Pérdidas multimillonarias

Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar

Que militares norteamericanos vayan a ampliar los puertos y que tecnología estadounidense controle los aeropuertos nacionales no es casualidad ni dejadez gubernamental. Nada se mueve sin cálculo. Todo responde a un plan perfectamente diseñado para cerrar -con candado made in USA- las puertas de entrada y salida del narcotráfico, pero también de los millonarios flujos que acompañan a transacciones informales de mercaderías, dinero y personas. Washington se asegura de que el caos no se desborde, y desde aquí se aprieta el grifo de quienes por tiempo hicieron fortunas gracias al “desorden organizado”. 

Y como las coincidencias no existen, justo durante esas actuaciones se fugan mareros de prisión y desaparecen armas de una base militar. Nada menor. El primer episodio termina con la destitución del ministro de Gobernación; el segundo debilita al de Defensa. ¿Chapuzas monumentales de dos funcionarios incompetentes o acciones pensadas para sacarlos del tablero? Todo apunta a lo segundo. Ambos ministros son responsables de la seguridad y, con puertos y aeropuertos bajo control extranjero el cerco se cierra desde dos frentes, y a algunos no les gustó.

Es evidente que Estados Unidos -por petición del gobierno, aunque también por puro interés estratégico- se está haciendo cargo de la seguridad nacional; una inversión geopolítica. El Ejecutivo se lava las manos con jabón importado, los norteamericanos aseguran las zonas de ingreso y salida, y juntos sonríen frente a las cámaras. Y, en compensación, el país recibe la retirada de los aranceles impuestos hace unos meses y un par de beneficios extras. Nada es gratis, pero teniendo en cuenta el precio de combatir al narcotráfico y el crimen organizado, el trato no parece malo. En tiempos de la Guerra Fría poníamos los muertos; ahora, por lo visto, otros pondrán la cara. Algo hemos ganado.

Pero no todo el mundo celebra. Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar, y eso es precisamente lo que representan estas nuevas medidas: pérdidas colosales en tráfico de drogas, lavado de dinero y control de rutas. La violencia que se vive no es consecuencia de un “incremento natural del crimen”, como alegan algunos distraídos, sino un claro mensaje de quienes ven cómo su negocio se desmorona. No son amateurs, golpean donde duele y saben cómo exhibir un Estado que parece inútil para defenderse. Además, demasiados políticos y candidatos reciben parte del botín, o están endeudados con sus financistas.

Para colmo, desde el Congreso ya no controlan comisiones clave de seguridad y defensa, y si no pueden apagar radares, sus aviones con carga dudosa no vuelan tranquilos. Sin aduanas dóciles, el flujo se vuelve caro e impredecible, y si también los puertos están supervisados por militares que hablan inglés, el margen de maniobra se reduce al mínimo.

Así se empieza a construir estratégicamente una autopista hacia la optimización de recursos contra el crimen organizado. Que otros hagan el trabajo sucio, al menos por esta vez, parece extraordinariamente rentable. Claro, tiene costos políticos, diplomáticos y de soberanía simbólica, pero en un país donde la soberanía real la han controlado por décadas otros, la discusión se vuelve irónica.

En resumen, lo que vemos hoy no es improvisación ni caos, sino confrontación. Una batalla entre un Estado que intenta alquilar músculo extranjero y mafias que no están dispuestas a renunciar a sus millonarias ganancias. Que el reacomodo traiga paz, control o simplemente una guerra más sofisticada, está por verse. Lo único seguro es que nadie está jugando a medias. Aquí todos mueven grandes piezas en un tablero tropicalizado.

Diplomacia a la carta

Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna.

En política nada es casual, mucho menos cuando encuestas y sondeos de opinión dejan de ser aliados. Con enorme desgaste y caída sostenida en índices de aprobación, el gobierno apuesta por trasladar su centro de legitimidad al plano internacional. Si el apoyo doméstico flaquea queda la diplomacia, donde los discursos suenan con mayor eco y los aplausos duran más que la memoria nacional.

En ese tablero encaja una red de apoyo político internacional, discreta pero visible en momentos de crisis. Está integrada por exfuncionarios, diplomáticos, académicos y organizaciones militantes en medios y redes, junto a organismos y exembajadores que sirven de enlace en la construcción de legitimidad exterior.

