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martes, 23 de agosto de 2016

Cociendo habas

“Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás”


Casi todo es causalidad: las “multitudinarias” manifestaciones de bochincheros profesionales incitadas por ciertos sindicatos de salud y educación; los buseros desalmados atorando el tráfico; el lamentable y tercermundista cierre del aeropuerto por cuatro pelones abusivos dirigidos por constructores mañosos y las negociaciones a puerta cerrada con sindicalistas, que seguramente terminarán costándonos el trozo de riñón que nos queda intacto después de años de gobiernos chantajistas y permisivos, son algunas de las “acciones políticas” de la pasada semana.
Lo que se cuece realmente, es un pacto de esos que suelen hacer quienes transan particulares beneficios. Detrás de bambalinas, como suele ocurrir, no solamente está el presupuesto anual, ciertos intereses políticos y la depredación de lo público; también la presidencia del Congreso para el año próximo, la batalla campal entre diferentes “liderazgos” en la UNE, la supervivencia del actual presidente del Congreso y sus particularidades, la reivindicación de muchos diputados que llevan callados meses y otras cuestiones que se cocinan a fuego lento.
Finalmente, y eso es lo preocupante, todo seguirá igual, o muy similar a como estaba. Acuérdense de aquel dipukit y sus adláteres que fueron denunciados por acoso, y de los que no se sabe nada; de otros honorables con antejuicio, que tampoco; de los acuerdos sindicales que la PGN informó eran lesivos para el Estado, y están parados sin denuncia presidencial como correspondería; de los pactos de salud y educación que se comen cualquier presupuesto sectorial, etc. ¡Que pronto olvidamos!
El mentiroso del Presidente (en dos programas de TV dijo que no iba a subir impuestos) navega con bandera de “yo no fui” y pareciera que mientras nadie le acuse de corrupto o ladrón, el resto le viene del norte, expresión más enfática en esta administración que en cualquier otra. Falta visión, ideas claras, proyecto de país, carácter y sobre todo neuronas, cuando no un poquito más de testosterona, para hacer los cambios que la ciudadanía reclama. Aunque eso si, nada como orar mansamente y “subir” a Dios a la tribuna pública para implorar, lastimeramente, lo que como humanos son incapaces de hacer. Teatralidad estilo Boabdil, allá por 1492, que su madre aclaró contundentemente.
Esto es lo más parecido a un circo y en la pista coinciden los sindicatos y sus malabarismos, las fieras que cortan carreteras e impiden que el ciudadano honesto pueda trabajar, el mago que te quita el billete del bolsillo en forma de impuestos, los ciudadanos equilibristas que hacen maravillas para llegar a fin de mes y…., los payasos que no pueden faltar en toda buena representación. Se sabía que se lee poco y se asimila menos, pero no era de esperar que las autoridades electas olvidaran lo que pasó hace menos de un año.
La revolución no se ha terminado, si se pensó que había ocurrido. Están en prisión muchos sinvergüenzas, pero ni la forma ni el fondo político ha cambiado. Hay que podar las ramas que quedan y que siguen haciendo sombra a la democracia, a los derechos individuales y a la libertad. Seguimos en un estado mangoneado, manipulado y ensombrecido por personajes y grupos que han vivido demasiado tiempo de quienes trabajan honradamente y no se van a dejar desplazar tan fácilmente.

Aquí se sigue cociendo un puchero explosivo que seguramente terminará, siguiendo el símil circense, con ruido estridente, destello de luz y confetis mientras desaparece el mago del poder y el de la segunda fila se queda con todo porque estuvo atento al truco ¡Al tanto si no!

lunes, 15 de agosto de 2016

¡Justicia indígena!

 La mejor justicia no siempre es la mejor política (Abraham Lincoln)


