Israel-Hamas: el conflicto

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos

Cuando un grupo terrorista asesina a tus hijos y secuestra a tus nietos en tu propio país, ¿qué le pedirías al gobierno? Esta pregunta debemos formularla antes de emitir un juicio, porque la respuesta guiará las acciones posteriormente. Es necesario establecer principios generales de actuación para estos casos, incluso si las víctimas no son familiares directos, porque siempre serán cercanos a alguien que piensa y siente como uno. Tras la reflexión, puede que no guste la respuesta encontrada, sobre todo si se compara con puntos de vista previos, probablemente prejuiciosos o inducidos.

Es fácil deslegitimar la acción del gobierno israelí. Si Hamas liberara a los rehenes que aún tiene en cautiverio, Netanyahu perdería toda justificación para continuar acciones militares en Gaza y se justificarían críticas, señalamientos y presiones. Al desaparecer los motivos de la legítima defensa, no habría razón para continuar avanzando sobre territorio palestino, y esta sencilla comprensión de la situación también la tienen los terroristas. Saben que liberar a los rehenes podría eliminar la atención de ciertos países que incluso llevaron a cabo acciones similares en sus territorios. Por lo tanto, prefieren continuar con la presión psicológica y propagandística que les genera beneficios políticos y económicos, porque para ellos es una “guerra” mediática y de obtención de fondos.

Las redes sociales, la moda, el relativismo y el progresismo de lo políticamente correcto permiten construir mensajes y opiniones que arrastran a millones de acomodados políticos. La cultura de la aceptación y la cancelación ha permeado, y el deseo de obtener unos pocos "me gusta" y algunos seguidores prevalece sobre el pensamiento crítico. Para muchos, las redes, lejos de ser espacios de libertad de expresión, lo son de autocensura dictada por la burbuja mediática en la que cada uno se inserta y vive, creyendo que es el todo.

Hace tiempo, los Estados tomaron medidas cuando se vieron afectados. Dos ejemplos son considerar actos terroristas aquellos que atentan contra sus diplomáticos o secuestran aviones. Esos acuerdos eliminaron de raíz tales prácticas a finales de los años ochenta; ahora podría ser un buen momento para hacer algo similar. El terrorismo existe porque es alentado y financiado por Estados, grupos y personas, de lo contrario no sería posible. La solución requiere un acuerdo internacional como el que se alcanzó para las situaciones citadas. Sin embargo, ciertos actores pretenden hacer viable el terrorismo como un instrumento político, aunque cuando sucede en su territorio, como el IRA en el Reino Unido, la ETA en España, el movimiento corso en Francia o las FARC en Colombia, comprenden muy bien qué hacer, a pesar de que ahora promuevan lo contrario. No entendieron la línea de acción que definió Golda Meir en la operación “Mivtsá Zaam Hael”, allá por los setenta. 

Existe una manifiesta hipocresía que envuelve a muchos progresistas de salón cuando proclaman derechos y libertades, porque al parecer no son para todos. Es cierto que la respuesta en legítima defensa debe ser proporcional, pero no se puede ignorar que cuando hay personas secuestradas durante meses, la proporcionalidad toma una dimensión diferente a la de una acción inmediata por factores como la angustia, la desesperación, la coacción, el miedo o la presión psicológica.

Nunca es deseable un conflicto, y debe evitarse, pero cuando ocurre es necesario llevarlo a un punto de no repetición, para evitar lo que sucedió en Irak en su momento. Deslegitimar al agresor es fundamental y, en este caso, sería muy sencillo si liberaran a los rehenes. 

Personalmente gustaría que si un familiar estuviera secuestrado se hiciera todo lo posible para liberarlo, y es el principio que aplico para el resto de las personas.

Decepción proyectada al futuro

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres.

Se ha difundido, aunque en foros minoritarios por ahora, un estudio de opinión pública llevado a cabo a principios de septiembre y realizado por encargo a Cid Gallup. En el mismo, se revelan aspectos interesantes a destacar que reflejan tanto el presente como el previsible futuro político-social en el país. 

Un aspecto particularmente alarmante es que el 91% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido político. Las opciones actuales no interesan a la ciudadanía, algo que se evidenció en las elecciones del 2023, donde el voto nulo fue el predominante. En esta ocasión, los partidos VAMOS y SEMILLA apenas alcanzan un simbólico 1% de preferencia, UNE un 3%, y el resto de los partidos se reparten el otro 4%. El panorama, como indica el informe, es desolador.

