Entradas populares

lunes, 15 de octubre de 2018

El péndulo político extremista


Una simple ecuación de comodidad promovida por una cultura al miedo y a la incertidumbre

El éxito electoral de Jair Messias Bolsonaro en Brasil -militar en reserva y político de ultraderecha además de transfuga de 7 partidos y con un hermano y tres hijos en la política- se suma a la exitosa campaña política del costarricense Fabricio Alvarado, periodista, cantante y predicador evangélico que estuvo cerca de ser presidente de su país. Si analiza ambos perfiles y compara con la situación que vivimos en Guatemala, puede elaborar escenario electorales para 2019. La religión -evangélica y particularmente pentecostalista- ha generado propuestas radicales y optimizado el voto de sus adeptos, y de un entorno afín. Hace un par de meses grupos protestantes promovieron intensamente leyes de corte extremista con envoltura de protección a la familia, pero con el fin de generar un aureola gris -el mejor color para la política- que radicaliza y engulle a un significativo número de despistados conservadores.
La mayoría de los votantes latinos -Brasil, Costa Rica y Guatemala no son excepción- nacieron después de que “terminaran” los regímenes dictatoriales o desapareciera el muro de Berlín. Por tal motivo, los extremos políticos: dictadura y comunismo, no figuran en su experiencia de vida y es difícil hacerles ver, a pesar de que los resultados históricos están a la vista, que ambas opciones destruyeron muchos países, por lo que el mensaje fanático y extremista termina siendo -como ocurrió en otras épocas- una opción para jóvenes que no experimentaron el pasado o para viejos que todavía lo añoran como realidad vivida o esperanza nunca hallada.
El pragmatismo humano, además, acepta males menores mientras no se modifique “un mínimo” estatus quo que permita “ir tirando”. Sacrificar libertad por seguridad o dinero de impuestos por promesas políticas es visto por muchos como un mal necesario, en lugar de preguntarse la razón y el porqué de no hacer un ejercicio responsable de la libertad individual. Es mejor exigir educación y salud estatal -y que otros lo hagan por mí- que asumir la responsabilidad de ahorrar e invertir para los míos. Una simple ecuación de comodidad promovida por una cultura al miedo y a la incertidumbre y que representa un costo superior y negativo pero “tranquiliza” la conciencia frente al fracaso y a la irresponsabilidad, lo que merma la libertad del individuo en beneficio de la gestión pública ¡Nada que la psicología no haya estudiado!
Todo lo anterior se potencia con campañas de desprestigio de medios y comunicadores que generan confusión a través del empleo masivo en redes sociales. Para muchos, el Finantial Time es un referente similar al perfil anónimo y con foto sacada de Google que diariamente le cuenta lo que ocurre en versión fake news. El ciudadano común es desbordado constantemente por información y no está dispuesto a seleccionar, investigar, averiguar y dar crédito a la verdad. Termina por creerse lo que le presentan en su reducido mundo digital como si ese fuese el universo informativo. El moderno Goebbels es utilizado por grupos de interés político-religioso y se ha instalado en las redes sociales de muchas personas que dan por bueno aquello que primero ven o más intensamente les presentan. Del relativismo al simplismo no ha pasado más de una década.
Nos encaminamos a las elecciones 2019 en la que aparecerán candidatos intolerantes y muchos votantes creerán que son la panacea, la única solución salvadora y sanadora de una “sociedad perdida”. Un par de años después, seguiremos perdidos y sin vuelta atrás porque simplemente dejamos nuestra libertad en manos de otros y no aprendimos de la Historia aquello del péndulo político extremista ¡Qué malo es no aprender nada!

