Entradas populares

lunes, 16 de julio de 2018

10 sombras de Jimmy Grey


Puede haber una manifiesta voluntad para ponerle punto y final a esta penosa situación política

La denuncia pública realizada por el excanciller Edgar Gutiérrez sobre abusos sexuales, presuntamente cometidos por el Presidente Morales, ha puesto en guardia al MP, a la opinión pública, a variopintos personajes y a órganos de gobierno. La reacción de los netcenters oficiales -que los hay- se han centrado en desacreditar al denunciante y a los mensajeros, de esa guisa rústica y pueril con la que suelen hacer las cosas los “expertos” bachilleres en nómina del Ejecutivo bajo reglón 029.
Unos pocos comentarios encendieron las redes sociales con argumentos de defensa de una presidencia acosada por la izquierda que desea tomar el poder sin haber sido elegidos en popular votación”; otros, atacaron a un gobernante desprestigiado por innumerables desaciertos y omisiones desde que llegó al poder. Se extraña -habitual en ambiente polarizado- la posición intermedia que reconozca y deje claro que cualquiera que sea el resultado de la investigación, hay graves delitos -de abuso sexual o de difamación- y que es preciso promover la persecución penal de oficio para evitar que esos hechos, como otros, queden en anécdota mediática o intrascendente señalamiento.
Si la denuncia es cierta, habría que procesar a un recalcitrante acosador presidencial porque eso de que haya -según cuentan- varios casos, lo convertiría en un depredador sexual de la más baja calaña; si es falsa, el escenario sería el de un difamador oportunista que pretende atentar contra la figura presidencial, y eso también es muy grave. Contemplando ambas posibilidades hay, al menos, un grave delito que perseguir por el MP, lo que representa un reto que la ciudadanía espera sea pronta y correctamente resuelto y no el silencio en qué se ha convertido.
Que el excanciller Gutiérrez haya dado el paso para denunciar lo que puede acabar con la destitución presidencial y/o la cárcel para Jimmy Morales, significa que cuenta con “el beneplácito” de ciertos organismos internacionales y quizá de algún gobierno, porque el riesgo que asume no es habitual hacerlo sin fuerte y seguro respaldo. Por otra parte, continuar por más tiempo con el actual Ejecutivo, sostenido por uno de los partidos más corruptos de la era democrática y con un gobierno cuyo objetivo es ocultar descaradamente barbaridades y delitos de algunos de sus integrantes o del partido que lo promovió, tampoco es de recibo. Por ello, y teniendo en cuenta lo estratégico por venir en los próximos meses, se concluye que puede haber una manifiesta voluntad, reforzada con suficientes razones, para ponerle punto y final a esta penosa situación política que decidimos emprender en enero de 2016. Una fallida apuesta por la regeneración del clima político de 2015 que a la postre ha sido igual de mala que lo diagnosticado en aquel entonces ¡Para mi que la orden está dada!
El Presidente que se dice “correcto, respetuoso y caballeroso” ha dado muestras suficientes de que desconoce una palabra más simple y del género opuesto: la ética. Su gestión es a todos luces una de las más nefasta y descarada de la era democrática, y la presión judicial, familiar y de mafias que tiene es de tal dimensión que se embrolla en una maraña impenetrable mientras somete a los ciudadanos a una suerte de masoquismo político aberrante, soportado con el estoicismo propio de quienes aceptan amigablemente el síndrome de Estocolmo.
Se avizora una “guerra” dura, sucia, intensa y agresiva. No perder el norte ni la razón es fundamental para evitar extraviarse entre el insulto y la descalificación. Aquí puede ocurrir algo grave antes del finales de septiembre y hay que ir elaborando el mejor escenario posible, y el más legal.

Vítores y críticas a AMLO


En México, dentro de seis años, seguirá buscándose esa inexistente fórmula mágica