En otro apartado se analizan las opiniones sobre ciertas figuras públicas, presentando un índice que refleja la diferencia entre favorables y desfavorables. El análisis muestra un rechazo nacional liderado por la fiscal general, con un índice negativo de 48, y el fiscal Curruchiche, con 37. Les siguen, empatados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, con 25. 

El presidente ha caído 46 puntos desde su llegada al poder, alcanzando una opinión desfavorable del 57%, la segunda más alta después del 59% de la fiscal general, y supera en rechazo a Sandra Torres y al resto de candidatos ¡Algo inaudito en la historia política reciente del país!

El panorama futuro tampoco parece prometedor, a juzgar por la muestra actual. Tres candidatos encabezan las preferencias, todos con un perfil peligrosamente populista: Arzú, Pineda y Torres. Sobre esta última es difícil aportar novedades; el segundo se presenta como un "empresario" vinculado a delincuentes como Baldizón; y Arzú, quien ha fracasado en diferentes emprendimientos, está asociado a financistas dudosos y deudas impagadas. De los tres, Arzú cuenta con el índice de aceptación favorable más alto, un 35%, que no supera el índice tradicional de legitimidad de los presidentes en las últimas tres décadas, y que no ha sido suficiente para garantizar una buena gobernanza ¿Es eso lo que nos espera?

Adicionalmente, se observa que las personas mayores de 40 años prefieren a Sandra Torres, al igual que quienes tienen menor nivel de formación académica. Los jóvenes se inclinan por Carlos Pineda, especialmente aquellos con educación secundaria, y quienes cuentan con educación superior, prefieren a Arzú, y suelen tener más de 25 años. No obstante, el 50% de los encuestados, independientemente de su edad o nivel educativo, no optan por ninguno de los candidatos, lo cual recuerda los resultados de 2023, y permite concluir que es posible que el voto en blanco triunfe nuevamente si las condiciones no cambian de manera significativa.

Estamos ante un evidente fracaso de la actual administración, y se vislumbra una peligrosa apertura hacia un populismo que podría profundizar todavía más la crisis. La buena noticia es que queda tiempo para el encuentro electoral del 2027, lo que podría develar nuevos escenarios, hacer caer a quienes actualmente asoman en la mente del votante, surgir alternativas diferentes o modificar procedimientos que permitan al ciudadano, a través del voto en blanco, rechazar democráticamente a aquellos que considera nefastos para liderar el país, aunque sean todos los candidatos que se presenten.

No podemos permitirnos el lujo de dar pasos de cangrejo ni de retomar costumbres políticas depredadoras que por años han conducido a la miseria. Es hora de que el ciudadano se responsabilice y exija calidad y ética en sus candidatos, y deje de guiarse por nombres, emblemas o canciones.

¡Tanto quejarse de los espejitos y la mayoría los compra a diario!

Ideología, hipocresía y odio

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos y el internamiento hospitalario del expresidente Giammattei en Guatemala, ponen de relieve el debate sobre el odio y la ideologización de las opiniones, tanto nacionales como internacionales. George Orwell describió esta dinámica en su libro "1984", refiriéndose a los "dos minutos de odio" que permitían a los ciudadanos de Oceanía liberar su angustia y rencor hacia sus enemigos.

La polarización social, alimentada por muchos partidos políticos, nos empuja hacia extremos peligrosos, algo visto en otros momentos históricos con consecuencias nefastas. En estas situaciones, se cultiva un rechazo visceral hacia el adversario, en una especie de justificación de creencias sólo sustentadas en una violencia irracional y expedita. El diálogo se pierde, y el insulto, la descalificación y la agresión se convierten en lo más importante y casi único de cualquier opinión. No es aceptable una izquierda asesina ni una derecha criminal, ya que ambos extremos pierden todo sentido ideológico cuando se justifica la muerte de un ser humano con cualquier fundamento. 

Uno de los errores conceptuales históricos de la humanidad ha sido considerar la vida como un derecho más. En realidad, la vida es la condición necesaria para que existan otros derechos, y por eso debe situarse en un plano superior. Ponerla al mismo nivel que la propiedad o la libertad de expresión conlleva el riesgo de que se pueda suprimir -como ocurre con aquellas- en ciertas circunstancias.

No se puede estar en contra del aborto y a favor de la pena de muerte o viceversa. Si se respeta la vida, es necesario hacerlo de manera absoluta, sin acomodar ciertos principios para justificar acciones que calmen la conciencia o abrillanten el alma. El liberalismo es la única doctrina que sienta las bases del irrestricto respeto por el ser humano y su derecho a buscar de la felicidad.

