está el país y se centra en la enorme corrupción existente y cómo no somos capaces de erradicarla, lo que molesta a ciertos pobres de espíritu que anteponen el nacionalismo ciego -y cómplice en ocasiones- a una realidad de la que pareciera no queremos escapar. Aunque neguemos lo evidente, así nos ven inversionistas y turistas, entre otros, quienes excluyen al país como lugar atractivo para visitar o invertir. En una palabra: no somos objeto de atención comercial para quienes nos leen allende las fronteras aunque nos queramos ver impolutos y convencerles de que aquí hay “eterna primavera y muchas oportunidades”.
Y para muestra un botón. Coincidiendo con esas dos publicaciones el MP/CICIG evidencia un nuevo caso en el que imputa a más de 120 personas, entre ellas expolíticos y diputados. En época reciente -relata el expediente judicial- situaciones de calamidad fueron aprovechas por personajes inescrupulosos para hacer dinero fácil. Mientras para muchos guatemaltecos las erupciones volcánicas, las lluvias copiosas o los terremotos conllevan destrucción y perdidas humanas y económicas, para otros son oportunidades de negocios sucios en los que se reparte no menos del 20% de comisión sobre los millonarios gastos autorizados de urgencia nacional. Una especie de lucro sobre la desgracia ajena que no deja de ser la tónica empleada por diputados como el tal Galdámez que es la segunda vez que sale a relucir en un caso similar, aunque hay otros colegas suyos con idénticos sentimientos “patrios” y viles.
¿De que extrañarse cuando La Pulla hace su crítica o enojarse cuando las encuestas muestran lo malamente que estamos? Seguimos cerrando los ojos a una realidad que nos supera y no queremos ni verla ni aceptarla, mucho menos cambiarla ¡Eso si, la culpa no es nuestra, que conste!

lunes, 15 de julio de 2019

La conspiración y sus escenarios

El tiempo que queda hasta el 11 de agosto es crítico y representa la mejor oportunidad para cualquier plan infame

En ambiente de incertidumbre y zozobra -como el que vivimos permanentemente- las hipótesis de estudio que se elaboran se basan en probabilidades. Sobre la base de lo más factible, se proyectan supuestos que se convierten en teorías de trabajo o análisis. En ese penoso y enrevesado escenario nacional encontramos a un vicepresidente mentiroso, un ministro de la defensa manipulador y mendaz, un ministro de finanzas incapaz de explicar una burda e ilegal maniobra financiera, ministros que han dilapidado fondos públicos, contratado a las madres de sus hijos -en plural- o un viceministro de gobernación huido y otro detenido por asesinato, sin que su superior -el ministro- haya dimitido o explicado tal situación aunque solo sea por vergüenza. El jefe de todos ellos -el presidente- incapaz, inoperante, contumaz y atolondrado. 
Y es que el principal problema de este país es justamente su gobierno. Promotor del fraude electoral -a través de sus afines o por achichincles contratados para tal efecto- es capaz de muchas más barbaridades y seguramente están pensando en medidas al margen del orden legal. Cualquiera que quede como presidente en la siguiente vuelta no condenará a la actual administración pero tampoco hará ningún esfuerzo para protegerla, así que ciertos diputados, señalados de cometer graves delitos, se unen a ese proyecto perverso para ampliar el margen de impunidad más allá de mitad de Enero próximo en qué quedarán desprotegidos y detenidos o imputados, juzgados y condenados. El tiempo que resta hasta el 11 de agosto es crítico y representa la mejor oportunidad para cualquier plan infame que justificarían de forma peculiar -como el intento de adquisición de los Pampa III- y así cambiar situaciones que le son desfavorables a quienes están en esa cuerda floja y necesitan urgentemente encontrar una salida -¿Nicaragua o Panamá?- a su difícil situación.
Algunos escenarios son posibles y merecen considerarse: Escenario 1, peligroso y poco probable. El gobierno actual buscará impedir el recambio democrático producto de las elecciones en curso a través de reformas constitucionales urgentes, declaración de estados especiales, anulación electoral, cese de magistrados molestos o cualquier otro imposible -que intentarían hacer viable- para perpetuar la situación actual y ralentizar la acción de la justicia. Escenario 2, probable y de alto impacto. La iniciada elección de jueces y magistrados -por un Congreso absolutamente desacreditado- puede conformar un Organismo Judicial ad hoc para salvarles la cara -en Salas de Apelaciones o en la CSJ- a quienes sean juzgados o condenados. De esa cuenta, la magistratura entrante devolverá el favor a sus electores. De hecho y por primera vez, los magistrados de las Salas de Apelaciones eligieron casi unánimemente a sus representantes -planilla única sin competencia- que integrarán la comisión de postulación para la CSJ, lo que causó sorpresa y preocupación en ciertos sectores que ven una maniobra pactada. Escenario 3, improbable y soñador. Se hace una transición ordenada y se eligen los jueces apropiados. Este escenario, además de producirme hilaridad, me cuesta trabajo desarrollarlo aún en teoría de probabilidades.
¿Qué ocurrirá? Es difícil saberlo, pero aceptando que las probabilidades son el principal sustento de estas elucubraciones, todo es posible. El ciudadano, atónito e impávido, debate sobre si quedará Torres o Giammattei -como si importara- y se preocupa más por el tráfico o las lluvias que por el futuro del país. Mientras, aviones con droga aterrizan impunemente, narco alcaldes retoman el poder que nunca dejaron y el presidente “desiste” de firma en Washington eso de “tercer país seguro”, tras las mentiras y la torpeza del intento de compra -perdón adquisición- de aviones en Argentina. 
¡Elige a un payaso y tendrás un circo!

