Institucionalizar la ruina

Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

Si los inicios de año son buenos para pensar en propósitos, los finales son mejores para evaluar. Ahora que se acaba uno, hacer una revisión siempre es saludable, pero solo resulta fértil si existe una disposición real a cambiar aquello que no funciona. De lo contrario, el ejercicio no pasa de ser gimnasia retórica: cómoda, estéril y profundamente inútil. Una especie de balance moral que tranquiliza conciencias mientras todo sigue exactamente igual.

En el fondo, las sociedades se parecen más de lo que creen. Algunas invierten en la prevención, conscientes de que anticiparse cuesta menos que reconstruir. Otras prefieren corregir después, aun cuando el daño ya sea irreversible, fruto de una visión corta y una planificación deficiente. Pero existe un tercer grupo —el más preocupante—: aquellas que no previenen ni corrigen. Las que observan el deterioro como paisaje. Las que convierten la improvisación en normalidad.

Ahí están las casas destruidas de Santa María de Jesús, tras el terremoto de julio pasado; los muertos que se acumulan por continuos accidentes de bus; o el derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, meses después, erigido como monumento al abandono. El tiempo corre y la inacción se consolida como política pública. Mientras tanto, con una serenidad que roza lo obsceno, crece la desnutrición infantil en áreas urbanas. Niños mueren de hambre al mismo tiempo que el dinero público se reparte con generosidad en bonos, sindicatos, aumentos salariales y otras formas creativas de dilapidar el presupuesto. Los alcaldes tampoco se quedan atrás: millones en cohetes, fiestas patronales, reparto de “pollo en pie” o banquetes navideños para “los más desfavorecidos”, como si la pobreza se curara a golpe de tamal y pólvora.

El número de muertos por armas de fuego ha aumentado. Pasamos del escape de prisión de mareros —con FBI incluido en la investigación— a muertos inexplicables del conflicto Nahualá–Ixtahuacán, sin que exista una versión convincente para ninguno de los episodios. Se acumulan los hechos, se diluyen las responsabilidades y el país sigue mirando hacia otro lado, confirmando que la impunidad ya no es una falla del sistema, sino su forma habitual de funcionamiento. Miramos alrededor y la conclusión es desalentadora: estamos igual; nada ha cambiado sustantivamente.

La sensación oscila entre la vergüenza y el asco, con la convicción de que este país no tiene arreglo mientras no se rompa esa relación tóxica entre políticos y ciudadanos, en la que ambos se benefician de un sistema aletargado. Unos esperan dádivas, contratos o favores; los otros entregan migajas, después de vaciar los bolsillos con impuestos que nunca regresan en forma de servicios, infraestructura o bienestar. Cuando la supuesta víctima se convierte en cómplice, se logra la mancuerna perfecta: juntos depredan, cada uno a su escala.

Los salarios públicos son de los más altos en relación con el salario básico, adornados con dietas, gastos de representación y otros privilegios que —casualmente— no pagan impuestos; sumemos seguros médicos y de vida, vehículos, combustible y computadoras. Todo dentro de una organización estatal desastrosa, en la que hemos aprendido a vivir por debajo de la línea de la ética, aunque nos miremos el ombligo orgullosamente. Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

El problema no es la falta de diagnósticos ni de recursos, sino la comodidad de no hacer nada. Hemos normalizado la ruina, institucionalizado la mediocridad y aceptado el deterioro como si fuera un rasgo cultural inevitable. Y sin estridencias ni sobresaltos, el país avanza exactamente en la misma dirección: ninguna.

¡Claro que es ideológico!

El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social.

Los argumentos utilizados para justificar el incremento del salario mínimo por cierta parte del arco político nacional, su coro en redes sociales y no pocos opinadores de sobremesa se han sostenido en una premisa aparentemente incuestionable: la necesidad de que el trabajador cuente con suficientes recursos para hacer frente al costo de la canasta básica. Un razonamiento simple, emocional y eficaz que evita deliberadamente cualquier análisis económico serio. Se trata de un argumento manipulado -y manipulador- que, por su envoltorio moral, arrastra adhesiones automáticas sin mayor reflexión.

Aceptémoslo, con el mismo entusiasmo con el que se aceptaría pulpo como animal de compañía, y planteemos una pregunta elemental: ¿cómo se justifica que un trabajador de maquila perciba Q600 menos que otro que realiza labores no agrícolas? Ambos utilizan el mismo transporte -o carecen de él-, viven en los mismos barrios, enfrentan idénticos precios en alimentos, vivienda y servicios, y comparten condiciones de vida similares. Si el problema fuera la canasta básica o el poder adquisitivo, la diferenciación carecería de sentido. 

