Retroceso a los fueros especiales

Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución

Por Acuerdo 22-2020, la Corte Suprema de Justicia designó al juzgado duodécimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala para que conozca, de forma exclusiva, todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, y se constituya como un juzgado especializado ¡Preocupante concesión e innecesario privilegio en tiempos difíciles!

Antes, los tribunales militares juzgaban a los uniformados por razón de la persona y no por el delito que cometían; la evolución hizo que la especialización judicial sea en función del delito y no de los actores. Ahora, un militar que roba no es juzgado por un tribunal militar sino por uno civil y los tribunales militares han quedado reservados para delitos específicos militares o cometidos en tiempo de guerra: deserción, sedición, traición, insulto a superior, etc.

Paralelamente con lo anterior, han aparecido otros tribunales especializados o de jurisdicción privativa: familia, niñez, femicidio o de alto impacto -con los que se podrá o no estar de acuerdo- pero que atienden problemas que se han considerado socialmente importantes: agresiones a mujeres y menores, delitos de narcoactividad y crimen organizado, etc. Es decir, el juzgado/tribunal no se establece en función de la procedencia o cargo de la persona que delinque, sino del hecho cometido, independiente de quien sea aquella.

En el Acuerdo citado, la CSJ acaba de retroceder varios años al considerar que los funcionarios y empleados públicos deben de contar con un juzgado específico para ellos. Eso, totalmente anacrónico y retrógrado, puede vulnerar, además, la filosofía de lo estipulado en el artículo 12 de la constitución: “Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales…”, porque entiendo que el espíritu constitucional es que no haya tribunal ad hoc o previamente fijado para personas ni vulnere el principio de juez natural.

Si conoce quiénes -y cómo- eligen a los magistrados de la CSJ -los diputados- y lo une con aquellos que nombran a los jueces -la CSJ- entenderá que es el Congreso el que nombra a los jueces y los diputados estarán tentados, seguramente, de designar al frente de ese juzgado duodécimo a uno que satisfaga sus intereses y sirva para desechar, en primera instancia, cualquier causa en su contra ¡La trampa está hecha! 

Además, quien esté al frente de dicho juzgado -lejos de estar especializado- deberá entender de todos los delitos habidos y por haber, puesto que la persona -funcionario o trabajador publico- puede ser acusada de cualquier cosa -y en cualquier parte del territorio nacional- y únicamente podrá ser jugada ahí ¿Qué ocurrirá? Simple: mora judicial que dificultará la acción por las complicaciones indicadas y otras que surjan.

Parece un despropósito que en momentos en qué se habla de la necesidad urgente de reformar la justicia, porque no está a la altura de la exigencia del ciudadano, la CSJ emita ese Acuerdo al que es difícil darle una lectura más allá de presumir favores a cierto grupo de personas con antejuicio que no desean enfrentar acusaciones y que hacen lo indecible por destruir la poca credibilidad que queda en el sistema de justicia. Agregue al coctel que la Corte de Constitucionalidad ordenó a la CSJ, por cuarta vez, que volviera a emitir una nueva resolución en el proceso de antejuicio al diputado Felipe Alejos. Mezcle todo lo anterior, agite fuertemente, sírvalo frío y bébalo a sorbitos, para darse cuenta de que el sabor no es otro que el amargo de la manipulación de la justicia al servicio de mafiosas élites políticas. Dicho de otra forma: el tradicional manoseo del Estado y la campante corrupción que permitimos siga ahí.

El tiempo que a todos nos faltó

Pendientes de la reforma judicial

En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados

Creo que no hay dudas sobre la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia. No se puede seguir eligiendo jueces en función del interés de grupos ni continuar pactando a quienes poner al frente de los tribunales para que hagan el juego interesado de aquellos que los designan ¡De unos y de otros, no nos engañemos ni nos hagamos los inocentes!

Hace poco, el Presidente lanzó una propuesta que no llegó a definirse, pero que no debe olvidarse. Algunos alegaron que no es momento de discutirla, cómo si hubiese mejor oportunidad que ahora. Otros, se negaron rotundamente a la discusión, lo que denota manifiesto interés por dejar las cosas igual de mal. Y no faltaron quienes aceptaron ciegamente la propuesta sin siquiera saber lo que decía, porque no se presentó formalmente. La pregunta sigue vigente y es urgente responderla: ¿Quiénes y cómo deben elegir jueces y magistrados en el futuro? 