El triunfo de López Obrador ha provocado todo tipo de rechazo y alabanzas. Hay quienes lo ven como una amenaza a la libertad y otros que se regodean con la victoria izquierdista en México.
La mayor parte de las encuestas que he analizado evidencian, en la mayoría de países, un importante rechazo a los partidos tradicionales por razones diversas: corrupción, caciquismo, ineficacia percibida por ciudadanos que no ven satisfechas sus expectativas, etc. Ese “más de lo mismo”, es criticado por el votante moderno -fundamentalmente joven tecnológico- que exige mucho más del liderazgo y de la gestión pública. El ciudadano, hastiado de lo tradicional, busca afanosamente nuevas propuestas y encuentra variadas ofertas que discusivamente parecieran satisfacer sus demandas ¡Nada que ver!, más bien lo que se ha generado es un espacio en el que los outsider tienen su oportunidad. Ejemplo de ello es el señor Trump, pero también lo fueron en su momento Correa, Morales, Chávez, Kirchner y ahora AMLO; Jimmy Morales es el aporte nacional a ese club de prestidigitadores políticos.
Quienes se quejan de la llegada al poder de esos personajes -AMLO incluido- deberían pensar en las causas que han provocado estos escenarios. En España, el PSOE desbancó al PP por ineficiencia y señalamientos de corrupción y similares circunstancias se pueden encontrar en otros países. Todos ellos incorporan una arenga transversal similar: actuar contra la pobreza y la desigualdad, aumentar el número y cumplimento de “derechos humanos”, inobservados por una élite opresora-machista-racista, activar la economía nacional a través de subvenciones, inversiones estatales o nacionalización de empresas o promover leyes proteccionistas, entre otras; la palabra responsabilidad no se escucha. Cuando esa suerte de caudillos decimonónicos llegan al poder, pretenden permanecer en él -o perpetuarse- y justifican su continuación al haberlo alcanzado de forma democrática y ser “popular y masivamente reclamados, de lo que ellos se encargan. Sin armas que sustenten tan nefasta situación, se rechaza como un golpe de estado clásico, sin reconocerse la nueva forma de incautación institucional a través de la manipulación interesada de la legalidad.
El flamante presidente de México fue un integrante del PRI que al dejarlo militó en dos partidos, el último de los cuales le llevó al poder. Un viejo político que ha prometido más de lo que puede cumplir y que en un régimen federal como el mexicano no le será fácil. Al poder de los gobernadores estatales, hay que agregar otras variables: la infiltración en la política del narcotráfico, el actuar del crimen organizado y otras “muy mexicanas”, aunque desde dichas tribunas alentarán lisonjas al recién electo.
El desencanto de la forma y gestión tradicional de hacer política, ha llevado a la ciudadanía, especialmente a la más joven, a demandar soluciones fuera de la exigua oferta electoral y a solicitar cambios de los viejos modelos que no les sirven ni responden a las pretensiones del futuro al que aspiran. Hartos de lo que hay buscan -sin saber muy bien que quieren- y alientan el resurgir de populistas cuyas actuaciones inciden negativamente en la libertad individual con políticas equivocadas o de prueba y error que, lejos de avanzar hacia un mejor futuro estancan, cuando no retroceden, la precaria situación de partida.
En México, no va a pasar mucho, salvo que dentro de seis años -con mayor índice de frustración y desencanto- seguirá buscándose, al igual que en otras partes del mundo, esa inexistente fórmula mágica. Quizá otra década perdida, salvo que en lugar de atender a proclamas e imposiciones políticas cada quien reflexiones honesta y responsablemente sobre la solución ética y técnicamente posible.

lunes, 2 de julio de 2018

Los eléctricos y la electricidad


No es la empresa la que genera el problema sino las municipalidades que no separan conceptos

Si vive en la capital o alrededores (Departamentos de Guatemala, Escuitlán o Sacatepéquez) observará en su factura un porcentaje entre el 12%-16% sobre su consumo de energía que corresponde a la tasa de alumbrado público. Esa cantidad que recauda la empresa eléctrica -y que entrega a la Muni- sirve para pagar el alumbrado público. De igual forma, si vive en otro lugar del país y el servicio es prestado por ENERGUATE, encontrará un cobro agregado a su consumo por idéntico concepto. En este segundo caso, no es un porcentaje del total, sino una cantidad que suele ser, para los pequeños clientes, igual o superior al consumo realizado, lo que ha levantado suspicacias, sospechas y generado protestas y violencia.
Con tal excusa, CODECA decidió hace tiempo ofrecer “un servicio de suministro eléctrico más barato. El procedimiento consiste en cobrarle al consumidor rural un cantidad mensual pequeña, independientemente del consumo real que realice, e impedirle a la empresa la entrada a la zona para evitar supervisar o cortar el servicio por falta de pago. Un robo disfrazado de “hurto de fluidos” que no ha sido tratado en tribunales como corresponde.
¿Por qué las Munis incluyen esa cantidad en las facturas y a qué obedece? Se trata de la parte proporcional del alumbrado público local, aunque parece inconcebible que aldeas pequeñas paguen cantidades desorbitadas por apenas un par de focos en la zona. Se supone que cada alcaldía debe contar con un presupuesto -sufragado por sus vecinos- para el pago del alumbradoblico, el mantenimiento de las lámparas y la sustitución de las mismas, y otros pequeños conceptos. Sin embargo, pareciera ser que bajo la noción de “alumbrado público” ciertas Munis incluyen el gasto de motores para extraer agua de pozos, iluminación de edificios municipales, ferias y fiestas locales y otras cuestiones imprecisas que incrementan sustancialmente la cantidad total mensual, misma que es prorrateada entre los vecinos, sin importar su nivel de consumo, y duplica o triplicar la factura doméstica.
No es la empresa la que genera el problema sino las municipalidades que no separan conceptos e incluyen en esas cantidades incluso gastos de caja chica ¿Quién supervisa?, parece que nadie ¿Quién autoriza tal barbaridad?, debería ser la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ¿A quien afecta el problema?, a pequeños consumidores que apenas pueden pagar sus gastos y son gravados con cantidades que corresponden asumir a la municipalidad. Al final se confrontan vecinos y empresa -que nada tiene que ver- y se crea un enorme y violento problema que deberían arreglar los alcaldes, pero que no lo hacen porque les resulta cómodo dejarlo así: polarizado y con ellos -responsables del problema- excluidos.
¿Se habrá discutido el asunto en la ANAM?, porque es de esos temas que seguro se evita mientras se deriva a delincuentes  organizados -CODECA-, vecinos que reciben facturas con altísimos costos y la empresa que no logra cobrar lo que distribuye ni entrar en la zona porque sus operarios son amenazados o agredidos. Es un problema municipal, ineficientemente gestionado y con poca o ninguna trasparencia del gasto real reflejado bajo el concepto de consumo eléctrico, pero que puede incluir variados rubros, como los antes citados y saber que otros. No es de recibo prorratear entre los vecinos una cantidad cuyo origen y sumandos se desconocen, menos polarizar o permitir violencia con silencio cómplice ¿Por qué no cobran ellas esa tasa y se lo endilgan a la empresa?, quizá por comodidad y a saber la pegas legales que pondrían para continuar con la distribución.
¡Las cosas claras!, que es justamente lo que ciertas Munis no hacen.