Pero el debate no gira en torno al costo de la vida, sino en torno al poder. Un pulso político dirigido contra el sector empresarial; un ejercicio de autoridad destinado a mostrar quién manda y qué ideología marca la pauta. El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social. Y como suele ocurrir con estas demostraciones de fuerza, el daño colateral recae sobre quienes lo tienen más difícil.

La mayor parte de las grandes empresas formales pagan salarios por encima del mínimo legal, y no son las que sienten directamente el golpe. El impacto real lo absorben pequeñas y medianas empresas que sobreviven con márgenes estrechos y cuentas ajustadas a fin de mes. Empresas de cinco o seis trabajadores que ven incrementados sus costos hasta el punto de perder competitividad, reducir servicios o desistir de la formalidad. Para ellas, cualquier aumento -por simbólico que parezca- puede ser la diferencia entre seguir operando o desaparecer.

A ello se suma un efecto documentado e ignorado: el aumento de salarios incrementa la masa monetaria en circulación, eleva el consumo y, por tanto, la demanda. El resultado es un aumento generalizado de precios que se extiende por toda la economía. Seis meses después, el poder adquisitivo del “salario mejorado” se ha diluido; al cabo de un año, el trabajador compra lo mismo que antes, pero con menos empleo formal. Y entonces, con puntualidad casi ritual, el debate se reabre con idéntica intensidad ideológica y el mismo vacío de resultados.

En realidad, la discusión de fondo descansa sobre dos pilares incómodos. El primero es la anulación de la libertad de contratación: el todopoderoso gobierno decide qué salario es “justo”, independientemente de la productividad, la realidad del mercado o la voluntad de las partes. El segundo es la hipocresía estructural de quienes impulsan estas alzas: políticos que jamás han creado una empresa, activistas sostenidos por ayudas públicas o diputados que duplicaron su salario hace unos meses y buscan una improbable “reconciliación” con sus votantes. Demagogia en estado puro, amplificada en redes sociales por voceros entusiastas, ignorantes supinos, cegatos ideologizados y manipuladores subvencionados.

El salario mínimo, presentado como un acto de justicia social, funciona realmente como una coartada política: excluye a los más pobres del mercado laboral, asfixia a las pequeñas empresas, encarece el costo de la vida y preserva los privilegios de quienes legislan desde la comodidad del sueldo asegurado. La demagogia se disfraza de compasión, engaña a muchos y deja la factura a quienes no tienen cómo pagarla.

Manual estatal de crianza (edición obligatoria)

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo.

Australia, ese lugar lejano que apenas identificamos, ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. No lo han hecho los padres, no. Lo ha hecho el gobierno, ese ente todopoderoso que, al parecer, sabe mejor que cualquier progenitor qué es lo que conviene a sus hijos. Porque si algo queda claro en las democracias modernas es que el Estado siempre sabe más, incluso sobre la crianza ajena.

La norma se impone sobre bases de creencias morales, pedagógicas y psicológicas de quienes gobiernan, no sobre la diversidad y responsabilidad de criterios familiares. Da igual lo que los padres piensen, sepan o quieran: el gobierno ya piensa por ellos. Hace tiempo —bastante, por cierto— que los padres dejaron de ser considerados los principales educadores de sus hijos. Hoy son, como mucho, usuarios secundarios del sistema.

El Estado decide qué películas pueden ver los menores —por eso las clasifica—, qué redes sociales pueden usar y a qué edad, pero también si pueden abortar antes de los 18 años sin informar a sus padres, aunque no sean plenamente responsables para firmar un contrato, conducir o comprar alcohol. Curiosamente, tampoco lo son para votar, salvo cuando conviene ampliar el electorado, y la edad, como tantas otras cosas, se convierte en una variable política, moldeable según el interés del momento.

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo. El resto del tiempo, se les considera un estorbo. Desde el poder se prohíbe o autoriza lo que los menores pueden o no hacer, conforme a la sabiduría infinita de autoridades, expertos, comités y asesores que —por supuesto— jamás se equivocan.

No falta mucho para que se cree un Ministerio de Internet, Redes Sociales y Crianza Digital Responsable, con su correspondiente burocracia, presupuesto y campañas institucionales. Todo por el bien del menor, naturalmente. Siempre por su bien. El bien definido desde un despacho.

Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en particular el artículo 26 sobre el derecho a la educación, bastó “solo” un año para que uno de sus redactores advirtiera del peligro: no se puede negar a los padres el derecho a educar a sus hijos. Gracias a esa objeción se incluyó el párrafo tercero del artículo —que debería ser el primero—, reconociendo el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Aquella cláusula abrió la puerta a que no fuera el Estado, en exclusividad y como hasta entonces estaba previsto, quien monopolizara la educación. Hoy esa puerta está formalmente abierta, pero prácticamente clausurada.

Y no todo es culpa del Estado. Los padres también han hecho su parte. Cada vez más cómodos en el espacio de la responsabilidad delegada, prefieren que sean los colegios, las iglesias o el Estado quienes eduquen a sus hijos. A ser posible, gratis. Porque educar es un “derecho”, pero ejercerlo como deber ya no resulta tan atractivo. Muchos padres se lavan las manos con entusiasmo y reclaman servicios educativos mientras renuncian a su papel esencial: formar, acompañar y poner límites. Educar exige tiempo, criterio y conflicto. Delegar es mucho más cómodo.

Me resulta profundamente vergonzoso que sea una entidad pública la que decida qué videos pueden ver mis hijos, cómo deben usar sus redes sociales o qué pueden hacer con su cuerpo sin que yo pueda siquiera opinar. Que el Estado se arrogue el derecho de sustituir a los padres en decisiones morales fundamentales no es progreso: es vergonzosa renuncia colectiva.

Absolutismo reciclado

Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Se suele enseñar, con cierto triunfalismo pedagógico, que la caída de las monarquías absolutas inauguró un mundo moderno basado en la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la eliminación de privilegios hereditarios. Una lectura más sobria, pero sobre todo menos ingenua, sugiere otra cosa: se destruyeron los tronos, aunque los privilegios simplemente cambiaron de destinatarios.

La teoría política lo reconoce desde Weber hasta Bobbio: las élites, independientemente de la ideología que profesen, tienden a preservar los mecanismos que aseguran su permanencia en el poder. La Revolución rusa ofrece un ejemplo escolar del fenómeno. Mientras el discurso apelaba a la emancipación de las masas, la estructura resultante reprodujo -con precisión casi paródica- los rasgos de la autocracia zarista. Orwell lo sintetizó con ironía brutal en Rebelión en la granja: los cerdos no solo ocuparon la casa del amo, sino que restablecieron, bajo nuevos nombres, las mismas jerarquías que habían denunciado.

Occidente, más pulcro en las formas, optó por un continuismo más sofisticado. Las repúblicas incorporaron al presidencialismo atribuciones de raíz monárquica -antejuicio, prerrogativas fiscales, indultos y facultades cuasi absolutistas- justificadas bajo la retórica del equilibrio institucional. En realidad, operan como mecanismos de blindaje político, una suerte de aristocracia republicana con protocolo constitucional.

En este contexto, el reciente indulto del presidente de EE.UU. al expresidente hondureño condenado por la justicia estadounidense, plantea un problema normativo evidente: ¿cómo reconcilia una democracia su defensa del “rule of law” con la potestad unilateral de borrar una condena firme? Esa tensión existe desde los Federalist Papers, pero en la práctica se resuelve de manera simple: se ejerce porque se puede. El dilema se agrava cuando quienes otorgan tales perdones son los mismos que vigilan, sermonean y califican los sistemas judiciales de otros países -incluido el guatemalteco- bajo estándares cuya consistencia analítica es, siendo generosos, intermitente. 

La ironía se vuelve empírica cuando se observan los datos oficiales de la Office of the Pardon Attorney: Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Lo interesante no son los números, sino la cobertura. La indignación se activa por afinidad política, no por coherencia normativa. Si el hecho es idéntico pero cambia el autor, la evaluación varía radicalmente, contradiciendo el principio básico liberal de juzgar la acción y no la identidad del agente. Nada nuevo: Aristóteles advertía que la democracia puede degenerar en demagogia cuando las pasiones sustituyen a la razón pública. La asimetría mediática también es objeto de estudio. No porque la crítica a Trump sea injustificada, sino porque el escrutinio varía según el sujeto, no según la conducta, lo cual contradice la más elemental ética periodística. Pero esa información rara vez llega al público, quizá porque los datos interrumpen narrativas más cómodas.

Casos como el retorno a México del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico, o la liberación y repatriación del venezolano Alex Saab mediante un canje bilateral ilustran, asimismo, cómo la justicia internacional se vuelve instrumento de geopolítica, más que de imparcialidad jurídica. A ello se suman los protegidos que, tras colaborar con la justicia estadounidense, ingresan en un limbo legal donde sus países no pueden procesarlos y Estados Unidos los da por juzgados.