La violencia, sea asesinar a un feto o ejecutar a un delincuente, no tiene justificación en un mundo con principios liberales, precisamente por el valor supremo de la vida. La muerte de Kirk o el deseo de sufrimiento para Giammattei no deben tener cabida en un debate mínimamente racional, a menos que se reemplacen valores y razones por pasiones, creencias y odio, lo cual es lamentablemente promovido por ciertos personajes y desde tribunas extremistas de ambos lados del espectro político.

Lo más desafiante de entender es que ese debate suele darse en sociedades que celebran piadosas jornadas de oración o están fuertemente influenciadas por iglesias, como Estados Unidos y Guatemala. Muchos de quienes proclaman su fe en un dios bondadoso, justifican, en su nombre, normas o prácticas destructivas de la vida, aunque reconocen que no les pertenece, lo que refleja una enorme incongruencia.

Es decepcionante leer o escuchar a personas que desean el sufrimiento ajeno y la peor de las muertes a Giammattei o justifican el asesinato de Kirk, y verlas más tarde criticar las muertes producidas en el conflicto Israel-Hamas en Gaza. No hay justificación, en ningún caso, para sostener tal odio, independientemente del daño o acción punible que pudiera haberse cometido por cualquiera de ellos. 

El respeto por la vida no debe estar condicionado a las acciones del individuo, sino basarse en un principio general que está por encima de la adaptabilidad ideológica o de la aceptación social.

Estamos frente a actuaciones pasionales que deshumanizan y conducen a comportamientos extremos que suelen generar respuestas similares. En este contexto, es crucial reflexionar y actuar según preceptos, no por arrebatos, y ubicar la vida en el peldaño que realmente le corresponde. No hacerlo conduce inevitablemente a la destrucción.

Los CODEDES y el gasto público

Cada vez estoy más convencido de que realmente no quieren cambiar nada, sino utilizar las ventajas que esas normas generan cuando se lidera o está en el poder.

La aprobación sorpresiva y de urgencia nacional de la “Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de los CODEDES” ha provocado crispación en la mayoría de las organizaciones y analistas, y desconcierto en el gobierno. Hay que recordar que fueron dos diputados de SEMILLA quienes propusieron una ley de agilización del gasto público de la que el Congreso toma literalmente un artículo y lo incluye en su propuesta aprobada. De igual manera, el proyecto de presupuesto 2026 -elaborado por el ministerio de finanzas-, incorpora la prolongación del gasto para los CODEDES. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó que provocó tanto ruido si unos y otros incluían esa prolongación en el gasto?

El gobierno pensaba que podría convencer -o negociar- con esa idea de más dinero por más tiempo a los consejos departamentales, donde carecen de diputados y no tiene poder local. Podía ser relativamente sencillo ganar una baza -y ciertos votos- si se presentaban como los adalides del gasto descentralizado, y estirado ya por dos años. Y los diputados, más “cabrones que bonitos”, entendieron que podrían perder aliados locales y que seguramente no sacarían tajada de esa negociación, ya que no veía de ellos, así que decidieron presentar una moción de urgencia nacional -aunque mueren niños y nunca hay apremio- y aprobar con nocturnidad y alevosía, pero con más de 105 votos, tal propuesta.

Inmediatamente se produjo un rechazo social porque lo único que consolida es el robo a destajo que se ha hecho de dichos fondos por años, beneficiando a los mañosos de siempre. Claro que también hay que decir que el gobierno pretendía “lo mismo”, de ahí las escasa protestas del oficialismo, porque se tendrían que contradecir y renegar de sus propios diputados. 

El presidente está en un dilema. Si veta la propuesta, además de echar un pulso al Congreso -del que saldrá tocado-, deberán suprimir el artículo que copiaron de aquella ley de gasto exprés y sin controles y otro del presupuesto 2026; si no lo hace estará condenado a ser señalado de apoyar la corrupción legislativa. Cualquiera que sea la decisión, es seguro que se incrementará la fricción con los legisladores, y en los asuntos que se avecinan: presupuesto, elección mesa directiva y elecciones 2026, es muy probable que SEMILLA tenga alguna incidencia o votarán con esos partidos que han venido señalando de corruptos desde el inicio ¡Las cosas no pintan bien!, sobre todo habiendo una ruptura interna en el oficialismo que margina al diputado Samuel Pérez y a otros afines a aquel, algo reconocido explícitamente por el propio presidente en una de sus comparecencias mañaneras.

Como siempre, se esperan resultados diferentes con las misma normas y regulaciones y eso es imposible. Respecto de la ley de contrataciones “todos” afirman que no sirve; los CODEDES aseguran que no funcionan, y las comisiones de postulación que están amañadas. Sin embargo, y sin cambiar absolutamente nada en los últimos años -porque la mayoría está en contra de todo cuando juega en la oposición-, buscan afanosa y equívocamente que los resultados sean diferentes y obedezcan a la bondad política de los diputados, que no deja de ser un oxímoron.

