Entre fugas, compras y excusas

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”.

Sin haberse aclarado todavía el misterio de los veinte pandilleros fugados -¿serán solamente veinte?, porque nadie ha podido confirmarlo-, salta a escena otro capítulo del inagotable drama nacional: las compras a través de UNOPS. Y como es costumbre, pasamos de un escándalo a otro sin digerir el anterior, con la misma velocidad con la que cambiamos de tema en las sobremesas.

Intentar comprender ambos casos es casi un ejercicio de escapismo intelectual: unos aprovechan para arremeter contra el gobierno -y razones no les faltan-, mientras otros exigen explicaciones por dos hechos evidentes: faltan reos peligrosos en las cárceles y sobran justificaciones en la compra de medicamentos. Y, por si la trama parecía flaquear, desde Petén llega un tercer acto: la desaparición de armamento, como si las bases militares fueran mercados abiertos donde cada uno agarra lo que necesita.

El guion, sin embargo, es siempre el mismo: “ya se presentó la denuncia en el Ministerio Público”. Una frase mágica que lo cura todo, desde la pérdida de un teléfono hasta la fuga de criminales o el extravío de fusiles y lanzagranadas. Con eso basta para tranquilizar conciencias y, de paso, sacudir responsabilidades. Porque aquí, el deporte nacional no es el fútbol, sino lavarse las manos y mirar hacia otro lado.

En el caso de las cárceles, dicen que las cámaras no funcionaban y que el conteo de presos era más una tradición que un procedimiento. En el de UNOPS, que hubo “ahorros”, aunque nadie se atreve a decir cómo se calcularon; además, parece que las normas se cumplen a la carta y los costos de gestión se esconden debajo de la alfombra. Y en el ejército, decenas de fusiles, miles de cartuchos y hasta lanzagranadas se desvanecen como si el inventario lo llevara Houdini.

Pero claro, nada de esto sorprende. Ya nos acostumbramos a que un clavo saque otro clavo, y que cada semana aparezca un escándalo más brillante, más fino y aparatoso que el anterior. El país sigue su marcha, saltando de crisis en crisis, sin resolver ninguna, pero siempre entretenido. Porque, al final, aquí lo importante no es la verdad, sino tener tema nuevo cada semana.

Lo cierto es que toda esta debacle nacional no es mérito exclusivo de este gobierno, sino la dinámica natural del sistema. Da la impresión de que los delitos por omisión no existen en los libros de Derecho -ni en el código penal-, aunque tampoco se persiguen los de acción. Quizá porque son tantos, que ya ni vale la pena intentarlo.

Ahí está, por ejemplo, la célebre Comisión Nacional contra la Corrupción, que cuando se le piden resultados, responde que su función es “tramitar denuncias”. Una especie de mediador burocrático que tranquiliza conciencias, pero no resuelve nada. Ya lo vimos en el gobierno anterior, cuando, pese a estar dirigida por un exfiscal de “buena impresión”, sirvió exactamente para lo mismo que ahora: para nada. Si sirviera de algo, no existiría esa plaga de contratos a dedo para “influencers” -muchachitos que cobran por manejar redes y elogiar al jefe-, ni los infaltables parientes o cercanos afectivos. Antes eran plazas fantasma; ahora son fantasmas que ocupan plazas. Vayan o no vayan a trabajar, firmen o no, figuren o se escondan, el resultado es el mismo: favoritismo institucionalizado. Un asco nacional al que nos acostumbramos.

Total, en este país nada desaparece del todo: ni los reos, ni las armas, ni la vergüenza. Solo la memoria colectiva, que se fuga puntualmente cada semana.

El mensaje dominical: Más de lo mismo ¡Ayuda!, pero que lo hagan otros, porque ya pusimos la denuncia en el MP.

Un escándalo que nos desnuda

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles 

Lo que comenzó como una crisis más terminó, cómo no, en un escándalo monumental. Veinte reos peligrosos se fugaron de un penal y, hasta hoy, nadie logra explicar cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables. Las autoridades, muy diligentes como siempre, se enteraron “unos días después”. La noticia se publicó en las redes -porque nada escapa al internet- filtrada por alguien que, casualmente, podría estar relacionado, como parte de la estrategia, junto con otros socios o amigos de dudosas intenciones. Todo tan perfectamente coordinado que ni en Hollywood: desde la planeación hasta la difusión. No quedó mucho sin orquestar y la ausencia del presidente, que andaba por el Vaticano -los milagros siempre son bienvenidos-, pero también por el puente del 20 de octubre, deja tocada la investigación.

El saldo -de momento- es una cúpula del ministerio de gobernación cesada y un gobierno tambaleante. La pregunta, digna de cualquier thriller político, es obvia: ¿quién gana con todo esto? La respuesta, en cambio, no tan sencilla, aunque seguramente, y entre todos, podemos elaborarla.