Uno de los escenarios donde mejor se exhibe este entramado es la Organización de los Estados Americanos (OEA), foro que suele disfrazarse de neutralidad mientras juega a la alta política. No es la primera vez que la OEA se convierte en escenario de drama latinoamericano, pero el guion es tan evidente como en 2023. La designación de la Secretaría Adjunta -gentileza del presidente colombiano- y la de Sebastián Kraljevich como Secretario para Fortalecimiento de la Democracia -cortesía de Gabriel Boric-, y que recientemente visitó Guatemala-, coronaron el avance del progresismo regional. Washington apretó los dientes -sin embajador en aquel foro y momento porque no había sido designado por el Gobierno de Trump- por esos dos pivotes ideológicos dentro del sistema interamericano, justo cuando Petro enfrenta tensiones por su inclusión en la lista OFAC. Por otro lado, está la sesión extraordinaria solicitada por Guatemala para discutir las tensiones derivadas de acciones judiciales, cuya declaración es diplomática e inofensiva, pero respalda al pueblo y gobierno e insta al respeto de la Constitución. Un comunicado correcto y útil para redes oficiales, aunque la jugada sirvió para proporcionar oxígeno político.

Pero la diplomacia no es un juego de un único actor y la congresista Salazar pidió públicamente la remoción del embajador estadounidense y del encargado de negocios en Guatemala, acusándolos de injerencia política. La solicitud no fue un arrebato improvisado: provino de alguien influyente que difícilmente habría desafiado al Departamento de Estado sin señales previas, lo que revela fisuras y deja abierta la posibilidad de ajustes diplomáticos. A ello se suma el nombramiento de una misión política de observación para 2026 que genera suspicacias por un detalle técnico: es normal que la OEA envíe observadores a elecciones generales -por tratarse de derechos políticos-, pero no que un órgano político supervise elecciones internas de órganos técnicos de control. La OEA parece querer estar cerca de procesos que, en teoría, deberían permanecer al margen de presiones políticas. Una batalla silenciosa pero profunda: la pugna entre el progresismo articulado y el conservadurismo debilitado dentro de los organismos multilaterales.

Es previsible que el 2026 traiga una ofensiva comunicacional con varios objetivos: legitimar la misión electoral de la OEA, multiplicar los pronunciamientos sobre la “democracia en riesgo” y presionar a ciertos sectores nacionales. El guion no es nuevo: se repite cada vez que el poder necesita revestirse de causa moral para alinear los órganos de control. Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna y persigue poner en cargos clave a perfiles afines.

La pregunta que queda es si los actores nacionales sabrán distinguir entre el acompañamiento legítimo y la presión ideológica, o si volverán a ceder el terreno del debate político a los intereses externos que, bajo el pretexto de la democracia, solo buscan mantener su influencia. Porque en el tablero internacional, como en la política local, las alianzas rara vez son altruistas.

La rentabilidad de los muertos

En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica.

Durante décadas, en España se repitió con solemnidad que la Guerra Civil había dejado “un millón de muertos”. La cifra aparecía en los monolitos conmemorativos, grabada como una verdad incuestionable. Un respetado escritor, José María Gironella, la elevó a categoría literaria en su novela Un millón de muertos (1961), el segundo tomo de su trilogía sobre la contienda. El dato, como suele ocurrir era más emocional que exacto. Cuando los historiadores -sin consignas- empezaron a contar de verdad, las cifras se desinflaron. Los caídos en combate se estiman entre 150 y 200 mil, y añadiendo fusilamientos, hambre y enfermedades, el total alcanza el medio millón. Es decir, la mitad. La aritmética del dolor resultó menos épica que la propaganda.

En Guatemala sucedió algo parecido. Durante años se repitió, con tono monocorde y moralmente irrebatible, que el conflicto armado interno había dejado 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. La cifra se volvió parte del relato oficial, reproducida en informes, conmemoraciones y discursos. Sin embargo, investigaciones más meticulosas la ponen en duda. El sociólogo e historiador Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), estima un máximo de 46 mil fallecidos y un cálculo razonable de 37 mil. No son números improvisados, sino fruto de un análisis detallado de registros, reportes y datos demográficos. Cuando le pregunté si había recibido críticas fundadas, Sabino me respondió: “Comentarios razonados, ninguno; críticas, muchas”.

Y tenía razón. En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica. En las guerras, los cadáveres no solo pesan: también valen. El fenómeno no es exclusivo de España ni de Guatemala. En Yugoslavia, las estimaciones sobre las víctimas de los Balcanes también variaron con el viento político. Y ahora, el guion se repite en Gaza.