Cada vez estoy más convencido de que realmente no quieren cambiar nada, sino utilizar las ventajas que esas normas generan cuando se lidera o está en el poder. De esa cuenta, cuando son oposición, se desgañitan en críticas y voceríos para descalificar, al contrario; cuando llegan al poder pretenden hacer lo mismo que negaron unos años atrás, porque encuentran beneficios.

Falta algo: coherencia en aquello que se dice defender, y sobran intereses mezquinos de unos y otros.

La narcodictadura al borde del precipicio

Desde que los navíos zarparon, el régimen venezolano -que conoce la teoría del no retorno- inició una serie de acciones en todos los frentes posibles, aunque estos sean limitados

En todas las operaciones militares hay un punto de no retorno, y dicho límite ha sido sobrepasado con la orden de movilizar una fuerza naval militar norteamericana hacia las costas venezolanas. Retroceder representaría una gran derrota para cualquier gobierno, y en especial para uno liderado por alguien como Trump. Por lo tanto, las pregunta más comunes son: ¿Qué puede suceder ahora? ¿Qué opciones hay disponibles?

Desde que los navíos zarparon, el régimen venezolano -que conoce la teoría del no retorno- inició una serie de acciones en todos los frentes posibles, aunque estos sean limitados. El margen de maniobra de Maduro y sus aliados se ha reducido considerablemente. Rusia y China no le prestan atención, ya que conocen bien la realpolitik, y muchos países americanos han comenzado a condenar el terrorismo y el narcotráfico del régimen: Paraguay, Ecuador y Argentina, se han sumado a esta condena, y Brasil ha cuestionado la legitimidad de las elecciones que Maduro afirma haber ganado, aunque tras el proceso electoral su respuesta fue poco decidida, dubitativa y hasta de cierto apoyo, como la del presidente Petro.

Sabedores de que los norteamericanos no pueden retirarse sin logros, el gobierno venezolano promueve una estrategia de comunicación psicológica en la que afirma movilizar más milicianos que votantes tuvo en las urnas y entregarles más armas de las que realmente poseen, aunque sin municiones, por temor a que alguno de esos defensores patrios decida cobrar la recompensa ofrecida por las cabezas de los dirigentes venezolanos.

Esta crisis del régimen ha identificado quién ostenta realmente el poder tras el trono. Es Diosdado Cabello el que parece tener una mente narcoterrorista más consolidada, y quien más teme perder. Así las cosas, el problema no es tanto la recompensa millonaria ofrecida por cada uno de ellos, sino la traición desde adentro para negociar su salvación. Si el "Mayo" Zambada logró pactar con la justicia norteamericana su cadena perpetua a cambio de evitar la pena de muerte, es evidente que la élite narcoterrorista del Caribe Sur, agrupada en torno al cártel de los Soles, buscará algo similar, aunque no podrá ser para todos.

De momento, la presión está creando un espacio para la reflexión, el análisis, la búsqueda de negociaciones e incluso traiciones para salvarse, una práctica común entre revolucionarios de cartón como la historia muestra. Mientras algo ocurre -ya sea huyendo o negociando-, Estados Unidos promueve una especie de pinza diplomática en la que seguramente buscarán un consenso amplio de países que condenen a la dictadura o un rechazo por parte de algún organismo regional.

Si todo esto falla -sería el peor escenario- se visualizan graves consecuencias, porque únicamente quedaría una acción quirúrgica en la que se aísle y neutralice a la cúpula del régimen venezolano, posiblemente mediante misiles o drones para, simultáneamente, entrar con grupos de elite de infantería y capturar o eliminar a los líderes del régimen..., y ellos lo saben.

Se hizo con Bin Laden, y aunque la situación era diferente, parecería que lo de ahora no genera protestas en la opinión pública ni presión internacional. Ausencia de manifestaciones enmarcadas en otra negociación: el conflicto entre Ucrania y Rusia. Algo así como una doctrina Monroe extendida en la que cada continente respeta la zona de influencia del otro.

Las agencias de inteligencia buscan negociaciones para ver quién es el primero en traicionar, mientras otras instituciones promueven consensos contra la narcodictadura. Si México "cedió" y entregó a sus "mejores narcotraficantes", Venezuela no tiene mucho margen. Es cuestión de tiempo.  

¡Y cuidado Nicaragua y Cuba!, pongan sus barbas a remojar.

