Linchamientos

Con frecuencia, asistimos a un linchamiento en cualquier parte del país. Recientemente, se produjeron algunos en los que, además, de prender fuego a alguna auto patrulla de la PNC se invadieron instalaciones policiales. Ese tipo de “crimen popular” no ha sido ni perseguido ni castigado con la necesaria contundencia y proyecta una imagen pobre del país y más preocupante del Gobierno.
Habría que comenzar preguntándose quién tiene la capacidad de convocar en el área rural a un grupo numeroso de personas donde los medios de comunicación no son los mejores ni el transporte público tampoco. Me da que la respuesta quedaría reducida al líder político-social o al religioso. ¿Se me olvida alguien?. Por tanto, habría que investigar a esos “nuevos Lynch’s locales” para poder llegar al meollo del asunto y depurar responsabilidades. Otra cuestión sobre la que reflexionar es que esos actos, al igual que los azotes públicos y otros castigos denigrantes que atentan contra los derechos del individuo, nada tienen de maya y mucho de salvajismo. De una vez por todas hay que debatir seriamente sobre los límites del derecho consuetudinario. Quienes lo practican o lo permiten, a veces en presencia o con participación de menores, deberían también ser indagados, cuando no enjuiciados. Hay que dejarse de sandeces y posicionarse frente a ese tipo de comportamientos delictivos. ¿Cuánto de aquello trae estas consecuencias?.
No creo que sea producto, como muchos sostienen, de los años de conflicto. De ser así veríamos lo mismo o parecido en Colombia, en El Salvador, en Bosnia o en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, los casos más recientes que me vienen a la memoria son los del oeste americano de los siglos XVIII y XIX, cuando grupos de asaltantes, de cuatreros y de asesinos campaban a sus anchas e imponían la ley del más fuerte. ¿Será que esa es la situación del país y no queremos reconocerlo?.
Se observan pocas denuncias públicas y menos reacción política local que condenen esa conducta criminal que implica a todos, colectivo indígena incluido. Esa clase de comportamiento debe ser manifiesta y contundentemente censurada y no escudarse en lo mal que realmente estamos y en cómo no funciona ni la seguridad ni la justica, que también es una gran verdad. “Orgullosos” de mantener uno de los mayores índices de muertes violentas e incapaces de reducirlos a pesar de “planes” inexistentes y promesas incumplidas, pareciera que también debemos estar “contentos” de ocupar el primer lugar en bárbaras ejecuciones populares.
No hablamos solamente de castigar a un infractor, que ni puede defenderse ni cuenta con la oportunidad de declarar su inocencia, sino de todo un rito de destrucción del ser humano, de la violación sistemática del mismo y del desprecio de valores fundamentales. Se le golpea, se le arrastra hasta que la carne queda al descubierto, se le corta en trozos y/o se le prende fuego sin mayor piedad. ¿Qué delito puede tener un castigo similar?. ¿Qué justicia es esa?. ¿Por qué el Gobierno no hace presencia inmediata e impide que eso ocurra?. Parece que la incapacidad o el interés ocupan un importante papel en la gestión de esas situaciones de crisis. ¿Quiénes ganan al final con todo ello?.
Si antes dábamos pena, ahora damos vergüenza. Seguimos sin querer saber quiénes son ni enfrentar el tema con la inflexibilidad que merece. ¿Por qué no suprimir la ayuda de cohesión social en lugares donde eso ocurra?. Mientras eso ocurre, el Gobierno dilapida dinero en celebrar el día de la transparencia. ¿Se puede tener el norte más perdido?.