El resultado es una justicia -aquí y allá, antes y ahora- penetrada por razones de Estado, subordinada a intereses ejecutivos y moldeada por reglas que recuerdan, más de lo que quisiéramos admitir, a las prerrogativas monárquicas absolutistas. La modernidad institucional prometió superar esos vicios; la práctica política demuestra que, en muchos casos, solo cambió el decorado.

El gabinete Nodoyuna

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción.

Los últimos sucesos del acontecer nacional me acercan, inevitablemente, a aquellas historias de dibujos animados protagonizadas por Pierre Nodoyuna y su inseparable Patán; pero también por Tontín, Tontón, los Hermanos Macana y el profesor Locovitch. Una colección de personajes cuyos nombres describían con precisión los continuos desaciertos que cometían.

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción. Aquí, en cambio, hay días en los que parece que el país completo está atrapado en una eterna “Carrera de Autos Locos”, aunque sin carreteras y sobrados de locura.

Asignan fondos a ONG que nadie conoce, y que, si existen, operan en dimensiones paralelas. No obstante, la mayoría de los diputados firman el presupuesto sin escrúpulos, sin preguntas incómodas y, sobre todo, sin que se les agriete la conciencia. Firmar, después de todo, es fácil: lo difícil es pensar antes de hacerlo.

Sostienen a un cónsul honorario en Toluca que resulta estar señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Y no sólo eso: llevan al presidente a una reunión en México donde el buen señor aparece sentado en la mesa presidencial e incluso se toma la foto oficial. Es casi poético que una Secretaría de “inteligencia estratégica” sea incapaz de prever, detectar o evitar que el susodicho cónsul honorario estuviese a la par del presidente. O que el sistema de información exterior no haya podido, en dos años, revisar a sus cónsules honorarios desperdigados por el mundo. Parece un concurso para ver quién puede cometer más errores sin ruborizarse. Ni Pierre Nodoyuna habría podido armar semejante escena sin que Patán soltara su clásica risa burlona. 

En el ámbito doméstico, la cosa no mejora. Es alucinante que en la Secretaría de Comunicación Social hayan pasado tres titulares en menos de dos años, y en igual tiempo se nombra al quinto ministro de Comunicaciones, por dimisión o renuncia del anterior, ya que el “gobierno de la transparencia” nunca lo aclara. Increíble que no se encuentre a alguien capaz de ejecutar el presupuesto asignado o de reparar las carreteras. No digo construir nuevas —esa es una fantasía peligrosa—, solo reparar. Ya basta de excusas, porque el único ministro “sin excusas” le duró el puesto menos que una moneda en la puerta de un colegio. Lo sacaron —y los hechos parecen confirmarlo— porque la conducción real del ministerio no depende de quien ocupa el despacho, sino de otros juegos políticos fuera de ahí. Cinco ministros; cero carreteras. Ya que la selección no marca, el gobierno se encarga del resultado.

Esto no es cosa de locos, si así fuera tendría perdón. Esto es cosa de tontos, pero no de lelos comunes, sino de los que, como diría un humorista español, son “tontos del tó… No pa’ un rato. Del tó y pa’ siempre”.

El presidente, cada día más, se parece a “Nodoyuna”: siempre prometiendo que “esta vez sí ganará la carrera”, mientras los demás personajes de la caricatura —los Patanes, Tontines y Macanas del gabinete y del Congreso— se encargan puntualmente de hacerlo fallar, y la realidad, como siempre, supera a la ficción. 

El año termina, las carreteras siguen rotas, el presupuesto ya está firmado, el cónsul de Toluca desapareció en un agujero institucional y no sabemos cuánto durará la nueva ministra. Pero algo sí sabemos: el piloto automático nacional avanza sin frenos, sin volante y, ciertamente, sin conductor.

Cuando un país parece gobernado por personajes de caricatura, lo más peligroso no es la risa, sino acostumbrarse al chiste. Y Guatemala ya lleva demasiadas temporadas al aire.

¿Quién tiene la culpa?

La conversación nos duró hasta llegar a la reunión con los jóvenes, donde se prolongó. Y es que queremos cambiar Guatemala sin cambiar nosotros, y así no funciona.

El sábado pasado, de buena mañana -6:30 am-, salí rumbo a Antigua. Tenía una charla con jóvenes, una de las pocas razones por las que estoy dispuesto a desplazarme temprano sin que haya un vuelo, un incendio o un golpe de Estado de por medio. Confiado en mi inocencia y en el Waze, que prometía una ruta ágil, incluso calculé que me daría tiempo de desayunar. ¡Qué ternura la mía!

A la media hora, la ruta empezó a pintarse de ese rojo que no anuncia Navidad sino tragedia vial. Y entonces apareció la frase que nadie quiere oír: “tiempo en tráfico: 17 minutos”. Traducido al idioma real: “Prepárese para sufrir”. 

Armado de paciencia y con un ligero encono existencial, aguanté cómo esos 17 minutos se estiraban misteriosamente hasta convertirse en 20, luego 25. De pronto, la carretera empezó a abrirse en el horizonte, pero los carros de adelante pedían vía para salir del carril derecho. Algo dificultaba el paso, y claro, eso debía ser la razón del retraso.

Lo era: una señora enfundada en varias capas de ropa, lista y preparada para escalar el Volcán de Agua a las tres de la mañana iba encaramada en una bicicleta. Detrás, un vehículo con las luces intermitentes encendidas la escoltaba como si se tratara de una delegación diplomática. Ambos ralentizando el tránsito de cientos de automovilistas; privatizando lo público. Exploté, y le dije a mi hija, que venía conmigo: “Este es el gran problema del país y la razón por la que no avanza: nadie respeta a los demás”.

La conversación nos duró hasta llegar a la reunión con los jóvenes, donde se prolongó. Y es que queremos cambiar Guatemala sin cambiar nosotros, y así no funciona. Aquí las cosas permanecen igual porque el prójimo no figura en nuestras ecuaciones morales: se roba o no se hace nada, y el efecto es idéntico: el otro no importa.

Avanzamos poco porque cada uno cree tener la vía para sí. Se asesina porque la vida ajena vale menos que una promesa de campaña. Se viola, se engaña, se estafa, se amenaza, se pasa por encima… todo porque nunca vemos en nuestro semejante alguien como nosotros.

Para que una sociedad progrese hay que ser liberal, porque el liberalismo se sostiene sobre un principio simple: respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Algo que por estos lares se entiende como una suerte de permiso para joder al vecino.

La ironía mayor es que este país está saturado de iglesias. No cabe un templo más. Y sin embargo, el mandamiento “amarás al prójimo como a ti mismo” parece tener un rango de audición de exactamente cero metros fuera del edificio. Además, da la sensación de que los parlantes no funcionan, y al salir, la primera reacción es la violencia vial. ¡Milagro que no reparten machetes como recuerdo litúrgico!

La política es exactamente el mismo reflejo de nuestro espejo roto. Votamos sinvergüenzas o inútiles -que al final producen el mismo resultado: ninguno- y pasamos cuatro años quejándonos de lo que nosotros elegimos por mayoría. Da la sensación de que un talento nacional eso de sembrar estiércol y exigir rosas.

Tenemos carreteras destrozadas, buses de guerra conducidos por homicidas certificados, motoristas que exhiben acrobacias suicidas, un tráfico nauseabundo y autoridades que elegimos pero que no hacen absolutamente nada, en cualquiera de sus niveles y con honrosas excepciones.

La verdadera ironía es que no es el tráfico. No es la señora en bicicleta. No es el político. Somos nosotros.

Pero tranquilos: siempre habrá una excusa o alguien a quien culpar. En eso si somos campeones.

Pérdidas multimillonarias

Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar

Que militares norteamericanos vayan a ampliar los puertos y que tecnología estadounidense controle los aeropuertos nacionales no es casualidad ni dejadez gubernamental. Nada se mueve sin cálculo. Todo responde a un plan perfectamente diseñado para cerrar -con candado made in USA- las puertas de entrada y salida del narcotráfico, pero también de los millonarios flujos que acompañan a transacciones informales de mercaderías, dinero y personas. Washington se asegura de que el caos no se desborde, y desde aquí se aprieta el grifo de quienes por tiempo hicieron fortunas gracias al “desorden organizado”. 

Y como las coincidencias no existen, justo durante esas actuaciones se fugan mareros de prisión y desaparecen armas de una base militar. Nada menor. El primer episodio termina con la destitución del ministro de Gobernación; el segundo debilita al de Defensa. ¿Chapuzas monumentales de dos funcionarios incompetentes o acciones pensadas para sacarlos del tablero? Todo apunta a lo segundo. Ambos ministros son responsables de la seguridad y, con puertos y aeropuertos bajo control extranjero el cerco se cierra desde dos frentes, y a algunos no les gustó.