El etiquetado que divide

El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad

La implementación de una ley de etiquetado para productos que deben consumirse responsablemente representa un paso fundamental hacia la protección del consumidor y la promoción de hábitos de consumo más conscientes. Mediante etiquetas visibles y comprensibles, se destacan advertencias sobre ingredientes que pueden estar relacionados con riesgos para la salud, lo que fomentan una cultura de responsabilidad individual, promueve el bienestar general y alienta a las empresas a adoptar prácticas más transparentes y sostenibles. En última instancia, el objetivo es equilibrar la libertad de elección con el acceso a información clara y precisa para proteger la salud pública. Estos aspectos difícilmente admiten mucha discusión.

Sin embargo, Centroamérica se enfrenta al riesgo de cometer un grave y costoso error. La región, que ha buscado la integración económica durante décadas, podría desarticular su incipiente mercado común mediante iniciativas nacionales de etiquetado frontal de advertencia nutricional que ignoran la columna vertebral del proceso: el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). 

Aunque la advertencia en el etiquetado aparenta ser una medida orientada a la salud pública, podría transformarse en una pesadilla para el comercio y la inversión. Si cada país implementa una manera diferente de hacerlo, las empresas tendrían que producir empaques diferentes para cada mercado. Esto generaría más costos, ineficiencia y un espacio regional que perdería su atractivo frente a otros bloques, como la Unión Europea o el Mercosur, que avanzan hacia la estandarización.

El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad. Esto convertiría al mercado centroamericano en un complejo laberinto normativo, ahuyentando a los inversionistas y frenando el comercio. Y si bien algunas multinacionales podrían absorber estos costos, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores individuales, que constituyen más del 95% del parque empresarial y generan el 60% del empleo formal en la región, no tendrían la capacidad para sostener seis regulaciones diferentes. Esto pone en peligro a ese amplio sector, y se traduce en menores oportunidades, reducción de la oferta y, en muchos casos, cierre de operaciones.

La problemática de la mala nutrición no se resolverá sólo con etiquetas. El cambio real provendrá de la educación y de campañas de sensibilización que fomenten hábitos de consumo más saludables y equilibrados. Es aquí donde surge una gran oportunidad: informar y educar a la población, y no solamente en cuanto a explicitar lo que se consume, sino también respecto a otros factores que influyen en la salud como el uso excesivo de pantallas, el sedentarismo o la falta de ejercicio físico, como algunos ejemplos. La región debe impulsar campañas integrales de comunicación que aborden estos temas y promuevan estilos de vida más activos y saludables, estrategia muy superior a la de un simple etiquetado de productos.

Imponer regulaciones diferentes en cada frontera no representa progreso, sino un retroceso monumental. Este debate plantea un auténtico desafío como lo es determinar si Centroamérica desea consolidarse como un bloque serio o continuar jugando a una integración ficticia. De no reaccionar pronto y racionalmente, no debemos sorprendernos si quedamos fuera de la competencia global. 

Además, es una oportunidad para que el gobierno nacional lidere un proceso regional coherente y racional que allane el camino para iniciativas futuras similares en otras áreas. Este podría ser, si se hace de forma armonizada, un éxito político más significativo que una victoria pírrica que corre el riesgo en la práctica de no materializarse, ser derogada o conllevar un alto costo económico.

Siempre fue el reparto del mundo

El aparente vínculo casuístico entre la reunión en Alaska y el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en el sur del Caribe resalta estos intereses

Desde hace siglos, la política internacional ha estado marcada por una dinámica de repartición del mundo y el ejercicio de la hegemonía de las potencias dominantes en cada momento. El fenómeno se repite a lo largo de la historia desde el Tratado de Tordesillas en 1494, por el que España y Portugal se dividieron el mundo conocido en un intento por controlar vastas áreas del globo en aquel inicio de la globalización temprana.

Este patrón se replicó durante la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde las potencias europeas acordaron repartirse África, lo que consolidó sus influencias coloniales en el continente. De igual manera, luego de la Primera Guerra Mundial, se redibujó el mapa de Europa y Medio Oriente, repartiendo territorios de los perdedores de la Gran Guerra y del colapsado Imperio Otomano. Más tarde, las conferencias de Yalta y Potsdam de 1945 demostraron nuevamente cómo las potencias aliadas, ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, manejaron el reparto de áreas de influencia, particularmente en Europa.

