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lunes, 13 de agosto de 2018

Armemos el rompecabezas


La diputada Montenegro, en el Congreso, era un referente que comienza a evaporarse

¡Vaya semana la pasada! Insight Crime publicó un reportaje titulado “El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala”, en el que relata cómo la UNE recibió la nada despreciable suma de 11.5 millones de dólares del grupo de narco depredadores “los Zetas”, para financiamiento electoral de su campaña política. Un día después, el MP solicitó levantar el antejuicio al Presidente Morales y a la diputada Nineth Montenegro por financiamiento electoral ilícito de los partidos FCN y EG, de los que ambos fueron secretarios generales y responsables, según la ley.
Varios interrogantes se plantean con esos nuevos sucesos. El primero es cómo Insight Crime cuenta con datos, fechas y cantidades sobre el financiamiento de un partido tan cuestionado como la UNE y la fiscalía correspondiente no, más allá estar investigando al diputado Orlando Blanco aunque no por los hechos que describe el medio digital, más graves por provenir de fondos ilícitos. El segundo es el nuevo antejuicio al Presidente que lo sitúa, otra vez, en la picota del debate político, al igual que al Congreso que seguramente no reunirá los votos necesarios para levantarle la inmunidad, como ocurrió en pasadas ocasiones. De nuevo mostrarán el descarado pacto entre personajes oscuros -y corruptos- que prefieren soslayar el delito y crear un de club de tramposos que sirva para acogerse cuando la justicia los aborde, como sucede con el diputado Alejos, entre otros. Lo tercero es la caída de un símbolo -Nineth- y su partido -Encuentro por Guatemala- ya que, cómo todos, sucumbieron en el lodazal del financiamiento ilícito, no reportado, incorrecto o como se le quiera denominar y también por actos tendientes a obstaculizar el control de fiscalización. La diputada Montenegro, en el Congreso, era un referente que comienza a evaporarse. El hecho de ser señalada, independientemente del monto económico o de las personas que llevaron a cabo la actividad ilegal en el partido, la apea de la tribuna de credibilidad en la que se mantenía. Finalmente, debe reflexionarse sobre la candidatura de Thelma Aldana y los contactos establecidos con ciertos grupos políticos para formar una coalición, entre ellos Encuentro por Guatemala ¿No sabía la exfiscal general que el partido con el que mantuvo acercamientos era investigado desde diciembre de 2016 por una de sus fiscalías o lo ignoró? Hay que recordar que la ahora presidenciable Aldana comentó públicamente -sin que nadie le mencionará nombre alguno- que con CREO nunca establecería un acuerdo ¿Por qué no fue tan contundente con Encuentro por Guatemala si estaba siendo investigado y había indicios de delito? Finalmente y quizá lo más trascendente, es que la nueva Fiscal General ha dado la cara y tomado postura, algo que ha enojado a golpistas y extremistas -a veces coinciden- que hubiesen preferido una fiscal más cordial con sus descarados actos de apoyo a mafias, delincuentes, crimen organizado y narcotraficantes.
El ambiente queda sumamente enrarecido y evidenciada la forma de financiamiento político que utilizaban los partidos -sin excepciones- tal y como se viene confirmando, de ahí el mutismo guardado por todos ellos. El proceso electoral que se avecina será diferente y con un parteaguas entre la vieja y la nueva forma de hacer política, sin muchas esperanzas de que la última esté libre de virus. La mala noticia es que hay grupos que siguen intentando ese golpe de estado que el vicepresidente Cabrera irresponsablemente comentó, aunque no por parte de los que él nunca señaló, sino por quienes están cerca del poder y seguramente conoce y escucha.  
¡Y es que la batalla final se avecina!

lunes, 6 de agosto de 2018

Silencio de corderos


Me confieso harto de marrulleros vendedores de humo, de políticos basura y de ciudadanos pasivos