Es evidente que Estados Unidos -por petición del gobierno, aunque también por puro interés estratégico- se está haciendo cargo de la seguridad nacional; una inversión geopolítica. El Ejecutivo se lava las manos con jabón importado, los norteamericanos aseguran las zonas de ingreso y salida, y juntos sonríen frente a las cámaras. Y, en compensación, el país recibe la retirada de los aranceles impuestos hace unos meses y un par de beneficios extras. Nada es gratis, pero teniendo en cuenta el precio de combatir al narcotráfico y el crimen organizado, el trato no parece malo. En tiempos de la Guerra Fría poníamos los muertos; ahora, por lo visto, otros pondrán la cara. Algo hemos ganado.

Pero no todo el mundo celebra. Los malos -que a veces se notan y otras pasan desapercibidos- no están dispuestos a dejar de percibir cientos de millones de dólares sin reaccionar, y eso es precisamente lo que representan estas nuevas medidas: pérdidas colosales en tráfico de drogas, lavado de dinero y control de rutas. La violencia que se vive no es consecuencia de un “incremento natural del crimen”, como alegan algunos distraídos, sino un claro mensaje de quienes ven cómo su negocio se desmorona. No son amateurs, golpean donde duele y saben cómo exhibir un Estado que parece inútil para defenderse. Además, demasiados políticos y candidatos reciben parte del botín, o están endeudados con sus financistas.

Para colmo, desde el Congreso ya no controlan comisiones clave de seguridad y defensa, y si no pueden apagar radares, sus aviones con carga dudosa no vuelan tranquilos. Sin aduanas dóciles, el flujo se vuelve caro e impredecible, y si también los puertos están supervisados por militares que hablan inglés, el margen de maniobra se reduce al mínimo.

Así se empieza a construir estratégicamente una autopista hacia la optimización de recursos contra el crimen organizado. Que otros hagan el trabajo sucio, al menos por esta vez, parece extraordinariamente rentable. Claro, tiene costos políticos, diplomáticos y de soberanía simbólica, pero en un país donde la soberanía real la han controlado por décadas otros, la discusión se vuelve irónica.

En resumen, lo que vemos hoy no es improvisación ni caos, sino confrontación. Una batalla entre un Estado que intenta alquilar músculo extranjero y mafias que no están dispuestas a renunciar a sus millonarias ganancias. Que el reacomodo traiga paz, control o simplemente una guerra más sofisticada, está por verse. Lo único seguro es que nadie está jugando a medias. Aquí todos mueven grandes piezas en un tablero tropicalizado.

Diplomacia a la carta

Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna.

En política nada es casual, mucho menos cuando encuestas y sondeos de opinión dejan de ser aliados. Con enorme desgaste y caída sostenida en índices de aprobación, el gobierno apuesta por trasladar su centro de legitimidad al plano internacional. Si el apoyo doméstico flaquea queda la diplomacia, donde los discursos suenan con mayor eco y los aplausos duran más que la memoria nacional.

En ese tablero encaja una red de apoyo político internacional, discreta pero visible en momentos de crisis. Está integrada por exfuncionarios, diplomáticos, académicos y organizaciones militantes en medios y redes, junto a organismos y exembajadores que sirven de enlace en la construcción de legitimidad exterior.

Uno de los escenarios donde mejor se exhibe este entramado es la Organización de los Estados Americanos (OEA), foro que suele disfrazarse de neutralidad mientras juega a la alta política. No es la primera vez que la OEA se convierte en escenario de drama latinoamericano, pero el guion es tan evidente como en 2023. La designación de la Secretaría Adjunta -gentileza del presidente colombiano- y la de Sebastián Kraljevich como Secretario para Fortalecimiento de la Democracia -cortesía de Gabriel Boric-, y que recientemente visitó Guatemala-, coronaron el avance del progresismo regional. Washington apretó los dientes -sin embajador en aquel foro y momento porque no había sido designado por el Gobierno de Trump- por esos dos pivotes ideológicos dentro del sistema interamericano, justo cuando Petro enfrenta tensiones por su inclusión en la lista OFAC. Por otro lado, está la sesión extraordinaria solicitada por Guatemala para discutir las tensiones derivadas de acciones judiciales, cuya declaración es diplomática e inofensiva, pero respalda al pueblo y gobierno e insta al respeto de la Constitución. Un comunicado correcto y útil para redes oficiales, aunque la jugada sirvió para proporcionar oxígeno político.

