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martes, 9 de agosto de 2011

De Evita a López

Los sucesivos varapalos a Sandra Torres y sus secuaces por intentar violentar la ley, ha hecho que la infructuosa y estéril estrategia de campaña evolucione hacia otra alternativa que pareciera nunca previeron. En vista de la dificultad que representó para la CC dictaminar a favor de la inscripción, contra la decisión de otros altos tribunales, deben planificar de forma diferente el futuro de la coalición. La nueva maniobra consistiría en llamar a las puertas de ese constructo denominado comunidad internacional. De momento los europeos y los hermanos del norte no han prestado mucha atención y es que Occidente no tiene tiempo para cuestiones domésticas ni mucho menos ganas de abordar problemas íntimos cuando en casa no encuentran la solución para superar la crisis griega o el peligro de la default norteamericana. En vista de lo cual, los sesudos asesores UNE parecen centrarse en un grupo de países latinoamericanos, de esos que gustan del socialismo del siglo XXI, y que, presumiblemente, terminarán por acuerpar los alegatos de la dama y su séquito. Si hace siquiera un año la comunidad internacional era “más favorable” a una mujer candidata que a un general presidenciable, tras el ruidoso y amañado divorcio -que se analizó en todas las cadenas de TV y figuró como noticia en cientos de medios escritos- casi ningún país occidental apoyará la violación de la ley y dará la razón a la aspirante, aunque siempre encontraremos alguno dispuesto a ello en América Latina.
Del populismo ruidoso y ensalzador de masas, y tras la pobre actuación dramática hollywoodiana ante la CC, el oficialismo puede pasar a desconocer el proceso electoral y ocupar la plaza de la constitución con acarreados, tal como López Obrador hiciera en la última elección presidencial mexicana, sin descarta el autoexilio de la candidata, ahora que se descubre el dinero que salía hacia Panamá. Una patochada que dejará en evidencia al propio gobierno de la UNE que, de ser así, se proyectará ante los medios internacionales (a quienes concede exclusivas) como incapaz de asegurar un proceso electoral transparente y fiable. La estrategia que usen se volverá en su contra, como viene ocurriendo en los últimos meses.
La democracia, lejos de ser “el gobierno de las mayorías”, es un sistema de gestión política que no debe vulnerar los derechos de nadie, por lo que no puede aceptarse, bajo ningún pretexto, argumentos que supongan violar la ley. Por tanto, aunque un millón y tanto de firmas avalen una propuesta (incluso si fueran varios millones), no es aceptable otro razonamiento que no sea el respeto a la legalidad. De lo contrario, esa “mayoría” terminaría, como ocurre en Venezuela y Cuba, por expropiarle su casa, su negocio o enviarlo a la cárcel. Es lo que se ha venido en denominar la dictadura de la mayoría, propia de regímenes con alto grado de absolutismo y de presidentes déspotas que apañan todo el sistema para perpetuarse en el poder. Habrá que ver, por tanto, qué países, qué embajadores, qué organismos y quienes a fin de cuentas apoyan y sustentan la candidatura de una persona rechazada por todas las altas instancias judiciales del país. Veremos la catadura moral de quienes así obran y tendrán que salir del closet los que promueven la fuerza y la presión por sobre la ley, aunque en el discurso público no siempre sean coherentes con aquello. Esto es un momento histórico para el país, pero también para otros muchos “amigos”.

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