Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia
Hablar no es comunicar, y mucho menos es equivalente a promover una comunicación estratégica. Emitir mensajes de forma constante —aunque sea a diario y con abundancia de palabras— no garantiza que exista claridad, coherencia ni propósito, y se corre el riesgo de caer en una suerte de cháchara continuada. La comunicación estratégica exige algo más que presencia: requiere definir objetivos, identificar audiencias, construir narrativas consistentes y alinear lo que se dice con lo que se hace. Cuando eso no ocurre, la palabra se vacía de contenido y se convierte en simple ruido; se habla mucho, pero se informa poco, se explica menos y, sobre todo, no se logra incidir en la percepción ni generar confianza, o todavía peor: la locuacidad termina por cansar al receptor.
Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia. Tres cambios en la dirección encargada del área no han servido para corregir el problema, sino más bien para perfeccionar una versión bastante tropical del gatopardismo: cambiar responsables para que todo siga exactamente igual. La comunicación oficial parece reducirse a la liturgia diaria de “La Ronda”, ese espacio donde, cada mañana durante unos minutos, se anuncian deseos, se improvisan explicaciones y se ensayan relatos que difícilmente pueden confundirse con una estrategia. Y es que repetir mensajes políticos no equivale a comunicar, y mucho menos a construir una narrativa pública consistente, y aceptada por el ciudadano.
Mientras tanto, los vacíos informativos se acumulan con una contumacia que resulta admirable. Siguen sin explicarse con claridad las salidas —voluntarias o no— de ministros, viceministros y directores; la fuga de reos que evidenció fallas estructurales en el sistema penitenciario; los incidentes en la frontera, donde el crimen organizado mexicano parece encontrar más incentivos para ingresar al país que para evitarlo; o la falta de arreglo de las carreteras, con la ya conocida excusa de “esto es un problema de años”. A ello se suman, entre otras muchas cosas, contrataciones discrecionales en distintas dependencias, que aparecen y desaparecen del radar público con una facilidad que solamente es posible porque no se explica.
Y cuando uno pensaría que la lista de pendientes ya es suficientemente larga, se agregan nuevos capítulos: la imposición a contratuerca del uso del etanol bajo el eufemismo técnico de E10 —quizá con la esperanza de que el nombre suene menos controversial—; la prometida recuperación de pozos petroleros en Petén, de lo que hace rato que ni se habla; el “cierre” de vertederos de basura al descubierto que arden y contaminan, y que nunca termina de concretarse; el incremento en los precios de los combustibles, hoy administrado con una tolerancia que contrasta significativamente con la indignación que provocaba en tiempos pasados cuando los que ahora gobiernan eran oposición; o el ya casi mítico tema de los seguros para motocicletas, que tras un año de aprobación e inmediata derogación, sigue en el limbo de las buenas intenciones.
El problema de fondo no es sólo la ausencia de información oportuna, sino la inexistencia de una lógica estratégica que ordene priorice y dé sentido a la comunicación gubernamental. En ese vacío, cada tema se gestiona como puede —o como no puede—, y la narrativa pública termina siendo definida por terceros. El resultado es previsible: desgaste, pérdida de credibilidad y una sensación creciente de improvisación que, lejos de corregirse, parece haberse institucionalizado.
¿Será que alguien, a estas alturas, escucha realmente las comparecencias diarias del presidente y de ministros a quienes cualquier coyuntura parece tomar por sorpresa? Lo que parece claro es que no se resuelve con otra “Ronda”.
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