lunes, 8 de julio de 2019

Los aviones Pampa en las pompis

No tengo dudas de que falta material militar adecuado y moderno para tener un ejército con capacidades suficientes

La “adquisición” -a la fecha no se sabe como denominarlo- de dos aviones Pampa III, ha desatado una polémica que mantiene agitada la dinámica nacional y refleja un autoritarismo visto en otras actuaciones de este infausto gobierno.
No tengo dudas de que falta material militar adecuado y moderno para tener un ejército con capacidades suficientes y que pueda cumplir las misiones que se le asignen. No es cierto que dejando de comprar aviones, barcos o armas, invirtamos más en salud o educación. De hecho, el presupuesto nunca se gasta y cuando se incrementan esos dos rubros termina siendo devorado por sindicatos voraces e irresponsables en incrementos salariales, tal y como ocurre cada año. Tampoco tengo claro que se deba promover un concurso abierto para comprar esos sistemas de armas porque no se ajusta a la exigencias de la seguridad, la defensa y la lógica de adquisición. Por tanto, los discursos de las prioridades nacionales, lo innecesario del material militar o no haberlo hecho conforme a la Ley de Compras y Contrataciones, me parecen tangenciales, oportunistas o no ajustados a la realidad ¡No desviemos la atención ni seamos positivistas jurídicos enfermizos!
Lo que en política no debe hacerse jamás, ni perdonan los votantes, es mentir, justamente lo reprochable a este inútil gobierno. Un Presidente y un Ministro de la Defensa no pueden ir de compras sin explicar en qué van a gastar dinero público y por qué adquirir ese modelo de avión -jamás vendido- y no otro. Mucho menos negarlo repetidamente a través del vocero del ejército o del propio Vicepresidente -Presidente en funciones- y, a estas alturas, no haberlo explicado todavía. Tampoco es de recibo escudarse en un convenio de cooperación técnico-científico -preconstitucional y firmado en 1980 entre las dictaduras argentina y guatemalteca: Lucas y Videla, y, al parecer, modificado silenciosamente antes de la compra- para saltarse las trancas jurídico-políticas y hacer lo que les venga en gana. Muestran descaro, desfachatez, analfabetismo político y un peligroso autoritarismo que desconoce principios elementales de democracia, gestión pública y administración del estado ¡Ese es el verdadero problema de lo que ocurre con esta compra. Y apesta!
En muchos lugares -este es uno de ellos- el político no entiende que es empleado público, gestor de cosas comunes y no autoridad propietaria de lo que administra. La diferencia entre dictadura y democracia, arbitrariedad y gestión transparente, estriba justamente en comprender sobre qué principios rectores se construyen lo valores republicanos. Por circunstancias del momento, elegimos a un personaje que ha batido el record de peor Presidente de la era democrática -aunque mejor pagado- y mira que los ha habido malos. No sabe, no entiende y lo peor: no quiere aprender ni lee una cuartilla sobre democracia. Ha sido capaz de llevar al país, junto con ineptos, narcos y delincuentes, al borde del precipicio y pretende explicar, cuando esporádicamente se lo permite la lucidez, aquello que hace rematadamente mal. En países desarrollados, donde el ciudadano se ilustra y exige sus derechos, estos casos terminan en tribunales o en solicitud de dimisión de quienes así manejan las cosas, pero sobre todo en lecciones aprendidas para no volver a elegir a semejantes incompetentes. Aquí, sin embargo, no se entiende ni se le presta la debida atención y se sigue votando por los mismos. La práctica se ha tornado costumbre y cómo tampoco se lee mucho, se exigen derechos ni se practican principios éticos elementales, disfrazamos el debate con tonteras o asumimos resignadamente las inevitables consecuencias de vivir en el universo alterno del realismo mágico. Y felices nos dirigimos hacia 2023, con lo mismo.

