En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer.
La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo situaba al presidente Arévalo con una de las peores valoraciones de la historia democrática reciente, apenas superado, en el mismo período de tiempo, por Giammattei. La comparación no deja de ser preocupante, sobre todo porque llegó envuelto en promesas de renovación moral cuando el otro terminó convertido en símbolo de hartazgo e inmoralidad.
Me he preguntado varias veces por qué un presidente cuya gestión no está marcada por la corruptela clásica puede ser percibido de manera tan desfavorable, y encuentro, al menos, dos razones. La primera: que no ha hecho casi nada. La segunda: que generó una frustración enorme en quienes imaginaron que el país cambiaría en días. Esta última hipótesis dice mucho del presidente, pero bastante más de sus votantes.
Una sociedad cambia a la velocidad que los ciudadanos permiten y soportan. Lo demás son aspiraciones de optimistas enfermizos, discursos de campaña o literatura de autoayuda. Arévalo tendrá defectos evidentes: falta de carácter, prudencia excesiva, lentitud, cálculo o miedo. Pero también parece entender muy bien que hay decisiones que una sociedad como la guatemalteca no está dispuesta a aceptar, aunque las reclame todos los días en redes sociales.
El ejemplo más cercano lo tuvo con su vicepresidenta, a quien le costó más de un año rebajarse el sueldo, y no precisamente entre aplausos espontáneos de austeridad. Si algo tan elemental genera resistencia, conviene imaginar lo que ocurriría con reformas más profundas, como aquellas que tocan privilegios, contratos, plazas, sindicatos, negocios protegidos, aduanas, cortes, USAC, municipalidades y otras prebendas habituales. Ahí el entusiasmo reformista suele perder velocidad, tono y convicción.
No se puede pedir peras al olmo, aunque quizá el problema no sea solo del olmo, sino de una sociedad que se queja de casi todo, pero no quiere cambiar casi nada. Queremos un Estado honrado, pero nos saltamos el semáforo. Pedimos transparencia, pero buscamos facturas ajenas para declarar menos impuestos. Exigimos méritos, pero llamamos al amigo para colocar al sobrino. Reclamamos justicia, pero elegimos libremente a diputados, alcaldes y autoridades de reconocida indecencia pública y privada. Luego fingimos sorpresa cuando gobiernan como lo que son.
En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer. Lo probable, si algo ocurre, serán modificaciones progresivas, lentas, parciales y políticamente costosas. Y solo funcionarán si son socialmente asimiladas, punto importante que casi nunca se discute. Preferimos creer que el cambio depende de un nombre, de una persona o de una épica momentánea, y nos cuesta aceptar que las instituciones no se modifican por inspiración, sino por acumulación de decisiones sostenidas.
Convivimos, además, generaciones que vivieron activamente el conflicto armado y enterraron sus esperanzas juveniles con la caída del comunismo soviético, y otras nacidas en plena era tecnológica, sin memoria ni interés por lo anterior. A esa mezcla añadimos corrupción, desconfianza, informalidad, resentimiento, miedo y una ética pública bastante flexible. El resultado no es precisamente una sociedad preparada para cambios veloces, sino una comunidad que exige reformas siempre que no empiecen por su casa, oficina, gremio, municipalidad o factura.
El problema quizá no sea tener un presidente lento, indeciso o falto de carácter. La mala noticia es peor: somos nosotros, cada uno desde su pequeño reino de conveniencia, quienes no aceptamos la velocidad real de cambio que nos imponemos. Aunque, como deporte nacional, siempre resulte más cómodo encontrar al culpable en el otro.