Seamos sinceros, ¿a quién le conviene un país desordenado, sin rumbo, con una imagen por los suelos y sin garantías de nada? Pues a los de siempre, a los que viven de las coimas en las aduanas, los millones que generan las prisiones, las comisiones infladas en la construcción y la corrupción que ya parece patrimonio cultural.

El gobierno, después de un breve “periodo de reflexión” (así llaman ahora a quedarse paralizados), anunció medidas tan grandilocuentes como poco creíbles: una nueva cárcel de máxima seguridad, un censo penitenciario, una fuerza anticorrupción y cooperación internacional. Actuaciones que suenan bien en rueda de prensa o en programas electorales, pero que probablemente se diluyan antes del 2027. Otro capítulo del libro “Cómo aparentar gobernar sin morir en el intento”.

Y mientras tanto, algunos analistas -siempre tan prudentes ellos- siguen pendientes de las consecuencias, e ignoran las causas. Celebran el nombramiento de un nuevo ministro y dos viceministros como si fueran la salvación. El primero, un juez respetado, aunque sin experiencia en el caos que le espera. Pero claro, aquí seguimos creyendo que el talento es transferible: si fuiste buen juez, serás buen ministro; si fuiste buen diplomático, serás buen político; si fuiste leal, serás buen asesor designado a dedo. Una suerte de falacia que adoptamos con gusto, y como resultado tenemos lo que nos merecemos, pero también aquello a lo que nos parecemos.

Pronto, inevitablemente, volverá la desilusión. Es nuestro ciclo natural: la esperanza breve, el desencanto rápido y el olvido inmediato. Seguiremos confiando en personas sin exigirles resultados, institucionalidad ni capacidad de gestión. Total, siempre hay otro escándalo en camino que puede tapar el anterior.

Gobernar exige carácter, visión y decisión. Tres cosas que esta administración ha extraviado, quizá en el mismo penal del que se fugaron los presos. El miedo y el pasado siguen dictando la agenda, y la improvisación se ha convertido en política de Estado. La inacción no solo apesta: huele a costumbre.

No hay buenos momentos para tomar decisiones difíciles, pero no tomarlas nunca es peor. El país necesita una revisión seria de sus autoridades, de sus mandatos y de sus prioridades. Aguantar a quienes no sirven, a pesar de haber sido elegidos -y el alcalde capitalino es uno más en la lista- no puede seguir siendo el principio rector de la política nacional, lo que lleva a pensar en una norma de rescisión del mandato de la autoridad. Porque si algo ha demostrado la política nacional, independientemente del gobierno de turno, es que cuando parece que tocamos fondo siempre hay un piso más abajo.

De vocación diplomático

La falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización

Escuché una frase que describe muy acertadamente al presidente Arévalo: "Quiso ser diplomático, que era lo suyo, pero terminó de presidente, algo que no esperaba". 

La Ley de Murphy se hizo presente en las elecciones de 2023, mostrando que "si algo puede salir mal, saldrá mal". Además, no podemos ignorar tampoco el Principio de Peter, que establece que "toda persona que realiza bien su trabajo es promovida hasta llegar a un puesto donde ya no es capaz de cumplir sus funciones, alcanzando su máximo nivel de incompetencia”; así hemos llegado al presente mes de octubre.

La última encuesta conocida refleja clara y contundente la baja aceptación presidencial. Comparado con sus predecesores o incluso con la fiscal general, el presidente supera a algunos y casi iguala a otros en términos de desaprobación; no puede escapar de esta realidad, aunque se pretenda minimizar las críticas y se ignoren acciones y situaciones que antes se evidenciaban constantemente.

Hay que reconocer, no obstante, que cuando se reúne con autoridades extranjeras, proyecta una imagen cuasi divina, y muy apreciada tanto a nivel interno como externo. Se pudo observar en reuniones en México, Estados Unidos y recientemente en el Vaticano. Posiblemente sería un excelente embajador, quizás su verdadera vocación, pero no cumple con el perfil del presidente que se esperaba para liderar un cambio en el país, y seguimos igual, o incluso peor en ciertos aspectos.

Es más apto para seguir directrices de otros que para estar al frente del grupo. No posee virtudes esenciales como carácter, energía, determinación o capacidad de decisión y empuje, cualidades necesarias para presidir un país. Carece de la habilidad de crear espacios de convergencia, fundamental en la política, y es sumamente influenciable, debilidades que lo esquinan al papel de subordinado, lejos de la capacidad de mando y toma de decisiones de quien está al frente. Lo dijo Aristóteles en su obra Política: "algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer".