Los portavoces de Hamás hablan de 60 o 66 mil muertos, una cifra sin verificación. Pero un tuitero -no un medio, no una ONG, sino un simple ciudadano con tiempo y curiosidad- ha decidió hacer lo que los grandes organismos ignoran: verificar. Utilizando imágenes satelitales, coordenadas de cementerios y fotografías comparativas, revisó los lugares de entierro entre octubre 2023 y diciembre 2024. El resultado fue incómodo: los movimientos de tierra no coincidían con el supuesto número de víctimas que se pueden cifrar entre 5 y 6 mil. Algunos cementerios no mostraban actividad; otros revelaban entierros normales, sin rastro de las decenas de miles de fosas que el relato mediático aseguraba. El investigador concluyó con mordaz claridad: “A medida que la realidad desmonta el relato construido por el Ministerio de Hamás, algunos han decidido que los cadáveres están bajo los escombros. Se equivocan otra vez. Todo está fotografiado y geolocalizado”.

La frase resume el dilema contemporáneo: vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación profesionalizada. La inflación de muertos no es solo un error; es una estrategia. Aumentar las cifras produce impacto, condenas, sanciones, donaciones y titulares. En otras palabras: los muertos dan réditos. Cada cadáver adicional se convierte en argumento político, en munición para la propaganda o en excusa para la cooperación internacional. El dolor se administra como capital simbólico, y quien controla el relato controla también la compasión ajena. Lo irónico es que las mismas herramientas tecnológicas utilizadas para fabricar “fake news” son las que permiten refutarlas. Eso sí, requiere algo escaso en esta época: tiempo, paciencia y espíritu crítico.Y aunque suene cruel, la historia reciente confirma una vieja verdad: los muertos no descansan en paz… si aún pueden producir ganancias.

Entre fugas, compras y excusas

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”.

Sin haberse aclarado todavía el misterio de los veinte pandilleros fugados -¿serán solamente veinte?, porque nadie ha podido confirmarlo-, salta a escena otro capítulo del inagotable drama nacional: las compras a través de UNOPS. Y como es costumbre, pasamos de un escándalo a otro sin digerir el anterior, con la misma velocidad con la que cambiamos de tema en las sobremesas.

Intentar comprender ambos casos es casi un ejercicio de escapismo intelectual: unos aprovechan para arremeter contra el gobierno -y razones no les faltan-, mientras otros exigen explicaciones por dos hechos evidentes: faltan reos peligrosos en las cárceles y sobran justificaciones en la compra de medicamentos. Y, por si la trama parecía flaquear, desde Petén llega un tercer acto: la desaparición de armamento, como si las bases militares fueran mercados abiertos donde cada uno agarra lo que necesita.

El guion, sin embargo, es siempre el mismo: “ya se presentó la denuncia en el Ministerio Público”. Una frase mágica que lo cura todo, desde la pérdida de un teléfono hasta la fuga de criminales o el extravío de fusiles y lanzagranadas. Con eso basta para tranquilizar conciencias y, de paso, sacudir responsabilidades. Porque aquí, el deporte nacional no es el fútbol, sino lavarse las manos y mirar hacia otro lado.

En el caso de las cárceles, dicen que las cámaras no funcionaban y que el conteo de presos era más una tradición que un procedimiento. En el de UNOPS, que hubo “ahorros”, aunque nadie se atreve a decir cómo se calcularon; además, parece que las normas se cumplen a la carta y los costos de gestión se esconden debajo de la alfombra. Y en el ejército, decenas de fusiles, miles de cartuchos y hasta lanzagranadas se desvanecen como si el inventario lo llevara Houdini.

Pero claro, nada de esto sorprende. Ya nos acostumbramos a que un clavo saque otro clavo, y que cada semana aparezca un escándalo más brillante, más fino y aparatoso que el anterior. El país sigue su marcha, saltando de crisis en crisis, sin resolver ninguna, pero siempre entretenido. Porque, al final, aquí lo importante no es la verdad, sino tener tema nuevo cada semana.

Lo cierto es que toda esta debacle nacional no es mérito exclusivo de este gobierno, sino la dinámica natural del sistema. Da la impresión de que los delitos por omisión no existen en los libros de Derecho -ni en el código penal-, aunque tampoco se persiguen los de acción. Quizá porque son tantos, que ya ni vale la pena intentarlo.

