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lunes, 20 de febrero de 2017

La inexistente tercera vía

Falta una propuesta viable alejada de esa innecesaria, pero sobre todo ineficaz, polarización

Por tardanza, falta de previsión o casualidad -dudo que producto de una estrategia planificada- estamos convergiendo a un final con dos opciones. El aderezo para esa insustancial “ensalada” lo pone el denominado derecho indígena y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), sobre los que se centró las discusión en los últimos días. Se ha dejado de hablar de lo sustantivo de la reforma: la forma de seleccionar y elegir jueces y magistrados, la carrera judicial como modelo a implementar y otros aspectos que cambiarían  el sistema de justicia.
La percepción es que hay una opción -de izquierda- que promueve el “si” de un paquete amplio que incluye agregados de ciertos sectores interesados y que pasa, inexorablemente, por aprobar el derecho indígena, y modelar el sistema actual de justicia a gusto de un grupito. Ahí han colocado a la CICIG y al MP. Otra opción -de derecha- es el “no” más contundente a todo lo que huela a reforma y mucho menos con esos ingredientes. En este lado han situado al “sector empresarial”. Si usted no está polarizado y radicalizado, tal y como lo presentan, es excluido o señalado por unos y otros.
Hablo con muchas personas -leo medios y atiendo redes sociales- que están distanciadas de esos planteamientos extremos, altamente ideologizados, con poca sustancia filosófica y rechazo patente. Sin embargo, para ambos grupos, la polarización pereciera ser la única solución a sus necesidades estratégicas. Para los recalcitrantes zurdos e indigenistas, la manera de incidir en política, ya que los partidos con los que tradicionalmente han competido les han aportado apenas unos pocos representantes y nula incidencia. Para los fanáticos diestros nacionalistas, la forma de defender a corruptos políticos en prisión, además de un sistema mercantilista de favores estatales. Desde ambos extremos se pretenden cambiar radicalmente el status quo -unos- o dejarlo como está -otros- que es la forma de seguir haciendo “la revolución” o de mantener “la impunidad”. Nada, en definitiva, que intereses o sirva al país del que se jactan “propietarios” por origen o descendencia.
Quienes debieron no han trabajado una tercera opción. Una propuesta viable alejada de esa innecesaria, pero sobre todo ineficaz, polarización. Hay que recordar que por muchos años se ha venido sintiendo la necesidad de modificar la selección y elección de jueces y magistrados. Las manipuladas comisiones de postulación, la inclusión de la academia, los operadores externos que viciaban el proceso o los pactos en el Congreso para definir quienes serían los designados, representó un alto costo que se refleja en la inoperatividad del sistema judicial. Eso, junto con un modelo de carrera judicial que llevara a los mejores a ocupar dichas plazas, era la necesidad sentida. Nunca hubo otra discusión fuera de tal marco.

Es ahí, precisamente, en donde hay que centrarse. Temas como el derecho indígena o el CNJ son agregados aprovechando que hay que tocar algo para manosearlo indebidamente, como ocurrió en 1999. Promover las reformas al sector justicia, sobre la base de las necesidades sentidas y debatidas por años, es precisamente el eje toral -y único- que debería tener la atención. No hay que salirse de ahí, y centrarse en lo que puede hacernos avanzar. Pareciera, no obstante, que nos hemos acostumbrado a posicionarnos en uno u otro plato de la balanza y ser “felices” con esas dos opciones de suma cero que no conducen a ninguna parte. Se pueden desaprovechar momentos históricos, pero hacerlo por falta de sensatez, aun sabiendo el costo, es un absurdo de difícil denominación.

lunes, 13 de febrero de 2017

El debido proceso

Osado hablar del debido proceso cuando el proceso nunca fue debido en su origen

Sigo viendo en redes una insistente campaña mediática que pretende defender -cada vez menos subrepticiamente- a políticos y corruptos encarcelados, con el argumento de que la justicia no observa el debido proceso, entendido como el principio por el cual deben respetarse los derechos legales de cualquier persona. Sustancialmente, y sin más comentarios, se les podría dar la razón a los promotores y sus net centers, porque en ocasiones quienes guardan prisión preventiva han superado el tiempo de que dispone el MP para la investigación o se han extendido los plazos para la acusación.
Lo que no cuestionan esos tuiteros -mayormente anónimos, ¡qué casualidad!- es que la debilidad del sistema legal nacional se sustenta en cómo se estableció “el debido proceso”. Un sistema lleno de argucias que permite dilatar cualquier investigación o comparecencia no es, precisamente, una vía ágil ni adecuada para impartir justicia. Durante los litigios, se observa frecuentemente una secuencia infinita de recursos, apelaciones o recusaciones de magistrados, cuando no cambio sorpresivo del abogado defensor, con la sola pretensión de dilatar el tiempo o buscar el error de forma, alegando que el segundo o tercer nombre no corresponde al acusado o que la numeración del allanamiento estaba equivocada, aunque todos sabían a donde iban, y ahí llegaron. La “observancia del debido proceso”, se ha convertido en una excusa legal para buscarle tres pies al gato y ver si extendiendo el tiempo cambian las condiciones que se dieron para la acusación/detención del imputado. Es correcto -y justo- contar con los derechos de amparo o recusación, pero hay que limitarlos y reducirlos en el tiempo de manera que no puedan plantearse eternamente y se conviertan, como ahora ocurre, en estrategia de defensa.
El derecho de antejuicio es otra de esas artimañas disponibles. La experiencia muestra que no hay celeridad para resolver esas solicitudes y que en algunos casos superan el año desde que se inician. Cuando finalmente -si es que ocurre- se resuelven, el acusado adulteró pruebas o desapareció, aprovechando la tardanza del órgano encargado del dictamen. En modernos sistemas occidentales, la detención inmediata de cualquier persona en flagrante delito no se ve interrumpida por el derecho de antejuicio. Tampoco delitos como el asesinato, el secuestro, la estafa o el homicidio -entre otros- se incluyen en ese privilegio, porque no son consecuencia del ejercicio de la función pública. Es necesario que el tiempo máximo para que un ente responda a una solicitud de antejuicio no supere una o dos semanas y que el silencio administrativo sea positivo en ese caso ¡Por supuesto que hay que observar el debido proceso!, pero antes es necesario determinar cuáles son esos derechos legales que el Estado debe respetar, y ajustar el procedimiento al tiempo. En definitiva, hay que hacer el proceso debido de construcción para poder esgrimir el debido proceso en la aplicación.
Esas cuestiones, y no las inútiles, costosas y pueriles campañas para presidir el Colegio de Abogados, deberían ser discutidas y propuestas por un colectivo que tendría que velar por la deontología profesional y no quedarse en grupo de poder que aspira a tomar decisiones en el país o controlar mafias.

