La ONU y sus cuervos

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada

No tengo claro cómo Balakrishnan Rajagopal, el relator especial de la ONU sobre “el derecho a una vivienda adecuada”, llegó al país. Tal vez fue invitado por el gobierno como parte de su estrategia de construcción de una red internacional de apoyo, o posiblemente vino sin previo aviso en una de esas visitas "in loco" que realizan los funcionarios internacionales cuando turistean por el mundo. En cualquier caso, lo relevante no es cómo llegó, sino lo que manifestó antes de partir cuando hizo "un llamado al gobierno para detener los desalojos y reconsiderar el enfoque legal sobre la propiedad privada".

El mencionado personaje, abogado de ascendencia india, se describe a sí mismo como un "experto en varias materias", y ocupa el citado cargo desde 2020. Sin embargo, resulta difícil encontrar información básica sobre él, como su fecha de nacimiento o su nacionalidad, lo que genera un grado desconcertante de secretismo. Se trata de alguien que percibe puntualmente sus ingresos gracias a los impuestos que pagamos, además de vivienda y jubilación, aunque parece cuestionarse que los demás conservemos lo que legítimamente adquirimos libremente.

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada, por cierto protegida por la constitución. Eso me parece, cuanto menos, irracional. No obstante, viniendo de una entidad como las Naciones Unidas, parte de cuyas agencias han sido cuestionadas, por ejemplo, en Gaza por contratar a personas cercanas a grupos terroristas como Hamas, incluyen y privilegian a la  dictadura cubana en su consejo de derechos humanos, o no señalan ni condenan contundentemente los regímenes de Venezuela, Nicaragua o Cuba, resulta comprensible. Por tanto, no sorprende la postura de ciertos líderes, incluyendo al actual presidente de los EE. UU., cuando manifiestan su voluntad de retirarse de determinados organismos debido a su manipulación e ineficiencia. En resumen, Naciones Unidas parece haberse convertido en un club de izquierdistas que no practican lo que predican: pagar más impuestos y evitar los privilegios. La mayoría de sus miembros -como ocurre en otros organismos internacionales- están exentos de ciertos impuestos tanto en el país donde trabajan como en su país de origen, disfrutan de privilegios de inmunidad, generosas jubilaciones, y -sin ningun escrúpulo- aprovechan los salarios "de miseria" que ellos mismos critican en los países donde operan, pero que son los que pagan a los nacionales que contratan para su servicio.

Que un comisionado internacional sobre “el derecho a una vivienda adecuada” haya podido afirmar, sin recibir respuesta o reprimenda por parte del gobierno, que es necesario detener los desalojos -lo cual equivale a promover y garantizar la invasión de propiedad privada por parte de grupos de delincuentes-, y que además se le haya permitido concluir su idea al proponer esa barbaridad sobre "repensar la propiedad privada", refleja el grado de cobardía y servilismo de quienes nos gobiernan. ¡Y no justifiquen esas acciones bajo el calificativo de prudencia!

Es importante que esos personajes vivan la experiencia de ver cómo sus propiedades, que resguardan en países donde no intervienen, son invadidas y expropiadas por gobiernos dictatoriales a los que tampoco confrontan ni condenan. Así podríamos ver si continúan incorporando esas ideas en discursos políticamente correctos para cierto público extremista. No debemos olvidar que el actual presidente, cuando era candidato, reconoció, en una entrevista, que el derecho a la propiedad no está en cuestionamiento, por lo que esas declaraciones de voceros de organismos internacionales deben de ser contestadas con suficiente contundencia, para evitar palancas discursivas que generen o pretendan justificar la conflictividad.

¡Las cosas parecen no suceder por casualidad!

El kit de supervivencia política

Mientras tanto, cierta fuerzas políticas se reconfiguran sobre nuevos liderazgos, aunque con tendencia hacia la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

A diferencia de gobiernos anteriores, para el actual no hay encuestas publicadas de popularidad. Aunque algunos rumores y datos se han filtrado, no existe la posibilidad de comparar, como antes se hacía, la aceptación del gobierno -o de sus miembros-, a lo largo de un determinado periodo de tiempo, en relación con sus antecesores. El silencio, la discreción y, en algunos casos, el ocultamiento de las encuestas realizadas, han sido la norma dominante en esta administración. Ese enfoque sugiere una razón clara y única: la popularidad ha caído drásticamente y prefieren silenciar los resultados que algunos sitúan en torno al 20%, o incluso menos.

Conscientes de la situación al no contar con un apoyo interno suficiente, debido al incumplimiento de promesas a grupos indígenas, exiliados y otros sectores que esperaban un cambio real, el gobierno ha optado por desarrollar una estrategia de búsqueda de apoyo externo. Considerando el escenario de baja aceptación más allá de 2026, parecen haber establecido una especie de red con diferentes regiones y organismos internacionales.