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”. Una especie de mediador burocrático que tranquiliza conciencias, pero no resuelve nada. Ya lo vimos en el gobierno anterior, cuando, pese a estar dirigida por un exfiscal de “buena impresión”, sirvió exactamente para lo mismo que ahora: para nada. Si sirviera de algo, no existiría esa plaga de contratos a dedo para “influencers” -muchachitos que cobran por manejar redes y elogiar al jefe-, ni los infaltables parientes o cercanos afectivos. Antes eran plazas fantasma; ahora son fantasmas que ocupan plazas. Vayan o no vayan a trabajar, firmen o no, figuren o se escondan, el resultado es el mismo: favoritismo institucionalizado. Un asco nacional al que nos acostumbramos.

Total, en este país nada desaparece del todo: ni los reos, ni las armas, ni la vergüenza. Solo la memoria colectiva, que se fuga puntualmente cada semana.

El mensaje dominical: Más de lo mismo ¡Ayuda!, pero que lo hagan otros, porque ya pusimos la denuncia en el MP.

Un escándalo que nos desnuda

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles 

Lo que comenzó como una crisis más terminó, cómo no, en un escándalo monumental. Veinte reos peligrosos se fugaron de un penal y, hasta hoy, nadie logra explicar cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables. Las autoridades, muy diligentes como siempre, se enteraron “unos días después”. La noticia se publicó en las redes -porque nada escapa al internet- filtrada por alguien que, casualmente, podría estar relacionado, como parte de la estrategia, junto con otros socios o amigos de dudosas intenciones. Todo tan perfectamente coordinado que ni en Hollywood: desde la planeación hasta la difusión. No quedó mucho sin orquestar y la ausencia del presidente, que andaba por el Vaticano -los milagros siempre son bienvenidos-, pero también por el puente del 20 de octubre, deja tocada la investigación.

El saldo -de momento- es una cúpula del ministerio de gobernación cesada y un gobierno tambaleante. La pregunta, digna de cualquier thriller político, es obvia: ¿quién gana con todo esto? La respuesta, en cambio, no tan sencilla, aunque seguramente, y entre todos, podemos elaborarla.

Seamos sinceros, ¿a quién le conviene un país desordenado, sin rumbo, con una imagen por los suelos y sin garantías de nada? Pues a los de siempre, a los que viven de las coimas en las aduanas, los millones que generan las prisiones, las comisiones infladas en la construcción y la corrupción que ya parece patrimonio cultural.

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles: una nueva cárcel de máxima seguridad, un censo penitenciario, una fuerza anticorrupción y cooperación internacional. Actuaciones que suenan bien en rueda de prensa o en programas electorales, pero que probablemente se diluyan antes del 2027. Otro capítulo del libro “Cómo aparentar gobernar sin morir en el intento”.

Y mientras tanto, algunos analistas -siempre tan prudentes ellos- siguen pendientes de las consecuencias, e ignoran las causas. Celebran el nombramiento de un nuevo ministro y dos viceministros como si fueran la salvación. El primero, un juez respetado, aunque sin experiencia en el caos que le espera. Pero claro, aquí seguimos creyendo que el talento es transferible: si fuiste buen juez, serás buen ministro; si fuiste buen diplomático, serás buen político; si fuiste leal, serás buen asesor designado a dedo. Una suerte de falacia que adoptamos con gusto, y como resultado tenemos lo que nos merecemos, pero también aquello a lo que nos parecemos.

Pronto, inevitablemente, volverá la desilusión. Es nuestro ciclo natural: la esperanza breve, el desencanto rápido y el olvido inmediato. Seguiremos confiando en personas sin exigirles resultados, institucionalidad ni capacidad de gestión. Total, siempre hay otro escándalo en camino que puede tapar el anterior.

Gobernar exige carácter, visión y decisión. Tres cosas que esta administración ha extraviado, quizá en el mismo penal del que se fugaron los presos. El miedo y el pasado siguen dictando la agenda, y la improvisación se ha convertido en política de Estado. La inacción no solo apesta: huele a costumbre.