Pero la diplomacia no es un juego de un único actor y la congresista Salazar pidió públicamente la remoción del embajador estadounidense y del encargado de negocios en Guatemala, acusándolos de injerencia política. La solicitud no fue un arrebato improvisado: provino de alguien influyente que difícilmente habría desafiado al Departamento de Estado sin señales previas, lo que revela fisuras y deja abierta la posibilidad de ajustes diplomáticos. A ello se suma el nombramiento de una misión política de observación para 2026 que genera suspicacias por un detalle técnico: es normal que la OEA envíe observadores a elecciones generales -por tratarse de derechos políticos-, pero no que un órgano político supervise elecciones internas de órganos técnicos de control. La OEA parece querer estar cerca de procesos que, en teoría, deberían permanecer al margen de presiones políticas. Una batalla silenciosa pero profunda: la pugna entre el progresismo articulado y el conservadurismo debilitado dentro de los organismos multilaterales.

Es previsible que el 2026 traiga una ofensiva comunicacional con varios objetivos: legitimar la misión electoral de la OEA, multiplicar los pronunciamientos sobre la “democracia en riesgo” y presionar a ciertos sectores nacionales. El guion no es nuevo: se repite cada vez que el poder necesita revestirse de causa moral para alinear los órganos de control. Diplomacia, activismo y relato mediático se entrelazan para mantener a flote una narrativa de estabilidad democrática que, en realidad, esconde fragilidad interna y persigue poner en cargos clave a perfiles afines.

La pregunta que queda es si los actores nacionales sabrán distinguir entre el acompañamiento legítimo y la presión ideológica, o si volverán a ceder el terreno del debate político a los intereses externos que, bajo el pretexto de la democracia, solo buscan mantener su influencia. Porque en el tablero internacional, como en la política local, las alianzas rara vez son altruistas.

La rentabilidad de los muertos

En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica.

Durante décadas, en España se repitió con solemnidad que la Guerra Civil había dejado “un millón de muertos”. La cifra aparecía en los monolitos conmemorativos, grabada como una verdad incuestionable. Un respetado escritor, José María Gironella, la elevó a categoría literaria en su novela Un millón de muertos (1961), el segundo tomo de su trilogía sobre la contienda. El dato, como suele ocurrir era más emocional que exacto. Cuando los historiadores -sin consignas- empezaron a contar de verdad, las cifras se desinflaron. Los caídos en combate se estiman entre 150 y 200 mil, y añadiendo fusilamientos, hambre y enfermedades, el total alcanza el medio millón. Es decir, la mitad. La aritmética del dolor resultó menos épica que la propaganda.

En Guatemala sucedió algo parecido. Durante años se repitió, con tono monocorde y moralmente irrebatible, que el conflicto armado interno había dejado 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. La cifra se volvió parte del relato oficial, reproducida en informes, conmemoraciones y discursos. Sin embargo, investigaciones más meticulosas la ponen en duda. El sociólogo e historiador Carlos Sabino, en su obra Guatemala, la historia silenciada (1944-1989), estima un máximo de 46 mil fallecidos y un cálculo razonable de 37 mil. No son números improvisados, sino fruto de un análisis detallado de registros, reportes y datos demográficos. Cuando le pregunté si había recibido críticas fundadas, Sabino me respondió: “Comentarios razonados, ninguno; críticas, muchas”.

Y tenía razón. En ciertos temas, las cifras se defienden con emociones no con argumentos. Reducir los muertos se percibe como una ofensa moral, aunque sea un ejercicio de precisión histórica. En las guerras, los cadáveres no solo pesan: también valen. El fenómeno no es exclusivo de España ni de Guatemala. En Yugoslavia, las estimaciones sobre las víctimas de los Balcanes también variaron con el viento político. Y ahora, el guion se repite en Gaza.

Los portavoces de Hamás hablan de 60 o 66 mil muertos, una cifra sin verificación. Pero un tuitero -no un medio, no una ONG, sino un simple ciudadano con tiempo y curiosidad- ha decidió hacer lo que los grandes organismos ignoran: verificar. Utilizando imágenes satelitales, coordenadas de cementerios y fotografías comparativas, revisó los lugares de entierro entre octubre 2023 y diciembre 2024. El resultado fue incómodo: los movimientos de tierra no coincidían con el supuesto número de víctimas que se pueden cifrar entre 5 y 6 mil. Algunos cementerios no mostraban actividad; otros revelaban entierros normales, sin rastro de las decenas de miles de fosas que el relato mediático aseguraba. El investigador concluyó con mordaz claridad: “A medida que la realidad desmonta el relato construido por el Ministerio de Hamás, algunos han decidido que los cadáveres están bajo los escombros. Se equivocan otra vez. Todo está fotografiado y geolocalizado”.