La experiencia de otros países -el estudio comparado- serviría para construir un modelo sobre lo que funciona en aquellos lugares a los que miramos frecuentemente. Una cosa parece clara: hasta Salas de Apelaciones, incluidas, debería ser por promoción interna. Es decir, se oposita para ser juez y con el tiempo y los requisitos que se decidan, se puede llegar a ser magistrado de Sala de Apelaciones, superando los cursos y demostrando la capacidad. En este nivel, se puede abrir la puerta a un grupo pequeño de abogados litigantes o juristas académicos que no pertenezcan a la carrera judicial o, sencillamente, no hacerlo, ambas soluciones están experimentas. 

La Corte Suprema de Justicia debe ser elegida de forma distinta a la promoción interna, y así ocurre en la inmensa mayoría de países. Los políticos deben participar en esa elección si bien hay diferentes maneras de hacerlo. En casi todos los de países latinoamericanos, el Congreso/Senado designa a todos o parte de los magistrados y siempre aprueba o ratifica la designación que pueden hacer otros. Esos magistrados, nombrados o propuestos que ratifica o aprueba el Legislativo, suelen ser designados o sugeridos por el Presidente de la República y por el Organismo Judicial. En definitiva, son tres los poderes que intervienen en la elaboración del listado de aspirantes a la máxima corte del país y, siempre, es el Parlamento el que ratifica o aprueba, siguiendo diferentes procedimientos. Justamente en ese ámbito del debate es donde hay que centrar lo que aquí pueda ocurrir. Otra cosa interesante es que la mayoría de los magistrados nombrados pertenecen a la carrera judicial, y un pequeño cupo, cuando lo hay, son abogados en ejercicio independiente de la profesión. Finalmente el tiempo de permanencia en el cargo suele ser de más de 10 años, e incluso vitalicio, y las sustituciones hechas por partes, no de una vez.

De esta discusión hay que sacar al colegio de abogados y a las universidades, instituciones con cometidos muy diferentes y que se han contaminado por la práctica que representa su participación. Es momento de terminar con ello, al igual que con los grupos de presión que se apersonan en las comisiones de postulación para influir en los nombramientos.

El organismo judicial debe estar al día con la lista de jueces de carrera que cumplen con las condiciones que se determinen y ponerlo a disposición del Ejecutivo y Legislativo -o como se decida- y determinar las condiciones para que los abogados externos a la carrera judicial puedan acceder a esas plazas limitadas. El resto: discusión banal de grupos de presión que no desean realmente un cambio en la justicia, mientras pelean por seguir con “su justicia”.

Eso de los derechos y aquello de los deberes

Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden

En un programa radial salió a la luz que alrededor de 1,200 personas que estaban siendo contratadas para apoyar en temas de salud por el COVID-19, tenían algún problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va desde quienes no estaban de alta, hasta omisos y otros que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la población económicamente activa en la informalidad, no es de extrañar ese número de despreocupados.

Fui inmediatamente a Google y me sorprendí al ver que la palabra “derechos” tiene 1,500 millones de posibles entradas, frente a los 30.3 y 64 millones respectivamente de las palabras “deberes” y “obligaciones”; el 6.3% -entre las dos- respecto de los derechos. En la constitución política y la proporción es similar, y se encuentra 75 veces “derechos” y 13 entre las otras dos opciones, lo que representa un 17,3%. Por último, y con la idea de sacar alguna conclusión que explicara aquel elevado número de personas dispuestas a ser contratadas sin haber cumplido sus obligaciones impositivas, observé que hay entradas que enlistan los instrumentos internacionales de los derechos humanos pero ninguna que recoja la relación de deberes y obligaciones.

Y es que hasta la Convención americana de los derechos y deberes del hombre -ese es el nombre- mantiene ese distanciamiento entre unos y otros, y coloca los derechos primero, aunque alfabética y lógicamente deberían estar después de los deberes ¿Qué nos ha pasado? Fácil: hemos sido educados en la exigencia, pero no en la responsabilidad; en pedir, antes que en dar; en exigir, previamente a cumplir. Kennedy lo dijo así: “No te preguntes qué puedes hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país” 

Si tiene hijos comprobará que desde corta edad les enseñan “sus derechos”, algo que está bien y es oportuno, pero hasta más tarde, o quizá nunca, se les habla de obligaciones y deberes. De esa cuenta, no son de extrañar las voces que se escuchan -así fueron educados- reclamando derechos que la constitución y otros tratados otorgan, sin advertir que no pueden darse antes de haber cumplido las obligaciones correspondientes. No puede exigir educación, salud, carreteras o respeto a su propiedad si previamente no ha asumido y pagado el costo que representa todo eso, y que va desde un sistema judicial ante el que acudir, hasta la creación, si es menester, de la infraestructura necesaria. Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden, aunque se enseñe a la inversa cuando no se evada hablar de responsabilidades.