lunes, 8 de octubre de 2018

La cultura de la legalidad


Sin una cultura de legalidad es imposible alcanzar un mínimo grado de desarrollo

Muy poco -casi nada- se ha escrito sobre la cultural de la legalidad. Debe entenderse como una forma de comportamiento personal y social tendiente a cumplir de buena fe -o por imposición en su defecto- la legalidad vigente, aun sin cuestionarse si las normas son moralmente lícitas, y representa un paso previo al Estado de Derecho. No es Guatemala precisamente un país con esa cultural de legalidad, de hecho hasta existe una especie de “contracultura” que ha terminado por premiar al “chispudo” que incumple las normas, felicitar al cuate que “da cola” u optar por callarse y no reprochar ni confrontar a quienes deciden que guardar la fila está hecho para otros, pero no para ellos.
Sin una cultura de legalidad es imposible alcanzar un mínimo grado de desarrollo porque se carece de previsibilidad y, consecuentemente, no es posible planificar con garantías de éxito. Tampoco son posibles las relaciones efectivas, toda vez que nadie garantiza que el interlocutor va a cumplir su compromiso y mucho menos es posible atraer inversiones que promuevan empleo porque se genera inseguridad jurídica. En definitiva: una sociedad sin un alto grado de cultura de legalidad, está abocada al estancamiento, al fracaso o, a lo sumo, a un imperceptible progreso a muy alto costo ¿Le suena la premisa y la situación?
Diariamente, y por todos, se aprecian muestras de esa falta de cumplimiento normativo. En la constitución, la pena de muerte o la seguridad interior asignada al Ejercito -esté o no de acuerdo con ellas- no se cumplen pero tampoco se anulan; en lugares donde hay uno o dos carriles en determinado sentido, se termina haciendo un tercero por aquellos que “tienen prisa”; si está guardando turno en un concierto observará como avanza lentamente porque delante de usted muchas personas se cuelan con absoluta impunidad, mientras el resto no recrimina la acción y estoicamente la soporta; en ciertos lugares una propina es la llave mágica que abre la atención personalizada por parte de quien debería hacerlo por voluntad u obligación; si acude a la administración pública observará que el horario, la prestación de servicio o la diligencia en prestarlo son parámetros que sencillamente no son cumplidos sin que la jefatura del servicio correspondiente haga algo por cambiarlo, y así puede ir anotando sus propias experiencias que seguro son más.
Hablar de Estado de Derecho cuando la cultura de la legalidad no existe es querer correr sin haber aprendido a caminar. Como sociedad -también como individuos- estamos aun muy lejos de ese objetivo pregonado por medios de comunicación, filósofos, politólogos o juristas. Da igual las leyes que se tengan -buenas o malas- porque lo principal: ¡que se cumplan!, es todavía una asignatura pendiente. Sin el hábito de observar la norma, es difícil entrar en una serena discusión sobre si aquella es moralmente buena. De hecho, el debate nacional sobre la calidad normativa termina siendo, en el fondo, una discusión estéril o una excusa para incumplirla.
Ahora que reflexiono sobre este importante tema, recuerde que parte del debate nacional es si el gobierno debe o no cumplir la sentencia emitida, explicada y confirmada por la CC o cómo el diputado Alejos ha interpuesto 14 recusaciones judiciales y paralizada la persecución penal contra él. Dos claros ejemplos de cómo seguimos cuestionando el cumplimiento de leyes o decisiones judiciales sin ninguna voluntad de acatarlas y, en el fondo, no es por cuestiones filosóficas, jurídicas o morales, sino simplemente porque no nos da la real gana de aceptar que las normas están para cumplirse, de preferencia de buena fe, y cuando eso no ocurre todos perdemos.

lunes, 1 de octubre de 2018

2020: El poder tras el trono


¿Alguien piensa todavía que en las próximas elecciones el binomio presidencial es importante?

Mientras la coyuntura nos absorbe a diario, y hace que olvidemos lo urgente y lo importante, el tiempo avanza y acerca el próximo proceso electoral. Respecto de las pasadas elecciones, nada ha cambiado sustancialmente y el futuro se avecina similar al de hace cuatro años. La situación, desde un punto de vista formal no sólo es la misma sino peor, porque se han detectado vicios que siguen presentes en la legislación y en las prácticas. Entre las quejas ciudadanas se escucha que no hay partidos ni candidatos para las próximas elecciones pero: ¿alguien piensa todavía -de verdad- que el binomio presidencial es importante? Creo que eso está superado desde que los diputados se dieron cuenta del “peso” -y la impunidad- que tenían en este sistema y comenzaron a tomar las riendas. A partir de ahí, se produjo una escalada progresiva y depredadora que ahora se materializa en un significativo número de diputados -y exdiputados- procesados, huidos, en busca y captura, pendientes de antejuicio o cuestionados.
Sin embargo, pareciera que el punto de cambio se trasladará -a partir del 2020- a otro poder: el local o municipal. Desde hace unos años los alcaldes han aprendido que la “autonomía municipal” se puede ejercer plenamente al margen de las agarraderas habituales. Cuestionados y perseguidos duramente los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Municipal se diluye en 340 actores que dispersan la crítica y la atención. Baste recordar la pugna por la presidencia de la ANAM en las pasadas elecciones de abril que no fue banal ni gratuita. La mayoría de los alcaldes han aprendido que la pirámide se rompe por el vértice del poder visible, pero la autoridad municipal de la base -más diluida- puede conformar un espacio de solidez en el que se sustenten tradicionales fuerzas asociadas al narcotráfico, al crimen organizado o a personajes mafiosos de la zona que se manifiestan a través de diferentes vectores: indigenismos, nacionalización de energía eléctrica, manejo de recursos naturales o negocios variados al por mayor. Todo ello distante de la capital, con suficiente autonomía y lejos de la justicia, la fiscalización ciudadana y los medios de comunicación. Ejemplos recientes que la justicia ha mostrado son los de la municipales de Chinautla, la Muni capitalina o la de Quetzaltenango; otros pasados incluyen al Puerto de San José (Rizzo), Antigua o cualquiera de las más de 50 que en su momento señalo CERIGUA. Fuera del foco de atención capitalino, el poder local no genera reacciones que no sean anecdóticas y parecen suficientes los fondos que se manejan en los COCODES y los COMUDES, además de los propios municipales que no son pocos o los que se cobran en artificiales e ilegales “peajes” sin que nos inmutemos.
Como sociedad nos ha costado mucho -197 años para ser exacto- llegar al punto en el que estamos, muy alejado por cierto del deseable, no digamos del óptimo. Este asunto que comienza a revelarse puede ser la queja ciudadana a partir del 2020, aunque se debería tomar conciencia de ello desde ahora y poner los limites necesarios para no perder otra legislatura en corregir cosas que son evidentes pero que la lentitud en reaccionar impide cambiarlas en tiempo oportuno.
Así que no se preocupe si no encuentra binomio presidencial. Recuerde que es anecdótico y puede seleccionar -porque aquí nunca se ha elegido- a quienes los partidos políticos dispongan. Seguramente los problemas económicos, de desarrollo y también los judiciales los veamos pronto desde otro ángulo y sólo nos llevará otros 10 años darnos cuenta e intentar cambiarlos a la velocidad -o pasividad- con que hacemos las cosas.