No estoy en contra de un sistema consuetudinario de justicia. Si se cree en la descentralización político-administrativa -y yo creo en ella- se debe ser consecuente y no desechar esto otro que también es autogestión.
La discusión -equivocada y persistente a mi entender- se ha focalizado en incluir, sin mayor explicación, el “derecho a la justicia indígena” en la reforma constitucional que se prevé realizar. Dicho así, sin precisión, es abrir una puerta a lo desconocido, pero también a lo incierto. Hay que escuchar el detalle de esa reforma: cuáles son los supuestos que castigaría y cómo serían las penas/castigos previstos y la forma de administrarlos. No hay nada pormenorizado que pueda evaluarse de una propuesta que permite la discrecionalidad del ponente en todo aquello que interese a algún sector o en determinado momento.
No es adecuado tampoco hablar de “justicia” sino más bien de “justicias”, habida cuenta que hay una diversidad de pueblos -pluriculturalidad- que no tienen idéntica forma histórico-cultural de solucionar diferendos. El proyecto parece tener como objetivo añadir algo indefinido en la constitución para posteriormente -una vez “el pie en la puerta”- desarrollar un plan acomodado para aplicar una justicia propia y excluyente, elemento unificador de una idea que se viene consolidando: el exclusivista indigenismo maya.
Es fácil caer en la demagogia, y en este caso pareciera estar ocurriendo. Hablar de incluir tal o cual modificación constitucional, debería suponer, para el legislador, pero sobre todo para el votante, conocer con precisión qué es lo que se quiere hacer y cuál es el alcance de su implementación. No vale pedir un cheque en blanco para que, tal y como ocurre ahora, tengamos azotados en la plaza del pueblo, desnudos que pasean su penitencia, costales con piedrín cargados por penados o personas sometidas a vergüenza pública, prácticas propias de la Edad Media con las que “el vulgo” se distraía, pero muy distantes de los derechos humanos que comunidades y organismos internacionales reclaman ¡Dese una vuelta por youtube y verá la variedad filmográfica existente!
Si los ancestros dejaron ese legado, es fácil compilarlo y darlo a conocer para que se pueda evaluar y, si procede, adoptar un sistema de pluralidad jurídica, no monolítica. De momento, lo que subyace es un reclamo impreciso y confuso en el que todo cabe.
En un país en el que se debate aplicar la pena de muerte con muchos sectores en contra -algo legitimo-, no se escucha, sin embargo, solicitar con igual intensidad claridad en los castigos de “las justicias indígenas” y, sobre todo y más importante, condenar contundentemente formas de penalizar que conllevan violencia física -como los azotes-, cuando no la degradación humana ¡Absurda incongruencia que impide abordar el debate con la seriedad requerida!
Superar prácticas deleznables, humillantes y arcaicas ha costado siglos a la humanidad. Hoy existe un marco suficiente de protección y garantía de derechos humanos que, curiosamente, quieren capitalizar grupos que actúan paradójicamente de forma inconsistente. De esa cuenta, es preciso que la ciudadanía conozca, antes de decidir, qué “costo” tiene que asumir en materia de derechos humanos, al implementar “las justicias indígenas”. Otros aspectos cuestionados de forma vaga son: a quienes se aplicaría, con qué criterio, en qué lugar o territorio, el conflicto de jurisdicción y diferentes temas “menores”, especialmente si se relacionan con el principal a debatir: el ser humano y sus inalienables derechos.

¡Entrémosle al tema, pero seriamente!

lunes, 8 de agosto de 2016

¿Más? ¿Para qué?

“Impuestos: desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor ruido”

El actual gobierno, es producto de un rechazo al “viejo sistema” más que una apuesta por un programa político, salvedad hecha de vagas referencias al “Plan de Nación K´atun 2032” o al lacónico Plan Visión 20/20. La falta de un proyecto y la dificultad para conformar un gabinete ministerial cohesionado, dejaron pasar el primer semestre del año. Se habló de reformas políticas, judiciales y fiscales, cambios constitucionales y cuestiones similares que impiden que el clima de incertidumbre heredado de la pasada administración supere cuotas de baja credibilidad.
El aludido Plan Visión 20/20, tiene un apartado dedicado al “Fomento de las MIPYMES”. En el mismo se recoge textualmente: “Según datos estadísticos, más del 70% de la economía del país es informal. ¿Qué pasaría si este gran segmento de producción accediera a la economía formal por medio de un programa de desarrollo financiero, basado en créditos y micro créditos a tasas razonables? Sencillo, estas condiciones les permitirán superarse y pasar a un nivel empresarial superior”. Es decir, aspira a rescatar potenciales contribuyentes que están en la economía informal y, consecuente, no tributan ISR, lo que genera baja recaudación, presupuesto desfinanciado, desigual e injusta contribución y dificulta la prestación de servicios públicos de calidad.
A pesar de ello, el ejecutivo toma el rumbo fácil que antes emprendiera -equivocadamente y con impacto negativo- el gobierno del partido patriota. La propuesta que elabora pretende elevar el IVA y al parecer el ISR. Podría ser aceptable -en una discusión amplia de reforma fiscal- si se produjeran al menos tres condiciones, ausentes al momento. La primera, que se revisen la exenciones fiscales que privilegian a ciertos sectores. La segunda, que se amplie la base tributaria y se ataque conduntendemente ese 70% que no tributan ISR. La última, que el dinero que se pueda recaudar no sirva para pagar pactos colectivos espurios o mafiosos permanentes del sistema. La experiencia, sin embargo, apunta a que no ocurrirá nada de lo indicado. Habrá, seguramente, más dinero para salubristas y maestros pero no para salud y educación, sino que servirá para callar a sindicatos chantajistas. Prueba de ello, además de las conversaciones y pactos con sindicatos del pasado mes de mayo, fue aquel “Plan Robin Hood”, elaborado por sindicalistas de salud e incluido en los presupuestos generales, con el fin de recaudar dinero para hacer frente al costo del pacto colectivo signado entonces. Ello se reflejo en la subida del cemento e impuestos extras a la telefonía, entre otros, luego descartados por la Corte de Constitucionalidad.
A la fecha, el ejecutivo sigue en deuda. Se desconoce la planilla de los distintos ministerios y qué función desempeña cada empleado público. Baste una cifra para evidenciar ese caos y el correspondiente costo económico: en los últimos años, se ha pasado de unos 30.000 empleados en el sector salud a mas de 55.000, sin que se haya notado mejoría en el servicio, pero si incremento del costo.

En esas condiciones, oponerse a reformas fiscales no es apostar por el subdesarrollo o negar mejores condiciones de vida para determinados sectores, más bien supone emplear la razón y exigir criterios de eficiencia y trasparencia antes de continuar presionando a quienes pagan, y someterse al chantaje de violentos sectores sindicales. Antes de reformar hay que declarar lesivos pactos colectivos tramposos, conocer cuantos empleados públicos tiene el estado y dejar de gastar inútilmente cantidades desorbitantes de dinero.