Un alto porcentaje de la población mundial sabe reclamar desde que tiene uso de razón, pero difícilmente entiende que hay que ser corresponsable en el pago impositivo o que la contribución tiene que ser pareja, proporcional o escalonada, pero debe ser, y no vivir a costillas de otros bajo ese paraguas universal y prefabricado de los “derechos”. Hay un PDH, pero falta el POH -el procurador de las obligaciones humanas- mismo que le recordaría que si no está de alta en la SAT -es decir no cumple con la ley- no puede utilizar servicios públicos que son pagados por otros.

No conozco a nadie que se olvide de cobrar a fin de mes, así que en justa correspondencia todos deberían saber que hay que estar inscrito en la SAT y pagar -o no- en función de sus ingresos, pero no hacerse el loco y salir a exigir alegre e irresponsablemente, lo que en Derecho no le corresponde.

La ley como sugerencia

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen

Nos hemos acostumbrado a tomar como sugerencia, y no obligado cumplimiento, las leyes que deberíamos de acatar. La mayoría, como mucho, tiende a observarla en la medida que no le cause algún incomodo, por mínimo que sea. Nos detenemos en los semáforos si lo consideramos oportuno, de lo contrario los saltamos. Vamos a la parada del bus siempre que no haya una esquina que resulte más cómoda y así no aguantar a otros. Las filas se guardan hasta que un cuate de cola y permita saltar a quienes, con educación y civismo, llevan tiempo esperando. Las multas de tráfico no se pagan porque siempre es “injusta” y, en unos meses, el alcalde ofrecerá rebajas que aconseja esperar, o simplemente se deja de pagar porque no pasa nada. Una sociedad que no cumple las normas que se receta vive en un permanente engaño, y privilegia a los más vivos.

Esta pandemia ha revelado un aspecto más de nuestra vida, en este caso referido a la ley. Varias localidades han decidido que no hay que respetar la orden presidencial de cierre o apertura a horas fijadas y, en cierto lugar, el alcalde tuvo que subirse al techo de una vivienda para no ser agredido por vecinos que decidieron no observar el toque de queda. Así, a puro huevo. Muchos de esos territorios, que hacen su vida fuera del respeto ajeno, no cuentan con estación de policía porque hace años los vecinos prendieron fuego a las instalaciones. Seguramente cuando se enfermen o se cometan delitos, habrá manifestaciones pidiendo a gritos que el Estado les garantice el derecho a la salud y a la seguridad que preconiza la constitución ¡Que no queden los derechos sin exigirse, aunque las responsabilidades haya que buscarlas bajo las piedras! No se por qué cuesta tanto entender que vivir en sociedad con garantías de éxito, solo es factible si se observan las leyes que nos damos.

Es posible que los privilegios de ciertos colectivos hayan promovido esa cultura de compensación de quienes no los tienen. Los gremios se han dedicado a buscar, frente a otros, preeminencias para sus grupos y obtener ventajas en cualquier norma que se promulgue. El antejuicio, las sirenas y luces de paso prioritario, las salas VIP en los aeropuertos, las escoltas oficiales, la seguridad proporcionada por la PNC, el pasaporte diplomático, las filas especiales para gente “especial”, los asientos reservados en eventos, el seguro privado cuando se trabaja en lo público, eso de “usted no sabe quien soy” que permite manejar borracho en horas prohibidas para circular o portar armas sin licencia, parquear en línea roja con placa diplomática, la exención impositiva, el inicio de los actos y eventos hasta que llegue la autoridad y un largo etcétera, configuran ese polígono en el que buscamos encerrarnos para disfrutar de ventajas que nos diferencian del resto. En el fondo, lo que muchos gustan.

Las crisis desnudan los sistemas y en esta se ha visto lo precario de la salud, la educación, la economía y la observancia normativa. No hay que legislar mucho, pero lo que se norma es para cumplirlo, porque de lo contrario se crea una cultura de irrespeto que muta la vida en sociedad a una de selva en la que la ley del más oportuno prima, incluso por encima de la del más fuerte.

Quizá, pasados estos momentos, tomemos en cuenta el desmantelado sistema social después de 200 años de independencia y 35 de democracia y, cuando superemos el trauma o la vergüenza de aceptar que no hemos hecho mucho, emprendamos un camino distinto, aunque honestamente lo dudo mucho.