El inseguro tercer “país seguro”

El gobierno decide huir hacia delante y comprometerse a asumir responsabilidades para las que no está preparado el país

En silencio, con premeditación y alevosía, como se ha acostumbrado este inútil gobierno a hacer las cosas, siguen las negociaciones sobre esa idea de convertir a Guatemala en “tercer país seguro”. Ya olvidamos las conversaciones mantenidas por el embajador de Guatemala en USA -reveladas por un congresista a través de una carta al Presidente Trump- y nunca explicadas, por cierto, por el gobierno, como si la gestión pública fuese patrimonio de políticos incapaces que pactan a sus anchas como les viene en gana ¡Pero claro, de una ciudadanía desinformada, políticamente analfabeta e incapaz de exigir sus derechos, tampoco se puede esperar mucho!
El caso -y las consecuencias- es que por incapacidad, interés, sumisión o ineptitud, la frontera guatemalteco-mexicana en su zona occidental terminaría colapsada de migrantes que no podrían continuar hacia México -porque aquel gobierno ha desplazado efectivos policiales y militares para impedir migración ilegal- y de este lado nada se puede hacer porque no hay capacidad para ello, aunque no se quiere admitir. De ahí la frase que el congresista norteamericano Vicente González incluía en la carta antes citada: “El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”, y que recogía palabras del recientemente condecorado embajador guatemalteco.
Un país con altísimo índice de inseguridad, significativos niveles de pobreza y otros indicadores sociales y económicos paupérrimos, no puede ser un “país seguro”. De ser así, habría que cumplir con lo establecido en los correspondientes convenios internacionales y los migrantes que pidan asilo en USA deberían permanecer en Guatemala hasta que el proceso concluya en el país del norte. No podrían ser devueltos a sus lugares de origen y deberían contar con la atención pertinente. Si somos “exportadores” de migrantes justamente por no reunir condiciones de desarrollo y seguridad suficientes, ¿qué podemos hacer con cientos o miles de personas esperando una respuesta de meses o años del gobierno norteamericano? Si la policía no es capaz de hacer cumplir la ley, ¿cómo esperar que proteja la integridad de esos migrantes y garantice la seguridad? Si la economía no puede absorber a decenas de miles de ciudadanos porque está estancada producto de una nefasta gestión política, ¿qué esperar cuando tenga que integrar a otras personas? Y si el narcotráfico campa a sus anchas por estos lugares, ¿qué se puede hacer cuando alcance a miles de migrantes desesperados y detenidos en su paso hacia USA?, por no hablar de condiciones humanitarias relacionadas con el alojamiento, la alimentación o la atención médica.
Podríamos hacer cientos de preguntas y no tener seguramente repuesta para la mayoría. El gobierno, en su desesperación y salida pronta del poder -con las consecuencias legales que deberá afrontar- decide huir hacia delante y comprometerse a asumir responsabilidades para las que no está preparado el país. Dejar firmado un acuerdo de ese tipo para salvar la cara frente a unos USA que parecen haber descubierto tarde quienes están aquí investidos de autoridad, únicamente compromete el futuro y complica la gobernabilidad de quienes ganen las elecciones en agosto. Tanto Torres como Giammattei deberían asumir una postura común relacionada con este tema que genera dinámicas muy perversas en materia de policía exterior -esa que algunos candidatos desconocen- y compromete gravemente la institucionalidad.
Cuando no se puede hacer lo propio es inútil comprometerse en asumir responsabilidades del vecino. Si se quiere enfrentar realmente el problema es muy sencillo: negociemos con USA un cupo de migración controlada y que el conflicto de ellos se convierta en una oportunidad para nosotros ¡Corta y escasa visión la de estos políticos “nuestros”!

lunes, 24 de junio de 2019

¿Fraude o desengaño electoral?