Y es que en ciertas situaciones no cabe la indiferencia ni la indecisión porque hay que adoptar una posición clara y contundente. El país lleva tiempo detenido y se esperaban acciones decididas de esta administración para superar etapas críticas. Sin embargo, la energía necesaria no surgió, y la esperanza de cambio se ha diluido, además con aprendizaje acelerado de facciones corruptas que serán quienes lideren el próximo proceso electoral.

El temor -o el miedo- cuando no puede ser superado limita las decisiones que es necesario tomar. La inacción es incompatible con el ejercicio del poder, y de la misma manera que un general temeroso no es adecuado para liderar en una batalla, tampoco alguien que está al frente de una nación puede ser timorato. Además, la falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización. Las palabras grandilocuentes y los discursos barrocos no hacen política y, a lo sumo, adornan el efímero momento. 

Cuando se quiere dirigir es necesario estar preparado, haber dedicado años y esfuerzo en prepararse y contar con una práctica mínima y exitosa y, sobre todo, ser coherente y honesto respecto de las capacidades con las que se cuentan. Lo demás es soberbia, y me da que en este caso hay mucho más de la segunda que de lo primero. No se pasa a la historia por inútil, aunque si por cobarde.

La noticia de la evasión de 20 reclusos peligrosos es la guinda del pastel. Igual la visita al Vaticano nos trae un milagro, y termina con este inútil calvario. 

Mareros terroristas ¿Para qué?

Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población 

Los diputados se afanan en promover un debaten inútil por aprobar una norma que no tendrá mucho impacto: la declaración de ciertas maras como terroristas. 

El delito de terrorismo ya está tipificado en el código penal, independientemente de cómo esté redactado, y si gusta o no. Cualquier persona que realice acciones que se ajusten a ese supuesto puede ser procesada legalmente. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una declaración de este tipo sobre un grupo específico por varias razones. Primera, porque no contamos con la capacidad de emprender acciones internacionales como las que si emplean la Unión Europea o los Estados Unidos, que pueden implementar medidas como congelar cuentas, promover búsquedas internacionales, prohibir ciertas actividades o incluso usar la fuerza contra quienes sean declarados terroristas. Razones por las que elaboran sus listas de actores y organizaciones terroristas. Segunda, el código penal guatemalteco sanciona acciones delictivas, no simplemente la pertenencia a un grupo, ya que se debe demostrar primero que realmente se forma parte de dichas organizaciones, lo que trae en jaque, entre otras cosas, a la justicia salvadoreña y la detención de mareros.

Hay diversas propuestas para reducir el ámbito de acción de los grupos delictivos, pero parece que los diputados no quieren abordar el problema de fondo, y prefieren debatir teorías para mostrar que están preocupados. Podrían, por ejemplo, incrementarse las penas para aquellos que posean, introduzcan o permitan el ingreso de celulares en las prisiones, y que esas sanciones sean el doble para quienes son responsables del control de la cárcel. También es esencial aumentar las penas para menores que cometen homicidios, y que sean trasladados a las cárceles al cumplir la mayoría de edad, en lugar de mantenerlos en reformatorios juveniles. La portación ilegal de armas y su uso irresponsable no debería poder acogerse a la aceptación de cargos como medio de reducir el castigo, sino que tendrían que cumplir las penas señaladas, que también podrían aumentarse. 

El fiscal de delitos contra la vida mencionó que el 99% de los homicidios se cometen utilizando motocicletas, lo que pone de manifiesto la necesidad de limitar el uso de motos sin placa, sin licencia de conducir o con exceso de pasajeros, algo muy sencillo pero que tampoco se aborda. Por último, el dinero de extorsiones y otros delitos se blanquea en el sistema financiero, por lo que una ley para detener esto ayudaría a reducir la capacidad de acción de muchos delincuentes dentro y fuera de las cárceles.

En definitiva, el problema radica fundamentalmente en la falta de control de los establecimientos penitenciarios y en leyes -y tribunales- que no cumplen con sus obligaciones. Y aunque la explicación es sencilla, parece no haber mucho interés político en arreglar el problema, ya que una parte significativamente importante del financiamiento electoral proviene de sectores delincuenciales o corruptos, y cerrar estos canales significaría la desaparición de muchas agrupaciones políticas. Por lo tanto, para nuestros "honorables" es más cómodo perder el tiempo debatiendo trivialidades. 

Arreglar el problema es sencillo, pero no rentable políticamente hablando. Cuando no hay beneficio pero sí un costo importante, es más fácil postergar las reformas. Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población organizados, sin los requisitos vinculatorios que incorpora la definición de terrorismo tradicional.

En resumen, existen soluciones, pero lo que falta es voluntad, capacidad y ganas. Actualmente, asistimos a una pérdida de tiempo que emboba a algunos, distrae a otros y satisface a delincuentes, tanto a los encarcelados como a aquellos que ocupan cargos públicos, que ya no se sabe dónde hay más.