La frase resume el dilema contemporáneo: vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación profesionalizada. La inflación de muertos no es solo un error; es una estrategia. Aumentar las cifras produce impacto, condenas, sanciones, donaciones y titulares. En otras palabras: los muertos dan réditos. Cada cadáver adicional se convierte en argumento político, en munición para la propaganda o en excusa para la cooperación internacional. El dolor se administra como capital simbólico, y quien controla el relato controla también la compasión ajena. Lo irónico es que las mismas herramientas tecnológicas utilizadas para fabricar “fake news” son las que permiten refutarlas. Eso sí, requiere algo escaso en esta época: tiempo, paciencia y espíritu crítico.Y aunque suene cruel, la historia reciente confirma una vieja verdad: los muertos no descansan en paz… si aún pueden producir ganancias.

Entre fugas, compras y excusas

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”.

Sin haberse aclarado todavía el misterio de los veinte pandilleros fugados -¿serán solamente veinte?, porque nadie ha podido confirmarlo-, salta a escena otro capítulo del inagotable drama nacional: las compras a través de UNOPS. Y como es costumbre, pasamos de un escándalo a otro sin digerir el anterior, con la misma velocidad con la que cambiamos de tema en las sobremesas.

Intentar comprender ambos casos es casi un ejercicio de escapismo intelectual: unos aprovechan para arremeter contra el gobierno -y razones no les faltan-, mientras otros exigen explicaciones por dos hechos evidentes: faltan reos peligrosos en las cárceles y sobran justificaciones en la compra de medicamentos. Y, por si la trama parecía flaquear, desde Petén llega un tercer acto: la desaparición de armamento, como si las bases militares fueran mercados abiertos donde cada uno agarra lo que necesita.

El guion, sin embargo, es siempre el mismo: “ya se presentó la denuncia en el Ministerio Público”. Una frase mágica que lo cura todo, desde la pérdida de un teléfono hasta la fuga de criminales o el extravío de fusiles y lanzagranadas. Con eso basta para tranquilizar conciencias y, de paso, sacudir responsabilidades. Porque aquí, el deporte nacional no es el fútbol, sino lavarse las manos y mirar hacia otro lado.

En el caso de las cárceles, dicen que las cámaras no funcionaban y que el conteo de presos era más una tradición que un procedimiento. En el de UNOPS, que hubo “ahorros”, aunque nadie se atreve a decir cómo se calcularon; además, parece que las normas se cumplen a la carta y los costos de gestión se esconden debajo de la alfombra. Y en el ejército, decenas de fusiles, miles de cartuchos y hasta lanzagranadas se desvanecen como si el inventario lo llevara Houdini.

Pero claro, nada de esto sorprende. Ya nos acostumbramos a que un clavo saque otro clavo, y que cada semana aparezca un escándalo más brillante, más fino y aparatoso que el anterior. El país sigue su marcha, saltando de crisis en crisis, sin resolver ninguna, pero siempre entretenido. Porque, al final, aquí lo importante no es la verdad, sino tener tema nuevo cada semana.

Lo cierto es que toda esta debacle nacional no es mérito exclusivo de este gobierno, sino la dinámica natural del sistema. Da la impresión de que los delitos por omisión no existen en los libros de Derecho -ni en el código penal-, aunque tampoco se persiguen los de acción. Quizá porque son tantos, que ya ni vale la pena intentarlo.

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”. Una especie de mediador burocrático que tranquiliza conciencias, pero no resuelve nada. Ya lo vimos en el gobierno anterior, cuando, pese a estar dirigida por un exfiscal de “buena impresión”, sirvió exactamente para lo mismo que ahora: para nada. Si sirviera de algo, no existiría esa plaga de contratos a dedo para “influencers” -muchachitos que cobran por manejar redes y elogiar al jefe-, ni los infaltables parientes o cercanos afectivos. Antes eran plazas fantasma; ahora son fantasmas que ocupan plazas. Vayan o no vayan a trabajar, firmen o no, figuren o se escondan, el resultado es el mismo: favoritismo institucionalizado. Un asco nacional al que nos acostumbramos.

Total, en este país nada desaparece del todo: ni los reos, ni las armas, ni la vergüenza. Solo la memoria colectiva, que se fuga puntualmente cada semana.

El mensaje dominical: Más de lo mismo ¡Ayuda!, pero que lo hagan otros, porque ya pusimos la denuncia en el MP.