Los votantes de Sandra Torres, conocedores de su comportamiento, evidencian una moral laxa alejada de parámetros decorosos

La campaña del fraude electoral, orquestada por extremista habituales cercanos al gobierno, no tiene visos de credibilidad salvo para incautos que gustan del escándalo prefabricado o del pánico conspirador. Otra cosa es que hubo errores que deben subsanarse y eso genere un cierto ambiente de preocupación. Ganaron quienes ganaron y eso es justamente lo alarmante y lo que no queremos reconocer, razón por la que mejor promover, debatir y perder el tiempo con la idea de un posible fraude en vez de admitir que elegimos lo mismo. 
Dejémonos de cuentos chinos y digamos las cosas de frente: es inconcebible, y culpa del ciudadano y no de los políticos, que a estas alturas el partido UCN -cuyo líder permanece detenido en USA acusado de muy graves delitos- haya obtenido un importante número de diputados o alcaldías. Y UCN es solamente la guinda del pastel de comités cívicos que protegen a narcotraficantes, otros -como FCN-Nación- incluyen en sus filas a potenciales golpistas que pregonan barrabasadas muy alejadas de prácticas republicanas; CODECA que se ha dedicado más a delinquir que a hacer propuestas políticas viables y democráticas y pretende, en pleno siglo XXI, llevarnos a los albores de la revolución rusa del XX, o los votantes de Sandra Torres quienes conociendo su comportamiento -suficientemente descrito como para dedicarle más líneas- evidencian una moral absolutamente laxa muy alejada de parámetros mínimamente decorosos ¿Qué ética manejan quienes los votan? ¿Qué clase de país desean los electores de personas adscritas a esos partidos? 
El cacareado fraude electoral es realmente un profundo desengaño ciudadano que hace destacar el liderazgo político de quienes se parecen a la mayoría de los electores  ¡Y quien se incomode mírese al espejo y analícese! Es cierto que no había mucho para seleccionar -aquí llevamos sin elegir desde 1820- pero hay que dejar de esconderse o escudarse en ese tipo de afirmaciones para seguir apostando por lo mismo o echarle continuamente la culpa a otros que no sean quienes votan con los pies y no invierten un solo instante en analizar las consecuencias de sus irresponsables y frívolos actos.
A partir de ahora ocurrirá lo de siempre porque nosotros, los votantes, así hemos querido. La segunda vuelta será enormemente costosa en términos de transacción política porque los dos candidatos que compiten deberán negociar con alcaldes inescrupulosos y diputados delincuentes que encarecerán su apoyo si desean que movilicen sus feudos. Los ciudadanos irresponsables -es decir, nosotros- pagaremos el costo de todo ello pero no será problema para el 70% que se encuentran en la economía informal y que eluden el ISR y a quienes realmente les viene del norte -según creen- ese tipo de negociaciones ocultas y oscuras necesarias para aupar, en segunda vuelta, a quien mejor engañe o sea menos “odiado”, que es lo que ocurre desde 1986.
Mientras, allende las fronteras, países como Croacia, Montenegro o Serbia, que padecieron conflictos armados mucho más crueles que el que aquí mantuvo por 36 años el país confrontado, se han acercado en menos tiempo a las puertas de una Europa próspera, desarrollada y segura ¿Será que ellos son mejores que nosotros? Definitivamente no, pero si ocurre a la inversa: nosotros somos mucho más abandonados, despreocupados, pasivos y acomodados que ellos, y de ahí no salimos porque no nos da la regalada gana a pesar de darnos cuenta de lo mal que lo hacemos.
Pero para no hacernos bolas -chispudos y creadores- inventamos aquello de “aquel que por su gusto muere que lo entierren parado” ¡Pues eso, a joderse toca!