La autoridad desarmada

Una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión

La pregunta parece elemental: ¿para qué sirve una fuerza de seguridad?, ¿cuándo debe intervenir?, ¿hasta dónde puede llegar? La respuesta tampoco debería ser complicada. El Estado otorga facultades excepcionales a policías y fuerzas armadas porque existen situaciones en las que una recomendación, una conversación amable o una invitación a comportarse correctamente dejan de ser suficientes.

Max Weber definió al Estado moderno por su pretensión de monopolizar el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. En una democracia, ese monopolio no significa una licencia para golpear, detener o disparar a voluntad. Naciones Unidas establece que los agentes deben recurrir primero, siempre que sea posible, a medios no violentos y que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Pero de ahí no se desprende que la fuerza nunca deba utilizarse, sino que existen circunstancias en las que puede y debe emplearse, pero dentro de límites jurídicos precisos.

Lo vemos estos días en Ceuta, España. Una patrulla militar fue emboscada y cuatro soldados resultaron heridos; once de los detenidos reconocieron su participación y fueron condenados por atentado contra agentes de la autoridad. También se han producido agresiones contra guardias civiles y otros incidentes violentos. La discusión razonable consiste en determinar qué respuesta corresponde, con qué intensidad y dentro de qué límites. Lo absurdo sería desplegar policías y soldados y exigirles que soporten indefinidamente las agresiones para evitar que alguien los acuse precisamente de aquello para lo que, en determinadas circunstancias, están facultados: utilizar legítimamente la fuerza.

En Guatemala conocemos demasiado bien esa paradoja. Agentes de la PMT son insultados, golpeados y amenazados por intentar imponer una norma de tránsito. En mayo, la PNC detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte y golpear con una pistola a un agente de la PMT capitalina. Una agente de tránsito de Salamá fue atacada a tiros. Poco después, la PNC alertó a las policías municipales del departamento de Guatemala sobre posibles ataques armados. Algo hemos entendido mal cuando agredir a un representante de la autoridad comienza a considerarse una forma tolerable de expresar inconformidad.

Una democracia debe desconfiar del abuso policial y militar, y para eso existen la Constitución, los tribunales, los protocolos, los controles institucionales y la responsabilidad penal. Quien utiliza ilegítimamente la fuerza debe responder por ello. Pero una cosa es controlar la fuerza del Estado y otra incapacitarla psicológica, política o jurídicamente hasta convertir al policía en espectador de su propia agresión. Esa parálisis también puede ser consecuencia de la falta de decisión del gobernante y, especialmente, de su inhibición en el ejercicio de las responsabilidades que le corresponden.

Existe, además, una tentación política todavía más peligrosa: querer fuerzas de seguridad obedientes al gobernante en lugar de subordinadas a la ley. Cuba y Nicaragua ofrecen razones suficientes para comprender la diferencia. Una policía democrática no pertenece al presidente, al partido, a la derecha ni a la izquierda, y porque posee facultades para restringir derechos, su obediencia debe dirigirse a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no a quien ocupa temporalmente el poder.

Si golpear a un policía, desarmarlo, amenazarlo o atacar a un soldado termina sin consecuencias, el uniforme deja de representar al Estado y comienza a representar la debilidad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo respetar.

Policías y soldados integran instituciones creadas para algo muy serio: proteger a la población y hacer cumplir la ley. Cuando para conseguirlo resulte inevitable utilizar legítimamente la fuerza, deben hacerlo, porque titubear ante la violencia o amparar la inacción es renunciar a la autoridad y a la legalidad.