Por ejemplo, han delegaron la seguridad nacional a los Estados Unidos, quienes gestionarán puertos y aeropuertos, y controlarán entradas y salidas de personas y mercancías. En materia de justicia, se han apoyado en el sistema de la ONU, de ahí la visita al país -y el informe- de la relatora especial para la independencia judicial. Respecto a la Unión Europea, trabajan en el reforzamiento de declaraciones de rechazo y exclusión de ciertas personas, lo que permite congelar fondos en bancos europeos, pero también coordinan y difunden fotos de visitas de embajadores a presos emblemáticos. La Organización de Estados Americanos ha sido el foro elegido para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observe y apoye la democracia en el país y la observancia de los DD. HH., motivados por preguntas formuladas por el Procurador General de la Nación o visitas in loco, de trabajo o de “cortesía” llevadas a cabo en Guatemala. Además, han establecido vínculos con otros organismos internacionales sobre derechos humanos, desarrollo social y finanzas, incluyendo instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversas organizaciones no gubernamentales, particularmente relacionadas con la justicia. Medios de comunicación y analistas nacionales e internacionales -conscientes o no- apoyan este plan al minimizar errores del gobierno o, simplemente, replicando sin cuestionamiento alguno la narrativa oficial, en un esfuerzo de presentar lo vigente como lo mejor posible en comparación con lo habido.

El objetivo político-estratégico es evidente y requiere tejer una amplia red que lleva tiempo. Quizá eso justifique el nombramiento de embajadores no provenientes de carrera diplomática en puestos estratégicos, con la misión de consolidar este entramado internacional, listo para ejercer presión o defensa si las circunstancias lo ameritan. Sin embargo, el ámbito internacional tiene un límite frente a la dinámica política nacional. Aunque presionen, sancionen o incluso empleen formas de moderno neocolonialismo, con el fin de influir en la política interna, sus acciones suelen ser complementarias y no decisivas. Así, la pérdida de apoyo popular es un obstáculo considerable para recobrar la confianza y, sobre todo, para implementar políticas públicas de interés para el ciudadano y elevar la confianza en el gobierno.

Por otro lado, el soporte que se tenían en Washington durante la administración de Biden, se ha desvanecido, y aquellos que temen regresar se han vuelto los más críticos de un gobierno que no genera confianza y sufre, además, una visible implosión interna. Mientras tanto, cierta fuerzas políticas se reconfiguran sobre nuevos liderazgos, aunque con tendencia hacia la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

En resumen, parece que estamos lidiando con más de lo mismo de siempre.

El enjambre de sismos

La realidad es más grave, y nadie parece dispuesto a asumir su costo, que además no recae únicamente en la administración actual

Es evidente que nadie está verdaderamente preparado para enfrentar alrededor de mil temblores en el lapso de una semana. Sin embargo, parece que este país no ha aprendido de experiencias pasadas ni de situaciones que deberían haber promovido mejoras en los servicios de atención a catástrofes, tanto en términos materiales como en el diseño de la organización y su financiamiento. Un ejemplo claro de esta mala inercia es la situación de los bomberos, quienes continúan solicitando donaciones en alcancías deterioradas en las entradas y salidas de diversas localidades.

Además, la capacidad de comunicación estratégica y el deber de informar de las autoridades de manera veraz a la ciudadanía, sobre la realidad de las distintas situaciones, son áreas en las que aún ha que progresar. Al día siguiente del sismo principal, y pasadas las 9 de la mañana -porque antes incluso parecía que no pasaba nada- el presidente fue visto recorriendo las calles de Santa María de Jesús, escoltado por un grupo de autoridades, transmitiendo visual y verbalmente una imagen de relativa normalidad. En los días siguientes, algunos diputados -del partido SEMILLA o RAICES, porque ya no se sabe a cual se adscriben- presentaron un panorama muy diferente y más drástico, y se atribuyeron logros de ayudas que, en realidad, fueron proporcionadas por ciudadanos altruistas o financiadas con fondos públicos. Esta es una clásica inversión de políticos oportunistas que no dudan en sacar provecho de cualquier situación, siempre que les garantice algún dividendo político.  ¡Cómo odio y rechazo esa actitud depredadora!

La realidad es más grave, y nadie parece dispuesto a asumir su costo, que además no recae únicamente en la administración actual. Lo que conocemos es que hay verdaderas tragedias personales en familias con casas dañadas, quienes necesitan urgentemente un lugar seguro donde vivir y acceso a alimentos, pero la colapsada infraestructura vial complica los diferentes apoyos, según informó la gobernadora. Los recursos deben llegar por caminos y largos trechos a pie o por vía aérea, lo que limita y complica el auxilio. Probablemente, conoceremos el verdadero alcance de los daños y las respuestas oficiales -como pasó con las inundaciones de Valencia (España)- tiempo después, cuando los políticos decidan hablar de manera clara y oportuna, una vez se ponga de acuerdo.