La reciente reunión entre Trump y Putin en Alaska se inserta en esta misma lógica histórica. Los Estados Unidos, que ahora ven a China como su principal rival -en lugar de Rusia-, necesitan alinearse estratégicamente. Putin, por su parte, requiere solventar ciertos problemas para poder revitalizar su poder, ya que la situación en Ucrania, que expone la incapacidad de Rusia para resolver conflictos prolongados, es un obstáculo que el Kremlin quiere resolver cuanto antes y bajo términos favorables. Mientras tanto, Trump busca reactivar la Doctrina Monroe para reforzar la pérdida de influencia estadounidense en América Latina, obstaculizada por Rusia y China. Por lo tanto, es posible, pero también necesario, que ambas naciones colaboren para alcanzar sus objetivos. 

Podría forzarse la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y permitir a esta última mantener el control de una región clave como el Dombás. Mientras tanto, Rusia reduciría su influencia en América Latina, facilitando así un enfoque norteamericano más directo contra China y probablemente debilitando regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela, y en menor medida en El Salvador; Bolivia y Ecuador parecen estar “bajo control”. Esta estrategia compleja busca, en última instancia, reducir la influencia china en Latinoamérica y consecuentemente el control sobre puertos, minerales estratégicos, telecomunicaciones y el espacio electromagnético e inversión y desarrollo en infraestructura crítica en la región.

El aparente vínculo casuístico entre la reunión en Alaska y el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en el sur del Caribe resalta estos intereses. Sin Rusia en la ecuación del conflicto y con el silencio de Putin, China, que carece de capacidad militar en la región, lo tendrá más difícil, aunque presionará a sus alianzas autoritarias en América Latina antes la imposibilidad de un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Sin embargo, conscientes de que el tiempo es una de sus mayores ventajas, junto con su poder económico, las estrategias chinas pueden posponer la confrontación hasta tiempos más propicios en los que Trump ya no esté en el poder y Xi Jinping continue en el cargo.

Es posible que antes de fin de año se pueda definir más este escenario complejo, porque el inicio del 2026 debe de confrontar otras situaciones geoestratégicas, bajo el apercibimiento de perder el tiempo inicial del mandato presidencial norteamericano para establecer bases sólidas que permitan ciertos cambios.

Una vez más, estamos asistiendo a ese reparto sórdido del mundo, con actores conocidos en los últimos años, y con formas y métodos que suelen pasar desapercibidos a ciudadanos globalizados, más pendientes de unas vacías y distractoras redes sociales que del realismo en el acontecer mundial.

El oficialismo alternativo

Tras el prolongado descanso quedó claro que en lugar de buscar reconciliarse, prefirieron delimitar quiénes forman parte de cada facción y cuáles son sus futuros objetivos.

Al oficialismo le resultó muy difícil aceptar públicamente que había todo un proyecto en marcha para la formación de un nuevo partido por parte de algunos de sus diputados; muchos lo desconocían. La razón detrás de esa resistencia es comprensible: mostraba una bancada desunida, enfrentada y en desacuerdo, lo cual era perjudicial a un año y tres meses de llegar al poder. Con baja aceptación de liderazgo, reflejado en encuestas y sondeos, reconocer la ruptura podría significar perder más apoyo, tanto de potenciales socios como de una ciudadanía que percibía su gestión como lenta e ineficiente. Sin embargo, los hechos hablaron por sí mismos, y el receso legislativo llegó con ese notorio y anunciado "divorcio".

Tras el prolongado descanso quedó claro que en lugar de buscar reconciliarse, prefirieron delimitar quiénes forman parte de cada facción y cuáles son sus futuros objetivos. El grupo cercano al presidente, liderado por el diputado Sanabria, asumió la vocería de SEMILLA, trasladando al Congreso una propuesta de ley de agilización del gasto público, que significa en la práctica estados excepcionales y ausencia de controles, lo contrario de lo que pedían a gritos cuando eran oposición. La intención es demostrar capacidad de acción antes de negociar el próximo presupuesto, algo que tendrán difícil por lo poco ejecutado hasta ahora, además de coquetear con aquellos con los que deberán pactar la junta directiva para 2026.

Del otro lado, la oposición emergente, RAICES, liderada por Samuel Pérez, expresó sus quejas en la primera sesión del legislativo tras el descanso “sabático”. Hizo notar la ausencia de la mitad de los diputados en el hemiciclo, omitiendo que tampoco estaban presentes otros tantos de los de su partido original.

