La Corte

En reciente sentencia, la Corte de Constitucionalidad (CC) sembró más inseguridad jurídica en el país de la ya existente. Por tres votos contra dos, dio la razón a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica frente al amparo de la Empresa Eléctrica (EEGSA). Dictaminó que el ente gubernamental puede fijar el VAD, es decir la parte proporcional de la tarifa que va a parar a la distribuidora. Eso es mucho más que un tecnicismo jurídico y su trascendencia la pagaremos todos en el mediano plazo. El reclamo internacional apunta a más de Q5.000 millones. Si usted es inversor ya sabe que se expone a que ese ente, insisto del Gobierno, regule los beneficios de su inversión al capricho del momento y no podrá acudir a ninguna instancia judicial para exponer o pelear su caso puesto que ya se dictó sentencia definitiva. Sus inversiones quedarán condicionadas a la relación que mantenga con el poder.
Cuando se llevó a cabo la privatización, se publicó una ley que “aseguraba”, precisamente, que ni las distribuidoras ni el órgano central pudieran amañar los procesos en su beneficio. Se certificaba con ello que el precio final debería fijarse por alguien con capacidad técnica que no perteneciera ni al Gobierno ni obedeciera a los intereses de las empresas. Por ello, la Comisión Pericial, conformada por expertos en la materia, debería ser la única con esa capacidad (véase Chile). Sin embargo, la particular interpretación, mínimamente ganada, de la CC fija nuevas y preocupantes reglas de juego para los negocios en general, ya que la distribución afecta a todo el colectivo empresarial y de ahí la trascendencia del evento. Ahora, cualquier Gobierno puede agarrar, por donde yo me sé, a quienes pensaban que eso era un problema de la EEGSA. ¿Cuánto pagará su empresa por la próxima factura eléctrica?, la respuesta es que el Gobierno de turno lo decidirá. ¡Agárrese a las consecuencias!.
Por otra parte, eso de que todas las disputas puedan llegar a la CC parece un mecanismo perverso. En otros lugares del mundo, esos que denominamos civilizados, a donde viajamos y nos maravillamos de lo que ocurre, la CC se limita a resolver interpretaciones de la Constitución. Es decir, termina siendo un tribunal de interpretación política, más que penal, administrativo o civil. El hecho de utilizar la CC como “Súper Corte Suprema de Justicia” la deja en evidencia y debería atraer la atención del ciudadano en la elección y en el actuar de sus integrantes. ¿Cómo es posible que algún magistrado cuyo hijo trabaja en una importante Dirección de Gobierno pueda resolver imparcialmente asuntos donde el Gobierno es parte?, o ¿cuántos son catedráticos asalariados de universidad pública o suplentes con despacho abierto?. Si se incursiona en el Derecho, la excusa o la recusación son instrumentos que intentan prevenir la actuación tendenciosa e incluso delictiva de magistrados que son juez y parte en ciertos asuntos.
Tras el empacho de la pasada elección de magistrados pareciera que hay un conformismo con la actual situación y, sin embargo, el peligro sigue latente. Mientras exista una CC conformada políticamente, como ahora, y pueda conocer de todos los asuntos, de nada nos sirve que fiscalicemos la selección de jueces o tribunales de menor nivel. Si a ello le añadimos que hay intereses de algunos magistrados que pueden incidir en el principio de independencia judicial, la suerte está echada.
Los inversionistas sí terminan por valorar todos esos puntos. ¿Será por eso la reciente escasa oferta -3 de 16 posibles- (una es del propio Estado), en la licitación de anillos de transporte eléctrico?.