El ejercicio de la fuerza hay que ejercerlo cuando los violentos impiden el derecho de aquellos que quieren vivir en paz
Hay un aforismo militar que dice: “la inacción es incompatible con el ejercicio del mando”, y otro que “orden más contraorden es igual a desorden”. Cuando se está al frente de una institución, porque ha sido designado para ello, y muy especialmente elegido en votación popular, hay que ejercer la autoridad que se le ha conferido, y asumir la responsabilidad que conlleva. Lo que no es de recibo es callarse, esconderse, desaparecer ni mucho menos quedar inactivo. Cuando eso ocurre, quien está al frente debe de ser inmediatamente cuestionado o incluso reemplazado.
Es exactamente lo que pasó con el intento de implementación del seguro obligatorio, cuando apenas 48 horas después de haberlo anunciado, fue suspendido precisamente porque hubo fuerzas externas que impidieron que siguiera el proyecto hacia adelante. No es de recibo que cuando se toma una decisión, que se supone meditada, pensada y analizada, e incluso una horas antes confirmada por el ministro de gobernación y el propio secretario de comunicación social de la presidencia, el presidente anuncie la suspensión. Tal actitud demuestra dos cosas: o se quiso imponer algo sin el suficiente análisis o no se ejerció la autoridad para hacerlo obedecer. Cualquiera de las dos opciones es nefasta, y evidencia un gobierno con muy poca capacidad de gestión pública.
Perdieron la iniciativa, pero algo mucho peor: la razón y la ética con la que se presentaron y por la que fueron elegidos. Es una pena que tal situación y forma de ser continue por los próximos tres años-, lo que abre la puerta a la necesidad imperiosa de un gobierno tecnócrata para 2028. No más políticos inútiles o ladrones, porque el resultado final es idéntico. Se requiere uno o dos periodos de tecnócratas capaces de poner en orden y en su sitio ciertas cosas, pero con autoridad, razones y datos, no con caprichos o alegrías juveniles de inexpertos.
Hay que sacar de la política -al menos por un tiempo- a los políticos partidistas, al menos hasta que la decencia aparezca nuevamente en la variable del poder. Este tipo de actitudes es un disparo en el pie y le resta oxigeno -del poco que le deuda- al presidente, a quienes dejan caer tanto las fuerzas opositoras como integrantes de su propio partido. Si el país tuviera la posibilidad de hacer una moción de censura o un impeachment, es evidente que las probabilidades de que el actual gobierno saliera son muchas.
El presidente no sabe o no cuenta con ese poder de convocatoria ciudadana que algunos reclaman. Las autoridades indígenas más representativas se han puesto en su contra y evidentemente no le quedan “amigos” más allá de aquellos que todavía defienden ideológicamente a un gobierno de izquierda y otros que prefieren seguir apostando por una forma de ser por temor a que pueda surgir otra peor, o a la censura de una mayoría visceral.
La democracia no puede sostenerse sin autoridad, no autoritarismo. El ejercicio de la fuerza hay que ejercerlo cuando los violentos impiden el derecho de aquellos que quieren vivir en paz. Algunos entienden ahora aquello criticado hace años del “derecho a la locomoción” por sobre el bloqueo abusivo. Cambiadas las tornas se ve “diferente” porque afecta a los críticos de antes, sin advertir que siguen sin apostar por principios, sino por intereses o pasiones.
Lo ocurrido es un enorme desgaste político que la oposición aprovecha y deja que el tiempo haga su efecto sin mojarse los pies. El problema es que cada vez más personas ven un gobierno en caída, y después de la Semana Santa -que ya está cerca- irán a por todas.