No hay buenos momentos para tomar decisiones difíciles, pero no tomarlas nunca es peor. El país necesita una revisión seria de sus autoridades, de sus mandatos y de sus prioridades. Aguantar a quienes no sirven, a pesar de haber sido elegidos -y el alcalde capitalino es uno más en la lista- no puede seguir siendo el principio rector de la política nacional, lo que lleva a pensar en una norma de rescisión del mandato de la autoridad. Porque si algo ha demostrado la política nacional, independientemente del gobierno de turno, es que cuando parece que tocamos fondo siempre hay un piso más abajo.

De vocación diplomático

La falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización

Escuché una frase que describe muy acertadamente al presidente Arévalo: "Quiso ser diplomático, que era lo suyo, pero terminó de presidente, algo que no esperaba". 

La Ley de Murphy se hizo presente en las elecciones de 2023, mostrando que "si algo puede salir mal, saldrá mal". Además, no podemos ignorar tampoco el Principio de Peter, que establece que "toda persona que realiza bien su trabajo es promovida hasta llegar a un puesto donde ya no es capaz de cumplir sus funciones, alcanzando su máximo nivel de incompetencia”; así hemos llegado al presente mes de octubre.

La última encuesta conocida refleja clara y contundente la baja aceptación presidencial. Comparado con sus predecesores o incluso con la fiscal general, el presidente supera a algunos y casi iguala a otros en términos de desaprobación; no puede escapar de esta realidad, aunque se pretenda minimizar las críticas y se ignoren acciones y situaciones que antes se evidenciaban constantemente.

Hay que reconocer, no obstante, que cuando se reúne con autoridades extranjeras, proyecta una imagen cuasi divina, y muy apreciada tanto a nivel interno como externo. Se pudo observar en reuniones en México, Estados Unidos y recientemente en el Vaticano. Posiblemente sería un excelente embajador, quizás su verdadera vocación, pero no cumple con el perfil del presidente que se esperaba para liderar un cambio en el país, y seguimos igual, o incluso peor en ciertos aspectos.

Es más apto para seguir directrices de otros que para estar al frente del grupo. No posee virtudes esenciales como carácter, energía, determinación o capacidad de decisión y empuje, cualidades necesarias para presidir un país. Carece de la habilidad de crear espacios de convergencia, fundamental en la política, y es sumamente influenciable, debilidades que lo esquinan al papel de subordinado, lejos de la capacidad de mando y toma de decisiones de quien está al frente. Lo dijo Aristóteles en su obra Política: "algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer".

Y es que en ciertas situaciones no cabe la indiferencia ni la indecisión porque hay que adoptar una posición clara y contundente. El país lleva tiempo detenido y se esperaban acciones decididas de esta administración para superar etapas críticas. Sin embargo, la energía necesaria no surgió, y la esperanza de cambio se ha diluido, además con aprendizaje acelerado de facciones corruptas que serán quienes lideren el próximo proceso electoral.

El temor -o el miedo- cuando no puede ser superado limita las decisiones que es necesario tomar. La inacción es incompatible con el ejercicio del poder, y de la misma manera que un general temeroso no es adecuado para liderar en una batalla, tampoco alguien que está al frente de una nación puede ser timorato. Además, la falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización. Las palabras grandilocuentes y los discursos barrocos no hacen política y, a lo sumo, adornan el efímero momento. 

Cuando se quiere dirigir es necesario estar preparado, haber dedicado años y esfuerzo en prepararse y contar con una práctica mínima y exitosa y, sobre todo, ser coherente y honesto respecto de las capacidades con las que se cuentan. Lo demás es soberbia, y me da que en este caso hay mucho más de la segunda que de lo primero. No se pasa a la historia por inútil, aunque si por cobarde.

La noticia de la evasión de 20 reclusos peligrosos es la guinda del pastel. Igual la visita al Vaticano nos trae un milagro, y termina con este inútil calvario. 

Mareros terroristas ¿Para qué?

Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población 

Los diputados se afanan en promover un debaten inútil por aprobar una norma que no tendrá mucho impacto: la declaración de ciertas maras como terroristas. 

El delito de terrorismo ya está tipificado en el código penal, independientemente de cómo esté redactado, y si gusta o no. Cualquier persona que realice acciones que se ajusten a ese supuesto puede ser procesada legalmente. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una declaración de este tipo sobre un grupo específico por varias razones. Primera, porque no contamos con la capacidad de emprender acciones internacionales como las que si emplean la Unión Europea o los Estados Unidos, que pueden implementar medidas como congelar cuentas, promover búsquedas internacionales, prohibir ciertas actividades o incluso usar la fuerza contra quienes sean declarados terroristas. Razones por las que elaboran sus listas de actores y organizaciones terroristas. Segunda, el código penal guatemalteco sanciona acciones delictivas, no simplemente la pertenencia a un grupo, ya que se debe demostrar primero que realmente se forma parte de dichas organizaciones, lo que trae en jaque, entre otras cosas, a la justicia salvadoreña y la detención de mareros.

