Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar.

No, caquistocracia no significa el gobierno de los “caqueros”, aunque la semejanza fonética pueda provocar alguna sonrisa y prestarse a confusión. El término es bastante más serio y preocupante: significa el gobierno de los peores, es decir, aquel en el que el poder termina en manos de los menos capaces, los menos preparados o de quienes demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que asumieron. 

Algunos datos obligan a pensar en ello. El reciente ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data coloca a Bernardo Arévalo en el puesto 17 de 18 mandatarios evaluados, con 66.4% de desaprobación; la última es la presidenta de Venezuela. Y aunque una encuesta no constituye una sentencia, conviene prestarle atención cuando la percepción coincide con problemas visibles de gestión. 

El Gobierno llegó en 2024 acompañado de una enorme expectativa. Prometió rescatar las instituciones, combatir la corrupción, recuperar la administración pública y demostrar que era posible gobernar de otra manera. Más de dos años después, el problema ya no consiste en comparar esas promesas con los gobiernos anteriores, sino en comparar lo prometido con lo ejecutado.

El Ministerio de Comunicaciones es el ejemplo más evidente. En 2025 terminó ejecutando apenas el 68.2% de su presupuesto. El presidente reconoció que había existido un “problema de implementación”. En mayo de este año, representantes de la Dirección General de Caminos informaron al Congreso que había 28 proyectos en ejecución, pero solo uno correspondía a la actual administración: la rehabilitación del puente de Río Dulce. A inicios de julio pasado, el CIV apenas había ejecutado el 26.2% de su presupuesto vigente. En infraestructura el Gobierno puede enumerar proyectos, licitaciones, planes y futuras inversiones, pero las carreteras constituyen una realidad demasiado tangible como para resolverla mediante discursos. 

En seguridad el Gobierno ha presentado cifras favorables en determinados indicadores, entre ellos las denuncias por extorsión, pero tampoco puede olvidarse de que en enero el país vivió motines simultáneos en tres cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que llevaron a declarar por meses el estado de prevención, y que los homicidios con armas de fuego vienen creciendo desde abril. 

Lo mismo podría decirse de otras áreas, y aquí aparece la caquistocracia. No entendida exclusivamente como el gobierno de personas malas o corruptas, porque existe una modalidad menos escandalosa pero igualmente perjudicial: se refiere al gobierno de quienes no saben hacer funcionar el Estado. La incompetencia también tiene consecuencias.

Todos los gobiernos reciben problemas del anterior y encuentran burocracias deficientes, intereses enquistados, legislación complicada y funcionarios resistentes al cambio. Precisamente por eso se elige un gobierno: para resolver los problemas, no para describirlos. La administración de Arévalo ha construido buena parte de su narrativa alrededor de adversarios perfectamente identificables: estructuras corruptas, mafias político-criminales, instituciones capturadas y actores que obstaculizan el cambio. Parte de esa denuncia es cierta, pero después de más de la mitad del mandato aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno explicar su falta de resultados justificándose en que no lo dejan gobernar?

La responsabilidad política no consiste en tener buenas intenciones. Tampoco en proclamar superioridad moral sobre quienes gobernaron anteriormente, porque visión sin ejecución es alucinación. Quizá ahí radique uno de los errores fundamentales de esta administración: confundir honestidad con capacidad. Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar?