Justicia sin jueces

Uno de los desafíos de los sistemas democráticos -quizá el mayor- es implementar un sistema de justicia eficiente y efectivo, dentro del marco legal

Es pertinente preguntar por qué el gobierno de Bukele goza de tanto éxito y popularidad, especialmente cuando no se han registrado cambios económicos, sociales u otros de manera significativa que justifiquen esos altos índices de apoyo reflejados en las encuestas. Tal vez la respuesta se encuentre en la teoría subyacente de la pirámide de Maslow, que establece la seguridad como una condición esencial para que los seres humanos puedan progresar en sus aspiraciones.

La seguridad proporciona previsibilidad para realizar actividades como trabajar, pasear y relajarse sin temor por la vida. Es la razón fundamental que justifican la existencia del Estado, expuesto por muchos pensadores tradicionales, y recogido en las constituciones modernas. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución de Guatemala establece: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia”.

Bukele, junto con otros líderes autoritarios, entendieron la situación y decidieron emprender acciones para detener y encarcelar a aquellos señalados de ser supuestos delincuentes. Esta estrategia creó un clima de represión percibido positivamente por la mayoría de los ciudadanos, quienes apreciaron que los actos delictivos ya no ocurrían.  Se cometieron errores significativos, como se ha denunciado públicamente, pero muchos ciudadanos prefieren una paz con ciertas injusticias -siempre que no los afecte directamente- a una justicia sin paz. A largo plazo, los errores de la represión ejercida por Bukele (al igual que las de Castro, Chávez/Maduro y Ortega/Murillo) se harán evidentes con el paso del tiempo. Sin embargo, a corto plazo, y desde el sentir de la mayoría, el problema parece resuelto.

Igual ocurre con el narcotráfico y el crimen organizado, y se puede ver particularmente en el vecino país de México. En las ciudades en las que viven familias de narcotraficantes, la mayoría de los habitantes viven tranquilos porque saben que esos grupos terminan de una vez con la delincuencia que les afecta su vida diaria, y son conscientes de que si no entran en colisión con ellos, no hay nada que temer ¡Simple pero eficaz!

Uno de los desafíos de los sistemas democráticos -quizá el mayor- es implementar un sistema de justicia eficiente y efectivo, dentro del marco legal. Sin embargo, factores como amparos, recursos y sistemas malos pueden hacer que el proceso sea prolongado, llegando a tardar la resolución años, lustros o incluso décadas. Esta demora puede llevar a algunas personas a pensar en tomar medidas por sí mismas, como la venganza o el linchamiento. El problema es fácil de entender y simple de aplicar. En algunos casos, sin embargo, los abogados pueden beneficiarse más con una causa abierta por tiempo que con un sistema que resuelva el problema en un día, como ocurre con el arbitraje, que comienza a imponerse en muchos países, incluso en materia penal. Dilatar los procesos puede llevar a situaciones de falta de justicia, que se pueden observar en la región y que son difíciles de negar. 

El punto es si el gremio de leguleyos, con enorme poder otorgado en la constitución, o que maneja una enorme cantidad de dinero en el Colegio, además de otras ventajas incompresibles, está dispuesto a enfrentar esta realidad. En todo caso, el pueblo soberano debería considerar este tipo de cuestiones para dejar de ser parcialmente liderado por grupos de poder que se repartieron el país allá por 1985, otorgándose ventajas de las que evitan hablar porque están fuera de la forma de operar de la democracias avanzadas desde hace muchísimos años. 

Al igual que en muchos otros aspectos, el problema ha sido identificado claramente. El país cuenta con suficientes diagnósticos, sin embargo, la implementación de la solución siempre se pospone.