Hay diversas propuestas para reducir el ámbito de acción de los grupos delictivos, pero parece que los diputados no quieren abordar el problema de fondo, y prefieren debatir teorías para mostrar que están preocupados. Podrían, por ejemplo, incrementarse las penas para aquellos que posean, introduzcan o permitan el ingreso de celulares en las prisiones, y que esas sanciones sean el doble para quienes son responsables del control de la cárcel. También es esencial aumentar las penas para menores que cometen homicidios, y que sean trasladados a las cárceles al cumplir la mayoría de edad, en lugar de mantenerlos en reformatorios juveniles. La portación ilegal de armas y su uso irresponsable no debería poder acogerse a la aceptación de cargos como medio de reducir el castigo, sino que tendrían que cumplir las penas señaladas, que también podrían aumentarse. 

El fiscal de delitos contra la vida mencionó que el 99% de los homicidios se cometen utilizando motocicletas, lo que pone de manifiesto la necesidad de limitar el uso de motos sin placa, sin licencia de conducir o con exceso de pasajeros, algo muy sencillo pero que tampoco se aborda. Por último, el dinero de extorsiones y otros delitos se blanquea en el sistema financiero, por lo que una ley para detener esto ayudaría a reducir la capacidad de acción de muchos delincuentes dentro y fuera de las cárceles.

En definitiva, el problema radica fundamentalmente en la falta de control de los establecimientos penitenciarios y en leyes -y tribunales- que no cumplen con sus obligaciones. Y aunque la explicación es sencilla, parece no haber mucho interés político en arreglar el problema, ya que una parte significativamente importante del financiamiento electoral proviene de sectores delincuenciales o corruptos, y cerrar estos canales significaría la desaparición de muchas agrupaciones políticas. Por lo tanto, para nuestros "honorables" es más cómodo perder el tiempo debatiendo trivialidades. 

Arreglar el problema es sencillo, pero no rentable políticamente hablando. Cuando no hay beneficio pero sí un costo importante, es más fácil postergar las reformas. Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población organizados, sin los requisitos vinculatorios que incorpora la definición de terrorismo tradicional.

En resumen, existen soluciones, pero lo que falta es voluntad, capacidad y ganas. Actualmente, asistimos a una pérdida de tiempo que emboba a algunos, distrae a otros y satisface a delincuentes, tanto a los encarcelados como a aquellos que ocupan cargos públicos, que ya no se sabe dónde hay más.

Israel-Hamas: el conflicto

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos

Cuando un grupo terrorista asesina a tus hijos y secuestra a tus nietos en tu propio país, ¿qué le pedirías al gobierno? Esta pregunta debemos formularla antes de emitir un juicio, porque la respuesta guiará las acciones posteriormente. Es necesario establecer principios generales de actuación para estos casos, incluso si las víctimas no son familiares directos, porque siempre serán cercanos a alguien que piensa y siente como uno. Tras la reflexión, puede que no guste la respuesta encontrada, sobre todo si se compara con puntos de vista previos, probablemente prejuiciosos o inducidos.

Es fácil deslegitimar la acción del gobierno israelí. Si Hamas liberara a los rehenes que aún tiene en cautiverio, Netanyahu perdería toda justificación para continuar acciones militares en Gaza y se justificarían críticas, señalamientos y presiones. Al desaparecer los motivos de la legítima defensa, no habría razón para continuar avanzando sobre territorio palestino, y esta sencilla comprensión de la situación también la tienen los terroristas. Saben que liberar a los rehenes podría eliminar la atención de ciertos países que incluso llevaron a cabo acciones similares en sus territorios. Por lo tanto, prefieren continuar con la presión psicológica y propagandística que les genera beneficios políticos y económicos, porque para ellos es una “guerra” mediática y de obtención de fondos.

