De vocación diplomático

La falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización

Escuché una frase que describe muy acertadamente al presidente Arévalo: "Quiso ser diplomático, que era lo suyo, pero terminó de presidente, algo que no esperaba". 

La Ley de Murphy se hizo presente en las elecciones de 2023, mostrando que "si algo puede salir mal, saldrá mal". Además, no podemos ignorar tampoco el Principio de Peter, que establece que "toda persona que realiza bien su trabajo es promovida hasta llegar a un puesto donde ya no es capaz de cumplir sus funciones, alcanzando su máximo nivel de incompetencia”; así hemos llegado al presente mes de octubre.

La última encuesta conocida refleja clara y contundente la baja aceptación presidencial. Comparado con sus predecesores o incluso con la fiscal general, el presidente supera a algunos y casi iguala a otros en términos de desaprobación; no puede escapar de esta realidad, aunque se pretenda minimizar las críticas y se ignoren acciones y situaciones que antes se evidenciaban constantemente.

Hay que reconocer, no obstante, que cuando se reúne con autoridades extranjeras, proyecta una imagen cuasi divina, y muy apreciada tanto a nivel interno como externo. Se pudo observar en reuniones en México, Estados Unidos y recientemente en el Vaticano. Posiblemente sería un excelente embajador, quizás su verdadera vocación, pero no cumple con el perfil del presidente que se esperaba para liderar un cambio en el país, y seguimos igual, o incluso peor en ciertos aspectos.

Es más apto para seguir directrices de otros que para estar al frente del grupo. No posee virtudes esenciales como carácter, energía, determinación o capacidad de decisión y empuje, cualidades necesarias para presidir un país. Carece de la habilidad de crear espacios de convergencia, fundamental en la política, y es sumamente influenciable, debilidades que lo esquinan al papel de subordinado, lejos de la capacidad de mando y toma de decisiones de quien está al frente. Lo dijo Aristóteles en su obra Política: "algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer".

Y es que en ciertas situaciones no cabe la indiferencia ni la indecisión porque hay que adoptar una posición clara y contundente. El país lleva tiempo detenido y se esperaban acciones decididas de esta administración para superar etapas críticas. Sin embargo, la energía necesaria no surgió, y la esperanza de cambio se ha diluido, además con aprendizaje acelerado de facciones corruptas que serán quienes lideren el próximo proceso electoral.

El temor -o el miedo- cuando no puede ser superado limita las decisiones que es necesario tomar. La inacción es incompatible con el ejercicio del poder, y de la misma manera que un general temeroso no es adecuado para liderar en una batalla, tampoco alguien que está al frente de una nación puede ser timorato. Además, la falta de carácter de quien que se espera debería ser un ejemplo de virtudes y acción, termina por influir negativamente en toda la organización. Las palabras grandilocuentes y los discursos barrocos no hacen política y, a lo sumo, adornan el efímero momento. 

Cuando se quiere dirigir es necesario estar preparado, haber dedicado años y esfuerzo en prepararse y contar con una práctica mínima y exitosa y, sobre todo, ser coherente y honesto respecto de las capacidades con las que se cuentan. Lo demás es soberbia, y me da que en este caso hay mucho más de la segunda que de lo primero. No se pasa a la historia por inútil, aunque si por cobarde.

La noticia de la evasión de 20 reclusos peligrosos es la guinda del pastel. Igual la visita al Vaticano nos trae un milagro, y termina con este inútil calvario. 

Mareros terroristas ¿Para qué?

Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población 

Los diputados se afanan en promover un debaten inútil por aprobar una norma que no tendrá mucho impacto: la declaración de ciertas maras como terroristas. 

El delito de terrorismo ya está tipificado en el código penal, independientemente de cómo esté redactado, y si gusta o no. Cualquier persona que realice acciones que se ajusten a ese supuesto puede ser procesada legalmente. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una declaración de este tipo sobre un grupo específico por varias razones. Primera, porque no contamos con la capacidad de emprender acciones internacionales como las que si emplean la Unión Europea o los Estados Unidos, que pueden implementar medidas como congelar cuentas, promover búsquedas internacionales, prohibir ciertas actividades o incluso usar la fuerza contra quienes sean declarados terroristas. Razones por las que elaboran sus listas de actores y organizaciones terroristas. Segunda, el código penal guatemalteco sanciona acciones delictivas, no simplemente la pertenencia a un grupo, ya que se debe demostrar primero que realmente se forma parte de dichas organizaciones, lo que trae en jaque, entre otras cosas, a la justicia salvadoreña y la detención de mareros.

Hay diversas propuestas para reducir el ámbito de acción de los grupos delictivos, pero parece que los diputados no quieren abordar el problema de fondo, y prefieren debatir teorías para mostrar que están preocupados. Podrían, por ejemplo, incrementarse las penas para aquellos que posean, introduzcan o permitan el ingreso de celulares en las prisiones, y que esas sanciones sean el doble para quienes son responsables del control de la cárcel. También es esencial aumentar las penas para menores que cometen homicidios, y que sean trasladados a las cárceles al cumplir la mayoría de edad, en lugar de mantenerlos en reformatorios juveniles. La portación ilegal de armas y su uso irresponsable no debería poder acogerse a la aceptación de cargos como medio de reducir el castigo, sino que tendrían que cumplir las penas señaladas, que también podrían aumentarse. 

El fiscal de delitos contra la vida mencionó que el 99% de los homicidios se cometen utilizando motocicletas, lo que pone de manifiesto la necesidad de limitar el uso de motos sin placa, sin licencia de conducir o con exceso de pasajeros, algo muy sencillo pero que tampoco se aborda. Por último, el dinero de extorsiones y otros delitos se blanquea en el sistema financiero, por lo que una ley para detener esto ayudaría a reducir la capacidad de acción de muchos delincuentes dentro y fuera de las cárceles.

En definitiva, el problema radica fundamentalmente en la falta de control de los establecimientos penitenciarios y en leyes -y tribunales- que no cumplen con sus obligaciones. Y aunque la explicación es sencilla, parece no haber mucho interés político en arreglar el problema, ya que una parte significativamente importante del financiamiento electoral proviene de sectores delincuenciales o corruptos, y cerrar estos canales significaría la desaparición de muchas agrupaciones políticas. Por lo tanto, para nuestros "honorables" es más cómodo perder el tiempo debatiendo trivialidades. 

Arreglar el problema es sencillo, pero no rentable políticamente hablando. Cuando no hay beneficio pero sí un costo importante, es más fácil postergar las reformas. Una solución alternativa sería crear el delito de "terror público", definido como acciones cometidas por grupos organizados que generan pánico en la población organizados, sin los requisitos vinculatorios que incorpora la definición de terrorismo tradicional.

En resumen, existen soluciones, pero lo que falta es voluntad, capacidad y ganas. Actualmente, asistimos a una pérdida de tiempo que emboba a algunos, distrae a otros y satisface a delincuentes, tanto a los encarcelados como a aquellos que ocupan cargos públicos, que ya no se sabe dónde hay más.