Reto para la CC

Dos años se lleva supervisando concienzudamente la elección de magistrados a la Corte Suprema, de Contralor, de Fiscal General y de otras autoridades públicas, de forma que las generalidades que para los mismos señala la Constitución se observen y amplíen en aquellas otras en que los tiempos y las exigencias sociales determinan que hay que mejorar, como la honestidad y otras.
El esfuerzo no ha dado todavía los resultados apetecidos, pero al menos ha servido para reflexionar sobre la clase de autoridades que el país necesita en orden a promover la transparencia, la eficacia del sistema y el ejercicio honesto del cargo. De hecho, cuando un Fiscal General fue señalado por diversas causas, la CC determinó anular el proceso de selección y elección del mismo y comenzar de nuevo. Todo parece plausible, coherente y hasta sano para contar con unas autoridades con alto grado de moralidad y de capacidad profesional.
En poco tiempo elegirán a los miembros de la futura CC. Poco se ha hablado de ello y no hay suficiente debate sobre las cualidades que deben poseer los mismos. Sin embargo, el tema es crucial. La elección es puramente política, tal y como determina la Constitución, lo que posibilita que desde el poder se nombre a quienes pueden garantizar a muchos “un cierto grado de confianza, lealtad y tranquilidad” durante los años siguientes. El peligro: el máximo tribunal podría tomar decisiones con preocupante componenda política.
Es preciso fiscalizar, al igual que se ha venido haciendo, ese proceso, incluso de matizar como deben entenderse los lineamientos que recoge el artículo 270, de forma que la simpleza en la redacción no permita que se nombren a amigos, a operadores de decisiones políticas ni a allegados al poder, como podría ocurrir. La próxima CC será, en última instancia, quien dilucide si algunas personas pueden ser candidatas y tomará decisiones trascendentales para la vida del país, algunas con difícil irretroactividad si luego, como ya ha ocurrido, se constata que no fueron del todo acordes con la legalidad sino producto del oportunismo político. Aquí no hay comisiones de postulación ni tiempo para investigar a los candidatos, de ahí la necesidad de comenzar lo más pronto posible.
Lo que sucede en Nicaragua debe ponernos sobre aviso. El dictador Ortega ha nombrado a sus amigos magistrados y creado un corpus judicial que ha terminado, como en Cuba y Venezuela, por darle forma legal a las arbitrariedades que se les ocurren a esos dictadores, entre ellas las de perpetuarse en el poder. Esa politización de la justicia sirve, exclusivamente, para aparentar un modelo democrático que tiene de todo menos de aquello y que termina por judicializar la política y posibilitar la perpetuación de ese grupo de totalitarios y sus aventajados alumnos.
Demasiada energía llevamos gastada, pero todavía debe quedar para exigir a la actual CC que concrete y haga público el perfil de los nuevos magistrados y promueva la adecuada fiscalización, de forma que no se terminen nombrando a los amigos del poder para que hacernos creer que las decisiones posteriores se ajustarán a Derecho y no serán sentencias emitidas en función de los intereses de quienes los nombraron. El Estado de Derecho, el respeto a la justicia, la observancia de las normas y una serie de valores universales y necesarios pueden desplomarse y encontrarnos con una democracia que en modo alguno responde más allá de los intereses de grupos oscuros. Es la hora del último empujón y debemos contar con la suficiente fuerza para llevarlo a cabo.