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martes, 21 de octubre de 2014

Dilemas

"Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas."

Somos una sociedad en permanente dilema. En elecciones se trata de votar por “el menos malo”; en viajes hacia Occidente de elegir la carretera “menos pior”; en el sistema impositivo adscribirte al que tengas más facilidad para incluir factura, no siempre propias…, y así sucesivamente. Pareciera no haber alternativas que realmente satisfagan -suficientemente- ciertas expectativas de vida. La búsqueda de la felicidad se traduce en evitar desgracias mayores, conformándonos con aquello que perturbe lo menos posible, fórmula aceptada como la única posible.
La discusión predominante en el ambiente se asocia a la anterior idea. Algunos abogan porque la CC retrotraiga el proceso de selección de magistrados a su fase inicial para poder hacer “una buena selección” o designar “a los buenos” para ocupar los puestos disponibles. La idea, en general, es vendible y con positiva percepción, salvo cuando uno pregunta ¿quiénes son los buenos? o ¿quiénes deben de elegirlos? Entonces se “descubre” que se trata realmente de que cada cual tenga su cuota de poder para nominar a sus candidatos con criterios de amistad, afinidad político-ideológica, motivos económicos o cualquier otro. En definitiva, no se apuesta por procesos objetivos -o lo más neutros posibles- para evitar un permanente dilema, sino de tener la mayor capacidad de incidencia. Esto encajar en la teoría de Public Choice; maximizar ganancia personal o de grupos de interés.
La pasada selección de magistrados para la CSJ, incluyó 74% de profesionales con experiencia judicial -jueces y magistrados de carrera- y el 26% restante, de la nómina que se entregó al Congreso, juristas de prestigio que ocuparon puestos de alto nivel (quizá una excepción). La selección pareciera no haber sido “tan nefasta” como algunos dicen, aunque no incluya a “sus” amigos o conocidos. Desconozco que tan dispuestos estarían quienes reclaman justicia a que una vez seleccionado el personal que superase la marca impuesta, se hiciese un sorteo, así nadie estaría sujeto a interés alguno.
Posiblemente lo referido al azar no sea aceptado por esos grupos del “no al justicidio”. De hecho, no encuentro esa objetiva neutralidad entre sus propuestas. En el fondo cometen el mismo error que critican al solicitar cambiar el sistema, aunque protesten con razón. Quieren modificar las normas, pero no para debatir en ese espacio del “velo de la ignorancia” propuesto por John Rawls, sino para diseñar un modelo “más participativo, incluyente y hasta de cuotas” en el que puedan meter la mano, lo que ahora les dificulta la mala legislación vigente. He leído criticas de cómo los postuladores son influenciados por grupos de presión; por personajes tradicionales; por operadores de gobierno; por diputados, etc. No he leído, ni escuchado, acusaciones contra ONG que hacen exactamente la misma presión; organizaciones sociales que pretenden tener injerencia o personas públicas que se apersonan en el proceso para poner -o imponer- sus puntos de vista.

Si se quisiera verdaderamente cambiar el sistema y que funcionara sin manoseos, se debería -se debe- aprovechar el espacio de cinco años que media entre una y otra selección y durante ese tiempo proponer, debatir, meditar y aprobar normativa lo más objetiva posible. En muchos lugares, para incrementar precisamente la neutralidad, se reforman las normas en un determinado momento, pero no entran en vigor si no hasta el proceso siguiente, así el legislador y sus asesores quedan fuera del interés inmediato de la reforma ¿Estarán dispuestos esos grupos a actuar de tal forma? Ahí se vería si realmente desean salir del dilema o se trata de manejarse más acertadamente en el caos.

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