Las redes sociales, la moda, el relativismo y el progresismo de lo políticamente correcto permiten construir mensajes y opiniones que arrastran a millones de acomodados políticos. La cultura de la aceptación y la cancelación ha permeado, y el deseo de obtener unos pocos "me gusta" y algunos seguidores prevalece sobre el pensamiento crítico. Para muchos, las redes, lejos de ser espacios de libertad de expresión, lo son de autocensura dictada por la burbuja mediática en la que cada uno se inserta y vive, creyendo que es el todo.

Hace tiempo, los Estados tomaron medidas cuando se vieron afectados. Dos ejemplos son considerar actos terroristas aquellos que atentan contra sus diplomáticos o secuestran aviones. Esos acuerdos eliminaron de raíz tales prácticas a finales de los años ochenta; ahora podría ser un buen momento para hacer algo similar. El terrorismo existe porque es alentado y financiado por Estados, grupos y personas, de lo contrario no sería posible. La solución requiere un acuerdo internacional como el que se alcanzó para las situaciones citadas. Sin embargo, ciertos actores pretenden hacer viable el terrorismo como un instrumento político, aunque cuando sucede en su territorio, como el IRA en el Reino Unido, la ETA en España, el movimiento corso en Francia o las FARC en Colombia, comprenden muy bien qué hacer, a pesar de que ahora promuevan lo contrario. No entendieron la línea de acción que definió Golda Meir en la operación “Mivtsá Zaam Hael”, allá por los setenta. 

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos. Es cierto que la respuesta en legítima defensa debe ser proporcional, pero no se puede ignorar que cuando hay personas secuestradas durante meses, la proporcionalidad toma una dimensión diferente a la de una acción inmediata por factores como la angustia, la desesperación, la coacción, el miedo o la presión psicológica.

Nunca es deseable un conflicto, y debe evitarse, pero cuando ocurre es necesario llevarlo a un punto de no repetición, para evitar lo que sucedió en Irak en su momento. Deslegitimar al agresor es fundamental y, en este caso, sería muy sencillo si liberaran a los rehenes. 

Personalmente gustaría que si un familiar estuviera secuestrado se hiciera todo lo posible para liberarlo, y es el principio que aplico para el resto de las personas.

Decepción proyectada al futuro

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres.

Se ha difundido, aunque en foros minoritarios por ahora, un estudio de opinión pública llevado a cabo a principios de septiembre y realizado por encargo a Cid Gallup. En el mismo, se revelan aspectos interesantes a destacar que reflejan tanto el presente como el previsible futuro político-social en el país. 

Un aspecto particularmente alarmante es que el 91% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido político. Las opciones actuales no interesan a la ciudadanía, algo que se evidenció en las elecciones del 2023, donde el voto nulo fue el predominante. En esta ocasión, los partidos VAMOS y SEMILLA apenas alcanzan un simbólico 1% de preferencia, UNE un 3%, y el resto de los partidos se reparten el otro 4%. El panorama, como indica el informe, es desolador.

En otro apartado se analizan las opiniones sobre ciertas figuras públicas, presentando un índice que refleja la diferencia entre favorables y desfavorables. El análisis muestra un rechazo nacional liderado por la fiscal general, con un índice negativo de 48, y el fiscal Curruchiche, con 37. Les siguen, empatados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, con 25. 

El presidente ha caído 46 puntos desde su llegada al poder, alcanzando una opinión desfavorable del 57%, la segunda más alta después del 59% de la fiscal general, y supera en rechazo a Sandra Torres y al resto de candidatos ¡Algo inaudito en la historia política reciente del país!

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres. Sobre esta última es difícil aportar novedades; el segundo se presenta como un "empresario" vinculado a delincuentes como Baldizón; y Arzú, quien ha fracasado en diferentes emprendimientos, está asociado a financistas dudosos y deudas impagadas. De los tres, Arzú cuenta con el índice de aceptación favorable más alto, un 35%, que no supera el índice tradicional de legitimidad de los presidentes en las últimas tres décadas, y que no ha sido suficiente para garantizar una buena gobernanza ¿Es eso lo que nos espera?

Adicionalmente, se observa que las personas mayores de 40 años prefieren a Sandra Torres, al igual que quienes tienen menor nivel de formación académica. Los jóvenes se inclinan por Carlos Pineda, especialmente aquellos con educación secundaria, y quienes cuentan con educación superior, prefieren a Arzú, y suelen tener más de 25 años. No obstante, el 50% de los encuestados, independientemente de su edad o nivel educativo, no optan por ninguno de los candidatos, lo cual recuerda los resultados de 2023, y permite concluir que es posible que el voto en blanco triunfe nuevamente si las condiciones no cambian de manera significativa.