Cuando las normas se adapten a la razón y al sentido común, podremos hablar con propiedad de observar el debido proceso. Mientras, lo que hay es un “proceso” que ni es debido ni busca la justicia sino que permite el manoseo legal más pernicioso. Ejemplo: el empantanado caso de una magistrada acusada, en prisión preventiva, “activa” y cobrando, y una jueza que se inhibe en base al debido proceso ¡Puf!

lunes, 6 de febrero de 2017

El muro y la doble moral

Mirémonos al espejo, analicémonos, antes de protestar contra el “muro de Trump”

El muro que promueve construir el nuevo Presidente USA -continuar construyendo, matizaría yo- ha levantado todo tipo de ampollas, reflejadas tanto en múltiples y pintorescos comentarios como en “pacíficas” y ruidosas manifestaciones. En un mundo globalizado, en el que cada quien se siente ciudadano del planeta, ponerle “barreras al campo” no es bien percibido y produce reacciones como las que se han observado en las últimas semanas.
Lo sorprendente en ciertos países es que, por distintos medios, se alimente la indignación cuando ellos mismos tienen como frontera un muro físico para frenar o impedir la “emigración no deseada”, concepto que abarca desde la defensa contra el terrorismo de Hamas (Israel), la emigración masiva y descontrolada en ciudades españolas del norte de África o las complejas fronteras de Hungría, Arabia Saudita, Grecia, India o Turquía; pero también el no físico que impide que ciudadanos cubanos y venezolanos puedan salir libremente de sus países. La actitud bíblica del fariseo aparece como telón de fondo que resalta muchas de esas particulares críticas.
En Guatemala, la temática también ha generado algarabía. Quienes protestan, con razón si se quiere, ignoran atrevidamente que en el país hay, constitucionalmente hablando, ciudadanos de origen y naturalizados (art,s. 144-145), con idénticos deberes pero con diferentes derechos, a pesar de la particular redacción del art. 146 que los otorga pero con “las limitaciones que establece la Constitución”. De esa cuenta, y a pesar de que todos paguen idénticos impuestos y tengan iguales responsabilidades, los “naturalizados”, no podrán ser diputados (art. 162), Presidente ni Vicepresidente (art. 185), oficial del Ejército (art. 247) ni juez o magistrado (art. 207), y obviamente no pueden integrar la CC (art. 270). Por si no fueran suficientes restricciones -a pesar de cumplir con todas sus obligaciones- nunca podrán adquirir propiedades en una franja de 15 kilómetros a lo largo y ancho de las fronteras (art. 123).
Podrá observar ofertas de empleo con requisitos como “ser guatemalteco de origen” y si desea conocer más trabas para los emigrantes no naturalizados, las encontrará en cuerpos legales laborales y en la Ley de Migración y su reglamento. Esa segregación -que de eso se trata- no se refleja, sin embargo, en constituciones europeas y la norteamericana, aunque pueda contener algunas cuestionadas limitantes, permitió que Arnold Schwarzenegger, un extranjero nacionalizado, fuese gobernador de California.
Visto lo anterior, se debería reflexionar sobre si la postura contra el muro es moralmente aceptable cuando la casa la tenemos llena de barreras que legalizan desigualdades y discriminación entre ciudadanos: origen, naturalizados, residentes o en tránsito. Protestar porque el gobierno norteamericano no recibe con bombo y platillo a los emigrantes nacionales y criticar que los deporta o expulsa, mientras se evade la discusión de las limitaciones nacionales existentes contra los emigrantes, es un ejercicio espectacular de hipocresía tropical, y un ejemplo más de la doble moral y el irracional discurso imperantes.
Cada vez que escuche una noticia sobre el “muro de Trump”, reflexiones sobre qué piensa hacer para que aquí -y en dictaduras y regímenes autoritarios- se caigan los muros que permitimos con nuestra pasividad y alentamos con entusiasmo. Puede formar parte de quienes de verdad hacen algo por cambiar el mundo -comenzando por uno mismo- o dejarse llevar por esa ola que paraliza las neuronas y nos sube al tren, en ocasiones  irracional, de la opinión pública.
Ya lo sabe, ahora si quiere váyase a protestar, pero con la conciencia intranquila.