Las discrepancias resultan costosas. SEMILLA parece estar al límite, con una ejecución presupuestaria escasa, ministerios ineficaces (aunque con excepciones como el de Educación, en algunos aspectos) y un liderazgo presidencial cuya pasividad ha exasperado a tirios y troyanos. RAICES, por su parte, muestra ambición por asumir un rol protagónico en los medios y promover un partido aún inexistente, lo que obliga a mantener una campaña electoral constante. Es probable que en ciertos momentos coincidan, porque así es la política, aunque la fricción será inevitable ya que SEMILLA sigue siendo el partido oficial y RAICES necesita su propio espacio y reconocimiento. Es esperable que choquen en ciertos temas o en propuestas controvertidas, como el polémico proyecto del gasto público antes citado.

El conflicto -apenas al año y medio del inicio de su administración-, revela muchas carencias: falta de preparación, de liderazgo, ausencia de proyectos claros, incapacidad de ejecución y falta de madurez política de muchos de sus miembros, especialmente los más jóvenes, además de soberbia política. Parecen no comprender aquello de "la velocidad de lo posible", y olvidan que "lo perfecto es enemigo de lo bueno” ¡Demasiados técnicos, y pocos políticos!

De aquí a noviembre, va a estar duro el parloteo en el Congreso. Muchas cosas estarán en juego, pero sobre todo el ejercicio del poder real de aquellos que consigan una mayoría simple, no digamos cualificada. Ese escenario tendrá repercusiones significativas en el corto plazo, especialmente de cara a las elecciones del 2027, y muestra una tendencia como es la fragmentación de los partidos, algo conocido en otros que terminaron divididos en grupos bajo nuevos liderazgos, que en ciertos casos incluso superaron al de sus maestros.

El problema es que estamos cortados con la misma tijera, y aunque algunos intentan marcar una diferencia, terminan comportándose como el resto. Es una especie de mal endémico incrustado en el ADN de la política nacional, del que parece "imposible" que nos desprendamos.

Bukele, el dictador cool

Un dictador de pasarela que únicamente comparte con sus homólogos regionales el deseo absoluto de poder, el espíritu criminal y el origen político en un partido de izquierda

El camino que traza Bukele en El Salvador conduce inevitablemente hacia una perpetuación en el poder, algo que se percibía desde hace tiempo. Los autoritarismos suelen surgir por diversos factores, destacándose especialmente tres: hartazgo ciudadano, motivado por múltiples y diferentes razones, oposición política desunida e ineficaz, y elevado nivel de analfabetismo político ciudadano que prefiere sacrificar la libertad en favor de una "supuesta seguridad" que sólo beneficia al dictador y a su entorno.

El caso de Bukele es particular y no encaja con los tradicionales moldes de líderes autoritarios de América Latina, como lo son el viejo asesino revolucionario cubano, el locuaz conductor de bus venezolano, el indígena acosador de menores o el sociópata violador nicaragüense. Se trata de una nueva ola de autoritarismo representada por una figura moderna -cool- que cuida su imagen, comunica eficazmente a través de las redes sociales y proyecta una apariencia moderna y dinámica. Un dictador de pasarela que únicamente comparte con sus homólogos regionales el deseo absoluto de poder, el espíritu criminal y el origen político en un partido de izquierda.

Este liderazgo autoritario surge de una izquierda sosa, reinventada e incapaz de vender su desgastada ideología que adopta la versión populista para confundir, adaptarla a un público del siglo XXI, y evitar así el enfrentamiento con los tradicionales ideólogos, que todavía existen. Se reinventa en su forma, y su penetración en el poder se asemeja a una inyección que entra lentamente, casi imperceptiblemente, sin oposición, lo que contrasta con el impacto brusco y rechazado de los golpes de estado tradicionales.

Con el tiempo, el miedo se convierte en la herramienta de control: temor a hablar por riesgo de detención, a publicar por posibilidad de cierre del medio o a realizar entrevistas críticas por la amenaza de expulsión del país. Esa receta se adereza con modernas y coloridas justificaciones promovidas en diferentes redes sociales por demagogos profesionales. Y aunque después de más de tres años de estado de excepción los ciudadanos piensan a menudo que todo volverá a la normalidad, lo que experimentan es un cambio del crimen común a otro político de cuello blanco, en el que la disidencia se torna cada vez más difícil, y lo que antes era temor a pandilleros tatuados se torna en miedo a funcionarios elegantemente vestidos y sonrientes.

Da la impresión de que la humanidad no aprende de su pasado ni de los tropezones de otras sociedades. Repetimos la historia una y otra vez cometiendo los mismos errores; parece que desaprendemos más de lo que aprendemos, repitiendo errores del pasado que ya deberíamos haber superado. Hitler utilizó la ley habilitante para concentrar poderes, Chávez replicó esta táctica ochenta años después, y ahora lo vemos de manera más sutil en El Salvador. Antes de que termine el año, es probable que Xiomara Castro, con Zelaya al frente, intente algo similar en Honduras, en una especie de nueva versión del fallido golpe de años atrás.

