El incremento de homicidios es un hecho en 16 departamentos, y la evolución de la violencia merece examinarse también a la luz de los cambios en el Ministerio de Gobernación.
¿Y si el incremento de la violencia en Guatemala fuera consecuencia de que el gobierno actual no ha pactado con las organizaciones criminales? La pregunta puede resultar incómoda o atrevida, pero merece considerarse. En países donde el narcotráfico y las pandillas han adquirido considerable poder, la tranquilidad no siempre es consecuencia de una política de seguridad eficaz. A veces responde a acuerdos inconfesables, tolerancias recíprocas o búsqueda de equilibrios.
El Gobierno de Arévalo podría estar enfrentando una situación distinta a la de sus antecesores. Quizá no ha establecido compromisos con narcotraficantes y maras, o ha alterado relaciones que antes permitían cierta estabilidad. No existen pruebas para afirmarlo, pero tampoco debería descartarse tal hipótesis.
El incremento de homicidios es un hecho en 16 departamentos, y la evolución de la violencia merece examinarse también a la luz de los cambios en el Ministerio de Gobernación. ¿Cambió la estrategia? ¿Se alteraron determinados equilibrios criminales preexistentes? ¿Estamos presenciando una reacción de organizaciones que consideran amenazados sus intereses o un enfrentamiento entre grupos?
Los asesinatos de ocho personas en Huité, del gerente del CHN, de Foppa y Aguilar y del diputado Portillo, junto con tres policías, además del incremento general, agravan la situación. La repercusión internacional de estos hechos, recogidos por varios medios, proyecta una imagen de vulnerabilidad institucional y de falta de acción, aunque todavía no se hayan demostrado conexiones entre ellos.
México, según el momento, ha ofrecido una advertencia y alguna “solución”. La ofensiva contra los cárteles iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón, en 2006, coincidió con un considerable incremento de los homicidios. La captura de dirigentes y la fragmentación de organizaciones desencadenaron disputas por territorios y rutas. Combatir al crimen organizado puede provocar inicialmente más violencia cuando el Estado carece de capacidad para controlar los espacios recuperados.
Colombia presenta otra experiencia. La desmovilización de los paramilitares, los acuerdos con las FARC y las negociaciones posteriores demostraron que pactar puede reducir enfrentamientos, pero también permitir la aparición de nuevas organizaciones.
El Salvador, con sus antecedentes de presuntas negociaciones entre autoridades y pandillas, recuerda que una disminución de homicidios no necesariamente significa que el Estado haya recuperado el control.
Pero ahora, la presión de Washington contra el narcotráfico y su penetración política parece imprimir una acción nueva y más directa. Las advertencias diplomáticas, restricciones de visas, investigaciones financieras y cooperación policial pueden alterar relaciones criminales consolidadas. Si determinadas organizaciones perciben amenazados sus recursos o su protección política, podrían responder violentamente. ¿Será esto lo que estamos viviendo?
Y llegamos a la cuestión central: ¿conviene pactar con determinadas organizaciones para combatir a otras? Desde una lógica instrumental sería una especie de guerra proxy entre criminales, con el Estado administrando indirectamente los enfrentamientos. El precio, sin embargo, puede ser enorme: impunidad, corrupción y organizaciones fortalecidas que terminan condicionando las decisiones públicas. Sin embargo, rechazar los pactos exige inteligencia, investigación, control penitenciario y capacidad operativa, que es precisamente lo que no hay.
Es posible que el gobierno esté pagando el costo de no pactar, pero también que estemos presenciando simplemente su incapacidad, y ambas hipótesis cuentan con sustento más que suficiente.
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