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lunes, 20 de abril de 2026

La coartada del experto

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad.

No dejo de recordar aquel juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Sí, aquel que fue anulado porque a la jueza Yassmín Barrios le pudieron las prisas por concluirlo en lugar de atender un amparo pendiente. Quedó la impresión de que lo esencial era celebrar el triunfo de su propia sentencia, aunque la satisfacción duró poco. Después, fallecido el general, se confirmó una condena por genocidio, pero no contra él; el desenlace supo a poco, casi a nada, y dejó la sensación de que lo verdaderamente relevante —y en lo que se había invertido— fue el primero.

Algo parecido ocurrió con el caso de Erwin Sperisen. Tres absoluciones —en distintos países— a sus compañeros de gobierno, por tribunales que coincidían en sus conclusiones, frente a una condena celebrada con entusiasmo, hasta que las apelaciones evidenciaron vicios, fallas y presiones. Un resultado, de nuevo, incompleto para ciertos “inversionistas” y militantes de la cooperación internacional.

Hoy asistimos a un escenario similar, ahora en torno a la fiscal general. Se ha construido un entramado de presión, tanto interna como externa, para impedir que la actual fiscal siquiera figure en una lista de la que, en última instancia, el presidente puede elegir libremente. Incluso un comité de expertos de la ONU ha señalado y publicado recientemente una carta que me he permitido —para evitar sesgos— someter a la IA con una pregunta simple: ¿es esto una investigación propia de un comité de expertos o adolece de carencias relevantes? Y la IA —que no tiene sensibilidad política ni puede ser acusada de pertenecer a ningún “pacto de corruptos”— responde: “El documento proyecta una conclusión contundente, pero lo hace sin el rigor que cabría esperar de un trabajo verdaderamente experto, lo que termina generando más dudas que certezas. Bajo una apariencia de análisis sólido —apoyado en referencias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico— se ocultan vacíos metodológicos difíciles de justificar: uso reiterado de fórmulas imprecisas (“según información recibida”), ausencia de fuentes verificables, falta de trazabilidad documental y empleo de cifras sin respaldo claro. Más preocupante aún es la formulación de imputaciones sensibles sin delimitar adecuadamente entre indicios, evidencia y conclusiones, así como la mezcla de análisis con posicionamientos que parecen preconfigurados.

A ello se suman aspectos relevantes que los autores omiten o desarrollan insuficientemente: la ausencia de contraste con archivos judiciales, registros civiles y documentación administrativa; la falta de análisis del marco legal vigente en cada período; la inexistencia de comparación con patrones regionales o internacionales; y la omisión de posibles explicaciones alternativas o contextuales. En lugar de un trabajo exhaustivo, crítico y cuidadosamente documentado —como sería exigible a un comité de expertos—, el texto ofrece una narrativa que sugiere conclusiones antes que demostrarlas. 

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad y deja abierta la impresión de que no se ha realizado el esfuerzo analítico ni probatorio que la gravedad del tema exige”.

Sospecho que esa valoración difícilmente convencerá a quienes, por falta de rigor, terminan instalándose en un terreno donde la honestidad intelectual se vuelve secundaria en beneficio de la narrativa. La estrategia de “acoso y derribo” que algunos actores, incluidos determinados internacionales, intentan impulsar suele sostenerse sobre una maquinaria bien aceitada y alineada con intereses concretos. Pero cuando el relato sustituye a la prueba, lo que emerge no es justicia, sino propaganda; no es evidencia, sino construcción narrativa-. ¡Todo un intento por figurar!

Y al final queda una pregunta incómoda e ineludible: tanto escándalo por el copy-paste de tesis doctorales… ¿y nadie cuestiona cuando los “expertos” reciclan argumentos sin el más mínimo estándar de exigencia?

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