Cuando
algunos piden justicia, lo que quieren es que le den la razón
CICIG
presentó un informe titulado “Los jueces
de la impunidad” que prejuzga y dispone la lectura desde el inicio. Quizá haya
que procesar, condenar o expulsar de la judicatura a los jueces que incluye,
pero el principio de presunción de inocencia se lo pasan por las horcas caudinas
y así es difícil abordar el análisis. La Comisión internacional ha venido pregonando
esta “denuncia” durante el año y trasladado la discusión a los medios, muy
alejados del lugar donde deberían hacer las acusaciones: el MP o a la junta de
disciplina judicial. Pero ante el fracaso estrepitoso de numerosos casos
“emblemáticos” prefieren predisponer a ciudadanos, amedrentar a magistrados para
impedir que les lleven la contraria o callar a columnistas (¡ni sus habituales entusiastas
han escrito del tema!). Ese panfleto debería ser el primer tomo de una obra
inconclusa que incluyera mafias, inconsistencias y trabajo mal hecho en el MP,
cuando no el manipuleo o el direccionismo político que imprimen a ciertos casos.
Culpar a los jueces de no apreciar las pruebas que presenta CICIG-MP es -cuanto
menos- eludir la parte de responsabilidad en investigaciones mal hechas y peor
sustentadas. Prefieren llevar su pleito inquisidor a los medios e intimidar a
jueces que deberán resolver casos respaldados por testigos protegidos,
rebuscados o entrenados, declaraciones anticipadas sin abogados defensores y dizques
peritajes de devotos. El mercantilismo jurídico, el miedo, la publicidad o el uso
de jueces afines es la estrategia para evitar acumular más descalabros. Mejor
deberían investigar a cierta jueza cercana -excluida de la lista- a su pareja y
a otros abogadillos que dicen ofrecer soluciones jurídicas favorables previo
pago en dólares ¡Ya liberaron a algunos/as así!
Evidencié
en esta columna (Romería de vende patrias) a personajes -magistrado de la CSJ
incluido- que se habían reunido en una embajada europea buscando apoyo para debates
que se avecinan y no quieren que se caigan. Hete aquí un resultado de aquellas secretas
transacciones. Teniendo en cuenta que a partir de enero próximo se abrirán juicios
de impacto y a la luz de la sentencia de la CC que exculpó definitivamente al señor
Giammattei, la CICIG y vividores de proyectos pagados por ayuda internacional, desean
impedir a toda costa sentencias absolutorias que pongan en jaque su salario,
incidencia política y “prestigio”. Lo tragicómico es que el Comisionado
Dall´Anese está denunciado en Costa Rica por utilizar testigos falsos y pruebas
inconsistentes, similar o peor de lo imputado aquí, con su particular vara de
medir, a esos jueces. Protegen, sin embargo, a un ex fiscal con la cola
machucada y otros juicios pendientes contra CICIG por despido improcedente de abogadas
embarazadas y colaboradores imputados de agresión/acoso sexual que sacaron del
país.
Aunque
alguno de los jueces señalados no sea condenado, pagará un alto precio en su
honra -y económico- no podrá actuar contra la Comisión porque sus integrantes
son inmunes y será motivo de recusación por figurar en la lista. Esto es lo más
parecido a la Inquisición que se creía superada, a absolutismo jurídico y apesta
a farsa judicial. Se fue uno malo-bocón y conflictivo y vino otro peor-sibilino
y acusado, ambos -con idénticos colaboradores mediáticos- sustentaron esa
estrategia de la que no escapa quien se les atraviese, convirtiéndose en
todopoderosos pretores imposibles de desmentir, desdecir y mucho menos acusar.
La CICIG ha mutado a uno de esos poderes paralelos que vino a combatir; un ogro
que pretende asustar a quienes les contradicen ¡Una pena la quema del diablo!,
parece que no sirve para mucho.
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