Mientras tanto, las democracias, aunque imperfectas, observan silenciosamente, y consienten o no responden con la determinación esperada. Los populistas expanden su dañina filosofía que, aunque alabada por algunos ciudadanos y candidatos, rara vez invita a migrar hacia esos paraísos prometedores. Esos "nazistas cool" saben que los demócratas no actuarán en su contra, y aseguran su permanencia en el poder por décadas. 

Vivimos en un mundo absurdo, y argumentando la defensa de valores democráticos desde la libertad sin responsabilidad, terminamos socavándolos nosotros mismos en nombre de esos principios que decimos abanderar.

¡Se puede ser tonto, pero no tanto!

La ONU y sus cuervos

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada

No tengo claro cómo Balakrishnan Rajagopal, el relator especial de la ONU sobre “el derecho a una vivienda adecuada”, llegó al país. Tal vez fue invitado por el gobierno como parte de su estrategia de construcción de una red internacional de apoyo, o posiblemente vino sin previo aviso en una de esas visitas "in loco" que realizan los funcionarios internacionales cuando turistean por el mundo. En cualquier caso, lo relevante no es cómo llegó, sino lo que manifestó antes de partir cuando hizo "un llamado al gobierno para detener los desalojos y reconsiderar el enfoque legal sobre la propiedad privada".

El mencionado personaje, abogado de ascendencia india, se describe a sí mismo como un "experto en varias materias", y ocupa el citado cargo desde 2020. Sin embargo, resulta difícil encontrar información básica sobre él, como su fecha de nacimiento o su nacionalidad, lo que genera un grado desconcertante de secretismo. Se trata de alguien que percibe puntualmente sus ingresos gracias a los impuestos que pagamos, además de vivienda y jubilación, aunque parece cuestionarse que los demás conservemos lo que legítimamente adquirimos libremente.

Es realmente preocupante que un organismo internacional, al cual todos contribuimos, otorgue poder a individuos que, en pleno siglo XXI, cuestionan la propiedad privada, por cierto protegida por la constitución. Eso me parece, cuanto menos, irracional. No obstante, viniendo de una entidad como las Naciones Unidas, parte de cuyas agencias han sido cuestionadas, por ejemplo, en Gaza por contratar a personas cercanas a grupos terroristas como Hamas, incluyen y privilegian a la  dictadura cubana en su consejo de derechos humanos, o no señalan ni condenan contundentemente los regímenes de Venezuela, Nicaragua o Cuba, resulta comprensible. Por tanto, no sorprende la postura de ciertos líderes, incluyendo al actual presidente de los EE. UU., cuando manifiestan su voluntad de retirarse de determinados organismos debido a su manipulación e ineficiencia. En resumen, Naciones Unidas parece haberse convertido en un club de izquierdistas que no practican lo que predican: pagar más impuestos y evitar los privilegios. La mayoría de sus miembros -como ocurre en otros organismos internacionales- están exentos de ciertos impuestos tanto en el país donde trabajan como en su país de origen, disfrutan de privilegios de inmunidad, generosas jubilaciones, y -sin ningun escrúpulo- aprovechan los salarios "de miseria" que ellos mismos critican en los países donde operan, pero que son los que pagan a los nacionales que contratan para su servicio.

Que un comisionado internacional sobre “el derecho a una vivienda adecuada” haya podido afirmar, sin recibir respuesta o reprimenda por parte del gobierno, que es necesario detener los desalojos -lo cual equivale a promover y garantizar la invasión de propiedad privada por parte de grupos de delincuentes-, y que además se le haya permitido concluir su idea al proponer esa barbaridad sobre "repensar la propiedad privada", refleja el grado de cobardía y servilismo de quienes nos gobiernan. ¡Y no justifiquen esas acciones bajo el calificativo de prudencia!

Es importante que esos personajes vivan la experiencia de ver cómo sus propiedades, que resguardan en países donde no intervienen, son invadidas y expropiadas por gobiernos dictatoriales a los que tampoco confrontan ni condenan. Así podríamos ver si continúan incorporando esas ideas en discursos políticamente correctos para cierto público extremista. No debemos olvidar que el actual presidente, cuando era candidato, reconoció, en una entrevista, que el derecho a la propiedad no está en cuestionamiento, por lo que esas declaraciones de voceros de organismos internacionales deben de ser contestadas con suficiente contundencia, para evitar palancas discursivas que generen o pretendan justificar la conflictividad.

¡Las cosas parecen no suceder por casualidad!