La responsabilidad es el precio de
ser adultos
Las pasadas protestas en Totonicapán evidenciaron
lo que podría denominarse la “mara eléctrica”. Importante conocer y reflexionar
cómo se conforma el recibo de la luz. Una parte sustancial (88%) corresponde a
generación y transporte y 12% a distribución. Al total se le calculan impuestos
que servirían para pagar el alumbrado público. De Q2.61 que paga el consumidor:
Q2.09 es el precio del kilovatio, más Q1.85 de generación y transporte, Q0.24
distribución, Q0.27 tasa municipal y Q0.25 IVA (¡doble más en impuestos que en distribución!).
Sin embargo, hay Departamentos donde el 80% del total corresponde al alumbrado
público y el resto es consumo personal, desdibujando el monto global y generando
descontento del usuario. En otros lugares, como Xela, el dinero de los recibos
de luz termina en las arcas municipales que adeudan cerca de 100 millones de
dólares a pesar de haberlos cobrado. Finalmente, bochincheros en Occidente
exigen un canon por vivienda, previo robo de la energía, mientras otros azuzan contra
las hidroeléctricas, impidiendo reducir el elevado costo de la factura por no
producir energía a más bajo precio. Todo un circulo vicioso y perjudicial que paga
el consumidor por contratos de dudoso interés nacional y con el futuro también
hipotecado al no promoverse el necesario cambio de matriz energética.
Los alcaldes deberían explicar a sus
conciudadanos el costo del alumbrado público. Entre todos, decidir cómo quieren
iluminar el pueblo y arreglar el problema de la tasa municipal, porque a fin de
cuentas son los vecinos quienes deben de pagarla. Por otra parte, hay que
evaluar si es justo que el 80% de la población tenga subvencionado el consumo
de energía eléctrica (con dinero de los impuestos). Con ello, el usuario no es
consciente del precio real, puesto que unos se hacen cargo de parte del gasto
de otros y se fomenta la ausencia de responsabilidad en el consumo al
cancelarlos por debajo de su precio de mercado. No hay un estudio al respecto,
pero posiblemente quienes cuentan con energía subvencionada disponen de dinero
para celular (hay más de tres millones de teléfonos que de habitantes). En
algunos países (Colombia) se instalaron contadores de luz con recarga (prepago).
Cada quien invierte lo que quiere y administra su consumo, sin que nadie tenga
que asumirlo por él (subvención). El ciudadano responde -como ahora hace con el
celular- al absorber lo que puede pagar y no cargarle a otro sus deudas.
Además, toma conciencia del precio real y seguramente luchará por cambiar la
matriz a otra más barata, lo que vendría a consentir y promover más
licitaciones de potencia y energía, facilitando el desarrollo de otras formas
de generación que disminuyesen considerablemente el precio.
Una interesada manipulación está detrás
de todo esto, posiblemente promovida por quienes se benefician de esas
anormales formas de vida, financiación y subsidios, sirviendo intereses
personales por encima de los colectivos. Es preciso presentar el tema con la
dureza de la verdad, puesto que el elevado costo de la energía termina
perjudicando precisamente a los más pobres y crea condiciones de desarrollo más
difíciles para quienes tienen menos ingresos. Un cambio de matriz energética
mediante la construcción de hidroeléctricas (y otras formas de generación) y el
pago real del consumo que cada quien haga para que tome conciencia de lo que
cuesta, son pilares sustanciales de la reforma pendiente. Mientras, la exigencia
de trasparencia a los alcaldes una práctica que debe promoverse en lugar de
crear improcedentes bochinches nacionales ¡Cada palo que aguante su vela!
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