El
interés general ha quedado relegado al particular del político quien sirve a
terceros anónimos
En 2015, la CICIG publicó un informe titulado “Financiamiento de la política en Guatemala” en el que presenta un
gráfico que atribuye a élites empresariales, asociaciones empresariales y
financistas individuales un 25% del financiamiento para las campañas, un 50% a
constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas y un
25% al crimen organizado. Si valida lo anterior y “reparte” los porcentajes
entre los epígrafes citados, observará que el 25% del tercer apartado -el
crimen organizado- es el mayor de todos, y si desde aquel entonces se ha
enjuiciado a personas que aportaron dinero de origen lícito y se ha
desarticulado, en parte, el club de extorsionadores políticos que cobraban por
adjudicar obras públicas, conceder proyectos o contratar plazas fantasmas,
resulta que para el proceso electoral del año próximo únicamente queda, como
origen de financiamiento -sin persecución por ahora-, el crimen organizado.
Considere que constituirá el mayor porcentaje relativo y comprenderá la
gravedad del riesgo que se avecina.
El financiamiento electoral por el crimen organizado -narcotráfico
incluido- se ha producido, en mayor medida -también lo explica el informe- en Municipios
y Departamentos. De esa cuenta el escenario más probable para los comicios del
2019 será que dinero procedente de esa clase de delincuencia -ilícito por
tanto- financie a alcaldes y diputados que, por falta de medios e
infraestructura, escaparán del control y de la fiscalización y desde lo local
influirán en la política nacional. El TSE, con más voluntad que acierto, deberá
aplicar una normativa nueva y un tanto extrema que dificultará enormemente el
debate entre candidatos, así como la publicidad en medios, ya que la dureza de las
medidas sancionadoras son de tal enjundia y subjetividad que posiblemente la
mayor parte de medios prefiera quedarse al margen antes que entrar a colisionar
con lo que ni siquiera los magistrados del tribunal electoral tienen claro. Observará
que hay grupos que difunden el mensaje de que no habrá “elecciones libres por
cooptación del TSE por parte de CICIG” y se preguntará qué puede haber detrás. Si
comprende el escenario descrito, la respuesta aflora: hay quienes desean una elecciones
sin fiscalización por parte del TSE porque así podrán ser financiados por
grupos cercanos al crimen organizado y continuar con el manoseo desde la
política.
Comenté hace unas semanas que el poder político real hace tiempo que no
está el Ejecutivo ni en el corrompido Congreso, es el poder local el que batea sostenido
por financistas anónimos. Los ciudadanos hemos asimilado que hay otra forma de
hacer las cosas sin pagar favores o comisiones y a los financistas les ha
quedado claro que deben atenerse a reglas más exigentes de transparencia y no
pagar chantajes. Sin embargo quienes no han aprendido nada, ni están dispuestos
a hacerlo, son políticos mediocres: alcaldes y diputados, particularmente
distritales, anclados al modelo de financiamiento procedente de dinero mal
habido y que apuestan por administrar lo público de manera ventajosa para
perpetuarse en el poder -con cualquier partido- y no tener la necesidad de
transparentar la identidad de los donantes ni mucho menos el origen de los
fondos, la mayoría procedentes del crimen organizado.
El interés general se relega al particular del político quien sirve a
terceros anónimos y corremos el riesgo de que sean los protagonistas en el
proceso electoral venidero. Sobran ejemplos publicados en el citado informe y
aquellos evidenciados por investigaciones en prensa sobre como diputados están
relacionado con el narcotráfico y qué papel juegan en este rompecabezas del que
poco o nada se entiende y menos se quiere saber. Los cambios drásticos pueden
enlodarnos más.
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