La ausencia de debate político sobre temas trascendentes para el país, se ha convertido en la norma. Lo excepcional -también faltante- es que se aborde alguna mínima discusión sobre problemas nacionales. Los partidos políticos -que no lo son- siguen más preocupados por continuar en la sombra cómplice de la conspiración permanente que en la palestra, y sus integrantes más acongojados porque se hablen de ellos que por hacer su trabajo por el que mensualmente les pagamos. En fin: un silencio preocupante que nos tiene sumidos en la mayor inacción de los últimos años.
Aprovechando ese mutismo, cerca de ochenta diputados están ofuscados porque no podrán reelegirse en la convocatoria de 2019 y calladamente intentan revertir la norma que lo imposibilita ¡Para eso si son vivos! Sin embargo, aquellos otros que están en ley seguramente se opondrán y no por principios o respeto a la norma, algo que les viene del norte, sino por pura competencia política de sacarlos legalmente del tablero político nacional y reducir la oposición ¡Al pelo aquello de “no hay mal que por bien no venga!
Esta pasividad política desaparecerá, sin embargo, en poco tiempo. En la medida que se vayan destapando los candidatos para el proceso electoral venidero, se escucharán nuevamente promesas y “soluciones” para arreglar la debacle económica, social, educativa, sanitaria, etc. que el país arrastra por décadas y que cada cuatro años pretenden corregir inescrupulosos vendedores de humo que luego callan por otros tantos. De esa cuenta, no escuchamos cual es la posición de los partidos de la oposición respecto, por ejemplo, al desastre vial, al deficiente sistema de salud pública, a la encarecida compra de medicamentos, a la precaria situación de la educación, o a los actos de secuestros de alcaldes o robo de armas a policías por turbas de delincuentes sociales, entre docenas más. Tampoco sobre la desproporcionada solicitud de subida salarial de jueces y magistrados o la exigencia magisterial de más dinero para el pago de maestros que no incrementan una décima la calidad educativa ni reducen los índices de analfabetismo. Ya verán como en dos meses todos tienen la solución que ahora callan y cómo la ofrecen como remedio eficaz para promover “el desarrollo social que el país necesita, ¡ah!, y la justicia social”.
Después de veinte años residiendo en Guatemala, me confieso harto e incrédulo de tantos marrulleros vendedores de humo, de políticos basura y de ciudadanos pasivos y cómplices. He llegado al convencimiento de que tenemos poco arreglo porque sencillamente muchos se sienten cómodos con esta situación y sobre todo, porque falta el coraje necesario para acometer una profunda reforma que nos obligaría a cambiar de actitud y valores. No nos engañemos más: no queremos cambiar, y no porque no seamos conscientes de lo mal que estamos sino porque no nos atrevemos o nos sentimos cómodos esperando que algúna llegará “nuestro” turno de estar en la parte que envidiamos o deseamos. Una suerte de ley de péndulo que hemos terminado por asimilar, consentir y promover.
Cada quien tiene lo que se merece y nunca mejor se puede aplicar el dicho. Hay sociedades, mucho más pequeña que la nuestra, que han resurgido y tomado conciencia de que o empujas o te entierras: Israel, Croacia, Taiwán…, son ejemplos de países cuyo coraje social -si es que eso existe- los aúpa exitosamente por encima de otros. Las sociedades son lo que ellas permiten que sea y la guatemalteca carece del ardor necesario para actuar en la dirección correcta, suficientemente diagnosticada. Así que no nos quejemos más mientras sigamos en la sinuosa senda del silencioso y acobardado cordero.

lunes, 30 de julio de 2018

¿Privatizar como solución?


La privatización o concesión de ciertos sectores consigue reducir precios e incrementar la calidad

Las empresas privadas exitosas lo son porque además de eficaces son eficientes. En cualquier negocio, los beneficios económicos, producto de una buena gestión empresarial, constituyen el principal estimulo para continuar. Sin son escasos, reducen el interés; las perdidas lo hacen insostenible; no proveer un buen servicio -bien recibido por los consumidores- o no hacerlo al mejor precio posible, hace que el negocio quiebra inevitablemente en el corto plazo.
La gestión de lo público -contrariamente a lo privado- no genera normalmente utilidades. El burócrata gestor -independientemente de la gestión que haga- no cuenta con el aliciente de ganar más porque tiene un salario predeterminado y, consecuentemente, la búsqueda de la eficiencia no suele estar entre sus objetivos. Respecto a la eficacia -caso de un servicio público monopólico-  puede que tampoco la persiga ya que el cliente (ciudadano) deberá necesariamente que remitirse al único servicio existente: el estatal. La USAC o el IGSS, son ejemplos nacionales que muestran lo dicho.
Entre las dos opciones citadas, existe un modelo intermedio: la gestión publico-privada, en la que el Estado privatiza o, junto con la empresa, gestiona diferentes partes de un todo. En esos casos se concesionan ciertos servicios a lo privado y se dejan otros a lo público.
Además de la rentabilidad económica, puede haber, en ambos sectores, otras motivaciones: voluntad de servicio, cumplimiento del trabajo, satisfacción propia e incluso ascensos o mejoras. En la medida que se exige y los estímulos se incrementan se puede hablar, en el sector público, de funcionario más competente, dedicado, probo, etc., aunque nunca existirá el ánimo de lucro y el reparto de beneficio que siempre es un horizonte superior en el negocio privado. Ese inexistente objetivo en lo público -el lucro- es una diferencia sustantiva que hace que la gestión tienda a ser siempre mejor -al tener más alicientes- en lo privado y que un restaurante, un hospital, un servicio de transporte, etc., gestionado privadamente sea sustancialmente mejor que uno público, la experiencia lo demuestra y es un hecho generalizado con escasas excepciones.
Por tanto, la discusión sobre privatización -o concesión- de ciertos servicios debería partir de ese marco conceptual perceptible y buscar permanentemente la reducción de costos y la mejora de la calidad. Una línea aérea nacional, por ejemplo, suele tener un precio fijo y una atención que difícilmente mejora si no hay competencia o se gestiona de forma privada; el servicio público de transporte, entre otros, tiene perdidas por la inexistente gestión económica y se presta sin ajustarlo al costo real. La privatización o la concesión -no la mercantilización- de ciertos sectores consigue siempre reducir precios e incrementar la calidad, de lo contrario deberán cerrar por ser mejor la competencia. Sostener conceptualmente otro argumento es apoyarlo en una ciega base ideología sin racionalidad ni cálculo económico.
Muchos estatistas convencidos citan ejemplos de servicios públicos que “funcionan” en países desarrollados, y llevan razón. Son eficaces porque satisfacen la demanda ciudadana, pero en modo alguno está demostrado -porque no hay estudios- que sean eficientes, es decir se presten el mínimo costo. El motivo: no hay gestión económica con ánimo de lucro y de esa forma nadie gestiona de forma que se mejoren los números fiscales ni muchos menos la demanda ciudadana.
Ahora que el debate se reactiva, piense en todo esto antes de decidir ciegamente. Podemos seguir con servicios blicos de tercera o dar un paso gigantesco, pero no alegar ignorancia de cómo se pueden mejorar las cosas.