La puntita

Una vez elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las salas apelaciones, con una especie de sentimiento de satisfacción por parte de casi todos, aunque no total, parece que lo que queda ahora, como muchos han evidenciado, es fiscalizar la actuación de los mismos en orden a constatar que sus decisiones se ajustan a Derecho y no son “capricho del azar” o producto de la presión o del típico amañamiento. Hay una especie de “sensación de triunfo” por haber logrado sacar a corruptos y cuestionados de las listas y también de que fueran designados por el Congreso como titulares de la plaza. De alguna forma ¡todos contentos!.
Sin embargo, y lamentablemente, la última palabra en este país no la tienen ni unos ni otros de los designados. La decisión final, por interés político, la tiene la Corte de Constitucionalidad (CC), constituida en Súper Tribunal Superior de Justicia que acapara las misiones propias de cualquier CC y las de la CSJ, sin haber dejado espacio para que esta última sea realmente el eslabón final de una secuencial cadena y la única alta magistratura en decidir asuntos judiciales, salvo aquellos que realmente se refieran a interpretación de la Constitución.
Es decir, la punta del iceberg está en la CC pero, ¿quiénes designan a los magistrados de esa Corte?. Curiosamente el Congreso, el Colegio de abogados, la USAC, el Ejecutivo y el Organismo Judicial. ¡Ráscate lo que yo me sé!. Resulta que todos ellos son precisamente los que han sido señalados por actuación “ligera”, cuanto no dudosa, ahora que no encuentro palabras que no ofendan. El Congreso ya demostró que si no se le presiona hubiera nombrado a cuestionados; el Presidente declaró que la UNE (y también su cuñada, aunque eso lo dijo otro) llevaba dos años trabajando en el proceso; El Colegio de abogados está dirigido, al igual que el Tribunal de honor del mismo, por una planilla promovida por el “rey del tenis”, según él mismo declaró en TV; La USAC….., uhfff, para que seguir. Creímos haber solucionado lo oscuro y lo oculto del problema y, finalmente, todas las resoluciones que tomen los elegidos llegarán en última instancia a los decisores supremos que pueden terminar por responder a criterios políticos, porque políticamente han sido designados y no por méritos de otra clase. ¿Qué hemos arreglado pues?. Esto no ha sido mas que una cosmética, un alegrón de burro, un lifting veraniego, pero el problema sigue ahí, es más, posiblemente perdamos la visión global si seguimos enfocados en lo puntual que se ha “resuelto”.
Por ello, los interesados se han conformado y no han hecho alboroto. A fin de cuentas influyen, y seguirán haciéndolo, en el “Super Tribunal” porque ellos son quienes nombraron, y nombrarán, dentro de año y pico a los nuevos integrantes. ¿Por qué no cambiar también el procedimiento para la próxima elección?. Alguno de los actuales magistrados cuenta con impedimentos similares a los que se les señalaron a esos otros que no dejaron elegir ahora.
Hay que poner el ojo no solamente en las decisiones de los nuevos magistrados, más bien en las que emita la CC y evidenciar los malos manejos que se puedan producir. No podemos conformarnos con haber reparado las bisagras si la puerta tiene la cerradura en mal estado. Ahí, en la CC, convergen realmente los intereses políticos y parece que el teléfono suena más de lo debido o es el lugar donde alguno redacta su ponencia en función de otros intereses más allá de los puramente legales. ¡Alguien tiene un ejemplo!. ¡Yo, si!.