¿Es posible?

Varios analistas han manifestado su opinión con relación al descrédito que sufre la PNC y la necesidad de cambiar el modelo. Algunos han apostado por una Guardia Nacional, o similar. Otros, por seguir con lo mismo y mejorar tal o cual cosa y, finalmente, un tercer grupo apoya que sea el Ejército quien se haga cargo de la situación y preste la seguridad.
Hay, sin embargo, dos pilares que no pueden ni dejarse de vista ni separarse. Me refiero al modelo que se desea adoptar y al marco legal que lo sustente. Dicho de otra forma, no se puede crear un modelo si el marco legal le es adverso, puesto que faltaría la consistencia necesaria para poder implementarlo y, creo, que esa es la esencia del problema que se plantea.
La Constitución de la República contempla a la Policía una única vez, en el artículo 259, para decir que las municipalidades pueden conformar su cuerpo de policía. Ello evidencia que la PNC es, por lo menos, aconstitucional —si no inconstitucional—. Es decir, no se contempla en la Carta Magna y, por tanto, carece del soporte legal suficiente para poder conformarla. Y, es así, porque la propia Constitución asigna la seguridad interior y exterior al Ejército, dejando claro el espíritu legislador que sea ese órgano, y no otro, quien la ofrezca. Por tanto, cualquier modelo que se quiera organizar fuera de ese esquema legal-organizativo, estará al margen de la suprema norma y, por ello, no habrá consonancia ni convergencia entre lo que se desea hacer y la legalidad que lo sostiene. Con el actual marco jurídico, únicamente cabría organizar una fuerza —llámese como se quiera— que dependa del Ejército, institución a fin de cuentas encargada constitucionalmente de la seguridad.
Imaginemos que mañana alguien decide poner un amparo de inconstitucional en relación con el ejercicio de funciones que hace la PNC y argumenta que la Policía no está contemplada y que, por tanto, no puede ni debe arrogarse cometidos que no le son propios. ¿Qué ocurría?, ¿cuál sería el veredicto de la CC?. Lo ignoro, pero seguro provocaría grietas, discusiones y generaría cientos de opiniones, cuando no de declaración de actos ilegales, como detenciones, arrestos, custodias, etcétera. Así están las cosas y, además, somos el único país de toda América Latina, si no del mundo, que presenta tal peculiaridad.
Se requiere, si se desea construir otro modelo distinto al posible, una reforma constitucional que cambie las misiones del Ejército y, de alguna forma, introduzca la PNC en el interior del supremo marco legal. De lo contrario, podemos seguir elucubrando hasta el infinito sobre el tema, sin encontrar una solución adecuada, porque asintónico es el cuadro que estamos describiendo y que parece que nadie quiere abordar a fondo, prefiriendo quedarse en la superficie.
Somos un país sin Policía Nacional Civil, teórica y jurídicamente hablando y, encima, nos esforzamos en querer hablar y discutir del mejor modelo, cuando somos incapaces de entrarle a las necesarias reformas que se requieren, sin las cuales nada de todo esto verá nunca la luz, algo que se olvida dentro y fuera del país, y nos sitúa en un punto de partida distinto y con un modelo diferente al del resto del mundo. Seguir queriendo construir castillos en el aire es prorrogar un estado de cosas que no soporta más repellos ni remiendos. O le entramos con ganas al fondo, o seguimos debatiendo por muchos años más imposibles. Locura, a fin de cuentas, es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes (Einstein).