Este desastre natural, que siempre se intenta encarar desde la política, se ha producido paralelamente a un poco ruidoso debate nacional de carácter técnico -y por tanto reducido en su dimensión- sobre el endeudamiento público que el gobierno planea hacer, apoyándose en informes del FMI, aunque en moneda diferente. El organismo internacional continuamente sostiene que hay margen para contratar mayor deuda, lo cual aquí se adopta como mandamiento bíblico para justificar un presupuesto superior al deseable, aunque el actual ni siquiera haya sido gestionado con efectividad. ¿La razón? La persistente corrupción, cuya narrativa inicial sirvió como excusa, pero que ahora está agotada y resulta inaceptable un año y medio después, porque ya deberían haber  logrado erradicarla.

Los sismos, insensibles a tiempos políticos y votos, han expuesto los sistemas ineficientes que algunos afirman haber construido, así como fallas en comunicación y las estrategias económico-financieras que generalmente aplican. En un país como este, plagado de eventos varios, solemos tapar un escándalo con otro, usando la lógica popular de que un clavo saca a otro clavo. Como resultado, este asunto del sismo se disipará en unas semanas, seguido por otra situación igualmente imprevisible que nos ocupará y nos llevará a cerrar un tema para enfocarnos en el siguiente, seguramente igual de indeseable.

Dato mata relato

La deuda por emisión de bonos y préstamos aumentó de Q9.8 millardos en 2024 a Q25 millardos en 2025, con una cantidad similar prevista en el presupuesto para 2026.

Sin duda alguna, este es el gobierno que recibe mayor indulgencia por parte de la mayoría de los medios de comunicación. Mucho se pasa por alto o simplemente se trata de manera "suave", evitando el rechazo que situaciones similares provocaron en administraciones anteriores. Ni las contrataciones a dedo de amigos e hijos de miembros del partido, ni los gastos conocidos o los comportamientos inapropiados de ciertos diputados, han bastado para encender la indignación entre quienes, en el pasado, se escandalizaron por cuestiones similares. Esto no sorprende; la hipocresía nacional se ha convertido casi en un símbolo patrio.

A mediados de junio, la ejecución presupuestaria nacional promediaba un 36%. Esta cifra sobrepasaba el 20% ejecutado por los ministerios de Agricultura y Ambiente, el 22% de Cultura y Deportes, el 25% de Comunicaciones, y el 27% de Economía, Energía y Minas, además de otros ministerios como Trabajo, Salud, Gobernación, Defensa, Relaciones Exteriores y Finanzas. Sin embargo, hay un contraste con el mayor gasto de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el pago de la deuda externa, las secretarías y el Ministerio de Educación. Esos datos reflejan claramente el deterioro del "corazón" de la política social del país, eje esencial del implosionado partido SEMILLA. Además, hacia finales del mismo mes, la baja ejecución presupuestaria en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) era alarmante, alcanzando apenas un 17% del presupuesto asignado. Muchos de estos, como Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y Chiquimula, presentan cifras aún menores, intensificando el déficit social antes mencionado y afectando otros vectores de desarrollo departamental.

En contraste, la deuda por emisión de bonos y préstamos aumentó de Q9.8 millardos en 2024 a Q25 millardos en 2025, con una cantidad similar prevista en el presupuesto para 2026. Es posible que en esta administración la deuda se acumule hasta alcanzar Q60 millardos en tres años, dinero que tendremos que saldar los contribuyentes, y cuyos resultados no son evidentes ni está claro cómo se destinarán los fondos, según los datos visibles en los sistemas oficiales hasta la fecha

Por si no fuera suficiente, el gobierno planea solicitar, según una publicación de uno de los pocos medios que informa sobre estos despropósitos, un nuevo préstamo de $400 millones (más de Q3 millardos) preautorizado por el Banco Mundial. La intención es financiar la rehabilitación de 640 kilómetros de carreteras y caminos rurales, a pesar de la ya baja ejecución de los más de Q12 mil millones asignados a los CODEDES

Este escenario económico-financiero se desarrolla en un contexto de absoluta inacción presidencial, y por ende del poder ejecutivo, y se ve exacerbado por dos escándalos sin clarificar. El primero se refiere al aumento -a la fecha- del 16% en homicidios con arma de fuego y la adquisición inadecuada de armas cortas para la policía. El segundo, a la prolongación en el cargo del ministro de Defensa Nacional, en contravención de la ley constitutiva del Ejército. Estos problemas se suman al hallazgo en España de cargamentos de drogas en contenedores guatemaltecos y los incidentes aún no explicados en la frontera de La Mesilla, Huehuetenango.

A pesar de todo, no debemos esperar mucho de medios, analistas y críticos que ya forman parte del ideologizado y polarizado sistema nacional, donde las acciones son reprobables si las realizan los opositores, pero completamente justificadas si vienen de nuestros aliados. No hemos salido de la polarización ni del discurso interesado sobre justicia, corrupción o clientelismo, porque, en el fondo, muchos de estos medios y críticos solo buscan favores, ventajas y posicionamientos doctrinarios favorables.