Estamos ante un evidente fracaso de la actual administración, y se vislumbra una peligrosa apertura hacia un populismo que podría profundizar todavía más la crisis. La buena noticia es que queda tiempo para el encuentro electoral del 2027, lo que podría develar nuevos escenarios, hacer caer a quienes actualmente asoman en la mente del votante, surgir alternativas diferentes o modificar procedimientos que permitan al ciudadano, a través del voto en blanco, rechazar democráticamente a aquellos que considera nefastos para liderar el país, aunque sean todos los candidatos que se presenten.

No podemos permitirnos el lujo de dar pasos de cangrejo ni de retomar costumbres políticas depredadoras que por años han conducido a la miseria. Es hora de que el ciudadano se responsabilice y exija calidad y ética en sus candidatos, y deje de guiarse por nombres, emblemas o canciones.

¡Tanto quejarse de los espejitos y la mayoría los compra a diario!

Ideología, hipocresía y odio

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos y el internamiento hospitalario del expresidente Giammattei en Guatemala, ponen de relieve el debate sobre el odio y la ideologización de las opiniones, tanto nacionales como internacionales. George Orwell describió esta dinámica en su libro "1984", refiriéndose a los "dos minutos de odio" que permitían a los ciudadanos de Oceanía liberar su angustia y rencor hacia sus enemigos.

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas. En estas situaciones, se cultiva un rechazo visceral hacia el adversario, en una especie de justificación de creencias sólo sustentadas en una violencia irracional y expedita. El diálogo se pierde, y el insulto, la descalificación y la agresión se convierten en lo más importante y casi único de cualquier opinión. No es aceptable una izquierda asesina ni una derecha criminal, ya que ambos extremos pierden todo sentido ideológico cuando se justifica la muerte de un ser humano con cualquier fundamento. 

Uno de los errores conceptuales históricos de la humanidad ha sido considerar la vida como un derecho más. En realidad, la vida es la condición necesaria para que existan otros derechos, y por eso debe situarse en un plano superior. Ponerla al mismo nivel que la propiedad o la libertad de expresión conlleva el riesgo de que se pueda suprimir -como ocurre con aquellas- en ciertas circunstancias.

No se puede estar en contra del aborto y a favor de la pena de muerte o viceversa. Si se respeta la vida, es necesario hacerlo de manera absoluta, sin acomodar ciertos principios para justificar acciones que calmen la conciencia o abrillanten el alma. El liberalismo es la única doctrina que sienta las bases del irrestricto respeto por el ser humano y su derecho a buscar de la felicidad.

La violencia, sea asesinar a un feto o ejecutar a un delincuente, no tiene justificación en un mundo con principios liberales, precisamente por el valor supremo de la vida. La muerte de Kirk o el deseo de sufrimiento para Giammattei no deben tener cabida en un debate mínimamente racional, a menos que se reemplacen valores y razones por pasiones, creencias y odio, lo cual es lamentablemente promovido por ciertos personajes y desde tribunas extremistas de ambos lados del espectro político.

Lo más desafiante de entender es que ese debate suele darse en sociedades que celebran piadosas jornadas de oración o están fuertemente influenciadas por iglesias, como Estados Unidos y Guatemala. Muchos de quienes proclaman su fe en un dios bondadoso, justifican, en su nombre, normas o prácticas destructivas de la vida, aunque reconocen que no les pertenece, lo que refleja una enorme incongruencia.

Es decepcionante leer o escuchar a personas que desean el sufrimiento ajeno y la peor de las muertes a Giammattei o justifican el asesinato de Kirk, y verlas más tarde criticar las muertes producidas en el conflicto Israel-Hamas en Gaza. No hay justificación, en ningún caso, para sostener tal odio, independientemente del daño o acción punible que pudiera haberse cometido por cualquiera de ellos. 

El respeto por la vida no debe estar condicionado a las acciones del individuo, sino basarse en un principio general que está por encima de la adaptabilidad ideológica o de la aceptación social.

Estamos frente a actuaciones pasionales que deshumanizan y conducen a comportamientos extremos que suelen generar respuestas similares. En este contexto, es crucial reflexionar y actuar según preceptos, no por arrebatos, y ubicar la vida en el peldaño que realmente le corresponde. No hacerlo conduce inevitablemente a la destrucción.