¿Embrollo, quilombo o despelote?

La resolución representaba un desenlace políticamente correcto que se congraciaba con el Gobierno

El pasado domingo 16, la Corte de Constitucionalidad con nocturnidad -no se si con alevosía- emitió una resolución por unanimidad en relación con amparos interpuestos contra el veto del Gobierno al ingreso a Guatemala del Comisionado de la CICIG. En una entrevista televisada pregunté a una magistrada cómo deberían interpretarse los dos puntos sustanciales del fallo: ingreso del Comisionado y auspicio de negociaciones ONU-Gobierno. Me contestó que eran hechos independientes, es decir, que el Comisionado podía ingresar en cualquier momento y, además, debía impulsarse la voluntad negociadora. Una cosa no estaba encadenada a la otra.

El lunes, a las pocas horas, el Gobierno interpretó que ambas acciones estaban supeditadas, justamente lo que la magistrada negó el día anterior: había que negociar y proponer candidatos para dirigir la CICIG; el Gobierno debería estar de acuerdo con quien finalmente se designase y conminaba a la ONU a presentar en 48 horas el listado de candidatos. Era evidente que ante dos conjeturas había que esclarecer el “dudoso” comunicado de la Corte, por lo que solicitaron la aclaración.

El miércoles, Naciones Unidas confirmaba al actual Comisionado y aceptaba el diálogo planteado, además de instruir para que se nombrase un Comisionado Adjunto. Por la noche, la CC ratificaba la teoría expuesta por la magistrada Porras en TV, pero en esta ocasión el voto no fue unánime sino tres a dos ¿Cómo pudo adoptarse una resolución y a la hora de explicarla en detalle se dividiese el “unánime” criterio? No creo que un grupo “engañara” al otro sino que ambos aceptaron -sin debatir- el documento que posiblemente alguien externo elaboró como solución de compromiso. La resolución representaba un desenlace políticamente correcto que se congraciaba -sin compromiso explícito- con el Gobierno y dejaba puertas de salida que inmediatamente -y con manifiesta torpeza- el Presidente cerró. La pimienta la puso la actual magistrada-presidenta que tardó dos días en redactar e intentar explicar su razonamiento -a mi entender sin conseguirlo- con divagaciones jurídicas y variadas citas de apoyo.

Aclarada nítidamente la situación por parte de la CC y con el trabajo hecho por la ONU, el Gobierno se tomó apenas unas horas -otra inmadurez política- para emitir un comunicado en el que manifestó su voluntad de hacer “uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución….”, algo que podía haber dicho cualquier día desde enero de 2016 porque no deja de ser su principal cometido, salvo que pretenda, con lenguaje deslucido y encriptado, advertir que no acatará lo ordenado por la CC ¡De nuevo hay que andar descifrando jeroglíficos!

Esta pugna trasciende al Comisionado, a la CICIG y al propio Presidente. Lo dejó claro uno de los abogados defensores en el juicio del “agua mágica”: desconocido el Comisionado por el Gobierno, no hay autoridad delegada válida que represente a CICIG en los juicios y consecuentemente, las pruebas, testimonios, investigaciones y debates de abogados del ente internacional, no tienen validez. Conclusión: se caen todos los casos en tribunales y quienes están procesados, encausados, encarcelados o pendientes, quedan sin cargos y libres ¡Esa es la grosera estrategia que realmente persiguen los mafiosos!

No es momento de tibiezas políticas ni mucho menos jurídicas. No nos jugamos el favor de una persona o el futuro de la CICIG, lo que realmente está en peligro es Guatemala y su esencia misma. O superamos el punto en el que podemos recaer en un narco-estado o vamos a estar lamentándonos por algunas decenas de años, si es que seguimos vivos ¡Elija reflexivamente el bando y construya país!